Antonio Valle Sánchez

Expediente 1734/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 21 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1734/2015
Año
2015
Actuaciones
21
Última actuación
28/10/2015

Partes del expediente

  • Antonio Valle Sánchez
  • Orlando Moreno Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DICTADA EN FECHA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "En Zacatecas, Zacatecas, siendo las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, encontrándose presente el Juez Primero de Distrito en el Estado, Manuel Augusto Castro López, asistido del licenciado Jorge Martin Zamora González, Secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar LA AUDIENCIA DE ACUMULACIÓN a que se refieren los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a fin de resolver sobre la acumulación del juicio de amparo 1734/2015, al diverso 1530/2015, ambos del índice de este Juzgado. Declarada abierta la audiencia sin la asistencia de las partes, el Secretario hace relación de los autos y da cuenta con el juicio de amparo 1734/2015, promovido por Antonio Valle Sanchez, ante este propio Juzgado de Distrito, Abierto el período probatorio, el Secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció prueba alguna. En la etapa de alegatos, se hace constar que el agente del ministerio público escrito a este juzgado si formulo pedimento con número de registro 20109. Enseguida, se procede a emitir la resolución siguiente: VISTOS los autos para resolver la acumulación del juicio de amparo 1734/2015, al diverso 1530/2015, ambos del índice de este juzgado, promovidos respectivamente por ANTONIO VALLE SÁNCHEZ y CLAUDIA LILIANA GAYTÁN DE SANTIAGO Y OTROS, contra actos del PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CÁMARA DE DIPUTADOS, CÁMARA DE SENADORES, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, TODOS CON SEDE EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO SEDUZAC, DIRECTOR ENCARGADO O RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN EDUCATIVA, DEPENDIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA O DOCENTE, CON SEDE EN ESTA ENTIDAD, ÓRGANO DESCENTRALIZADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA Y GOBIERNO DEL ESTADO, ESTOS TRES ÚLTIMOS CON SEDE EN ESTA CIUDAD. R E S U L T A N D O PRIMERO. En proveído de catorce de octubre de dos mil quince, emitido en el juicio de amparo 1734/2015, este Juzgado de oficio inició el trámite relativo a la acumulación del diverso juicio de amparo 1734/2015, al diverso 1530/2015, promovido respectivamente por ANTONIO VALLE SÁNCHEZ y CLAUDIA LILIANA GAYTÁN DE SANTIAGO Y OTROS, por considerarla procedente, en razón de que los dos juicios se promueven contra las mismas autoridades responsable PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CÁMARA DE DIPUTADOS, CÁMARA DE SENADORES, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, todos con sede en México, Distrito Federal, SECRETARIO DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO SEDUZAC, DIRECTOR ENCARGADO O RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN EDUCATIVA, DEPENDIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA O DOCENTE, CON SEDE EN ESTA ENTIDAD, ÓRGANO DESCENTRALIZADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA Y GOBIERNO DEL ESTADO, estos tres últimos con sede en esta ciudad, y en ambos se reclama: Respecto del expediente 1734/2015 así como del 1530/2015 se desprende como ley reclamada y acto reclamado: "LEY RECLAMADA.- Artículos 3, 73 y Artículos Transitorios del Decreto que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación, así como los artículos 52, 53, 68, 69, octavo y noveno transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente por violar la garantía de libertad o en el trabajo y la permanencia, y en su integridad la Ley General de Educación, así como la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. ACTO RECLAMADO.-La falta de notificación o ilegal notificación seguida del procedimiento administrativo fuera de contexto legal, para sujetarme al propio procedimiento de evaluación que se contrae en los artículos 52 y 53 de la Ley General de Servicio Profesional Docente y las consecuencias de la aplicación del mismo, ya que no existe procedimiento establecido en la Ley, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento , ante un Tribunal previamente establecido para ello, virtud de que se demandan a su vez en esta instancia de control constitucional, la inconstitucionalidad de esos preceptos. Asi mismo, como consecuencia de lo anterior, y como parte del acto reclamado no incide la etapa segunda denominada "Expediente de Evidencias de Enseñanzas" y no se aplique de manera anticipada al periodo indicado en el artículo 6° de los Lineamientos." Asimismo, en el citado acuerdo se ordenó proveer lo conducente en el diverso juicio 1730/2015, del índice de este Tribunal Federal, lo que se hizo en proveído de catorce de octubre del año en curso, decretando la suspensión del procedimiento; y en el juicio de amparo en que se actúa, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia de acumulación, la que inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, tiene competencia legal para resolver el presente incidente de acumulación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. SEGUNDO. Previamente conviene puntualizar que no pasa inadvertido para este resolutor, que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no contempla la institución de la acumulación en el procedimiento de amparo; empero, ello en modo alguno implica un obstáculo legal para llevar a cabo dicho procedimiento y; por ende, que no pueda aplicarse supletoriamente la legislación correspondiente, en razón de que al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido diversos criterios jurisprudenciales, en los cuales ha normado que no constituye un requisito sine qua non, que la ley a suplir contemple expresamente la institución a suplir y que no esté reglamentada. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado la posibilidad de que la aplicación supletoria de un ordenamiento legal proceda no sólo respecto de instituciones contempladas en la ley a suplir, que no estén reglamentadas, o bien, las regule en forma deficiente, sino también en el caso de cuestiones jurídicas no establecidas en tal ley, a condición de que sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto que se le plantea y de que no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios contenidos en las mismas. Así, los requisitos establecidos para dicha supletoriedad, los sintetiza como se indica en los apartados siguientes: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad (la de supletoriedad), indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente. b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretende aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. c) Que esa omisión o vacío legislativo, haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen de manera específica la institución o cuestión jurídica de que se trate. Conforme a lo anterior, válidamente puede concluirse que constituye criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el considerar que la supletoriedad es una figura necesaria para integrar una omisión de la ley o para interpretar sus disposiciones conjuntamente con otras normas o principios contenidos en otros ordenamientos y para que opere, no es absolutamente necesario que la institución o cuestión jurídica que pretende aplicarse supletoriamente esté contemplada en la ley a ser suplida, pero sí deben reunirse los demás requisitos establecidos en la Jurisprudencia antes invocada, para la aplicación supletoria de normas. Las anteriores consideraciones, se encuentran contenidas en la Jurisprudencia, cuyo contenido y texto son el siguiente: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate." En este orden de ideas, debe convenirse en que el artículo 2 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, actualiza el requisito contemplado en el inciso b), en la medida en que dispone que a falta de disposición expresa, se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, el requisito contemplado en el inciso b), se actualiza en razón de que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no contempla la acumulación, mientras que la legislación aplicable de manera supletoria a la ley de la materia, a saber, el Código Federal de Procedimientos Civiles, sí prevé esa institución, en sus artículos 72 y 73. De igual forma, resulta incuestionable que en el presente asunto, se está en presencia de demandas de amparo en las que se reclaman actos que guardan estrecha conexidad, lo que implica la necesidad de determinar si resulta conveniente dichos juicios de amparo eventualmente se resuelvan en una misma sentencia, para así otorgar una mayor certeza jurídica a los quejosos, en la medida en que en una misma resolución se analizará el mismo acto que atribuyen de manera coincidente a la misma autoridad y derivado del mismo procedimiento; así como las cuestiones jurídicas planteadas y que estiman trasgreden sus derecho fundamentales; además de evitar con ello el pronunciamiento de resoluciones contradictorias; sin soslayar que además se optimizan el uso de los recursos materiales y humanos que corresponden al Poder Judicial de la Federación, particularmente en la administración de la justicia. Sin soslayar que la circunstancia de que en la nueva Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, a diferencia de la ley abrogada, el legislador no haya contemplado expresamente la institución de la acumulación, pues como se señaló en párrafos antepuestos, pues esa omisión o vacío legislativo, en modo alguno implica la proscripción de dicha institución del procedimiento de amparo, ya que basta la lectura íntegra del proceso legislativo de la nueva ley de la materia, para apreciar que no existe consideración alguna que permita concluir, que fue voluntad expresa e insoslayable del legislador, expulsar la acumulación del procedimiento en comento; máxime que como se ha venido explicando y como se señalará más adelante, la utilización de dicha figura está regulada en el ordenamiento aplicable de forma supletoria a la Ley de Amparo, además de que su aplicación se encuentra en armonía con la tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), así como los principios de economía y concentración procesal que rigen la materia, cuyos principios y derechos son ponderados por el legislador secundario en un Estado democrático y social de Derecho, consecuentemente, surge la necesidad de colmar esa omisión o vacío legislativo. Por ello, es que se considera que en la especie se actualizan las hipótesis reguladas en el inciso c). En el mismo orden de ideas, también se actualizan los requisitos contemplados en el inciso d), dado que resulta incuestionable que el juicio de amparo se rige por diversos principios, entre ellos, el de concentración y economía procesal, aspectos que conforman el denominado derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya observancia es un imperativo para las autoridades jurisdiccionales del Estado Mexicano, como al efecto lo constituye este órgano de control constitucional; de ahí que se afirme que la aplicación de la institución de la acumulación en el asunto de nuestra atención, se encuentra en armonía con los principios que rigen el juicio de amparo y por supuesto, con los derechos fundamentales que asisten a los justiciables en todo procedimiento de legalidad o constitucionalidad. En ese tenor, se considera que a pesar de que la Ley de Amparo vigente no contempla la figura de la acumulación, en la especie resulta factible la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, a efecto de acumular los juicios de amparo de que se trata, máxime que ello redundará indefectiblemente en la observancia al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los principios de concentración y economía procesal y por supuesto, a la optimización de los recurso materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación. Cabe precisar, que las consideraciones establecidas en los párrafos antepuestos, se contienen sustancialmente en las siguientes consideraciones de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son del tenor literal siguiente: ". El primer tema abordado en esta contradicción de tesis fue el relativo a si es posible aplicar supletoriamente una institución que no está específicamente prevista en la ley a suplir, pero sí en el ordenamiento supletorio. Esta Sala concluyó que sí es posible, con base en los siguientes argumentos: En relación con la aplicación supletoria de normas, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios jurisprudenciales y aislados sostuvo que tal supletoriedad sólo opera tratándose de omisiones o vacíos legislativos, al tenor de las tesis cuyos textos y datos de identificación, son del tenor siguiente: "LEYES. APLICACIÓN SUPLETORIA. Para que un ordenamiento legal pueda ser aplicado supletoriamente, es necesario que en principio exista establecida la institución cuya reglamentación se trata de completar por medio de esa aplicación supletoria." (Tesis sin número, de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 42 del Tomo XXVII-Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época). "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES PROCESALES. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN. La aplicación de las leyes supletorias sólo tienen lugar en aquellas cuestiones procesales que, comprendidas en la ley que suplen, se encuentren carentes de reglamentación o deficientemente reglamentadas". (Tesis sin número del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la página 157 del Tomo 121-126 Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). "SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES A LA LEY DE AMPARO. REQUISITOS. Dos son los requisitos necesarios para poder aplicar como ley supletoria de la de Amparo, el Código Federal de Procedimientos Civiles: a) Que la Ley de Amparo contemple la institución respecto de la cual se pretenda la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, y b) Que la institución comprendida en la Ley de Amparo no tenga reglamentación o bien, que conteniéndola sea deficiente". (Tesis sin número del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la página 157 del Tomo 121-126 Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). Estas tesis refieren que la aplicación supletoria de normas opera sólo cuando la Ley a suplir prevé la institución o la cuestión procesal que se pretende complementar, pero la regula de manera deficiente o no la desarrolla. Sin embargo, el anterior criterio fue ampliado al establecerse la posibilidad de que la aplicación supletoria de un ordenamiento legal proceda no sólo respecto de instituciones contempladas en la ley a suplir, que no estén reglamentadas, o bien, las regule en forma deficiente, sino también en el caso de cuestiones jurídicas no establecidas en tal ley, a condición de que, sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto que se le plantea y de que no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios contenidos en las mismas . En estas condiciones, los requisitos que deben satisfacerse para estimar procedente la aplicación supletoria de normas, son los siguientes: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente. b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretende aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. c) Que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen de manera específica la institución o cuestión jurídica de que se trate. . Entonces, se advierte que es criterio de esta Segunda Sala el considerar que la supletoriedad es una figura necesaria para integrar una omisión de la ley o para interpretar sus disposiciones conjuntamente con otras normas o principios contenidos en otros ordenamientos. Para que opere, no es absolutamente necesario que la institución o cuestión jurídica que pretende aplicarse supletoriamente esté contemplada en la ley a ser suplida, pero sí deben reunirse los demás requisitos sentados por esta Segunda Sala para la aplicación supletoria de normas. . Consecuentemente, es infundado el argumento de la parte quejosa, en el sentido de que, para que aplique la supletoriedad, es necesario que la ley contemple la institución jurídica a suplir. ." Establecido lo anterior, procede analizar si en la especie procede la acumulación a que se refieren los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, por lo que al efecto, debe decirse que de la lectura íntegra de las demandas de amparo con que se formaron los juicios de amparo que ahora nos ocupan, se obtiene que en los dos asuntos se reclama el mismo acto consistente la falta de notificación o ilegal notificación seguida del procedimiento administrativo fuera de contexto legal para sujetarse del procedimiento de evaluación; asimismo, en ambos casos figuran como autoridades responsables PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CÁMARA DE DIPUTADOS, CÁMARA DE SENADORES, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, TODOS CON SEDE EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO SEDUZAC, DIRECTOR ENCARGADO O RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN EDUCATIVA, DEPENDIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA O DOCENTE, CON SEDE EN ESTA ENTIDAD, ÓRGANO DESCENTRALIZADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA Y GOBIERNO DEL ESTADO, ESTOS TRES ÚLTIMOS CON SEDE EN ESTA CIUDAD, todos con residencia en esta ciudad. De lo expuesto deriva, que se está en el supuesto previsto en los preceptos invocados, para admitir la supletoriedad de los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles a la nueva Ley de Amparo, en lo relativo a la procedencia de la acumulación de juicios, por lo que se considera que los medios de control constitucional que se promueven, deben resolverse conjuntamente, con la finalidad de observar el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios de concentración y economía procesal, además del aprovechamiento del conocimiento previo de los asuntos, de evitar el dictado de sentencias contradictorias y la optimización de los recursos materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación. Bajo esa premisa, se consideras que en el caso concreto se actualiza el supuesto contenido en el referido artículo 72, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dado que los dos juicios de amparo de que se trata versa el mismo acto reclamado y fueron promovidos contra las mismas autoridades, a saber el PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CÁMARA DE DIPUTADOS, CÁMARA DE SENADORES, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, TODOS CON SEDE EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO SEDUZAC, DIRECTOR ENCARGADO O RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN EDUCATIVA, DEPENDIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA O DOCENTE, CON SEDE EN ESTA ENTIDAD, ÓRGANO DESCENTRALIZADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA Y GOBIERNO DEL ESTADO, ESTOS TRES ÚLTIMOS CON SEDE EN ESTA CIUDAD, y por los mismos actos reclamados. En esa tesitura, no se advierte que exista impedimento alguno para la acumulación de los juicios en comento; habida cuenta que se dan las condiciones para satisfacer la hipótesis del artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que se traduce en el principio de economía procesal. En ese sentido, conforme a lo dispuesto por el artículo 72 del invocado ordenamiento, el juicio más reciente se acumulará al más antiguo; por tanto, lo que procede es que el juicio de garantías 1734/2015, se acumule al diverso expediente de amparo 1530/2015, por ser éste el que se inició en primer término, toda vez que la demanda que le dio origen, fue presentada el diecinueve de agosto de dos mil quince; en tanto que la demanda con que se inició aquél, se presentó el once de septiembre del presente año, según se advierte del respectivo sello de recepción que obra estampado en sendos libelos constitucionales, por actualizarse el supuesto previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del epígrafe y contenido siguientes: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE. De la interpretación de los artículos 57 a 60 de la Ley de Amparo se advierte que en los juicios de garantías que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito podrá decretarse su acumulación, a instancia de parte o de oficio, en los casos que señala la ley; que será competente para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, el Juez que hubiere prevenido, y que el más reciente se acumulará al más antiguo; que la acumulación podrá decretarse tanto respecto de los juicios de amparo que se sigan ante un mismo juzgado, como de los que se sigan ante juzgados diferentes; y que es potestativo para los Jueces decretarla o no. Ahora bien, como la facultad de decretar la acumulación de oficio se ejerce unilateralmente, con potestad plena y sin tramitación alguna, no es factible que un Juez de Distrito pueda hacerlo respecto de juicios que se sigan ante otro Juez, porque en esta hipótesis la acumulación ya no sería de oficio, sino mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte; luego, no es posible que, de oficio, un Juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otros juicios de amparo, que le envíe los autos, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo por virtud de la facultad discrecional de que goza. En consecuencia, la acumulación de oficio sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado, mientras que la acumulación a instancia de parte podrá promoverse ante cualquiera de los Jueces que estén conociendo de los juicios relacionados; sin embargo, en caso de que el que reciba la solicitud advierta de las constancias de autos que otro previno, conforme al sello fechador impreso en las demandas por la oficialía respectiva, deberá declararse legalmente incompetente para conocer del incidente de acumulación y remitir las constancias necesarias a aquél, a fin de que lo resuelva". Así como la tesis del rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. PROCEDE NO SÓLO CUANDO SE DEN LOS SUPUESTOS QUE LITERALMENTE ESTABLECE EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY RELATIVA, SINO TAMBIÉN CUANDO EXISTA UNA ÍNTIMA CONEXIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El artículo 57 de la Ley de Amparo, en sus dos fracciones, establece como supuestos indispensables para que proceda la acumulación, que se trate del mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales, los quejosos y las autoridades responsables sean distintos; sin embargo, no puede entenderse el requisito de identidad entre los actos reclamados de manera literal y estricta, sino cuando sea posible la existencia de una íntima conexión entre los actos reclamados. Es decir, que aun cuando los actos que se reclamen no sean iguales, como literalmente lo dispone el precepto en comento, si se trata de actos cuyas materias son consecuencia una de la otra, lo que pudiera determinar su íntima conexión, entonces será procedente decretar la acumulación de los juicios de garantías relativos, pues tal es el espíritu que anima a la mencionada disposición legal, al tener por objeto tanto la economía del procedimiento, como evitar la contradicción de resoluciones que se dicten por diversos juzgadores en negocios que impliquen el mismo problema jurídico". En atención a lo anterior, SE LEVANTA LA SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO decretada en los referidos juicios de garantías. Hágase del conocimiento de las partes la presente resolución y las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno relativo. Por lo expuesto, fundado, con apoyo además en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, se R E S U E L V E: PRIMERO. Es PROCEDENTE LA ACUMULACIÓN del juicio de amparo 1734/2015, promovido por Antonio Valle Sánchez; al diverso 1530/2015, promovido por Claudia Liliana Gaytán de Santiago y otros, los dos del índice de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Se ordena levantar la suspensión del procedimiento decretada en los citados juicios. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, actuando con el licenciado Jorge Martin Zamora González, Secretario que autoriza.- Doy fe. *FEHF"

  2. Principal

    En Zacatecas, Zacatecas, siendo las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, encontrándose presente el Juez Primero de Distrito en el Estado, Manuel Augusto Castro López, asistido del licenciado Jorge Martin Zamora González, Secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar LA AUDIENCIA DE ACUMULACIÓN a que se refieren los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a fin de resolver sobre la acumulación del juicio de amparo 1734/2015, al diverso 1530/2015, ambos del índice de este Juzgado. Declarada abierta la audiencia sin la asistencia de las partes, el Secretario hace relación de los autos y da cuenta con el juicio de amparo 1734/2015, promovido por Antonio Valle Sanchez, ante este propio Juzgado de Distrito, Abierto el período probatorio, el Secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció prueba alguna. En la etapa de alegatos, se hace constar que el agente del ministerio público escrito a este juzgado si formulo pedimento con número de registro 20109. Enseguida, se procede a emitir la resolución siguiente: VISTOS los autos para resolver la acumulación del juicio de amparo 1734/2015, al diverso 1530/2015, ambos del índice de este juzgado, promovidos respectivamente por ANTONIO VALLE SÁNCHEZ y CLAUDIA LILIANA GAYTÁN DE SANTIAGO Y OTROS, contra actos del PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CÁMARA DE DIPUTADOS, CÁMARA DE SENADORES, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, TODOS CON SEDE EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO SEDUZAC, DIRECTOR ENCARGADO O RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN EDUCATIVA, DEPENDIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA O DOCENTE, CON SEDE EN ESTA ENTIDAD, ÓRGANO DESCENTRALIZADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA Y GOBIERNO DEL ESTADO, ESTOS TRES ÚLTIMOS CON SEDE EN ESTA CIUDAD. R E S U L T A N D O PRIMERO. En proveído de catorce de octubre de dos mil quince, emitido en el juicio de amparo 1734/2015, este Juzgado de oficio inició el trámite relativo a la acumulación del diverso juicio de amparo 1734/2015, al diverso 1530/2015, promovido respectivamente por ANTONIO VALLE SÁNCHEZ y CLAUDIA LILIANA GAYTÁN DE SANTIAGO Y OTROS, por considerarla procedente, en razón de que los dos juicios se promueven contra las mismas autoridades responsable PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CÁMARA DE DIPUTADOS, CÁMARA DE SENADORES, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, todos con sede en México, Distrito Federal, SECRETARIO DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO SEDUZAC, DIRECTOR ENCARGADO O RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN EDUCATIVA, DEPENDIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA O DOCENTE, CON SEDE EN ESTA ENTIDAD, ÓRGANO DESCENTRALIZADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA Y GOBIERNO DEL ESTADO, estos tres últimos con sede en esta ciudad, y en ambos se reclama: Respecto del expediente 1734/2015 así como del 1530/2015 se desprende como ley reclamada y acto reclamado: "LEY RECLAMADA.- Artículos 3, 73 y Artículos Transitorios del Decreto que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación, así como los artículos 52, 53, 68, 69, octavo y noveno transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente por violar la garantía de libertad o en el trabajo y la permanencia, y en su integridad la Ley General de Educación, así como la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. ACTO RECLAMADO.-La falta de notificación o ilegal notificación seguida del procedimiento administrativo fuera de contexto legal, para sujetarme al propio procedimiento de evaluación que se contrae en los artículos 52 y 53 de la Ley General de Servicio Profesional Docente y las consecuencias de la aplicación del mismo, ya que no existe procedimiento establecido en la Ley, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento , ante un Tribunal previamente establecido para ello, virtud de que se demandan a su vez en esta instancia de control constitucional, la inconstitucionalidad de esos preceptos. Asi mismo, como consecuencia de lo anterior, y como parte del acto reclamado no incide la etapa segunda denominada "Expediente de Evidencias de Enseñanzas" y no se aplique de manera anticipada al periodo indicado en el artículo 6° de los Lineamientos." Asimismo, en el citado acuerdo se ordenó proveer lo conducente en el diverso juicio 1730/2015, del índice de este Tribunal Federal, lo que se hizo en proveído de catorce de octubre del año en curso, decretando la suspensión del procedimiento; y en el juicio de amparo en que se actúa, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia de acumulación, la que inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, tiene competencia legal para resolver el presente incidente de acumulación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. SEGUNDO. Previamente conviene puntualizar que no pasa inadvertido para este resolutor, que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no contempla la institución de la acumulación en el procedimiento de amparo; empero, ello en modo alguno implica un obstáculo legal para llevar a cabo dicho procedimiento y; por ende, que no pueda aplicarse supletoriamente la legislación correspondiente, en razón de que al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido diversos criterios jurisprudenciales, en los cuales ha normado que no constituye un requisito sine qua non, que la ley a suplir contemple expresamente la institución a suplir y que no esté reglamentada. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado la posibilidad de que la aplicación supletoria de un ordenamiento legal proceda no sólo respecto de instituciones contempladas en la ley a suplir, que no estén reglamentadas, o bien, las regule en forma deficiente, sino también en el caso de cuestiones jurídicas no establecidas en tal ley, a condición de que sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto que se le plantea y de que no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios contenidos en las mismas. Así, los requisitos establecidos para dicha supletoriedad, los sintetiza como se indica en los apartados siguientes: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad (la de supletoriedad), indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente. b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretende aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. c) Que esa omisión o vacío legislativo, haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen de manera específica la institución o cuestión jurídica de que se trate. Conforme a lo anterior, válidamente puede concluirse que constituye criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el considerar que la supletoriedad es una figura necesaria para integrar una omisión de la ley o para interpretar sus disposiciones conjuntamente con otras normas o principios contenidos en otros ordenamientos y para que opere, no es absolutamente necesario que la institución o cuestión jurídica que pretende aplicarse supletoriamente esté contemplada en la ley a ser suplida, pero sí deben reunirse los demás requisitos establecidos en la Jurisprudencia antes invocada, para la aplicación supletoria de normas. Las anteriores consideraciones, se encuentran contenidas en la Jurisprudencia, cuyo contenido y texto son el siguiente: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate." En este orden de ideas, debe convenirse en que el artículo 2 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, actualiza el requisito contemplado en el inciso b), en la medida en que dispone que a falta de disposición expresa, se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, el requisito contemplado en el inciso b), se actualiza en razón de que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no contempla la acumulación, mientras que la legislación aplicable de manera supletoria a la ley de la materia, a saber, el Código Federal de Procedimientos Civiles, sí prevé esa institución, en sus artículos 72 y 73. De igual forma, resulta incuestionable que en el presente asunto, se está en presencia de demandas de amparo en las que se reclaman actos que guardan estrecha conexidad, lo que implica la necesidad de determinar si resulta conveniente dichos juicios de amparo eventualmente se resuelvan en una misma sentencia, para así otorgar una mayor certeza jurídica a los quejosos, en la medida en que en una misma resolución se analizará el mismo acto que atribuyen de manera coincidente a la misma autoridad y derivado del mismo procedimiento; así como las cuestiones jurídicas planteadas y que estiman trasgreden sus derecho fundamentales; además de evitar con ello el pronunciamiento de resoluciones contradictorias; sin soslayar que además se optimizan el uso de los recursos materiales y humanos que corresponden al Poder Judicial de la Federación, particularmente en la administración de la justicia. Sin soslayar que la circunstancia de que en la nueva Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, a diferencia de la ley abrogada, el legislador no haya contemplado expresamente la institución de la acumulación, pues como se señaló en párrafos antepuestos, pues esa omisión o vacío legislativo, en modo alguno implica la proscripción de dicha institución del procedimiento de amparo, ya que basta la lectura íntegra del proceso legislativo de la nueva ley de la materia, para apreciar que no existe consideración alguna que permita concluir, que fue voluntad expresa e insoslayable del legislador, expulsar la acumulación del procedimiento en comento; máxime que como se ha venido explicando y como se señalará más adelante, la utilización de dicha figura está regulada en el ordenamiento aplicable de forma supletoria a la Ley de Amparo, además de que su aplicación se encuentra en armonía con la tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), así como los principios de economía y concentración procesal que rigen la materia, cuyos principios y derechos son ponderados por el legislador secundario en un Estado democrático y social de Derecho, consecuentemente, surge la necesidad de colmar esa omisión o vacío legislativo. Por ello, es que se considera que en la especie se actualizan las hipótesis reguladas en el inciso c). En el mismo orden de ideas, también se actualizan los requisitos contemplados en el inciso d), dado que resulta incuestionable que el juicio de amparo se rige por diversos principios, entre ellos, el de concentración y economía procesal, aspectos que conforman el denominado derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya observancia es un imperativo para las autoridades jurisdiccionales del Estado Mexicano, como al efecto lo constituye este órgano de control constitucional; de ahí que se afirme que la aplicación de la institución de la acumulación en el asunto de nuestra atención, se encuentra en armonía con los principios que rigen el juicio de amparo y por supuesto, con los derechos fundamentales que asisten a los justiciables en todo procedimiento de legalidad o constitucionalidad. En ese tenor, se considera que a pesar de que la Ley de Amparo vigente no contempla la figura de la acumulación, en la especie resulta factible la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, a efecto de acumular los juicios de amparo de que se trata, máxime que ello redundará indefectiblemente en la observancia al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los principios de concentración y economía procesal y por supuesto, a la optimización de los recurso materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación. Cabe precisar, que las consideraciones establecidas en los párrafos antepuestos, se contienen sustancialmente en las siguientes consideraciones de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son del tenor literal siguiente: ". El primer tema abordado en esta contradicción de tesis fue el relativo a si es posible aplicar supletoriamente una institución que no está específicamente prevista en la ley a suplir, pero sí en el ordenamiento supletorio. Esta Sala concluyó que sí es posible, con base en los siguientes argumentos: En relación con la aplicación supletoria de normas, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios jurisprudenciales y aislados sostuvo que tal supletoriedad sólo opera tratándose de omisiones o vacíos legislativos, al tenor de las tesis cuyos textos y datos de identificación, son del tenor siguiente: "LEYES. APLICACIÓN SUPLETORIA. Para que un ordenamiento legal pueda ser aplicado supletoriamente, es necesario que en principio exista establecida la institución cuya reglamentación se trata de completar por medio de esa aplicación supletoria." (Tesis sin número, de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 42 del Tomo XXVII-Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época). "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES PROCESALES. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN. La aplicación de las leyes supletorias sólo tienen lugar en aquellas cuestiones procesales que, comprendidas en la ley que suplen, se encuentren carentes de reglamentación o deficientemente reglamentadas". (Tesis sin número del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la página 157 del Tomo 121-126 Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). "SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES A LA LEY DE AMPARO. REQUISITOS. Dos son los requisitos necesarios para poder aplicar como ley supletoria de la de Amparo, el Código Federal de Procedimientos Civiles: a) Que la Ley de Amparo contemple la institución respecto de la cual se pretenda la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, y b) Que la institución comprendida en la Ley de Amparo no tenga reglamentación o bien, que conteniéndola sea deficiente". (Tesis sin número del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la página 157 del Tomo 121-126 Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). Estas tesis refieren que la aplicación supletoria de normas opera sólo cuando la Ley a suplir prevé la institución o la cuestión procesal que se pretende complementar, pero la regula de manera deficiente o no la desarrolla. Sin embargo, el anterior criterio fue ampliado al establecerse la posibilidad de que la aplicación supletoria de un ordenamiento legal proceda no sólo respecto de instituciones contempladas en la ley a suplir, que no estén reglamentadas, o bien, las regule en forma deficiente, sino también en el caso de cuestiones jurídicas no establecidas en tal ley, a condición de que, sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto que se le plantea y de que no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios contenidos en las mismas . En estas condiciones, los requisitos que deben satisfacerse para estimar procedente la aplicación supletoria de normas, son los siguientes: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente. b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretende aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. c) Que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen de manera específica la institución o cuestión jurídica de que se trate. . Entonces, se advierte que es criterio de esta Segunda Sala el considerar que la supletoriedad es una figura necesaria para integrar una omisión de la ley o para interpretar sus disposiciones conjuntamente con otras normas o principios contenidos en otros ordenamientos. Para que opere, no es absolutamente necesario que la institución o cuestión jurídica que pretende aplicarse supletoriamente esté contemplada en la ley a ser suplida, pero sí deben reunirse los demás requisitos sentados por esta Segunda Sala para la aplicación supletoria de normas. . Consecuentemente, es infundado el argumento de la parte quejosa, en el sentido de que, para que aplique la supletoriedad, es necesario que la ley contemple la institución jurídica a suplir. ." Establecido lo anterior, procede analizar si en la especie procede la acumulación a que se refieren los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, por lo que al efecto, debe decirse que de la lectura íntegra de las demandas de amparo con que se formaron los juicios de amparo que ahora nos ocupan, se obtiene que en los dos asuntos se reclama el mismo acto consistente la falta de notificación o ilegal notificación seguida del procedimiento administrativo fuera de contexto legal para sujetarse del procedimiento de evaluación; asimismo, en ambos casos figuran como autoridades responsables PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CÁMARA DE DIPUTADOS, CÁMARA DE SENADORES, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, TODOS CON SEDE EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO SEDUZAC, DIRECTOR ENCARGADO O RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN EDUCATIVA, DEPENDIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA O DOCENTE, CON SEDE EN ESTA ENTIDAD, ÓRGANO DESCENTRALIZADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA Y GOBIERNO DEL ESTADO, ESTOS TRES ÚLTIMOS CON SEDE EN ESTA CIUDAD, todos con residencia en esta ciudad. De lo expuesto deriva, que se está en el supuesto previsto en los preceptos invocados, para admitir la supletoriedad de los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles a la nueva Ley de Amparo, en lo relativo a la procedencia de la acumulación de juicios, por lo que se considera que los medios de control constitucional que se promueven, deben resolverse conjuntamente, con la finalidad de observar el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios de concentración y economía procesal, además del aprovechamiento del conocimiento previo de los asuntos, de evitar el dictado de sentencias contradictorias y la optimización de los recursos materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación. Bajo esa premisa, se consideras que en el caso concreto se actualiza el supuesto contenido en el referido artículo 72, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dado que los dos juicios de amparo de que se trata versa el mismo acto reclamado y fueron promovidos contra las mismas autoridades, a saber el PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CÁMARA DE DIPUTADOS, CÁMARA DE SENADORES, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, TODOS CON SEDE EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO SEDUZAC, DIRECTOR ENCARGADO O RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN EDUCATIVA, DEPENDIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA O DOCENTE, CON SEDE EN ESTA ENTIDAD, ÓRGANO DESCENTRALIZADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA Y GOBIERNO DEL ESTADO, ESTOS TRES ÚLTIMOS CON SEDE EN ESTA CIUDAD, y por los mismos actos reclamados. En esa tesitura, no se advierte que exista impedimento alguno para la acumulación de los juicios en comento; habida cuenta que se dan las condiciones para satisfacer la hipótesis del artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que se traduce en el principio de economía procesal. En ese sentido, conforme a lo dispuesto por el artículo 72 del invocado ordenamiento, el juicio más reciente se acumulará al más antiguo; por tanto, lo que procede es que el juicio de garantías 1734/2015, se acumule al diverso expediente de amparo 1530/2015, por ser éste el que se inició en primer término, toda vez que la demanda que le dio origen, fue presentada el diecinueve de agosto de dos mil quince; en tanto que la demanda con que se inició aquél, se presentó el once de septiembre del presente año, según se advierte del respectivo sello de recepción que obra estampado en sendos libelos constitucionales, por actualizarse el supuesto previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del epígrafe y contenido siguientes: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE. De la interpretación de los artículos 57 a 60 de la Ley de Amparo se advierte que en los juicios de garantías que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito podrá decretarse su acumulación, a instancia de parte o de oficio, en los casos que señala la ley; que será competente para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, el Juez que hubiere prevenido, y que el más reciente se acumulará al más antiguo; que la acumulación podrá decretarse tanto respecto de los juicios de amparo que se sigan ante un mismo juzgado, como de los que se sigan ante juzgados diferentes; y que es potestativo para los Jueces decretarla o no. Ahora bien, como la facultad de decretar la acumulación de oficio se ejerce unilateralmente, con potestad plena y sin tramitación alguna, no es factible que un Juez de Distrito pueda hacerlo respecto de juicios que se sigan ante otro Juez, porque en esta hipótesis la acumulación ya no sería de oficio, sino mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte; luego, no es posible que, de oficio, un Juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otros juicios de amparo, que le envíe los autos, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo por virtud de la facultad discrecional de que goza. En consecuencia, la acumulación de oficio sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado, mientras que la acumulación a instancia de parte podrá promoverse ante cualquiera de los Jueces que estén conociendo de los juicios relacionados; sin embargo, en caso de que el que reciba la solicitud advierta de las constancias de autos que otro previno, conforme al sello fechador impreso en las demandas por la oficialía respectiva, deberá declararse legalmente incompetente para conocer del incidente de acumulación y remitir las constancias necesarias a aquél, a fin de que lo resuelva". Así como la tesis del rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. PROCEDE NO SÓLO CUANDO SE DEN LOS SUPUESTOS QUE LITERALMENTE ESTABLECE EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY RELATIVA, SINO TAMBIÉN CUANDO EXISTA UNA ÍNTIMA CONEXIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El artículo 57 de la Ley de Amparo, en sus dos fracciones, establece como supuestos indispensables para que proceda la acumulación, que se trate del mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales, los quejosos y las autoridades responsables sean distintos; sin embargo, no puede entenderse el requisito de identidad entre los actos reclamados de manera literal y estricta, sino cuando sea posible la existencia de una íntima conexión entre los actos reclamados. Es decir, que aun cuando los actos que se reclamen no sean iguales, como literalmente lo dispone el precepto en comento, si se trata de actos cuyas materias son consecuencia una de la otra, lo que pudiera determinar su íntima conexión, entonces será procedente decretar la acumulación de los juicios de garantías relativos, pues tal es el espíritu que anima a la mencionada disposición legal, al tener por objeto tanto la economía del procedimiento, como evitar la contradicción de resoluciones que se dicten por diversos juzgadores en negocios que impliquen el mismo problema jurídico". En atención a lo anterior, SE LEVANTA LA SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO decretada en los referidos juicios de garantías. Hágase del conocimiento de las partes la presente resolución y las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno relativo. Por lo expuesto, fundado, con apoyo además en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, se R E S U E L V E: PRIMERO. Es PROCEDENTE LA ACUMULACIÓN del juicio de amparo 1734/2015, promovido por Antonio Valle Sánchez; al diverso 1530/2015, promovido por Claudia Liliana Gaytán de Santiago y otros, los dos del índice de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Se ordena levantar la suspensión del procedimiento decretada en los citados juicios. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, actuando con el licenciado Jorge Martin Zamora González, Secretario que autoriza.- Doy fe. *FEHF

  3. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, día y hora señaladas para la celebración de la audiencia incidental relacionada con el juicio de amparo 1734/2015, el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido del licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin contar con la asistencia de las partes. A continuación, el Secretario procede a relacionar las constancias que integran el presente incidente de suspensión entre las que destaca la copia de la demanda de garantías promovida por ANTONIO VALLE SÁNCHEZ, el informe previo rendido por la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación, Secretario de Educación, y Director Adjunto del Diario Oficial de la Federación, todos con sede en México, Distrito Federal; y con la interlocutoria de siete de octubre de dos mil quince, en la que se resolvió sobre los actos reclamados al Secretaría de Educación en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad. A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales conducentes y por rendido el informe previo de las autoridades antes mencionadas. De igual forma, como lo solicitan las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Educación Pública, ambas con sede en México Distrito Federal, en su respectivo informe previo que al efecto rindieron, se les autoriza para que obtengan reproducciones de imagen (fotografías), de las actuaciones o constancias que con motivo de la tramitación del presente incidente de suspensión se genere, o bien, hacer uso de los medios electrónicos que refieren, siempre y cuando siempre que los delegados que autorizan sean quienes proporcionen los implementos tecnológicos que refieren en sus informes. Por otro lado, no ha lugar a acordar de conformidad la oposición de las autoridades citadas en el párrafo que antecede, respecto a la oposición de sus datos personales en la sentencia que se dicte en el presente asunto, pues tal prerrogativa únicamente ha sido conferida a apersonas físicas cuando son parte en asuntos que se ventilen ante un órgano Jurisdiccional, es decir, el citado derecho no opera cuando quien la hace valer tiene el carácter de autoridad responsable. Ilustra lo anterior, la Tesis Aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 2518, Tomo XXIII, Enero de 2006, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES SÓLO CONSTITUYE UN DERECHO PARA LAS PERSONAS FÍSICAS MAS NO DE LAS MORALES (AUTORIDADES RESPONSABLES). De la interpretación sistemática de los artículos 1, 3, 4, 8, 18 a 22 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el Acuerdo General 76/2003, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica los artículos 19 y tercero transitorio del Acuerdo General 30/2003, que establece los órganos, criterios y procedimientos institucionales para la transparencia y acceso a la información pública para ese órgano del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, se advierte que entre los objetivos de la ley citada se encuentra el garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados, es decir, la información concerniente a una persona física, identificada o identificable, y para lograrlo otorgó facultades al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el que dictó los acuerdos correspondientes, estableciendo en relación con los datos personales de las partes, que con el fin de respetar cabalmente tal derecho, al hacerse públicas las sentencias, se omitirán cuando manifiesten su oposición de manera expresa, e impuso a los órganos jurisdiccionales la obligación de que en el primer acuerdo que dicten en los asuntos de su competencia, señalen a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a esa publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos; de donde se concluye que la protección de los datos personales de referencia sólo constituye un derecho para las personas físicas, pues así lo señala la fracción II del artículo 3 de la ley mencionada, al indicar que por aquéllos debe entenderse la información concerniente a una persona física identificada o identificable, excluyendo así a las personas morales, entre las que se encuentran las autoridades responsables." Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en el cual de conformidad con apoyo en lo establecido por el numeral 143 de la Ley de la Materia en vigor, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, las documentales que el impetrante adjuntó con su escrito de demanda, y al no haber pruebas de las partes que recibir o tener por desahogadas, se cierra dicha etapa; y enseguida se pasa a la de alegatos, en la cual el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló; por lo que al no haber más actuaciones y constancias que relacionar, se procede al dictado de la interlocutoria correspondiente V I S T O S, para resolver, los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 1734/2015; y, R E S U L T A N D O ANTONIO VALLE SÁNCHEZ, solicitó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados que hizo consistir en lo que a continuación se transcribe: ".IV. LEY RECLAMADA: Artículos 3, 73 y Artículos Transitorios del Decreto que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación, así como los artículos 52,53,68,69, octavo y noveno transitorios de la Ley General del Servicio Profesional Docente por violar la garantía de libertad laboral o en el trabajo y la permanencia, y en su integridad la Ley General del Servicio Profesional Docente por violar la garantía de libertad laboral o en el trabajo y la permanencia, y en su integridad la Ley General de Educación, así como la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación." ".IV ACTOS RECLAMADOS COMO CONSECUENCIA.- La falta de notificación o ilegal notificación, seguida del procedimiento administrativo fuera de contexto legal, para sujetarme al propio procedimiento de evaluación que se contrae en los artículos 52 y 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente y las consecuencias de la aplicación del mismo, ya que no existe procedimiento establecido en la ley, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, ante un Tribunal previamente establecido para ello, virtud de que se demandan a su vez en esta instancia de Control Constitucional, la inconstitucionalidad de esos preceptos ." Por auto de treinta de septiembre de dos mil quince, se proveyó respecto a la suspensión provisional solicitada, se requirió a las autoridades responsables su informe previo; por interlocutoria de siete de octubre de dos mil quince, se resolvió sobre los actos reclamados al Secretaría de Educación en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad; asimismo, SE DIFIRIÓ por cuanto hace a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación, Secretario de Educación, y Director Adjunto del Diario Oficial de la Federación, todos con sede en México, Distrito Federal; y se citó a las partes a la audiencia incidental, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: I. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es legalmente competente para resolver el presente incidente de suspensión, por tener competencia legal para conocer del juicio de garantías del cual deriva esta incidencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 37, y 125 de la Nueva Ley de Amparo; y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. III. Las autoridades responsables Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación, Secretario de Educación, y Director Adjunto del Diario Oficial de la Federación, todos con sede en México, Distrito Federal, al rendir su informe previo manifestaron haber participado en la parte correspondiente del proceso legislativo de la norma tildada de inconstitucional. No obstante lo anterior, en el caso resulta improcedente conceder la suspensión definitiva del acto reclamado a las citadas autoridades que en el particular lo constituye la promulgación, aprobación, expedición, refrendo, publicación y ejecución del decreto por el que se reforman las disposiciones tildadas de inconstitucionales; tomando en consideración que se trata de actos que ya acontecieron, y en consecuencia, quedaron consumados desde la fecha en que se de acuerdo a sus atribuciones cada una de las autoridades señaladas como responsables participó de acuerdo a sus atribuciones en la porción del proceso legislativo del que emanaron, además de que contra la expedición de leyes la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas, y no éstas en sí; debiendo acotarse que a tal autoridad evidentemente no le compete la ejecución de la norma tildada de inconstitucional; de lo que resulta que el análisis de su inconstitucionalidad es materia del fondo del amparo, razón por la cual la medida provisional resulta improcedente, y por tanto, debe negarse, ante la imposibilidad de retrotraer las cosas en el tiempo. Tienen aplicación los siguientes criterios cuyos rubros y textos son del tenor literal siguientes: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.- Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darse efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie.". "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión. III. Por su parte, la diversa autoridad responsable Secretario de Educación Pública (por conducto de la Jefa del Departamento de Amparos), negó la existencia de los actos que le reclaman los promoventes; sin embargo, al tener dicha autoridad el carácter de ejecutora, le corresponde la ejecución y aplicación de los actos reclamados; por tanto, lo procedente es desvirtuar su negativa y tener como ciertos los actos que a dicha autoridad se le atribuyen. No obstante lo anterior, en el particular resulta improcedente conceder la suspensión definitiva respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados a la autoridad ejecutora señalada en el párrafo que antecede, en atención a los argumentos siguientes: En principio, los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, imponen como taxativas para el otorgamiento de la media cautelar: Que lo solicite el agraviado; Que se realice un análisis ponderando de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Cuando se aduzca tener un interés legítimo la parte quejosa de verá acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y demostrara el interés social que justifique su otorgamiento, y, En ningún caso el otorgamiento de la medida cautela tendrá por efecto modificar, restringir derecho, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. Pues bien, el primero de ellos que denota la instancia de parte agraviada principio rector del juicio de amparo, pues nadie mejor que el quejoso puede estimar hasta qué punto le perjudica dicha ejecución, por tanto a él compete el impulso procesal, se colmó plenamente toda vez que en su demanda solicitó la medida suspensiva. En cuanto al segundo de los requisitos en comento, deriva de lo ostensible que el legislador concede a los intereses sociales o colectivos y de orden público sobre los individuales, pues éstos deben tutelarse si y sólo están en conflicto con la sociedad y el Estado. Al respecto, el artículo 129 de la Ley de Amparo, señala ejemplificativamente los casos en los cuales se entiende se causa perjuicio al interés social y se contravienen normas de orden público, este señalamiento no es limitativo sino enunciativo. El orden público y el interés social no son nociones que se puedan integrar a partir de una declaración formal en la ley, pues por lo general todas las normas son de orden público y tienden a regular un interés de la sociedad que es la función específica del derecho; por tanto, corresponde al juzgador en cada caso concreto determinar de manera específica cómo se perfilan tales conceptos jurídicos indeterminados en atención a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se suscite el acto que se pretende suspender, así a determinación del orden público e interés social ha quedado confiada al buen criterio del juzgador; sin embargo, el alto tribunal de la Nación, en abundante jurisprudencia como la que enseguida se invoca ha delineado criterios orientadores de esos conceptos. Así lo ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, cuya voz y texto rezan: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna e en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría." Asimismo, atiéndase la tesis de jurisprudencia número I.3°.A J/16, que la letra dice: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan con figurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad.". Así, debe tenerse presente que se trata de nociones íntimamente vinculadas, en tanto que el orden público tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el interés social se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Por disposiciones de orden público deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin, inmediato y directo, sea el de tutelar los derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, o bien, para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporten a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En conclusión de estos razonamientos, se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con el otorgamiento de la suspensión se priva la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o s ele infiere un daño que de otra manera no resentiría. Por tanto, en el caso se estima que sí se afecta el orden público e interés social con la concesión de la medida cautelar, es decir, de otorgarse tal medida para que se impida la evaluación docente, equivaldría a ir en contra el objeto primario del Estado en el otorgamiento de una educación de calidad que constituye la educación de la buena práctica profesional, que nulificaría el logro de perfiles y parámetros e indicadores idóneos en la selección de los docenes para impertir la educación en nuestro país. En tales condiciones, a fin de justificar que NO RESULTA PROCEDENTE OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, debe precisarse que el impacto que tendrá la suspensión del acto reclamado en el interés social y disposiciones de orden público es mayor a los efectos perjudiciales que podría tener la ejecución de las normas reclamadas en la quejosa (esencialmente de carácter social-educativo). Lo anterior, justamente porque el legislador en el artículo 128, fracción I de la Ley de Amparo ha establecido, en forma ejemplificativa mas no limitativa, diversas hipótesis en que se considera que sí se siguen perjuicios al interés social o se realizan contravenciones a disposiciones de orden público; dichos criterios se han establecido para guiar al operador jurídico a fin de determinar cuándo, en el caso concreto, no se satisface el requisito ahí establecido, de modo que se deja al juez de amparo en aptitud de reconocer tales atributos (que se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público) en otros supuestos sometidos a su apreciación. En ese contexto, el orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración, correspondiendo al juez federal examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. Del criterio citado se aprecia que, en términos generales, se produce perjuicio al interés social o se realizan contravenciones a disposiciones de orden público cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Esto es, si bien la estimación, por ejemplo, del orden público, en principio, corresponde al legislador, el juzgador de amparo deberá apreciar si concurre o no en los casos concretos que se les sometan para su fallo, lo cual debe hacer incluso cuando se esté en presencia de cualquiera de las hipótesis previstas en los diferentes incisos de la fracción II, del artículo 128 de la Ley de Amparo, a menos que la afectación al orden público e interés social sea evidente y manifiesta, en el entendido de que en todo caso se deberá razonar la determinación. En el caso, el acto reclamado cuya suspensión nos ocupa, lo constituye la expedición de Ley Nacional para la Evaluación educativa y la Ley General del Servicio Profesional Docente, que prevén la aplicación de la evaluación docente y la orden de subir a la plataforma del Instituto Nacional de Evaluación Educativa las evidencias del proceso o ciclo escolar 2014 a que se refieren los artículos 1 3, 14 y 25 de Ley Nacional para la Evaluación Educativa y, 52, 53 68 y 69, de la Ley General del Servicio Profesional Docente, de los cuales se colige, en lo que ahora importa lo siguiente: Que la Coordinación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa es competencia del Instituto y que este a su vez, tiene la función de diseñar y expedir los lineamientos generales para la evaluación educativa (artículo 14). Que el Instituto a su vez, tiene por objeto coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, así como evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en lo que se refiere a la educación básica y a la educación media superior, tanto pública como privada, en todas sus modalidades y servicios; además, está a cargo del diseño de las evaluaciones y, de los procesos o resultados del Sistema Educativo Nacional respecto a los atributos de educandos, docentes y Autoridades Escolares, así como, de las características de instituciones, políticas y programas educativos (artículo 25). De igual manera, la permanencia en el servicio, se encuentra a cargo de las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados, quienes deberán evaluar el desempeño docente en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado, evaluación que tiene el carácter de obligatorio, cuya periodicidad será por lo menos cada cuatro años; dicha evaluación, tiene la finalidad de identificar la insuficiencia en el nivel de desempeño de la función respectiva. (artículos 52 y 53). Como se desprende, las disposiciones antes enunciadas, por disposición expresa del artículo 1° de la Ley Nacional para la Evaluación Educativa y, artículo 1° de la Ley General del Servicio Profesional Doce, dichas disposiciones, no solo se consideran de orden público e interés social, sino que además, esa característica se encuentra reconocida por el objetivo específico que persigue. En efecto, de lo anterior se advierte, que la expedición de la Ley Nacional para la Evaluación educativa y Ley General del Servicio Profesional Doce, reglamentarias del artículo 3°, de la Constitución Política de los Estados unidos mexicanos, el que establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación básica obligatoria, gratuita y laica, tendiente a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; para ello, se faculta al Congreso de la unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, a expedir las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, afijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones elativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan; lo cual evidencia el interés social de las medidas adoptadas, lo que implica que su preservación se funda en un fin de carácter colectivo, que es precisamente, poner en práctica acciones que garanticen la educación y la dignidad humana. Derecho fundamental respecto del cual, existe interés de la sociedad y obligación del estado de protegerlo. Como se observa, de las razones, dadas por el legislador en los artículos impugnados, se desprende con claridad que la preocupación subyacente a la norma impugnada, consiste en mejorar las condiciones educativas Por lo que, la falta de una regulación legal que una trata de normas que buscan la protección de los derechos sociales a tener una educación básica de calidad. Por ende, debe concluirse que las Leyes controvertidas, tienen como objetivo; garantizar una educación adecuada con una buena práctica profesional, que busca la realización de un objetivo expresamente previsto en la Norma Fundamental salvaguardar el derecho de todo individuo a recibir educación básica de calidad, gratuita y laica, establecida en el artículo 3° constitucional. En virtud de lo anterior, lo que procede es NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada en el juicio de amparo contra los efectos y consecuencias de dichas disposiciones, solicitada por ANTONIO VALLES SÁNCHEZ. Encuentra apoyo a lo anterior la Tesis del contenido siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA APLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA EDUCATIVO BÁSICO PÚBLICO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, DADO EL CONFLICTO DE DERECHOS FUNDAMENTALES INMERSO (DERECHO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, O ESTABILIDAD EN EL EMPLEO). En el caso de la suspensión contra los efectos y consecuencias del Decreto Número 292, por el que se expide la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el viernes 28 de febrero de 2014, sexta sección, tomo CLVIII, Núm. 99, vigente a partir del 1o. de marzo de 2014, se presenta una colisión entre diferentes derechos constitucionales, que son: I) el derecho a que no se aplique a los trabajadores del sistema educativo básico público el control de evaluación y seguir conservando su estabilidad en el empleo; y, II) el derecho de la sociedad a contar con un sistema educativo de calidad. Así, con base en la solución de ese conflicto de derechos es como debe decidirse el otorgamiento o no de la medida cautelar. Efectivamente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho fundamental de los trabajadores del sistema de educación pública básica a la estabilidad en el empleo, que consiste en que éstos no sean despedidos o cesados arbitrariamente por el patrón-Estado. Pero también reconoce a toda la sociedad el derecho esencial a una educación de calidad. Así, de no otorgarse la suspensión solicitada -por no aprobar las evaluaciones- se les puede transgredir su derecho fundamental a la estabilidad en el empleo; en cambio, si se otorga la medida cautelar existe el riesgo de perjudicar a las personas titulares del derecho a recibir una educación de calidad, donde sólo el personal capacitado pueda desempeñar los diversos cargos en el sistema educativo público en la educación básica, lo que pretende lograrse a través de dichas evaluaciones. Ahora bien, la medida cautelar únicamente prejuzga sobre posibles daños a bienes jurídicos o derechos fundamentales reconocidos; por tanto, es improcedente concederla contra los efectos y consecuencias de la aplicación de la norma reclamada, porque se seguiría perjuicio al interés social, dado que la sociedad está interesada en que se garantice la calidad de la educación obligatoria y que se formulen políticas educativas encaminadas a la consecución de ese fin, es decir, que se imparta educación de calidad y se mejoren la gestión escolar y los procesos educativos. Por tanto, el interés de la sociedad a tener una educación de calidad está por encima del derecho de los trabajadores del sistema educativo básico público a gozar de la estabilidad en el empleo, pues están de por medio los derechos de la niñez que se pretenden obtener por medio de la aplicación de las evaluaciones a dichos trabajadores.". Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 138, fracción III, 140 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se ÚNICO. Por los motivos expuestos en la presente resolución, se NIEGA a ANTONIO VALLE SÁNCHEZ, la suspensión definitiva solicitada, respecto de los actos reclamados a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación, Secretario de Educación, y Director Adjunto del Diario Oficial de la Federación, todos con sede en México, Distrito Federal. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Lucy*

  4. Incidental

    Zacatecas, Zacatecas a, veintidós de octubre de dos mil quince. Agréguese a los autos el telegrama de cuenta para que obre como corresponda; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo anterior, se tiene por rendido el INFORME PREVIO de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través del Director General de Asuntos Jurídicos de ese Órgano Legislativo, con sede en México, Distrito Federal; sin perjuicio de su relación que se haga nuevamente en la audiencia incidental respectiva. Asimismo, se tiene a la autoridad oficiante por señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su comunicado, sin perjuicio de practicarle las que correspondan en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de la Materia; de igual manera, de conformidad con lo establecido en el ordinal 9 de la Ley en consulta invocada, se tienen como delegados a los profesionistas que al efecto designa. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- DOY FE. LUCY*

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