Antonio Vargas Hinojosa

Expediente 430/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
430/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
18/10/2017

Partes del expediente

  • Antonio Vargas Hinojosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    El dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, el licenciado Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del veintinueve de septiembre al dieciséis de octubre del año en curso; sin que haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiséis de septiembre de la presente anualidad, por este juzgado, dentro del juicio de amparo número 430/2017. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. En el presente juicio no se tramitó incidente de suspensión. Sí existen tomos de pruebas por devolver a la autoridad responsable Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas. Doy fe. En la misma fecha el secretario licenciado da cuenta al juez con la certificación que antecede y con el estado de autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86, de la Ley de Amparo en vigor, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada en fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete de la presente anualidad, por este juzgado, en la que negó el juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito negó el amparo, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por haberse negado la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvase a la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, los dos tomos de pruebas que remitió en apoyo a su informe justificado relativos a las constancias de las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 422/2016 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de Río Grande Zacatecas y los autos del toca 55/2017 de su índice. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza.- DOY FE. ABL

  2. Principal

    En dos de octubre de dos mil diecisiete, la Secretaria del Juzgado licenciada María Concepción García Jacobo doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dos de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó que la Comisión de Adscripción en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo, como Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, a partir del uno de octubre del año en curso; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia, 2ª./J.104/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, resultado de la contradicción de tesis 119/2010 entre los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo del Décimo Primer Circuito, actualmente Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del mismo circuito, y Segundo del Quinto Circuito, ahora Primero en Materias Civil y de Trabajo del mismo circuito, consultable en la página 312 del Tomo XXXII, Julio de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Lo proveyó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza.- DOY FE. ALICIA

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 430/2017; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Antonio Vargas Hinojosa y Ma. del Consuelo Lozano Fernández demandaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: De la autoridad responsable PRIMERA SALA CIVIL Y DE LO FAMILIAR, DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS, reclamamos, la sentencia definitiva dentro del TOCA A.C. NÚMERO 55/017, dictada en fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto, en la cual en su punto resolutivo primero confirma la sentencia definitiva dictada por la Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar, del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, dentro del Juicio de Diligencias de Información Ad-Perpetuam, expediente número 422/2016. Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1,14 16 y 17 constitucionales. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este juzgado, por lo que en proveído de dos de mayo de la presente anualidad (fojas 9-12), se registró bajo el número de expediente 430/2017, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal que por derecho corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos de la acta que antecede y forma parte integral del presente juicio; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la resolución reclamada se atribuye a una autoridad judicial que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: La resolución de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación civil 55/2017 que confirmó la diversa emitida el diez de enero anterior, por el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, en las diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad-perpetuam 422/2016 promovidas por Antonio Vargas Hinojosa y Ma. del Consuelo Lozano Fernández. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, por conducto de su magistrada presidenta, aceptó la existencia de la resolución reclamada, pues así lo manifestó en su informe con justificación (foja 16). Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas por dicho juez responsable, en apoyo a su informe de ley consistente en los autos del expediente que conforman el toca de apelación civil 55/2017 de su índice, de la que esencialmente, se advierte que el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, se emitió la resolución combatida en esta instancia constitucional (fojas 19-27 del tomo II del cuaderno de pruebas). Documental a la que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Se cita como sustento, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 226, página 153, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. En consecuencia, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de la resolución combatida: 1. Mediante escrito presentado el trece de octubre de dos mil dieciséis, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, Antonio Vargas Hinojosa y Ma. del Consuelo Lozano Fernández promovieron diligencias de jurisdicción voluntaria ad-perpetuam, a fin de acreditar la posesión de un predio urbano ubicado en la calle Ignacio Zaragoza de la comunidad de La Luz de Río Grande, Zacatecas (fojas 1-5 del tomo I del cuaderno de pruebas). 2. El diecisiete siguiente, el juez responsable admitió a trámite las diligencias de jurisdicción voluntaria, las registró con el consecutivo 422/2016 y citó a la autoridad municipal y al Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Río Grande, Zacatecas, así como a los colindantes del predio materia de las referidas diligencias de jurisdicción voluntaria, en términos del artículo 172 párrafo tercero del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas (fojas 10-11 del tomo I del cuaderno de pruebas). 3. El diez de enero de dos mil diecisiete, se emitió la resolución respectiva en la que el juez del conocimiento consideró procedente la vía intentada, sin embargo, estimó no se acreditaron los extremos necesarios para la procedencia de lo solicitado y, por tanto, negó la inscripción de la posesión como apta para prescribir en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Río Grande, Zacatecas (fojas 73-79 del tomo I del cuaderno de pruebas). 4. Inconformes con la resolución que antecede, el dieciséis de enero siguiente, los promoventes interpusieron recurso de apelación contra dicho fallo (foja 81 del tomo I del cuaderno de pruebas). 5. El diez febrero de la presente anualidad, la sala responsable admitió el recurso de apelación interpuesto, registrándolo bajo el consecutivo 55/2017 de su índice (fojas 4-5 del tomo II del cuaderno de pruebas). 7. El veintinueve de marzo posterior, la sala responsable emitió sentencia definitiva en la que confirmó la resolución recurrida (fojas 19-27 del tomo II del cuaderno pruebas) La resolución anterior constituye la materia de la presente instancia constitucional. QUINTO. Reproducción innecesaria de los conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación vertidos, ya que para mayor claridad de la sentencia éstos se sintetizaran al realizarse el estudio de fondo del asunto y se emitirá una respuesta puntual sobre lo planteado, en atención a los principios de congruencia y exhaustividad. Sirve de criterio orientador, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación resultan inoperantes, como se argumentará a continuación. Por cuestión de técnica, los motivos de disenso se estudiarán en un orden diverso al planteado en la demanda, atendiendo a la naturaleza de la violación alegada y a los efectos que podrían tener en el sentido de la resolución reclamada. En una parte de ellos los quejosos argumentan en esencia, la indebida motivación de la resolución reclamada, pues afirman se realizó una errónea interpretación de los artículos que rigen las diligencias de jurisdicción voluntaria ad-perpetuam, en el estado de Zacatecas, asimismo, que las tesis y jurisprudencias que invoca la autoridad responsable en el fallo recurrido no son aplicables al caso, porque quien transmitió la posesión no cuenta con título de propiedad y esa es la razón por la cual pretenden inscribir dicha posesión. El concepto de violación anterior resulta inoperante, como se analizará a continuación. El artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, en los siguientes términos: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." De acuerdo con el citado dispositivo, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con exactitud, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Orienta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 143, tomo 97-102 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente e la Séptima Época, que señala: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. La contravención al mandato constitucional que exige la expresión de la fundamentación y motivación en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica al caso, como lo alega el impetrante de amparo. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal, dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y, en el segundo caso, consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. En la inteligencia de que para arribar a tal forma de resolver, en los casos en que no opera la suplencia de la queja deficiente, deberá analizarse a la luz de los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia por reiteración I.3o.C. J/47, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1694 del tomo XXVII, febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la novena época, bajo el rubro y texto siguientes: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo. Ahora, la causa de pedir se integra al señalar con claridad cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima causa el acto reclamado, así como los motivos que originaron ese agravio; sin embargo, ello no implica que los quejosos se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues de manera general, a ellos corresponde poner en evidencia que la determinación combatida resulta ilegal. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 81/2002, consultable en la página 61, tomo XVI, Diciembre de 2002, Novena Época Primera Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. Asimismo, el criterio emitido en la Jurisprudencia I.4o.A. J/33 por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1406 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, agosto de dos mil cuatro, materia común, novena época, cuya literalidad indica: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES SI NO SE REFIEREN A LA PRETENSIÓN Y A LA CAUSA DE PEDIR. Los conceptos de violación o agravios deben indefectiblemente encontrarse vinculados y relacionados con el contexto litigioso que se sometió a la jurisdicción ordinaria. Como antecedente conviene puntualizar el contenido de la frase pretensión deducida en el juicio o petitum al tenor de lo siguiente: a) La causa puede ser una conducta omitida o realizada ilegalmente, o bien, el acto ilícito que desconoce o viola un derecho subjetivo que es motivo de la demanda y determina la condena que se solicita al Juez que declare en su sentencia, es decir, es la exigencia de subordinación del interés ajeno al propio; b) La pretensión o petitum es la manifestación de voluntad de quien afirma ser titular de un derecho y reclama su realización; c) El efecto jurídico perseguido o pretendido con la acción intentada y la tutela que se reclama; y, d) El porqué del petitum es la causa petendi consistente en la razón y hechos que fundan la demanda. Así las cosas, los conceptos de violación o agravios deben referirse, en primer lugar, a la pretensión, esto es, al qué se reclama y, en segundo lugar, a la causa petendi o causa de pedir, que implica el porqué de la pretensión, incluyendo los fundamentos o razones y los hechos de la demanda, así como las pruebas (que son la base de lo debatido). La conexión o relación de estas últimas sólo debe darse con los hechos, que son determinantes y relevantes para efectos de la pretensión, en virtud de ser el único extremo que amerita y exige ser probado para el éxito de la acción deducida, tal como lo establecen los artículos 81 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En tal orden de ideas, si la quejosa no señala la parte de las consideraciones de la sentencia que reclama, motivo de controversia, o se limita a realizar meras afirmaciones, bien sean generales e imprecisas o sin sustento o fundamento, es obvio que tales conceptos de violación son inoperantes y no pueden ser analizados bajo la premisa de que es menester que expresen la causa de pedir. Luego, en los argumentos en estudio, los quejosos se limitan a afirmar, en esencia, que la resolución combatida está indebidamente motivada porque no se realizó una correcta interpretación de los artículos que rigen la jurisdicción voluntaria, porque las tesis y jurisprudencias que invoca la autoridad responsable en el fallo recurrido no son aplicables al caso y porque quien transmitió la posesión no cuenta con título de propiedad y esa es la razón por la cual pretender inscribir dicha posesión. Las afirmaciones precedentes son inoperantes, dado que no contienen la causa de pedir necesaria para su estudio. Lo anterior, en virtud que soslayaron expresar las razones sustento de las afirmaciones anteriores, es decir, no aducen por qué consideran que los criterios jurisprudenciales invocados por la sala responsable no cobran aplicación al respecto, pues sólo realizan afirmaciones generales e imprecisas, al referir que quien les trasmitió la posesión del predio en cuestión, no cuenta con título de propiedad; sin embargo, soslayaron exponer de manera frontal cuáles son los criterios que a su juicio, no eran aplicables y las razones de ello, en relación con el caso en concreto, a efecto de evidenciar el agravio alegado Asimismo, afirman dogmáticamente que no se realizó una correcta interpretación de los preceptos legales relativos a las diligencias de jurisdicción voluntaria; sin embargo, omitieron poner en evidencia las razones por las cuales arribaron a dicha aseveración. Por tanto, los conceptos de violación en estudio son inoperantes, al no contener las razones sustento de las afirmaciones realizadas en éstos, por lo que no se cuenta con la materia necesaria (causa de pedir), para evaluar su fundamentación y motivación. Por otra parte, en el antecedente tercero de la demanda los peticionarios de amparo manifiestan que en relación con la causa generadora de la posesión, la autoridad responsable realizó una incorrecta interpretación de los artículos 458, 2516 y 2517 del Código Civil y 848 del Código Procesal Civil, ambos para el Estado de Zacatecas, en atención a que los preceptos legales referidos no exigen de manera expresa que tenga que especificarse cuál es el acto por el cual se tiene la posesión, ni el tiempo que deba transcurrir para inscribirla, ya que la caducidad de ésta comienza a partir del día siguiente en que se realiza la inscripción en la oficialía de partes del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del municipio donde se ubique el predio. Por tanto, aduce, la causa generadora de la posesión se encuentra comprobada y demostrada porque ocupan el inmueble como residencia, lo que se comprobó con la testimonial ofrecida en las diligencias de origen, pues aun cuando exista discrepancia entre lo manifestado por los promoventes y los testigos, al referir los primeros que la causa generadora de la posesión fue una compraventa y los atestes que fue con base en una donación realizada en su favor, toda vez que ambas figuras jurídicas son actos traslativos de dominio que es lo que la ley exige como requisito fundamental. El motivo de disenso sintetizado es inoperante, pues no controvierte todas las razones por las cuales la autoridad responsable confirmó el fallo recurrido. En efecto, resultan inoperantes los conceptos de violación que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, al no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia I.6o.C. J/15, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, Novena Época, julio de dos mil, que dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada. Así como la diversa tesis de jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en la página 1138, tomo XXI, Abril de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada. En el argumento en estudio, la parte quejosa se concentra a atacar lo manifestado por la autoridad responsable en el sentido de que no se acreditó la causa generadora de la posesión, al existir discrepancia entre los testigos y los promoventes, así como lo relativo al tiempo que debió transcurrir para inscribir la posesión de mérito. No obstante, con lo anterior no se controvierte lo considerado por la autoridad responsable para sustentar su determinación. En efecto, como razones torales contenidas en el acto reclamado, la sala responsable determinó lo siguiente: Para obtener la declaración judicial respecto de la posesión a título de dueño y que dicha declaración se inscriba en el Registro Público de la Propiedad, es necesario acreditar que los promoventes habían poseído el inmueble por el tiempo y las condiciones exigidas para prescribir de conformidad con lo establecido en los ordinales 458 y 459 del Código Civil para el Estado de Zacatecas. La prueba testimonial ofrecida no acreditó el origen, la causa generadora y demás requisitos para que prosperara la prescripción positiva. Los promoventes no acreditaron la causa generadora del predio pretendido, toda vez que, por una parte, éstos manifestaron que el bien inmueble que pretenden adjudicarse lo habían adquirido mediante un contrato de compraventa verbal celebrado con Simón Vargas Herrera y, por tanto, debieron acreditar tal circunstancia. Sin embargo, los atestes manifestaron que el promovente posee el predio de referencia con motivo de una donación que realizó Simón Vargas Herrera en su favor. Dicha discrepancia impide tener certeza de cuál fue el acto jurídico que le transfirió la propiedad y originó la causa generadora. Se omitió interrogar a los atestes sobre las demás condiciones necesarias para la prescripción positiva, pues únicamente se les cuestionó de manera general, por lo que no especificaron por qué los promoventes de la diligencia tenían la posesión del predio de manera pacífica, continua, pública, cierta, de buena fe y en concepto de dueños, toda vez que es una exigencia establecida en la normativa, sin embargo, en el desahogo de la prueba no se cuestionó sobre tales conceptos. Los promoventes omitieron acreditar el contrato verbal de compraventa por el que aseguran comenzaron a poseer el bien inmueble las diligencias de información ad-perpetuam y, en consecuencia, éstas resultan improcedentes. Por tales razones, confirmó la sentencia recurrida. Luego, los quejosos soslayaron controvertir el argumento sustento de la determinación reclamada consistente en que se omitió interrogar a los atestes sobre las demás condiciones necesarias para la prescripción positiva, pues no se les cuestionó de manera expresa ni éstos especificaron por qué los promoventes de las diligencias de origen tenían la posesión del predio de manera pacífica, continua, pública, cierta, de buena fe y en concepto de dueños, ello en virtud de que es una exigencia establecida en el Código Civil del Estado de Zacatecas. Lo anterior, pues se reitera, los quejosos se limitaron a afirmar que la normativa en cita no exige de manera expresa que tenga que especificarse cuál es el acto por el cual se tiene la posesión, y que ésta quedó comprobada con la testimonial que ofreció, pues se demostró que habitan en el inmueble objeto de las diligencias. Igualmente, aducen que a pesar de que la discrepancia manifestada por la autoridad responsable no debe influir en el fallo definitivo, pues aunque ellos hubieran manifestado que la causa generadora de la posesión fue resultado de una compraventa realizada de manera verbal y los atestes refieran que esa causa generadora es consecuencia de una donación realizada en su favor, ambas figuras jurídicas son actos traslativos de dominio que es lo que la ley exige como requisito fundamental que deriva en posesión originaria. Por tanto, al no combatirse toralmente todas las razones sustento del acto reclamado, el concepto de violación en análisis es inoperante, pues no podría variar el sentido de aquél. En tales condiciones, al ser inoperantes los conceptos de violación expuestos por el quejoso, lo conducente es negar la protección federal solicitada. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Antonio Vargas Hinojosa y Ma. del Consuelo Lozano Fernández, contra el acto que reclaman de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, consistente en la resolución de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación civil 55/2017; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando sexto de la presente sentencia. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida del licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario con quien actúa y da fe, hasta hoy veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con cuarenta minutos del día de hoy, para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Asimismo, que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Magistrada Presidente de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad. Por tanto, para dar margen a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS DEL CUATRO DE JULIO DOS MIL DIECISIETE. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Por otra parte, téngase por recibido el pedimento de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y en atención a su contenido, con fundamento en lo previsto por el artículo 124 de la nueva Ley de Amparo, téngasele por formulando los alegatos que a su parte corresponden, sin perjuicio de hacer relación de ellos nuevamente en la audiencia constitucional. Por cuanto hace a su solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente sumario; dígasele que una vez que se pronuncie dicha resolución, se le expedirá la misma. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Laura Elvia Villegas Tapia, Secretaria que autoriza y da fe.

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