Ariel Francisco Gómez Mejía

Expediente 480/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
480/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
29/01/2021

Partes del expediente

  • Ariel Francisco Gómez Mejía

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se desprende que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se tuvo por no presentada la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentos y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. NOTIFIQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. ESTADO DE AUTOS. Revisado el estado de autos y del contenido de la certificación de cuenta, se advierte que concluyó el término de cinco días para que la parte quejosa desahogara la prevención formulada en auto de diez de noviembre del año en curso, sin que lo haya hecho. En consecuencia, hágase efectivo el apercibimiento de que fue objeto en el referido acuerdo de prevención; por consiguiente, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, TÉNGASE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por Ariel Francisco Gómez Mejía, por su propio derecho. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE; por medio de lista a la parte quejosa, por los motivos expuestos en el referido acuerdo de diez de noviembre del año en curso.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veinte. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibido el oficio 651/2020, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, a través del cual remite la demanda de amparo promovida por Ariel Francisco Gómez Mejía, por su propio derecho, contra actos del Agente Primero del Ministerio Público de Jiquilpan, Michoacán; cuya recepción efectúo en auxilio de este órgano jurisdiccional en términos del artículo 159, de la Ley de Amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 480/2020-VI, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona a la Secretaria, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. CONSIDERACIONES. El Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, remite las siguientes constancias: a) Acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veinte, por el que recibió dicha demanda y se pronunció sobre la suspensión de los actos reclamados. b) Dos razones actuariales levantadas por la Actuaria adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, en las que hace constar la imposibilidad de notificar a las autoridades que ahí se mencionan, el acuerdo anteriormente citado. c) Oficios signados por el juez remitente derivados del acuerdo en cuestión. Previo a pronunciarse sobre el contenido de la demanda que se recibe y los mencionados anexos, es importante realizar la siguiente consideración. El artículo 159 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 159. En los lugares donde no resida juez de distrito y especialmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, el juez de primera instancia dentro de cuya jurisdicción radique la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado, deberá recibir la demanda de amparo y acordar de plano sobre la suspensión de oficio conforme a las siguientes reglas: Formará por duplicado un expediente que contenga la demanda de amparo y sus anexos, el acuerdo que decrete la suspensión de oficio y el señalamiento preciso de la resolución que se mande suspender; las constancias de notificación y las determinaciones que dicte para hacer cumplir su resolución; Ordenará a la autoridad responsable que mantenga las cosas en el estado en que se encuentren o que, en su caso, proceda inmediatamente a poner en libertad o a disposición del Ministerio Público al quejoso y que rinda al juez de distrito el informe previo; y Remitirá de inmediato el original de las actuaciones al juez de distrito competente y conservará el duplicado para vigilar el cumplimiento de sus resoluciones, hasta en tanto el juez de distrito provea lo conducente, con plena jurisdicción." En caso de la probable comisión del delito de desaparición forzada, el juez de primera instancia procederá conforme a lo establecido por el artículo 15 de esta Ley. Cuando el amparo se promueva contra actos de un juez de primera instancia y no haya otro en el lugar, o cuando se impugnen actos de otras autoridades y aquél no pueda ser habido, la demanda de amparo podrá presentarse ante cualquiera de los órganos judiciales que ejerzan jurisdicción en el mismo lugar, siempre que en él resida la autoridad ejecutora o, en su defecto, ante el órgano jurisdiccional más próximo." De tal precepto legal, claramente se advierte que los Jueces de Primera Instancia están obligados a recibir las demandas de amparo que les sean presentadas, cuando los actos que se reclamen importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o de aquellos que expresamente prohíbe el artículo 22 Constitucional, o bien, si se trata de la incorporación forzosa a las fuerzas armadas nacionales; o contra actos de un Juez de Primera Instancia o se impugnen de otras autoridades, siempre y cuando no exista un Juzgado de Distrito en el lugar de su residencia, donde además resida la autoridad ejecutora. Sin embargo, el primer párrafo del transcrito artículo 159, condiciona a la autoridad jurisdiccional a proveer sobre la suspensión, en aquellos casos que tal dispositivo legal señala. Por tanto, indíquese al Juez del órgano jurisdiccional en cuestión, que en lo subsecuente, cuando reciba una demanda de amparo en auxilio de la Justicia Federal y en la misma no se reclamen actos de los que expresamente señala el párrafo primero del invocado dispositivo 159, sólo se concrete a darle el trámite correspondiente, conforme a lo que autoriza el citado artículo, pero sin proveer sobre la suspensión provisional que sea solicitada, como en el caso acontece, al tratarse de una demanda de amparo contra la pretensión de privar de la libertad al quejoso y su ejecución, cuyos actos son atribuidos a diversas autoridades ministeriales, lo que pone de manifiesto que en caso de que existiera una orden de comparecencia, ésta surgiría de un procedimiento; de ahí que no se surte el supuesto de que se trate de actos fuera de procedimiento, supuesto en el que se encuentra facultado para proveer de oficio respecto de la medida cautelar que se solicite. En apoyo a lo expuesto, se invoca la siguiente jurisprudencia: Tesis: 1a./J. 26/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 172590 1 de 2 Primera Sala Tomo XXV, Mayo de 2007 Pag. 206 Jurisprudencia(Común) COMPETENCIA AUXILIAR EN EL JUICIO DE AMPARO. LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS ANTE UN JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN DONDE NO RADICA UN JUEZ DE DISTRITO NO REQUIERE QUE EL ACTO RECLAMADO SEA DE LOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 38 de la Ley de Amparo otorga dos tipos de facultades a los Jueces de primera instancia: la primera para recibir la demanda de amparo, con las únicas condiciones de que en el lugar no resida un Juez de Distrito, y que la autoridad ejecutora tenga su residencia dentro de la jurisdicción territorial del Juez común; y la segunda para ordenar la suspensión del acto reclamado y solicitar los informes correspondientes. Conforme al artículo 39 de la citada Ley, dicha suspensión sólo puede ordenarse cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o de alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, de la interpretación de las disposiciones legales referidas se concluye que para el efecto de recibir la demanda de amparo, los Jueces de primera instancia sólo deben comprobar que en el lugar no resida un Juez de Distrito, y que la autoridad ejecutora tenga su residencia dentro de la jurisdicción territorial del Juez común. En cambio, para el efecto de ordenar la suspensión del acto reclamado, deben asegurarse de que se trate de cualquiera de los actos señalados en el artículo 39 de la Ley de Amparo. Lo anterior porque del análisis de la exposición de motivos, iniciativa, dictamen y discusión de la referida Ley, de 27 de diciembre de 1935, se desprende que el legislador quiso, con la nueva Ley, limitar la facultad de conceder la suspensión provisional para evitar abusos, sin que en ningún momento se haya referido a limitar la de recibir la demanda de garantías. Además, no debe entenderse que el único sentido de la competencia auxiliar sea la posibilidad de ordenar la suspensión del acto reclamado, ya que también puede servir para los efectos de la oportunidad de la presentación de la demanda. Por lo anterior, se estima debe quedar insubsistente la medida cautelar decretada por el juzgador oficiante, para los efectos legales conducentes, lo que se ordena comunicarle para que provea conforme a derecho proceda. De modo que se reserva acordar lo conducente respecto a las razones actuariales levantadas por la Actuaria adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, en atención a la providencia que enseguida se emitirá. PREVENCIÓN. A fin de acordar lo procedente respecto de la admisión o desechamiento del libelo constitucional, con fundamento en el artículo 108, fracciones I, III, IV y V, en relación con el numeral 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, PREVÉNGASE a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, computados legalmente y tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II." Por escrito y con las copias suficientes para correr traslado a las partes; esto es, una para cada autoridad que señale como responsable, dos para el incidente de suspensión que se tramita por duplicado y cuerda separada, y una más para dar la intervención que le compete a la Fiscal Federal adscrita a este Juzgado, bajo protesta de decir verdad, cumpla con el siguiente requerimiento. a) Aclare el acto que reclama a las autoridades responsables, en razón de que en el segundo párrafo de la hoja uno de la demanda, refiere promover el presente juicio contra una orden de aprehensión; luego, en el capítulo de actos reclamados indica que éstos consisten en la orden de comparecencia dictada en su contra, así como su ejecución. b) Asimismo, manifieste si señala como responsable a alguna autoridad judicial con sede en Sahuayo, Michoacán; y en su caso, precise su denominación completa y correcta, así como el acto que en concreto le reclama. Esto, toda vez que en el apartado de autoridades responsables no realiza tal señalamiento, sin embargo, en el tercer concepto de violación expresa que considera violatoria a sus derechos fundamentales "la orden emitida por el Juez de Primera Instancia de la jurisdicción de Sahuayo, Michoacán". Circunstancias que generan confusión e impiden a la suscrita establecer la litis del juicio de amparo en que se actúa; lo que resulta indispensable a fin de que las autoridades responsables, en su caso, puedan rendir correctamente su informe de ley. Sustenta lo anterior, en lo conducente, la tesis siguiente: Tesis: XX.57 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 202853 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo III, Marzo de 1996 Pag. 871 Tesis Aislada(Común) ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda. c) Exprese de manera clara, concreta y cronológica, cuáles son los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, pues precisamente éstos son la base para analizar la acción constitucional que intenta; entendiéndose como tal, la relación sucinta y cronológica (ordenada) de las actuaciones previas al acto reclamado. Lo anterior, toda vez que en el contexto de su demanda señala algunos hechos de manera dispersa que relaciona con los actos reclamados. Sin embargo, dichas manifestaciones no pueden equipararse al requisito de forma previsto en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo; ya que estos deben precisarse de manera clara, precisa y concreta; además, en forma cronológica y ordenada, donde se advierta, entre otros datos, a efecto de estar en condiciones de acordar lo conducente. Resultan aplicables a lo anterior los siguientes criterios: Tesis: I.7o.A.100 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175345 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 990 Tesis Aislada (Común) DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley. Así como la tesis: Tesis: VI.1o.19 K Semanario Judicial de la Federación Octava Época 208347 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV-2, Febrero de 1995 Pag. 301 Tesis Aislada (Común) DEMANDA DE AMPARO. LA CARENCIA DEL REQUISITO DE FORMA CONSISTENTE EN LA NARRACION DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE CONSTAN AL QUEJOSO Y QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, NO ES CAUSA DE SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, la omisión en el escrito de demanda del requisito señalado en el diverso artículo 116, fracción IV, de la propia ley, esto es, en cuanto a la narración de los hechos y abstenciones que consten al quejoso y que constituyan los antecedentes del acto reclamado, es motivo para que se prevenga al promovente que le dé cumplimiento, con el apercibimiento de tener por no interpuesta dicha demanda en caso de no hacerlo; por lo cual es evidente que esta irregularidad no constituye una causa de improcedencia o sobreseimiento del juicio. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo requerido en el inciso b), en caso de ser procedente la demanda de amparo, se tendrán únicamente como autoridades responsables y actos reclamados, los señalados en los capítulos correspondientes. En cambio, de no atender lo requerido en los incisos a) y c), se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Resultando pertinente señalar, que el apercibimiento que se podrá hacer efectivo en caso del incumplimiento de la prevención por copias será la postergación de la apertura del incidente de suspensión. PRECISIÓN. En el entendido de que dicha prevención deberá desahogarla el quejoso, ya que, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, se pone en evidencia que su aclaración también debe contar con la firma autógrafa de la parte quejosa, o en su caso, de su representante legal, pero no así por los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues, éstos carecen de atribuciones para realizar tal acto. Es aplicable, por las consideraciones que sostiene la tesis de rubro siguiente: Tesis: 1a./J. 37/2011 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 161909 1 de 1 Primera Sala Tomo XXXIII, Junio de 2011 Pag. 68 Jurisprudencia(Común) AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa e la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa, ténganse como autorizados únicamente de conformidad con la última parte del párrafo segundo del numeral 12 de la Ley que rige el juicio constitucional a Luis Alfonso Ochoa Chávez y Rafael Ochoa Corona, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no se encontraron registradas sus cédulas profesionales que los acredite como licenciado en derecho. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pág. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. NOTIFICACIONES POR LISTA. Por otra parte, toda vez que el domicilio procesal del promovente resulta genérico e impreciso, al referir: ".señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en la Población de la Luz, Michoacán, municipio de Pajacuarán, de la misma Entidad Federativa."; las notificaciones que deban hacérsele de carácter personal, se le realizarán por medio de la lista, de acuerdo con lo previsto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que una vez que se normalicen las labores presenciales en este órgano jurisdiccional, el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo; y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares públicos como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este asunto en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

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