Antonio Reynoso Calvillo
Expediente 617/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 617/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Antonio Reynoso Calvillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. DESAHOGA REQUERIMIENTO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, glósese el escrito de cuenta signado electrónicamente por ********************, apoderado jurídico de la parte quejosa, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de diecisiete del mes y año en curso, aclara el escrito presentado el quince de los actuales, a través del cual, ********************, en cuanto diversa autorizada en términos amplios del agraviado, dentro del presente juicio de amparo ********************/2023, promovió ampliación de la demanda de amparo; esto es, realiza una aclaración de lo argumentado en el referido escrito de ampliación del libelo constitucional, en el que textualmente se asentó: "Solicitando, se tenga por reproducida la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, en el entendido de que, derivado de lo narrado, se trata del ilegal aseguramiento, no así, de una orden de cateo; a efecto de que sean emplazadas las autoridades señaladas, por los conductos legales". (Énfasis añadido). Y al efecto refiere que lo correcto es: "Solicitando, se tenga por reproducida la demanda de amparo que dio origen al presente juicio; a efecto de que sean emplazadas las autoridades señaladas, por los conductos legales." De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. ESTADO DE AUTOS. Ahora, del estado de autos se desprende que en proveído de diecisiete de noviembre del presente año, se previno a la parte quejosa para que aclarara el mencionado escrito de ampliación de la demanda, circunstancia que ya aconteció como se advierte de lo asentado en párrafos precedentes; por tanto, a fin de evitar formalismos procesales innecesarios y garantizar a las partes la expedites de justicia a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta innecesaria la práctica de la notificación personal a la parte quejosa de tal determinación. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia de rubro y texto: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU RELACIÓN CON LOS FORMALISMOS PROCESALES. El artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para los órganos jurisdiccionales la obligación de "privilegiar la solución del conflicto" por sobre los "formalismos procesales", con miras a lograr la tutela judicial efectiva. Este deber impuesto a los tribunales tiene como límite los derechos de las partes durante el proceso. El primero de ellos es el de igualdad procesal; esto es, las mismas oportunidades para exponer sus pretensiones y excepciones, para probar los hechos en que las fundamenten y para expresar sus alegatos. El segundo, es el de debido proceso; es decir, el respeto a las "formalidades esenciales del procedimiento" (que consisten en la notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; la posibilidad de formular alegatos, y la certeza de que el litigio será decidido con una resolución que dirima las cuestiones debatidas), así como otros derechos procesales que derivan de principios aceptados constitucionalmente, como los de presunción de inocencia, non bis in idem, contradicción, de preclusión, de eventualidad, de inmediación, de concentración, de publicidad, etcétera. Atento a lo anterior, debe considerarse que los formalismos tienen como razón de ser garantizar tres cosas: 1) la buena fe de las partes durante el proceso; 2) la no arbitrariedad de los Jueces; y, 3) la seguridad jurídica (en el sentido de predictibilidad). En este sentido, no se trata de obviar indiscriminada o irreflexivamente las formas que previene el orden jurídico, por considerarlas obstáculos a la justicia, sino de comprender cuál es su función y si ella puede ser cumplida sin menoscabo de la sustancia del litigio. Así, el artículo 17 aludido, es sólo una de las normas -directrices, principios y reglas- a las que deben apegarse los tribunales, y éstos tienen que ajustar su actuación a todas." Así como la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados." ADMISIÓN DE AMPLIACIÓN. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales 1, 107, 111, 112, 115 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de demanda respecto de las autoridades responsables y por el acto reclamado precisados en el respectivo escrito de ampliación, que en seguida se precisan. Apoya lo expuesto la jurisprudencia P./J. 15/2003, que se consulta en la página 12, del Tomo XVIII, Julio de 2003, registro 183932 Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE". "III. AUTORIDADES RESPONSABLES l) Presidenta e integrantes del Comité de Comunicación Social del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo m) Titular de la Coordinación de Comunicación Social del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo n) Presidenta e integrantes del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo ñ) Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Todas, con domicilio en avenida Francisco I. Madero, número noventa y siete, Centro Histórico, en Morelia, Michoacán, C.P. 58000. IV. IV. ACTOS RECLAMADOS La omisión de videograbar la Sesión Extraordinaria, de data primero de junio de dos mil veintitrés, en la que, supuestamente, se discutió, votó y aprobó el decreto número cuatrocientos cinco, dirigido al Ejecutivo el Estado, por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, en cuanto actividad institucional del Congreso que de oficio se debe publicar, por ser parte del proceso intra-legislativo, bajo los principios de transparencia y equidad; impidiendo que la población pudiera conocerla públicamente." INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Como lo solicitó la promovente ********************, en su diverso ocurso presentado el dieciséis de noviembre del año actual, en alcance al diverso de ampliación de la demanda de amparo; con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, con copia del propio escrito de ampliación, así como del diverso de petición de la suspensión provisional del acto reclamado, provéase lo conducente en el respectivo cuaderno incidental, cuya apertura se ordenó en auto de treinta y uno de julio del año en curso. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Hágase del conocimiento de las partes, que en el presente asunto se encuentran programadas las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo por escrito dentro del término de quince días hábiles. El cual se computará a partir del día siguiente a aquel en que reciban el oficio de notificación del presente proveído; en el entendido que en dicho informe deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado: en la inteligencia que de no hacerlo o no acompañar copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, la omisa se hará acreedora a una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 260, fracción II y 238 de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a las autoridades responsables rendir su informe al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx; o bien, por oficio ordinario. En esa medida, indíquese a las responsables que basta con que den cumplimiento al presente requerimiento por correo electrónico, dicho de otro modo, por ejemplo, si informan lo peticionado por dicha vía, resultará innecesario que lo hagan también por ordinaria. CLASIFICACIÓN. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en caso de que dentro de la información que remitan como apoyo al informe justificado o sea requerida posteriormente, se envíe información que se encuentre clasificada como reservada, deberán remitir copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de este órgano jurisdiccional pueda constatar que el órgano competente emitió la declaratoria de clasificación correspondiente. Se apercibe a las responsables que de no remitir el acta de clasificación precisada en el párrafo anterior, la información remitida será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. INTEGRACIÓN. De igual manera, en aras de agilizar el trámite del asunto aquí planteado, en atención al principio de expedites de justicia y celeridad procesal, se solicita atentamente a las autoridades responsables, para que al momento de que rindan su informe justificado proporcionen a éste órgano federal algún correo electrónico oficial, para garantizar a las partes el derecho fundamental a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DEVOLUCIÓN. De ser el caso de que así lo soliciten las partes, se les anticipa que no se devolverán los documentos exhibidos y que con posterioridad alleguen las partes en original o copia certificada, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hayan formulado, o bien, mientras el juicio de amparo no haya sido resulto definitivamente. Sin embargo, se hace de su conocimiento que tienen expedito el derecho para solicitar copias certificadas de las documentales exhibidas o, en su caso, una vez que haya causado ejecutoria este asunto soliciten la devolución de los documentos mediante diversa promoción. Es aplicable la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". PARTE TERCERA INTERESADA. Sin que en el caso sea dable reconocer el carácter de tercero interesado a persona alguna, en virtud de que no se advierte que con la tramitación del juicio en que se actúa se pudiera causar daño o perjuicio a persona diversa. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley que rige el juicio constitucional, ténganse como pruebas de la parte quejosa las documentales agregadas al escrito de ampliación de demanda, las cuales se admiten y desahogan en razón de su propia y especial naturaleza jurídica; sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Asimismo, respecto de la documental exhibida con el ocurso de petición de la suspensión del acto reclamado, misma que es ofrecida como prueba documental dentro de tal incidencia, glósese la misma al correspondiente cuaderno de suspensión, a efecto de que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. PETICIÓN DE DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, respecto a la petición realizada en el sentido de que se proceda a la digitalización de las constancias relativas a las actas destacadas fuera de protocolo números mil quinientos veintiséis y mil quinientos veintisiete, a cargo del titular de la Notaría Pública número 64 en el Estado de Michoacán, exhibidas por la autoridad responsable Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, como sustento a su informe justificado, a efecto de que obren en el expediente electrónico del presente asunto; dígase que tal documental, conjuntamente con otras diversas, con las cuales, dado su volumen, se ordenó formar cuaderno de pruebas por separado, se encuentran a disposición de las partes en este Tribunal, para su consulta. REQUIERE A LAS PARTES COMUNIQUEN LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA O SOBRESEIMIENTO. En otra línea, con fundamento en el artículo 64, de la ley de la materia, se requiere tanto a las autoridades señaladas como responsables, así como a la parte quejosa y en su caso, tercero interesado, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, o bien, cuando por alguna cuestión tengan conocimiento de ello y; de ser posible acompañen las constancias que acrediten tal extremo. MULTA. En el entendido que de hacer caso omiso al presente requerimiento, si en el trámite o resolución del juicio se advierte una posible causal que las partes hayan sido omisas en comunicarlo a éste órgano, se les impondrá multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables y a las que, en su caso, tengan carácter de terceras interesadas, a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia debe asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." CAPTURA DE AUTORIDADES RESPONSABLES. Se instruye al Oficial Judicial "A", para que realice la captura exacta de las autoridades responsables por las cuales es ampliada la demanda de amparo, tal y como se señalaron en el escrito relativo; en el entendido que si durante el trámite del asunto se conoce que la denominación es correcta, inexistente, imprecisa, cambió o diversa cuestión que incida en el tema, deberá atenderlo puntual y oportunamente a la luz del acuerdo que se emita. Para lo cual, la Secretaria encargada de la mesa deberá verificar que la anterior instrucción se efectúe en sus términos. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley, corriéndole traslado con la copia del escrito de ampliación de la demanda. En el entendido de que, al tratarse de un juicio de amparo contra normas generales, en términos del artículo 26, fracción II, inciso c), de la ley de la materia, las notificaciones que se hagan a dicho representante social, practíquensele por medio de oficio. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; y por oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Incidental
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con una copia simple del escrito de ampliación de la demanda de amparo, así como del diverso de petición de la medida cautelar y documentales correspondientes, promovido por Viridiana Mercado Gutiérrez, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, acuérdese lo conducente respecto de la suspensión provisional del acto reclamado, dentro del presente cuaderno del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 6172023, promovido por Valente Álvarez Reyes, en su carácter de apoderado jurídico del quejoso Antonio Reynoso Calvillo. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental, de conformidad con la fracción II, del artículo 138 de la Ley de Amparo vigente. Sin que lo anterior implique demérito alguno al principio de justicia pronta y expedita, el señalamiento de la audiencia incidental, se estima que es el estrictamente indispensable para dar oportunidad a que la autoridad responsable allegue el informe previo respectivo considerando el lugar de su residencia, cuestión que desde luego no se encuentra normada en el ordinal 141 de la Ley Amparo, dejando por tanto, la apreciación al criterio del Juzgador. A efecto, se invoca por identidad de razones la tesis de la anterior conformación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXIX, página 2638, del rubro siguiente: "AUDIENCIA, SEÑALAMIENTO TARDIO DE LA". INFORME. Con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 136, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, pídase el informe previo a las autoridades señaladas como responsables, el cual deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, enviándoles al efecto copia simple del escrito de ampliación de la demanda de amparo, en el que expresarán si es cierto o no el acto reclamado que se les atribuye y las razones pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a las autoridades responsables rendir su informe de ley vía correo electrónico oficial 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. INTEGRACIÓN. De igual manera, en aras de agilizar el trámite del asunto aquí planteado, en atención al principio de expedites de justicia y celeridad procesal, se solicita atentamente a las autoridades responsables, para que al momento de que rindan su informe previo proporcionen a éste órgano federal algún correo electrónico oficial, para garantizar a las partes el derecho fundamental que establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir el informe previo, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 260, fracción I y 238 de la Ley de Amparo. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables y a las que, en su caso, tengan el carácter de terceras interesadas, a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deban asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes, a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, del escrito de ampliación de demanda, se obtiene que la parte quejosa señala como autoridades responsables y acto reclamado lo siguiente: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES l) Presidenta e integrantes del Comité de Comunicación Social del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. m) Titular de la Coordinación de Comunicación Social del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. n) Presidenta e integrantes del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. ñ) Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. IV. ACTOS RECLAMADOS. La omisión de videograbar la Sesión Extraordinaria, de data primero de junio de dos mil veintitrés, en la que, supuestamente, se discutió, votó y aprobó el decreto número cuatrocientos cinco, dirigido al Ejecutivo el Estado, por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, en cuanto actividad institucional del Congreso que de oficio se debe publicar, por ser parte del proceso intra-legislativo, bajo los principios de transparencia y equidad; impidiendo que la población pudiera conocerla públicamente." EFECTOS PARA LOS QUE SOLICITA LA MEDIDA CAUTELAR. La parte promovente solicita la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, hasta en tanto se resuelva el juicio principal; ello, con la finalidad de evitar que se aplique a la parte quejosa lo establecido en Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el dos de junio de dos mil veintitrés. NEGATIVA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Bajo ese contexto, resulta improcedente la suspensión provisional del referido acto reclamado, en razón de que se considera un acto omisivo, pues conlleva un no hacer carente de ejecución o el no actuar de la autoridad, esto es, una actitud de abstención para actuar en determinada forma y por su propia naturaleza entraña la imposibilidad de consumación del acto reclamado, al no requerir de ejecución material alguna, y por tanto, es improcedente decretar la suspensión respecto de tal acto de autoridad. Apoya a lo anterior la tesis del tenor literal siguiente: Tesis: I.6o.T.3 K (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2004810 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3 Pag. 1912 Tesis Aislada(Común) Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3 "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio." Asimismo, se invoca la tesis del epígrafe siguiente: Tesis: XXI.2o.11 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 199059 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo V, Abril de 1997 Pag. 214 Tesis Aislada(Común) Tomo V, Abril de 1997 "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada." PRUEBAS. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 143 de la Ley de Amparo, agréguese las documentales exhibidas con el ocurso petitorio de la suspensión del acto reclamado, y ténganse como pruebas de la parte quejosa; las cuales se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza jurídica; sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia incidental. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; y por oficio a las autoridades responsables materia de la ampliación de la demanda, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. SE AGREGA ESCRITO (REGISTROS 18393). Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su precepto 2°, agréguese el escrito signado electrónicamente por Viridiana Mercado Gutiérrez, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, a través del cual pretende ampliar su escrito de demanda en los términos que indica.. Ahora, del contenido del primero de los referidos ocursos, se desprende que además de ampliar su demanda en relación con el acto reclamado a las autoridades que indica, consistente en "La omisión de videograbar la Sesión Extraordinaria, de data primero de junio de dos mil veintitrés, en la que, supuestamente, se discutió, votó y aprobó el decreto número cuatrocientos cinco, dirigido al Ejecutivo el Estado, por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, en cuanto actividad institucional del Congreso que de oficio se debe publicar, por ser parte del proceso intra-legislativo, bajo los principios de transparencia y equidad; impidiendo que la población pudiera conocerla públicamente", también manifiesta lo siguiente: "Solicitando, se tenga por reproducida la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, en el entendido de que, derivado de lo narrado, se trata del ilegal aseguramiento, no así, de una orden de cateo; a efecto de que sean emplazadas las autoridades señaladas, por los conductos legales". (Énfasis añadido). REQUERIMIENTO. Atendiendo a dicha circunstancia, y a efectos de estar en condiciones de proveer lo conducente en relación con dicha ampliación, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de tres días, computados legalmente, aclare cuál es el acto por el que pretende ampliar su escrito de demanda. APERCIBIMIENTO. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término establecido para tal efecto, únicamente se tendrá como acto reclamado respecto de la ampliación de demanda, el que precisa en el apartado relativo a los actos reclamados de su ocurso respectivo. PRECISIÓN (REGISTRO 18470). Ahora, respecto a su petición en el cual solicita la suspensión provisional, dígasele que una vez que cumpla con el requerimiento realizado en párrafos que anteceden, se acordará lo que en derecho corresponda. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la celebración de la audiencia constitucional, señalada en proveído de treinta de octubre del año en curso, y se fijan las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para su celebración. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. SE AGREGA ESCRITO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el escrito signado por Viridiana Mercado Gutiérrez, autorizada en términos amplios del quejoso directo Antonio Reynoso Calvillo; por medio del cual realiza diversas manifestaciones en torno a la vista otorgada en auto de treinta de octubre del año en curso; respecto de lo informado por la Presidenta del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, en el sentido de que no cuenta con el video de la sesión de uno de junio de dos mil veintitrés; por tanto, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las mismas a manera de alegatos, las que se tomarán en consideración en la audiencia constitucional. Finalmente, córrase traslado a dicha autoridad con copia del escrito en cuestión, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE; por oficio a la autoridad que se señala.
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