Apolinar Albino Macias

Expediente 660/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 14 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
660/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
09/11/2017

Partes del expediente

  • Apolinar Albino Macias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    El nueve de noviembre de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: a) Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del veintitrés de octubre al ocho de noviembre, ambos de dos mil diecisiete, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de once de octubre de dos mil diecisiete (fojas 60 a la 69), dictada por este Juzgado dentro del juicio de amparo número 660/2017. b) Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; c) Que sí existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. d) De igual forma, se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión y que no se exhibió billete o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse; asimismo, que no existe recurso alguno pendiente de resolver. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. CONSTE. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, nueve de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el once de octubre de dos mil diecisiete, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado Acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en el entendido de que sólo deberá conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva, tomando en consideración de que se concedió la indicada medida cautelar. En consecuencia, agréguese éste cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por último, devuélvanse a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Villanueva, Zacatecas, las documentales que remitió como justificación de sus actos, consistentes en el expediente 241/2015, relativo al juicio reivindicatorio; cuadernillo de pruebas de la parte actora; cuadernillo de pruebas de la parte demandada; cuadernillo de ejecución forzosa, estos últimos relativos al expediente 241/2015; expediente 273/2012, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria de Información Ad-Perpetuam, promovidas por Rosa María Albino Macías y Apolinar Alvino Macías; expediente 198/2012, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria de Información Ad-Perpetuam, promovidas por Apolinar Alvino Macías y Rosa María Albino Macías; expediente 216/2013, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria de Información Ad-Perpetuam, promovidas por Rosa María Albino Macías y Apolinar Alvino Macías. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Luis. En la misma fecha se giraron los oficios 25845 y 25846

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 660/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el once de julio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, turnado en esa misma fecha a este órgano jurisdiccional, Apolinar Albino Macías y Ma. Del Carmen Jiménez Ojeda solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que enseguida se precisan: 3. AUTORIDADES RESPONSABLES: C. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE VILLANUEVA, ZACATECAS. DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, ZACATECAS. 4. ACTOS RECLAMADOS. i. Del C. Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas, se reclama: a. El auto de fecha cinco de abril del año dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente número 241/2015. b. La ejecución y cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha veintisiete de mayo del año dos mil dieciséis. c. Las violaciones cometidas durante el procedimiento con las que dejó sin defensa a los quejosos y que han trascendido al resultado de la resolución. I. Del Director de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Villanueva, Zacatecas, se reclama: a. La participación y colaboración con la autoridad responsable C. Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas y con el personal que esta autorice a fin de llevar a cabo el desalojo ordenado en contra de los quejosos. Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En auto de doce de julio de dos mil diecisiete, el Secretario encargado del despacho por licencia de la titular de este Juzgado de Distrito registró la demanda con el expediente 660/2017 y la admitió a trámite; solicitó el informe a la autoridad responsable; dio la intervención al agente del Ministerio Público y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que se reclama un auto atribuido a una autoridad residente en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado el criterio de que el juez constitucional debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, razón por la cual está constreñido a armonizar los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, de tal suerte que la sentencia que dicte en el juicio de amparo contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invocan los siguientes criterios: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. ACTO RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA CONOCER EL. ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Así, se tiene que los quejosos reclaman del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar y del Encargado de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ambos de Villanueva, Zacatecas, el auto de cinco de abril de dos mil diecisiete, que decreta la orden de desalojo autorizando el uso de la fuerza pública y el rompimiento de chapas y cerraduras, en el juicio ordinario civil 241/2015 y su ejecución. Se precisa el acto reclamado en esos términos, ya que si bien los quejosos refieren reclamar la ejecución y cumplimiento de la sentencia definitiva de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis y las violaciones que dicen se cometieron durante el procedimiento, son actos que dicen se materializaron en el auto de cinco de abril de dos mil diecisiete, además de que en sus conceptos de violación hacen depender del mencionado auto las violaciones que dicen se cometieron en su contra. Apoya lo anterior la tesis de rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS EN EL AMPARO INDIRECTO. MÉTODO PARA SU FIJACIÓN Y ANÁLISIS POR EL JUEZ DE DISTRITO Y POR EL TRIBUNAL REVISOR, CUANDO EL SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO ES CONFUSO. De los criterios jurisprudenciales y aislados sustentados por el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que, para fijar correctamente los actos reclamados que serán materia del análisis constitucional, debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, por virtud de su sentido de indivisibilidad, sin atender a los calificativos que, en su enunciación, se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, pero si fuera el caso que, aun eso fuera insuficiente, entonces los juzgadores deberán armonizar -además de los datos que emanen del escrito inicial- la información que se desprenda de la totalidad del expediente del juicio, buscando lograr que su sentido sea congruente con todos esos elementos e identificando los reclamos con alguno de los supuestos de procedencia del amparo, lo que deberá hacerse con un sentido de liberalidad no restrictivo y atendiendo, preferentemente, al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión (es decir, debe preferirse lo que quiso decir el quejoso y no lo que en apariencia dijo, a partir de una valoración rígida o literal del capítulo respectivo) y, todo ello, con el objeto de lograr una congruencia entre las pretensiones, lo que será resuelto y lo que razonablemente puede ser materia del juicio constitucional en función de los supuestos de su procedencia, sin que pueda considerarse que esto implique una suplencia de queja, sino la recta precisión de un presupuesto que será la base de la litis del juicio constitucional. Esta valoración debe ser especialmente cuidadosa, cuando se trata de determinar si fueron varios los reclamos autónomos del quejoso o si se está ante una impugnación conexa de varios actos indisolublemente relacionados, respecto de los cuales sería indebido un juzgamiento aislado por cada reclamo aparente; por todo lo anterior, si dichos aspectos y método no fueron observados por el Juez de Distrito en la sentencia de amparo indirecto sujeta a revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito, como órgano revisor, de oficio y sin necesidad de agravio, deberá corregirlos para evitar que el proceso constitucional culmine con una sentencia incongruente que no corresponda a la realidad de lo impugnado por el quejoso. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido al Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Villanueva, Zacatecas detallado en el considerando previo, ya que así lo manifestó la encargada del despacho del mencionado juzgado, en el informe justificado que rindió en su representación. Lo cual se corrobora con las constancias que obran en el presente sumario, documentales a las que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, dado que fueron certificadas por fedatario público. Asimismo también es cierto el acto reclamado al Encargado de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Villanueva, Zacatecas, ya que si bien en su informe justificado indicó que no ha recibido oficio o indicación alguna de apoyo de desalojo, del cuadernillo de ejecución remitido por la autoridad responsable se advierte a foja siete un oficio remitido por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar, con sede en Villanueva a la mencionada autoridad, por lo que debe tenerse por cierto el acto que se le reclama a dicha ejecutora. Como sustento de lo anterior se cita la tesis aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro: ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA, DEBE TENERSE POR CIERTO. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de derechos, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, sea que lo hagan valer las partes o se advierta de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Para el estudio que ocupa nuestra atención, es necesario destacar los principales puntos fácticos que se obtienen de las constancias que fueron remitidas por las autoridades responsables, siendo éstos: 1. En auto de treinta de junio de dos mil quince, emitido por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas, se admitió a trámite la demanda promovida por Filiberto Albino Macías, en contra de Apolinar Albino Macías y Ma. Del Carmen Jiménez Ojeda; demanda que se admitió como juicio reivindicatorio respecto de la finca urbana y las construcciones existentes en la calle Reforma número Cincuenta y uno de la comunidad de Malpaso, Villanueva, registrándose con el consecutivo 241/2015. (Fojas 7 a 9 del cuaderno de pruebas). 2. Seguida la contienda reivindicatoria en sus trámites, el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis se emitió sentencia definitiva, la cual contiene los siguientes puntos resolutivos: PRIMERO. LA VÍA CIVIL ORDINARIA intentada por FELIBERTO (sic) ALBINO MACÍAS, es la legalmente procedente y en ella ACREDITÓ la procedencia de la ACCIÓN REIVINDICATORIA que ejercito en contra de APOLINAR ALBINO MACÍAS y MA. DEL CARMEN JIMÉNEZ OJEDA quienes NO OPUSIERON EXCEPCIÓN Y DEFENSA en particular, en consecuencia: SEGUNDO. SE DECLARA que FELIBERTO ALBINO MACÍAS es el LEGÍTIMO PROPIETARIO del inmueble ubicado en calle Reforma número 51, de la comunidad de Malpaso, Villanueva, Zacatecas, cuyas características se describen en el considerando octavo párrafo primero de esta sentencia. TERCERO. SE CONDENA a APOLINAR ALBINO MACÍAS y MA. DEL CARMEN JIMÉNEZ OJEDA a la REIVINDICACIÓN y ENTREGA a favor de FELIBERTO ALBINO MACÍAS del inmueble ubicado en calle Reforma número 51, de la comunidad de Malpaso, Villanueva, Zacatecas, con todos sus accesorios y mejoras. CUARTO. SE CONCEDE a APOLINAR ALBINO MACÍAS y MA. DEL CARMEN JIMÉNEZ OJEDA un plazo de DIEZ DÍAS cuando sea susceptible de ejecutarse esta sentencia para que cumplan voluntariamente con la misma, APERCIBIÉNDOLES que de no hacerlo en el término legal fijado, se procederá en su contra y en su costa en la vía de ejecución forzosa. QUINTO. SE ABSUELVE a APOLINAR ALBINO MACÍAS y MA. DEL CARMEN JIMÉNEZ OJEDA del pago de los DAÑOS Y PERJUICIOS que les reclamo FELIBERTO ALBINO MACÍAS. SEXTO. SE CONDENA A APOLINAR ALBINO MACÍAS y MA. DEL CARMEN JIMÉNEZ OJEDA a pagar a favor de FELIBERTO ALBINO MACÍAS los GASTOS Y COSTAS del juicio. [.]. (Fojas 46 a 54) 3. Apolinar Albino Macías y Ma. Del Carmen Jiménez Ojeda interpusieron recurso de apelación el cual fue resuelto el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, en el que sus puntos resolutivos indican: PRIMERO. Procede CONFIRMAR la sentencia definitiva del veintisiete de mayo del año dos mil dieciséis (2016) dictada por el C. Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas, dentro del juicio civil ordinario reivindicatorio número 241/2015 promovido por el C. FELIBERTO ALBINO MACÍAS contra los CC. APOLINAR ALBINO MACÍAS Y MA. DEL CARMEN JIMÉNEZ OJEDA. SEGUNDO. Se CONDENA a los premencionados demandados, al pago de gastos y costas de ambas instancias, reguladas en ejecución de sentencia a favor del actor. TERCERO. Una vez que los autos lo permitan, en términos del artículo 391 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, vuelvan los mismos al juzgado de su origen, acompañando testimonio certificado de la presente resolución, para su conocimiento, el de las partes y demás efectos legales consiguientes. [.] (fojas 68 a 77). 4. En auto de dieciséis de enero de dos mil diecisiete se le otorgó el término de diez días hábiles a los demandados para el cumplimiento voluntario respecto del resolutivo cuarto de la sentencia de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis (foja 82). 5. En auto de cinco de abril de dos mil diecisiete se ordenó, en vía de ejecución forzosa, se constituyera el actuario en el inmueble que ocupan los demandados a fin de dar cumplimiento a la sentencia definitiva firme, procediendo a su desalojo, autorizándose el uso de la fuerza pública y el rompimiento de chapas y cerraduras sólo en caso de ser necesario, por lo que se ordenó girar oficio al Director de Seguridad Pública y Vialidad de Villanueva, Zacatecas (foja 2 del cuadernillo de ejecución). Siendo actos reclamados en este sumario de derechos, la actuación precisada en el punto cinco y sus consecuencias. Ahora bien, respecto del acto reclamado consistente en el auto de cinco de abril de dos mil diecisiete, por el que se ordenó el desalojo de los quejosos; se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, este último aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo; numerales que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. [.]. De los ordinales reproducidos se obtiene que, tratándose de actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, requiere que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Requisito que tiene como finalidad, evitar que se abuse del juicio de derechos, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la última resolución, siendo ésta aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Así, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido contra actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante éste y que hayan dejado sin defensa a los quejosos. En el caso concreto, se aprecia que los actos reclamados en este juicio de amparo (el auto de cinco de abril de dos mil diecisiete y su ejecución consistente en el desalojo autorizando el uso de la fuerza pública y el rompimiento de chapas y cerraduras, en el juicio ordinario civil 241/2015), en el que los quejosos fueron demandados, no constituyen la última resolución emitida en la etapa de ejecución de la sentencia emitida en el juicio ordinario civil de acción revindicatoria; pues sólo forman parte del procedimiento ejecutivo de esa controversia, de ahí que la acción constitucional no puede intentarse en su contra, ya que ésta sólo procede tratándose de los actos dictados en ejecución de sentencia, en contra de la última determinación ahí emitida, siendo ésta la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Se invoca como sustento el principio rector que informa, al no oponerse a la actual Ley de Amparo, la jurisprudencia del rubro y texto: ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión última resolución en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. Consecuentemente, se actualiza el motivo de improcedencia contenido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, este último aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, respecto del acto en estudio. En tal orden de ideas, se sobresee en el presente juicio constitucional, promovido por Apolinar Albino Macías y Ma. Del Carmen Jiménez Ojeda, en contra del acto reclamado al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar, de Villanueva, Zacatecas, consistente en el auto de cinco de abril de dos mil diecisiete y su ejecución consistente en la orden de desalojo autorizando el uso de la fuerza pública y el rompimiento de chapas y cerraduras, en el juicio ordinario civil 241/2015. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado al Encargado de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de Villanueva, Zacatecas, en virtud de que no fue reclamado por vicios propios, se apoya dicha conclusión en la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Ante el sobreseimiento decretado, no resulta jurídicamente posible ocuparse de los argumentos expresados por la parte quejosa para demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, pues ello constituye el fondo de la litis constitucional, cuyo análisis no es permitido por el sentido del presente estudio, acorde con la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual a continuación se transcribe: SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señala. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Apolinar Albino Macías y Ma. Del Carmen Jiménez Ojeda, contra actos del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar y del Encargado de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ambos de Villanueva, Zacatecas; consistentes en el auto de cinco de abril de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ordinario civil de acción reivindicatoria 241/2015 y su ejecución consistente en la orden de desalojo autorizando el uso de la fuerza pública y el rompimiento de chapas y cerraduras. Lo anterior por las razones expuestas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido del licenciado Luis Felipe Ruíz Martínez Lasso, secretario de juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy once de octubre de dos mil diecisiete en que las labores del juzgado lo permitieron.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 660/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el once de julio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, turnado en esa misma fecha a este órgano jurisdiccional, Apolinar Albino Macías y Ma. Del Carmen Jiménez Ojeda solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que enseguida se precisan: 3. AUTORIDADES RESPONSABLES: C. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE VILLANUEVA, ZACATECAS. DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, ZACATECAS. 4. ACTOS RECLAMADOS. i. Del C. Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas, se reclama: a. El auto de fecha cinco de abril del año dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente número 241/2015. b. La ejecución y cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha veintisiete de mayo del año dos mil dieciséis. c. Las violaciones cometidas durante el procedimiento con las que dejó sin defensa a los quejosos y que han trascendido al resultado de la resolución. I. Del Director de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Villanueva, Zacatecas, se reclama: a. La participación y colaboración con la autoridad responsable C. Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas y con el personal que esta autorice a fin de llevar a cabo el desalojo ordenado en contra de los quejosos. Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En auto de doce de julio de dos mil diecisiete, el Secretario encargado del despacho por licencia de la titular de este Juzgado de Distrito registró la demanda con el expediente 660/2017 y la admitió a trámite; solicitó el informe a la autoridad responsable; dio la intervención al agente del Ministerio Público y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que se reclama un auto atribuido a una autoridad residente en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado el criterio de que el juez constitucional debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, razón por la cual está constreñido a armonizar los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, de tal suerte que la sentencia que dicte en el juicio de amparo contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invocan los siguientes criterios: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. ACTO RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA CONOCER EL. ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Así, se tiene que los quejosos reclaman del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar y del Encargado de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ambos de Villanueva, Zacatecas, el auto de cinco de abril de dos mil diecisiete, que decreta la orden de desalojo autorizando el uso de la fuerza pública y el rompimiento de chapas y cerraduras, en el juicio ordinario civil 241/2015 y su ejecución. Se precisa el acto reclamado en esos términos, ya que si bien los quejosos refieren reclamar la ejecución y cumplimiento de la sentencia definitiva de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis y las violaciones que dicen se cometieron durante el procedimiento, son actos que dicen se materializaron en el auto de cinco de abril de dos mil diecisiete, además de que en sus conceptos de violación hacen depender del mencionado auto las violaciones que dicen se cometieron en su contra. Apoya lo anterior la tesis de rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS EN EL AMPARO INDIRECTO. MÉTODO PARA SU FIJACIÓN Y ANÁLISIS POR EL JUEZ DE DISTRITO Y POR EL TRIBUNAL REVISOR, CUANDO EL SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO ES CONFUSO. De los criterios jurisprudenciales y aislados sustentados por el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que, para fijar correctamente los actos reclamados que serán materia del análisis constitucional, debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, por virtud de su sentido de indivisibilidad, sin atender a los calificativos que, en su enunciación, se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, pero si fuera el caso que, aun eso fuera insuficiente, entonces los juzgadores deberán armonizar -además de los datos que emanen del escrito inicial- la información que se desprenda de la totalidad del expediente del juicio, buscando lograr que su sentido sea congruente con todos esos elementos e identificando los reclamos con alguno de los supuestos de procedencia del amparo, lo que deberá hacerse con un sentido de liberalidad no restrictivo y atendiendo, preferentemente, al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión (es decir, debe preferirse lo que quiso decir el quejoso y no lo que en apariencia dijo, a partir de una valoración rígida o literal del capítulo respectivo) y, todo ello, con el objeto de lograr una congruencia entre las pretensiones, lo que será resuelto y lo que razonablemente puede ser materia del juicio constitucional en función de los supuestos de su procedencia, sin que pueda considerarse que esto implique una suplencia de queja, sino la recta precisión de un presupuesto que será la base de la litis del juicio constitucional. Esta valoración debe ser especialmente cuidadosa, cuando se trata de determinar si fueron varios los reclamos autónomos del quejoso o si se está ante una impugnación conexa de varios actos indisolublemente relacionados, respecto de los cuales sería indebido un juzgamiento aislado por cada reclamo aparente; por todo lo anterior, si dichos aspectos y método no fueron observados por el Juez de Distrito en la sentencia de amparo indirecto sujeta a revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito, como órgano revisor, de oficio y sin necesidad de agravio, deberá corregirlos para evitar que el proceso constitucional culmine con una sentencia incongruente que no corresponda a la realidad de lo impugnado por el quejoso. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido al Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Villanueva, Zacatecas detallado en el considerando previo, ya que así lo manifestó la encargada del despacho del mencionado juzgado, en el informe justificado que rindió en su representación. Lo cual se corrobora con las constancias que obran en el presente sumario, documentales a las que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, dado que fueron certificadas por fedatario público. Asimismo también es cierto el acto reclamado al Encargado de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Villanueva, Zacatecas, ya que si bien en su informe justificado indicó que no ha recibido oficio o indicación alguna de apoyo de desalojo, del cuadernillo de ejecución remitido por la autoridad responsable se advierte a foja siete un oficio remitido por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar, con sede en Villanueva a la mencionada autoridad, por lo que debe tenerse por cierto el acto que se le reclama a dicha ejecutora. Como sustento de lo anterior se cita la tesis aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro: ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA, DEBE TENERSE POR CIERTO. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de derechos, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, sea que lo hagan valer las partes o se advierta de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Para el estudio que ocupa nuestra atención, es necesario destacar los principales puntos fácticos que se obtienen de las constancias que fueron remitidas por las autoridades responsables, siendo éstos: 1. En auto de treinta de junio de dos mil quince, emitido por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas, se admitió a trámite la demanda promovida por Filiberto Albino Macías, en contra de Apolinar Albino Macías y Ma. Del Carmen Jiménez Ojeda; demanda que se admitió como juicio reivindicatorio respecto de la finca urbana y las construcciones existentes en la calle Reforma número Cincuenta y uno de la comunidad de Malpaso, Villanueva, registrándose con el consecutivo 241/2015. (Fojas 7 a 9 del cuaderno de pruebas). 2. Seguida la contienda reivindicatoria en sus trámites, el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis se emitió sentencia definitiva, la cual contiene los siguientes puntos resolutivos: PRIMERO. LA VÍA CIVIL ORDINARIA intentada por FELIBERTO (sic) ALBINO MACÍAS, es la legalmente procedente y en ella ACREDITÓ la procedencia de la ACCIÓN REIVINDICATORIA que ejercito en contra de APOLINAR ALBINO MACÍAS y MA. DEL CARMEN JIMÉNEZ OJEDA quienes NO OPUSIERON EXCEPCIÓN Y DEFENSA en particular, en consecuencia: SEGUNDO. SE DECLARA que FELIBERTO ALBINO MACÍAS es el LEGÍTIMO PROPIETARIO del inmueble ubicado en calle Reforma número 51, de la comunidad de Malpaso, Villanueva, Zacatecas, cuyas características se describen en el considerando octavo párrafo primero de esta sentencia. TERCERO. SE CONDENA a APOLINAR ALBINO MACÍAS y MA. DEL CARMEN JIMÉNEZ OJEDA a la REIVINDICACIÓN y ENTREGA a favor de FELIBERTO ALBINO MACÍAS del inmueble ubicado en calle Reforma número 51, de la comunidad de Malpaso, Villanueva, Zacatecas, con todos sus accesorios y mejoras. CUARTO. SE CONCEDE a APOLINAR ALBINO MACÍAS y MA. DEL CARMEN JIMÉNEZ OJEDA un plazo de DIEZ DÍAS cuando sea susceptible de ejecutarse esta sentencia para que cumplan voluntariamente con la misma, APERCIBIÉNDOLES que de no hacerlo en el término legal fijado, se procederá en su contra y en su costa en la vía de ejecución forzosa. QUINTO. SE ABSUELVE a APOLINAR ALBINO MACÍAS y MA. DEL CARMEN JIMÉNEZ OJEDA del pago de los DAÑOS Y PERJUICIOS que les reclamo FELIBERTO ALBINO MACÍAS. SEXTO. SE CONDENA A APOLINAR ALBINO MACÍAS y MA. DEL CARMEN JIMÉNEZ OJEDA a pagar a favor de FELIBERTO ALBINO MACÍAS los GASTOS Y COSTAS del juicio. [.]. (Fojas 46 a 54) 3. Apolinar Albino Macías y Ma. Del Carmen Jiménez Ojeda interpusieron recurso de apelación el cual fue resuelto el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, en el que sus puntos resolutivos indican: PRIMERO. Procede CONFIRMAR la sentencia definitiva del veintisiete de mayo del año dos mil dieciséis (2016) dictada por el C. Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas, dentro del juicio civil ordinario reivindicatorio número 241/2015 promovido por el C. FELIBERTO ALBINO MACÍAS contra los CC. APOLINAR ALBINO MACÍAS Y MA. DEL CARMEN JIMÉNEZ OJEDA. SEGUNDO. Se CONDENA a los premencionados demandados, al pago de gastos y costas de ambas instancias, reguladas en ejecución de sentencia a favor del actor. TERCERO. Una vez que los autos lo permitan, en términos del artículo 391 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, vuelvan los mismos al juzgado de su origen, acompañando testimonio certificado de la presente resolución, para su conocimiento, el de las partes y demás efectos legales consiguientes. [.] (fojas 68 a 77). 4. En auto de dieciséis de enero de dos mil diecisiete se le otorgó el término de diez días hábiles a los demandados para el cumplimiento voluntario respecto del resolutivo cuarto de la sentencia de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis (foja 82). 5. En auto de cinco de abril de dos mil diecisiete se ordenó, en vía de ejecución forzosa, se constituyera el actuario en el inmueble que ocupan los demandados a fin de dar cumplimiento a la sentencia definitiva firme, procediendo a su desalojo, autorizándose el uso de la fuerza pública y el rompimiento de chapas y cerraduras sólo en caso de ser necesario, por lo que se ordenó girar oficio al Director de Seguridad Pública y Vialidad de Villanueva, Zacatecas (foja 2 del cuadernillo de ejecución). Siendo actos reclamados en este sumario de derechos, la actuación precisada en el punto cinco y sus consecuencias. Ahora bien, respecto del acto reclamado consistente en el auto de cinco de abril de dos mil diecisiete, por el que se ordenó el desalojo de los quejosos; se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, este último aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo; numerales que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. [.]. De los ordinales reproducidos se obtiene que, tratándose de actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, requiere que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Requisito que tiene como finalidad, evitar que se abuse del juicio de derechos, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la última resolución, siendo ésta aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Así, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido contra actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante éste y que hayan dejado sin defensa a los quejosos. En el caso concreto, se aprecia que los actos reclamados en este juicio de amparo (el auto de cinco de abril de dos mil diecisiete y su ejecución consistente en el desalojo autorizando el uso de la fuerza pública y el rompimiento de chapas y cerraduras, en el juicio ordinario civil 241/2015), en el que los quejosos fueron demandados, no constituyen la última resolución emitida en la etapa de ejecución de la sentencia emitida en el juicio ordinario civil de acción revindicatoria; pues sólo forman parte del procedimiento ejecutivo de esa controversia, de ahí que la acción constitucional no puede intentarse en su contra, ya que ésta sólo procede tratándose de los actos dictados en ejecución de sentencia, en contra de la última determinación ahí emitida, siendo ésta la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Se invoca como sustento el principio rector que informa, al no oponerse a la actual Ley de Amparo, la jurisprudencia del rubro y texto: ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión última resolución en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. Consecuentemente, se actualiza el motivo de improcedencia contenido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, este último aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, respecto del acto en estudio. En tal orden de ideas, se sobresee en el presente juicio constitucional, promovido por Apolinar Albino Macías y Ma. Del Carmen Jiménez Ojeda, en contra del acto reclamado al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar, de Villanueva, Zacatecas, consistente en el auto de cinco de abril de dos mil diecisiete y su ejecución consistente en la orden de desalojo autorizando el uso de la fuerza pública y el rompimiento de chapas y cerraduras, en el juicio ordinario civil 241/2015. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado al Encargado de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de Villanueva, Zacatecas, en virtud de que no fue reclamado por vicios propios, se apoya dicha conclusión en la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Ante el sobreseimiento decretado, no resulta jurídicamente posible ocuparse de los argumentos expresados por la parte quejosa para demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, pues ello constituye el fondo de la litis constitucional, cuyo análisis no es permitido por el sentido del presente estudio, acorde con la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual a continuación se transcribe: SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señala. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Apolinar Albino Macías y Ma. Del Carmen Jiménez Ojeda, contra actos del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar y del Encargado de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ambos de Villanueva, Zacatecas; consistentes en el auto de cinco de abril de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ordinario civil de acción reivindicatoria 241/2015 y su ejecución consistente en la orden de desalojo autorizando el uso de la fuerza pública y el rompimiento de chapas y cerraduras. Lo anterior por las razones expuestas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido del licenciado Luis Felipe Ruíz Martínez Lasso, secretario de juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy once de octubre de dos mil diecisiete en que las labores del juzgado lo permitieron."

  4. Principal

    En tres de octubre de dos mil diecisiete, la Secretaria del Juzgado licenciada María Concepción García Jacobo doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a tres de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó que la Comisión de Adscripción en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo, como Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, a partir del uno de octubre del año en curso; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia, 2ª./J.104/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, resultado de la contradicción de tesis 119/2010 entre los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo del Décimo Primer Circuito, actualmente Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del mismo circuito, y Segundo del Quinto Circuito, ahora Primero en Materias Civil y de Trabajo del mismo circuito, consultable en la página 312 del Tomo XXXII, Julio de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Lo proveyó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza.- DOY FE. ALICIA

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