Antonio Villafan Lopez
Expediente 128/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 128/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Antonio Villafan Lopez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de trece de febrero del año en curso (fojas 7 a 10), en el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo haya hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de febrero de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Visto lo de cuenta; fórmese expediente y regístrese con el número 128/2019-C, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. DESECHAMIENTO. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías, se advierte que el quejoso Antonio Villafan López reclama al 1. Director General de la Fiscalía General del Estado de Puebla y otra autoridad, el citatorio girado para que comparezca voluntariamente el quince de febrero de dos mil diecinueve, a fin de hacer de su conocimiento el medio alternativo de solución de conflictos de índole penal, denominado mediación, dentro de la averiguación previa 831/2015/NORTE. Respecto de dicho acto reclamado se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61, en relación con los diversos 5, fracción I de la misma legislación y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales disponen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "(.) Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" LEY DE AMPARO. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.) Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" Del análisis de los preceptos constitucionales y legales transcritos se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución o los tratados internacionales en los que Estado Mexicano sea parte y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Como se ve, no sólo se reconoce el derecho de las personas que tengan un interés jurídico reconocido en una norma para acudir al juicio de amparo, sino también de aquellos que aludan tener un derecho legítimo derivado de su situación especial frente al orden jurídico; pero, tratándose de actos o resoluciones provenientes de una autoridad penal administrativa (como ocurre en el caso), el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; por consiguiente, en este último supuesto, para acudir al juicio de derechos fundamentales es necesario que exista un acto que el gobernado estime violatorio de sus derechos consagrados en la Constitución o en los tratados internacionales en los que los que México sea parte, pero además resulta indispensable que el peticionario de garantías acredite que el acto que reclama efectivamente afecta su esfera jurídica. Luego, si el acto reclamado emana de una autoridad ministerial, el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de garantías, exige los elementos siguientes: la existencia de un derecho subjetivo establecido en una norma jurídica y la titularidad de ese derecho por parte de una persona. Tales consideraciones se encuentran robustecidas con la jurisprudencia número 854 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." En este entendido, los gobernados tendrán interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad, en la medida en que sean titulares de un derecho subjetivo que se vea afectado con la actuación del poder público. Además, es de señalarse que el interés jurídico de que se habla debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, según lo establece la jurisprudencia 16/94 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Con base en lo anterior, es dable afirmar que la causa de improcedencia invocada se actualiza cuando el acto de autoridad que se combate en el juicio de amparo no incide en forma alguna en los derechos subjetivos públicos del promovente al momento de la presentación de la demanda, ya sea porque no le impone obligación alguna, o bien, porque no se tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto, esto es, cuando no existe un agravio personal y directo contra el gobernado. Hecho el estudio anterior, a fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en comento, es pertinente resaltar que en el citatorio reclamado, fue girado por el 1. Agente del Ministerio Público en funciones de Titular de la Mes única de Investigación de Delitos en General del Sistema Tradcional, para que el quejoso comparezca de manera voluntaria el quince de febrero de dos mil diecinueve, a fin de hacer de su conocimiento el medio alternativo de solución de conflictos de índole penal, denominado mediación, dentro de la averiguación previa 831/2015/NORTE; acto que no supone una afectación cierta e irreparable a sus derechos sustantivos. Se afirma lo expuesto, porque el promovente no manifestó si el citatorio combatido en este juicio de amparo contiene apercibimiento, en caso de no presentarse a la diligencia respectiva. Por tanto, el citatorio no es más que la simple citación a comparecer ante el Ministerio Público, lo que cualquier persona (sea indiciado, testigo, perito, etc.), en caso de atenderlo, lo hace por propia voluntad. Así entonces, el citatorio emitido por la responsable no es un acto de imposible reparación, pues no afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa. También, son aplicables la jurisprudencia PC.VI.P. J/5 P (10ª) y la tesis aislada I.6o.P.118 P (10ª), con rubros y textos siguientes: "ORDEN DE CITACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO CONTIENE APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA. El juicio de amparo es improcedente contra la orden de citación emitida por el Ministerio Público en la averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional, cuando en dicho citatorio no se contiene apercibimiento en el supuesto de que el gobernado no asista a la cita, porque contra las diligencias llevadas a cabo por la representación social tendentes a la integración de una averiguación previa, por regla general, como lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo es improcedente; y si bien esa regla admite excepciones, ello será cuando se afecten -o exista la posibilidad de que se afecten- derechos sustantivos de los gobernados." "CITATORIO PARA ACUDIR ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL A UNA DILIGENCIA RELACIONADA CON LOS HECHOS INVESTIGADOS EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI SE IMPUGNA EN AMPARO INDIRECTO, Y NO SE ADVIERTE QUE CONTENGA APERCIBIMIENTO O MEDIDA DE APREMIO ALGUNO, DE NO COMPARECER, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Si el acto reclamado se hizo consistir en el citatorio que se giró en relación con los hechos investigados en una averiguación previa, emitido por el agente del Ministerio Público Federal, y en éste no se advierte apercibimiento o medida de apremio alguno, en caso de no comparecer para el esclarecimiento de los hechos, es improcedente el juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que no afecta su interés jurídico, pues se encuentra en libertad de acudir o no al llamado, por lo que si no lo hace, ello no causa efecto alguno." En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia invocada prevista en el artículo 61, fracción XII en relación con los diversos 5, fracción I de la misma legislación y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que procede es desechar la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica en su demanda de amparo. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a las personas que menciona en la demanda de cuenta, atento a que no proporcionó datos que acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley de Transparencia, sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
- Principal
CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, trece de febrero de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Visto lo de cuenta; fórmese expediente y regístrese con el número 128/2019-C, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. DESECHAMIENTO. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías, se advierte que el quejoso Antonio Villafan López reclama al 1. Director General de la Fiscalía General del Estado de Puebla y otra autoridad, el citatorio girado para que comparezca voluntariamente el quince de febrero de dos mil diecinueve, a fin de hacer de su conocimiento el medio alternativo de solución de conflictos de índole penal, denominado mediación, dentro de la averiguación previa 831/2015/NORTE. Respecto de dicho acto reclamado se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61, en relación con los diversos 5, fracción I de la misma legislación y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales disponen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "(.) Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" LEY DE AMPARO. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.) Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" Del análisis de los preceptos constitucionales y legales transcritos se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución o los tratados internacionales en los que Estado Mexicano sea parte y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Como se ve, no sólo se reconoce el derecho de las personas que tengan un interés jurídico reconocido en una norma para acudir al juicio de amparo, sino también de aquellos que aludan tener un derecho legítimo derivado de su situación especial frente al orden jurídico; pero, tratándose de actos o resoluciones provenientes de una autoridad penal administrativa (como ocurre en el caso), el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; por consiguiente, en este último supuesto, para acudir al juicio de derechos fundamentales es necesario que exista un acto que el gobernado estime violatorio de sus derechos consagrados en la Constitución o en los tratados internacionales en los que los que México sea parte, pero además resulta indispensable que el peticionario de garantías acredite que el acto que reclama efectivamente afecta su esfera jurídica. Luego, si el acto reclamado emana de una autoridad ministerial, el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de garantías, exige los elementos siguientes: la existencia de un derecho subjetivo establecido en una norma jurídica y la titularidad de ese derecho por parte de una persona. Tales consideraciones se encuentran robustecidas con la jurisprudencia número 854 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." En este entendido, los gobernados tendrán interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad, en la medida en que sean titulares de un derecho subjetivo que se vea afectado con la actuación del poder público. Además, es de señalarse que el interés jurídico de que se habla debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, según lo establece la jurisprudencia 16/94 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Con base en lo anterior, es dable afirmar que la causa de improcedencia invocada se actualiza cuando el acto de autoridad que se combate en el juicio de amparo no incide en forma alguna en los derechos subjetivos públicos del promovente al momento de la presentación de la demanda, ya sea porque no le impone obligación alguna, o bien, porque no se tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto, esto es, cuando no existe un agravio personal y directo contra el gobernado. Hecho el estudio anterior, a fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en comento, es pertinente resaltar que en el citatorio reclamado, fue girado por el 1. Agente del Ministerio Público en funciones de Titular de la Mes única de Investigación de Delitos en General del Sistema Tradcional, para que el quejoso comparezca de manera voluntaria el quince de febrero de dos mil diecinueve, a fin de hacer de su conocimiento el medio alternativo de solución de conflictos de índole penal, denominado mediación, dentro de la averiguación previa 831/2015/NORTE; acto que no supone una afectación cierta e irreparable a sus derechos sustantivos. Se afirma lo expuesto, porque el promovente no manifestó si el citatorio combatido en este juicio de amparo contiene apercibimiento, en caso de no presentarse a la diligencia respectiva. Por tanto, el citatorio no es más que la simple citación a comparecer ante el Ministerio Público, lo que cualquier persona (sea indiciado, testigo, perito, etc.), en caso de atenderlo, lo hace por propia voluntad. Así entonces, el citatorio emitido por la responsable no es un acto de imposible reparación, pues no afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa. También, son aplicables la jurisprudencia PC.VI.P. J/5 P (10ª) y la tesis aislada I.6o.P.118 P (10ª), con rubros y textos siguientes: "ORDEN DE CITACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO CONTIENE APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA. El juicio de amparo es improcedente contra la orden de citación emitida por el Ministerio Público en la averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional, cuando en dicho citatorio no se contiene apercibimiento en el supuesto de que el gobernado no asista a la cita, porque contra las diligencias llevadas a cabo por la representación social tendentes a la integración de una averiguación previa, por regla general, como lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo es improcedente; y si bien esa regla admite excepciones, ello será cuando se afecten -o exista la posibilidad de que se afecten- derechos sustantivos de los gobernados." "CITATORIO PARA ACUDIR ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL A UNA DILIGENCIA RELACIONADA CON LOS HECHOS INVESTIGADOS EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI SE IMPUGNA EN AMPARO INDIRECTO, Y NO SE ADVIERTE QUE CONTENGA APERCIBIMIENTO O MEDIDA DE APREMIO ALGUNO, DE NO COMPARECER, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Si el acto reclamado se hizo consistir en el citatorio que se giró en relación con los hechos investigados en una averiguación previa, emitido por el agente del Ministerio Público Federal, y en éste no se advierte apercibimiento o medida de apremio alguno, en caso de no comparecer para el esclarecimiento de los hechos, es improcedente el juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que no afecta su interés jurídico, pues se encuentra en libertad de acudir o no al llamado, por lo que si no lo hace, ello no causa efecto alguno." En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia invocada prevista en el artículo 61, fracción XII en relación con los diversos 5, fracción I de la misma legislación y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que procede es desechar la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica en su demanda de amparo. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a las personas que menciona en la demanda de cuenta, atento a que no proporcionó datos que acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley de Transparencia, sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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