Aquilino Hernandez Magdalena
Expediente 156/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 156/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 11/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Aquilino Hernandez Magdalena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de mayo de dos mil veintitrés. FIRME SOBRESEIMIENTO. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de lo que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. DEVOLUCIÓN DE ANEXO. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la responsable 1.Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla; se ordena devolver la copia certificada del proceso ******************** con el cual se formó el anexo I del presente expediente. No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de las constancias a devolver, toda vez que la citada responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico pues genera constancias de notificación. Notifíquese por lista al quejoso, en atención a lo determinado en auto de tres de abril de dos mil veintitrés; personalmente al tercero interesado; y, por oficio a la autoridad responsable, a la diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito. AUTO DE TRES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. San Andrés Cholula, Puebla, tres de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se aprecia que por acuerdo de trece de marzo de dos mil veintitrés, este órgano de control constitucional concluyó que no era posible abordar el estudio del acto reclamado en este juicio consistente en el auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, dictado en el proceso penal 477/1994, del índice del Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, donde acordó un escrito del aquí quejoso ***, mediante el cual, solicitó su libertad, al haber operado la prescripción del delito, por el cual se libró orden de aprehensión en su contra. Lo anterior, ya que se encuentran sub judice a lo resuelto en sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio de amparo 42/2023; de ahí que se consideró que no podía celebrarse la audiencia constitucional señalada en el presente asunto, hasta en tanto adquiera firmeza la sentencia de referencia o, en su defecto, sea confirmada por el tribunal de alzada. No obstante de una consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se aprecia que aunque ya causó ejecutoria la sentencia amparadora emitida en dicho controvertido (42/2023) y se requirió su cumplimiento, lo cierto es que en acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés se dio vista por tres días a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Sin que empiece a transcurrir dicho plazo para la parte tercera interesada en aquel juicio. Así las cosas, como la declaración que en su caso se emita, sobre si está o no cumplido el fallo protector incide directamente sobre la litis de este juicio 156/2023, la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del diez de abril de dos mil veintitrés, se difiere anticipadamente y se señalan las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Por otro lado, tomando en consideración como hecho notorio el contenido del acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el multicitado juicio de amparo 42/2023, donde en lo que al caso atañe se proveyó: "Agréguese a los autos la razón de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, signada -electrónicamente- por la actuaria judicial adscrita, en la cual, hace del conocimiento que se constituyó en el Centro Penitenciario de la Ciudad de Puebla y una vez presente en el área de control, fue atendida por el custodio de guardia, el cual, al saber el motivo de su visita, le informó que el aquí quejoso ***, salió de dicho centro penitenciario el veintitrés de marzo del actual, por haberse ordenado su libertad. En consecuencia, al tratarse de un obstáculo de carácter permanente, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa el presente acuerdo, el diverso de veintidós de marzo del año en curso, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal." Igualmente se ordena notificar al aquí quejoso ***, por medio de lista, el presente acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el presente proveído, debe integrarse al expediente físico pues genera impulso procesal al presente asunto. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
*(PUBLICACIÓN AVISO)* SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA: San Andrés Cholula, Puebla, once de mayo de dos mil veintitrés. FIRME SOBRESEIMIENTO. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de lo que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. DEVOLUCIÓN DE ANEXO. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la responsable 1.Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla; se ordena devolver la copia certificada del proceso ******************** con el cual se formó el anexo I del presente expediente. No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de las constancias a devolver, toda vez que la citada responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico pues genera constancias de notificación. Notifíquese por lista al quejoso, en atención a lo determinado en auto de tres de abril de dos mil veintitrés; personalmente al tercero interesado; y, por oficio a la autoridad responsable, a la diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito. AUTO DE TRES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. San Andrés Cholula, Puebla, tres de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se aprecia que por acuerdo de trece de marzo de dos mil veintitrés, este órgano de control constitucional concluyó que no era posible abordar el estudio del acto reclamado en este juicio consistente en el auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, dictado en el proceso penal 477/1994, del índice del Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, donde acordó un escrito del aquí quejoso ***, mediante el cual, solicitó su libertad, al haber operado la prescripción del delito, por el cual se libró orden de aprehensión en su contra. Lo anterior, ya que se encuentran sub judice a lo resuelto en sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio de amparo 42/2023; de ahí que se consideró que no podía celebrarse la audiencia constitucional señalada en el presente asunto, hasta en tanto adquiera firmeza la sentencia de referencia o, en su defecto, sea confirmada por el tribunal de alzada. No obstante de una consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se aprecia que aunque ya causó ejecutoria la sentencia amparadora emitida en dicho controvertido (42/2023) y se requirió su cumplimiento, lo cierto es que en acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés se dio vista por tres días a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Sin que empiece a transcurrir dicho plazo para la parte tercera interesada en aquel juicio. Así las cosas, como la declaración que en su caso se emita, sobre si está o no cumplido el fallo protector incide directamente sobre la litis de este juicio 156/2023, la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del diez de abril de dos mil veintitrés, se difiere anticipadamente y se señalan las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Por otro lado, tomando en consideración como hecho notorio el contenido del acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el multicitado juicio de amparo 42/2023, donde en lo que al caso atañe se proveyó: "Agréguese a los autos la razón de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, signada -electrónicamente- por la actuaria judicial adscrita, en la cual, hace del conocimiento que se constituyó en el Centro Penitenciario de la Ciudad de Puebla y una vez presente en el área de control, fue atendida por el custodio de guardia, el cual, al saber el motivo de su visita, le informó que el aquí quejoso ***, salió de dicho centro penitenciario el veintitrés de marzo del actual, por haberse ordenado su libertad. En consecuencia, al tratarse de un obstáculo de carácter permanente, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa el presente acuerdo, el diverso de veintidós de marzo del año en curso, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal." Igualmente se ordena notificar al aquí quejoso ***, por medio de lista, el presente acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el presente proveído, debe integrarse al expediente físico pues genera impulso procesal al presente asunto. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el hoy quejoso, ******************** en su escrito que dio origen a este juicio de amparo, reclamó del Juez Primero de lo Penal de Puebla, el acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, emitido en el proceso penal ********************, que recayó al escrito signado por su defensor particular, presentado el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, donde le solicitó al juzgador de marras que dejara en libertad al citado ******************** ya que en relación con el delito por el que se libró orden de aprehensión en su contra el diez de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, la acción penal se encontraba prescrita. Acuerdo en el que el supracitado juez penal señaló que no había operado la referida figura jurídica (prescripción), pero no en relación con la clasificación jurídica por la que emitió en contra de aquél la orden de aprehensión en cita (como se solicitó), sino por la clasificación jurídica por la que le dictó a ******************** auto de formal prisión el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. -Acuerdo y promoción, visibles a fojas 150 a 152 y 156 a 157, del anexo I, del juicio de amparo ********************- Ahora bien, de acuerdo con las constancias que integran el presente juicio de amparo y las que integran el diverso ******************** (también promovido por********************), que se invocan como hecho notorio, en específico las atinentes a la sentencia amparadora de veintiocho de febrero del año en curso dictada en ese asunto y el acuerdo de trece de abril de dos mil veintitrés, donde se declaró cumplido dicho fallo; se evidencia que, en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;." Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de ningún modo podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Ahora, respecto de la causal de improcedencia invocada, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sostuvo que para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente lo siguiente: a. La emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo. b. Al ser el amparo un medio de control cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, su procedencia se encuentra supeditada a que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a su esfera jurídica. c. En ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, en virtud de que: - La prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél. - Porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación. - Cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de derechos. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo abrogada, disposición que actualmente se encuentra reproducida en el numeral 77 de la ley de la materia, el juicio constitucional persigue una finalidad práctica, de modo que la sentencia debe tener un verdadero efecto restitutorio, es decir, que no constituya una actividad meramente especulativa o estéril; por tanto, no es dable decidir sobre la constitucionalidad de un acto, si por diversas razones no podrían concretarse los efectos del amparo. Consecuentemente, se actualiza la causa de improcedencia en estudio cuando ante la existencia del acto reclamado, hay imposibilidad de que sus efectos se materialicen o que se continúen actualizando, por haber desaparecido totalmente su objeto o su materia, lo que puede ocurrir por causas ajenas a la voluntad de las autoridades, por el transcurso del tiempo, por un acto volitivo del particular mediante el cual cambia su esfera jurídica, por acontecimientos naturales u otros que impidan analizar la constitucionalidad del acto reclamado; lo que en el caso acontece. Expuesto lo anterior, se tiene que en la sentencia amparadora dictada el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en el diverso juicio de garantías ******************** de este índice, se estimó que la acción penal atinente al delito por el que el que el diez de octubre de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, el Juez Primero de lo Penal de Puebla, Puebla, (en la causa penal ********************), emitió orden de aprehensión en contra del quejoso ******************** como probable responsable en la comisión del delito de homicidio intencional, previsto y sancionado por los artículos 312 y 313 del entonces Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, cometido en agravio de ******************** se encontraba prescrita. Y, ante ello, se concedió el amparo para los siguientes efectos: "NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En las relatadas condiciones, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************; y, en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y el respeto al derecho violado, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal de Puebla, Puebla, realice lo siguiente: I. Deje insubsistente el auto de formal prisión de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, dictado en contra de ******************** por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, 323, 326 fracción II, 328, 329 y 331, en relación con los diversos 13 y 21 fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de ********************II. Con base en los razonamientos indicados en el considerando anterior de este fallo, emita otra resolución en la que declarará actualizada la figura jurídica de la prescripción, con las consecuencias legales que deriven de esa declaración. III. Notificará dicha determinación a las partes; y, IV. Remitirá a éste órgano de control constitucional las constancias que acrediten fehacientemente el cumplimiento de la sentencia protectora." En acatamiento al fallo protector el juez responsable hizo llegar una resolución de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el multicitado proceso penal ********************, donde en lo que interesa, resolvió que había prescrito la acción penal respecto del delito por el que emitió la orden de aprehensión contra ******************** el diez de octubre de octubre de mil novecientos noventa y cuatro; dejó insubsistente el aludido auto de formal prisión dictado en contra de aquél y ordenó su inmediata libertad "por prescripción de la acción penal ejercitada en su contra y por lo que respecta a esta causa penal". Determinación con la que en acuerdo de trece de los corrientes, se tuvo por cumplido el fallo protector. Así las cosas, si como se precisó al inicio de este proveído, ******************** reclama en este juicio de amparo ********************, el acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, emitido por el Juez Primero de lo Penal de Puebla en el proceso penal ********************, que recayó al escrito signado por su defensor particular, presentado el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, donde le solicitó al juzgador de marras que dejara en libertad al citado ******************** ya que en relación con el delito por el que se libró orden de aprehensión en sui contra el diez de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, la acción penal se encontraba prescrita. Acuerdo en el que el supracitado juez penal señaló que no había operado la referida figura jurídica (prescripción), pero no en relación con la clasificación jurídica por la que emitió la orden de aprehensión en cita (como se solicitó), sino por la clasificación jurídica por la que le dictó a ******************** auto de formal prisión el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Luego, es evidente que aun, cuando el mencionado auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés subsiste, pues no se aprecia que se haya dejado sin efectos o revocado, el objeto o materia del mismo dejó de existir; cuenta habida que ante la determinación emitida el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, en la causa penal de origen por el juez responsable, los efectos de aquél proveído que constituye el acto aquí reclamado, no se concretarán en la esfera jurídica del quejoso. Ello es así, ya que en caso de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, pues como se observa, de cualquier forma el juez responsable ya determinó que en el proceso penal de origen ha operado la prescripción y dejó en libertad al peticionario de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la ley la materia. Y, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las diez horas con doce minutos del diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, se determina que el presente proveído, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, debe constar por escrito ya que pone fin al juicio. Notifíquese por lista al quejoso, en atención a lo determinado en auto de tres de abril de dos mil veintitrés; personalmente al tercero interesado; y, por oficio a la autoridad responsable, a la diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Zeus Islas González, Secretario(a) que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Aquilino Hernández Magdalena, y atento a su contenido, se provee: ALEGATOS. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos, sin perjuicio de relacionarlos nuevamente en la audiencia constitucional. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico pues dicha promoción se presentó de forma física. Notifíquese por lista a las partes.
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