Apolonio Diego Ines Olvera
Expediente 1378/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1378/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 03/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Apolonio Diego Ines Olvera
- Juez Cuarto de lo Penal de la Ciudad de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el trece de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veintinueve de marzo al veintiuno de abril de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el juez responsable Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el anexo I, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental y los discos de audio y video 1 y 2 que la parte tercero interesada exhibió; en consecuencia, requiérasele para que dentro del término de noventa días hábiles, contado a partir de que surta sus efectos la notificación del presente proveído, comparezca a este juzgado Federal en forma personal, con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma), a fin de que se le devuelva el citado documento, en el entendido de que dicho trámite sólo podrá realizarlo en el horario correspondiente de nueve a doce horas en días hábiles, ya que así lo permiten las labores del juzgado, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, éste órgano jurisdiccional entenderá que el mismo será susceptible de depurado junto con el presente expediente. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA ANTONIO MARCO AURELIO MOTA AGUILAR LA RESOLUCION DE TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, tres de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el trece de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veintinueve de marzo al veintiuno de abril de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el juez responsable Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el anexo I, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental y los discos de audio y video 1 y 2 que la parte tercero interesada exhibió; en consecuencia, requiérasele para que dentro del término de noventa días hábiles, contado a partir de que surta sus efectos la notificación del presente proveído, comparezca a este juzgado Federal en forma personal, con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma), a fin de que se le devuelva el citado documento, en el entendido de que dicho trámite sólo podrá realizarlo en el horario correspondiente de nueve a doce horas en días hábiles, ya que así lo permiten las labores del juzgado, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, éste órgano jurisdiccional entenderá que el mismo será susceptible de depurado junto con el presente expediente. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito signado por el tercero interesado Antonio Marco Aurelio Mota Aguilar, visto su contenido, se provee: Como se solicita, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en los diversos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídanse a su costa por triplicado las copias certificadas de las constancias que indica, por conducto de las personas que para tal efecto se autorizan, debiendo comparecer con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma), en el horario comprendido de las diez a las doce horas de los días hábiles, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional. Finalmente, téngase al ocursante señalando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de cuenta.
- Principal
(CAPTURA AVISO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE 13 DE MARZO DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el trece de enero de dos mil diecisiete (fojas 145 a 156), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el juez responsable realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 442/2016. b) Provea lo necesario para que se desahogue el interrogatorio al agraviado Marco Antonio Aurelio Mota Aguilar y a las testigos de cargo Eugenia Cruz Solís y María Elizabeth Solís Hernández. En especial tome las providencias necesarias a efecto de que se notifique personal y oportunamente a las referidas personas en un plazo prudente entre su citación y la diligencia --en la medida que el plazo constitucional ampliado lo permita-; y para el caso que tales probanzas ya se hubieran desahogado, de inmediato resuelva la situación jurídica del inculpado ahora quejoso, tomando en cuenta la misma, sin perjuicio de las actuaciones posteriores que se hayan practicado. Ello dentro del nuevo término constitucional ampliado que determine, en atención a que así lo solicitó la defensa del inculpado, plazo que iniciará precisamente cuando se solicite a la responsable el cumplimiento de esta sentencia, una vez que cause ejecutoria. En el entendido de que el desahogo de tales probanzas deberá efectuarse en el lapso que resulte de restar al término constitucional ampliado (ciento cuarenta y cuatro horas), las horas que transcurrieron desde que la inculpada quedó a su disposición y el momento en que se ofrecieron dichos medios de convicción, ello con la finalidad de no exceder el término constitucional y para estar en similares condiciones a las que prevalecieron en el aludido periodo. Circunstancia que se determina en la forma precisada, en atención a que de esa manera la quejosa gozará del derecho que le fue conculcado dentro de un término similar al en que debió practicarse dicha diligencia. c) Realizado lo anterior y sin rebasar el término constitucional ampliado, con plenitud de jurisdicción, la responsable deberá emitir una nueva resolución en el sentido que estime procedente, debiendo valorar la totalidad del material probatorio." Resolución que el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete causó ejecutoria, por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 236 a 239). Ahora bien, mediante oficio 1091 de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete (fojas 250 a 253), el juez responsable remitió copia certificada de la resolución de la misma fecha, dictada en la causa penal 442/2016 de su índice, de la que se advierte que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, decretado en contra del aquí quejoso Apolonio Diego Inés Olvera. - Concedió la duplicidad del término constitucional hasta por ciento cuarenta y cuatro horas, a efecto de estar en posibilidad de desahogar la prueba consistente en el interrogatorio al agraviado Marco Antonio Aurelio Mota Aguilar, así como de las testigas María Eugenia Cruz Solís y María Elizabeth Solís Hernández; señalando las once horas con treinta minutos del veinte de febrero pasado, para llevar a cabo dichas diligencias, ordenado notificar el referido auto de manera personal a las mencionadas personas a través del Juez de lo Penal de Cholula, Puebla. Por oficio 1146 de veintidós de febrero de dos mil diecisiete (257 a 275), el juez responsable remitió a esta autoridad copia certificada de la resolución de esa misma fecha, de la que se advierte que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Resolvió nuevamente la situación jurídica del quejoso Apolonio Diego Inés Olvera, decretándole auto de formal prisión por el delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción II, 377 y 380, fracciones I y XI, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Antonio Marco Aurelio Mota Aguilar. Resolución en la cual, transcribió el resultado del desahogo de las diligencias consistentes en el interrogatorio a cargo del agraviado Marco Antonio Aurelio Mota Aguilar, así como de las testigas María Eugenia Cruz Solís y María Elizabeth Solís Hernández (fojas 268 vuelta a 273); valorándolas en términos del artículo 178, fracción II del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, y que a criterio del juez de la causa no se advierten datos que favorezcan al indiciado, aquí quejoso, en relación al injusto penal que se le imputa, por lo que en nada favorecen a la defensa del mismo, y no desvirtúan la imputación y señalamiento hecho en su contra. Asimismo, en dicha determinación el juez de la causa procedió a valorar la totalidad del material probatorio que obra en autos en términos de los artículos 56 bis, 59, 60, 61, fracción II, 73, 136, 178, fracción II, 196, 199, 200, 201 y 204 del mencionado código procesal de la materia. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, en términos del artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA
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