Aquilino Matias Martínez
Expediente 531/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 531/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 14/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Aquilino Matias Martínez
- Juez de control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, Mich
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de julio de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de quince de junio del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio promovido por Aquilino Matías Martínez; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase la devolución de un disco en formato DVD, relativo al cuaderno de antecedentes 463/2023, del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, que adjuntó a su informe justificado. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Ahora, de la revisión de los autos, específicamente la segunda parte de la certificación que obra al rubro de este auto, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por su parte, con fundamento en el artículo 17, fracción III inciso b), del Acuerdo referido, el cuaderno incidental es susceptible de conservarse, ya que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva. Por tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, transfiérase el original de los cuadernos de suspensión al Archivo de Concentración del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Mirna Rodríguez Calderón Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo VIII-531/2023, promovido por Aquilino Matias Martínez, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral Región Morelia y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el tres de mayo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno, a este Juzgado Federal, ********************, promovió demanda de amparo indirecto contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral Región Morelia y otras autoridades. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio el derecho fundamental consagrado en los artículos 1°, 3, 4, 6, 13, 14, 16, 25, 27, 31, fracción IV y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, numeral 3 y 25 numeral 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 7, inciso a), sub inciso II) y 11, numeral 1 del Pacto Interamericano de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; ordinales 25 y 29 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo registrándose con el número de expediente VIII-531/2023; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En el mismo proveído se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos de la presente actuación, previo diferimiento; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que reclama lo siguiente: Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, en cuanto autoridad ordenadora, reclama: El acuerdo de catorce de abril del año en curso, por el que impuso al promovente del amparo una multa de $******************** (******************** 00/100 moneda nacional), equivalente a doscientas unidades de medida y actualización como medio de apremio por retardar la administración de justicia dentro del cuaderno de antecedentes ******************** relativo a la carpeta de investigación número ********************; Así como el diverso proveído de veintiséis de abril posterior, en el que ordenó girar oficio al Fiscal General del Estado, para que por su conducto solicite al área de Contraloría y área administrativa de la Fiscalía General de Estado para que de manera directa, le sea descontada la suma señalada de su pago nominal. Del Fiscal General del Estado; Titular de la Contraloría de la Fiscalía General del Estado; y, Director de Recursos Financieros de la citada fiscalía, en cuanto autoridades ejecutoras, reclamó: El cumplimiento que se pretenda dar a los acuerdos reclamados. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. Por otra parte, son Inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables Contralora de la Fiscalía General del Estado y el Director de Recursos Financieros de la Dirección General de Administración de la Fiscalía General del Estado, ya que al rendir sus informes justificados lo negaron, por las siguientes razones: Al respecto, la Contralora de la Fiscalía General del Estado aludió que la naturaleza de dicha autoridad se ejecuta con base a las atribuciones conferidas en el numeral 51 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, así como los diversos 113, 114, 115, 116 y 117 del Reglamento de la Ley Orgánica antes señalada, además de las que le confiere la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán; por lo que dicho órgano de control no cuenta con atribuciones legales para retener salarios de las personas servidoras públicas de la Fiscalía general del Estado, por motivo de ejecución de multas impuestas por jueces pertenecientes al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial , por lo que la encargada de realizar dichas retenciones es la Dirección de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado. Por lo que ve al Director de Recursos Financieros de la Dirección General de Administración de la Fiscalía General del Estado, al rendir el informe de ley, negó la existencia de lo reclamado, al manifestar que dentro de las atribuciones conferidas en el artículo 103 del Reglamento de la Ley Orgánica de Administración de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, no se encuentra la de ejecutar en el ámbito de su competencia la sanciones que impongan las autoridades competentes en contra de los servidores públicos de la Fiscalía General, por lo que no es dable que dicho acto se atribuya a esa autoridad. Ahora bien, de las negativas de las autoridades responsables en comento, que derivan sobre cuestiones de sus atribuciones, conviene precisar que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia de los actos reclamados, habida cuenta que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, el fondo del asunto, si no existen las conductas que se atribuyen a las responsables. En ese tenor, cuando en sede constitucional se reclamen determinados actos y las autoridades nieguen su existencia aduciendo que no son parte de sus atribuciones, es imperativo para el Juzgador constitucional analizar si la responsable se encontraba en aptitud legal de atender lo solicitado. Es ilustrativa, por analogía jurídica sustancial la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) y tesis 1a. XVII/2018 (10a.), emitidas por la Segunda y Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En ese contexto, este juzgador estima que les asiste razón a las autoridades Contralora de la Fiscalía General del Estado y el Director de Recursos Financieros de la Dirección General de Administración de la Fiscalía General del Estado, toda vez que en el artículo 104, fracción VIII del Reglamento de la Ley Orgánica de Administración de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, establece lo siguiente: "SECCIÓN II DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Artículo 104. La Dirección de Recursos Humanos, tiene las atribuciones siguientes: (.) VIII. Ejecutar en el ámbito de su competencia, las sanciones que impongan las autoridades competentes en contra del personal de la Fiscalía General; (.)" Con base a lo transcrito, se observa que a quien le corresponde ejecutar las sanciones que impongan autoridades competentes en contra del personal de la Fiscalía General del Estado, es a la Dirección de Recursos Humanos, y no así a la Contralora de la Fiscalía General del Estado y el Director de Recursos Financieros de la Dirección General de Administración de la Fiscalía General del Estado. Sin soslayarse, que con base a naturaleza y facultades previstas en los artículos 48 y 51 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, respecto de la Contralora de la Fiscalía General del Estado; existen atribuciones que pudieran ser similares para ejecutar la multa reclamada en esta instancia constitucional; sin embargo, cabe precisar que la Contraloría se encarga de las sanciones que deriven de responsabilidades administrativas que sean de competencia de la propia contraloría y no así de sanciones de autoridades externas a la Fiscalía. Por otra parte, en atención a una de las atribuciones de la Dirección de Recursos Financieros de la Dirección General de la Administración de la Fiscalía General del Estado, establecida en el artículo 103, fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica de Administración de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, relativa a realizar el pago de nóminas de personal de la Fiscalía General, así como los ajustes que se desprendan del mismo; si bien es cierto, con base a esa atribución, es posible atribuírsele el acto identificado con el inciso b). Sin embargo, en el reglamento en comento, existe disposición expresa que atribuye a la Dirección de Recursos Humanos, ejecutar en el ámbito de su competencia, las sanciones que impongan las autoridades competentes en contra del personal de la Fiscalía General, por lo que esta autoridad sería la encargada de ejecutar en el caso concreto la multa reclamada en esta instancia constitucional o, en su caso, la encargada de girar instrucciones para vigilar su ejecución. De ahí que lo reclamado en el caso concreto es atribuible a la Dirección de Recursos Humanos, por existir disposición expresa. Con esas bases, toda vez que se dio vista al peticionario del amparo con el sentido de dichos informes y éste a su vez fue omiso en alegar al respecto o bien ofrecer medio de prueba para desvirtuar tales negativas, lo conducente es tener como inexistente el acto reclamado identificado con el inciso b), en la presente instancia constitucional respecto de las autoridades Contralora de la Fiscalía General del Estado y el Director de Recursos Financieros de la Dirección General de Administración de la Fiscalía General del Estado. Ello, pues en el caso debió de demostrarse que contrario a lo narrado por las responsables, se encontraba vigente alguna afectación a los derechos fundamentales que alude violentado el solicitante del amparo. En apoyo a lo anterior se invoca, la jurisprudencia con registro digital 227634, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". En tales condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en este juicio de amparo, ante la evidente inexistencia de los actos que la parte quejosa reclamó a las autoridades responsables. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia con registro digital 214593, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". QUINTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable ********************, Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; y, el Fiscal General del Estado de Michoacán, por conducto del Director de Amparos, al rendir sus informes con justificación, aceptaron la existencia de los actos que se les reclama. Por su aplicación, es de invocarse la jurisprudencia, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por otro lado, a efecto de acreditar su aseveración, el juez responsable remitió un disco compacto, del que se advierte la videograbación de la audiencia de treinta de marzo del año actual y la carpeta digital del cuaderno de antecedentes ******************** de su índice. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.´". SEXTO. Antecedentes el acto reclamado. Por método de estudio, es conveniente precisar los antecedentes del acto reclamado, mismos que se desprenden de la carpeta digital del cuaderno de antecedentes ******************** visible en el disco compacto remitido por el juez responsable. Mediante ocurso presentado ante el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, Michoacán, en data tres de marzo de dos mil veintitrés, por ********************, en cuanto asesor jurídico de ********************, quien es la víctima dentro de la carpeta de investigación número ********************, instruida por el ilícito de abuso sexual y otros, solicitó audiencia para impugnar violaciones a derechos fundamentales y omisiones del agente del Ministerio Público ********************, por no judicializar la carpeta de investigación citada, pese a que le había sido solicitado a dicho representante social. Con motivo del anterior ocurso, se formó el cuaderno de antecedentes ********************; y, recayó el auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, por el cual el juez de control previo a señalar fecha para audiencia de debate, requirió al ministerio público citado (aquí quejoso), informara el carácter del ocursante ******************** y su representada dentro de la carpeta de investigación; si en ese entonces el peticionario de amparo era el titular de la carpeta de investigación; si la persona investigada había intervenido; y, si existen diversas víctimas, entre otras cosas, bajo apercibimiento legal de imponerle una multa. Posteriormente, en auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo al peticionario de amparo cumpliendo con el requerimiento señalado, en el párrafo que antecede y se fijaron las diez horas con treinta minutos del treinta de marzo del año actual para que tuviera verificativo la audiencia de debate con fundamento en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Llegada la fecha de audiencia, el juez de control resolvió en el sentido de declarar procedente la solicitud del asesor jurídico, pues el aquí quejoso, en cuanto agente del Ministerio Publico de la carpeta de investigación, afectó derechos fundamentales de la víctima, pues se advirtió que en términos de los artículos 8°, 14 y 16 de la Constitución Federal no dio respuesta pronta la solicitud del asesor jurídico, y se le dio el plazo de cuarenta y ocho horas para que determine de manera fundada y motivada lo solicitado por la víctima en escrito de uno de febrero del año en curso, debiéndoles notificar la determinación asumida a su petición en los plazos que establece la ley; y, en caso de no hacerlo, se le impondría una multa al peticionario de amparo por el equivalente a 200 unidades de medida de actualización en su precio actual, por retardar la administración de justicia, y requerirle al Fiscal General del Estado a fin de que sea éste quien diera cumplimiento con lo anterior. Luego, ante el incumplimiento de lo requerido en la audiencia de debate antes reseñada, el juez responsable en auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, impuso al promovente del amparo una multa de $******************** (******************** 00/100 moneda nacional), equivalente a doscientas unidades de medida y actualización como medio de apremio por retardar la administración de justicia dentro del cuaderno de antecedentes ******************** relativo a la carpeta de investigación número ********************; así como en el diverso proveído de veintiséis de abril posterior, ordenó girar oficio al Fiscal General del Estado, para que por su conducto solicite al área de Contraloría y área administrativa de la Fiscalía General de Estado para que de manera directa, le sea descontada la suma señalada de su pago nominal. El cuatro de mayo de dos mil veintitrés, el propio juez responsable dejó insubsistente la multa reclamada. Siendo esos dos últimos acuerdos, los actos reclamados en esta instancia constitucional; así como su ejecución. SÉPTIMO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero y los antecedentes, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte TCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso concreto el quejoso reclama medularmente en esta instancia constitucional del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia: El acuerdo de catorce de abril del año en curso, por medio del cual impuso al promovente del amparo una multa de $******************** (******************** 00/100 moneda nacional), equivalente a doscientas unidades de medida y actualización como medio de apremio por retardar la administración de justicia dentro del cuaderno de antecedentes ******************** relativo a la carpeta de investigación número ********************; así como el diverso proveído de veintiséis de abril posterior, en el que ordenó girar oficio al Fiscal General del Estado, para que por su conducto solicite al área de Contraloría y área administrativa de la Fiscalía General de Estado para que de manera directa, le sea descontada la suma señalada de su pago nominal. Sin embargo, del contenido de las constancias remitidas por el juez responsable, se advierte que ha cesado la multa reclamada. En consecuencia, se omitirá el análisis de la constitucionalidad de los actos identificados con los incisos a), b) y c) en el considerando tercero de la presente resolución; ello, en virtud de que se advierte actualizada una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente al fondo del negocio, por ser cuestión de orden público en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. La fracción XXI, del citado numeral 61, de la Ley de Amparo vigente, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al agraviado en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del inconforme, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al impetrante en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho humano exija. Ante las precisiones anotadas, cabe señalar que en el caso concreto, respecto del acto reclamado al juez de control consistente en el acuerdo de catorce de abril del año en curso, por el que, impuso al promovente del amparo una multa de $******************** (******************** 00/100 moneda nacional), equivalente a doscientas unidades de medida y actualización como medio de apremio por retardar la administración de justicia dentro del cuaderno de antecedentes ******************** relativo a la carpeta de investigación número ********************; así como el diverso proveído de veintiséis de abril posterior, en el que ordenó girar oficio al Fiscal General del Estado, para que por su conducto solicite al área de Contraloría y área administrativa de la Fiscalía General de Estado para que de manera directa, le sea descontada la suma señalada de su pago nominal; han cesado. Lo anterior porque del disco compacto que el juez responsable acompañó a su informe justificado, se advierte la carpeta digital del cuaderno de antecedentes ********************, en la que obra el auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, por medio del cual se tuvo por recibido el oficio de la Directora de Carpetas de Investigación de la Fiscalía General Regional de Morelia, por el cual hizo manifestaciones con el fin de que se deje sin efectos la multa impuesta en auto de veintiséis de abril del año en curso, por lo que el juez responsable tomó en consideración el hecho de que dicha directora impuso medidas disciplinarias al hoy quejoso con el fin de que con posterioridad se conduzca bajo los principios que deben regirse acorde a la función que desempeña; de ahí que, por esa ocasión, ordenó dejar sin efectos la multa impuesta. En ese contexto, se corrobora que los efectos de los actos reclamados identificados con los incisos a), b) y c) al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; y, el Fiscal General del Estado de Michoacán, han desaparecido totalmente, ya que éste mediante acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, dejó sin efectos la multa impuesta; actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, pues en el caso, se ha generado una situación jurídica que definitivamente destruye a la que dio motivo al amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que estimó menoscabado. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia 59/99, que establece: Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, identificada con el número 9/98, que dispone: Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En tal virtud, es inconcuso que respecto de los actos y autoridades precisados en párrafos precedentes, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, razón por la cual debe sobreseerse en el mismo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mencionado ordenamiento legal. Finalmente, con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio: "MINISTERIO PÚBLICO SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." Por lo expuesto, fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de las autoridades y por los actos precisados en el considerando tercero por los motivos expuestos en los considerandos cuarto y séptimo de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de junio de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra trascurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la partes se impongan del contenido del informe que se tuvo por recibido en auto de veintinueve de mayo del año en curso. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Mirna Rodríguez Calderón Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. REMITE INFORME JUSTIFICADO Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. DISCO COMPACTO Así, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por admitido y desahogado en atención a su propia y especial naturaleza, el disco compacto que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado; sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste. MAH
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