Antonio Valentín Argüelles Rivera

Expediente 1843/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1843/2015
Año
2015
Actuaciones
14
Última actuación
28/04/2016

Partes del expediente

  • Antonio Valentín Argüelles Rivera
  • Congreso del Estado de Zacatecas (Sexágesima Primera Legislatura)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    En veintiocho de abril de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, CERTIFICO: Que transcurrió el término de tres días que se concedió a la parte quejosa en auto de catorce del presente mes y año, para manifestar lo que a su derecho correspondiera, respecto del acto realizado por la autoridad responsable en relación con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, sin que lo hubiera hecho; lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario de este Juzgado, ha transcurrido el término que se le concedió para tal efecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; esta resolutora procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata, en los términos siguientes: El veintiocho de enero de dos mil dieciséis se inició la audiencia constitucional que culminó con el dictado de la sentencia el cuatro de febrero del año en curso, en la que se concedió al quejoso Antonio Valentín Argüelles Rivera, el amparo y protección de la justicia federal solicitados [fojas 338-352]; en los términos siguientes: [.] "En esa tesitura, al haberse declarado en líneas precedentes que el precepto reclamado es contraventor al sistema constitucional, procede conceder el amparo y la protección de la justicia federal al quejoso, respecto del artículo 52 fracciones I, II inciso b), VII, XII y XVII d la Ley de Hacienda de Zacatecas; para que las autoridades señaladas como responsables: No apliquen al quejoso en el presente y en el futuro el precepto reclamado; y, Las autoridades Recaudador de Rentas adscrito al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Zacatecas, dependiente de la Secretaría de Finanzas, hagan la devolución del importe que el quejoso hubiere pagado, correspondiente a la diferencia en la tasa pagada de más, y la prevista como monto mínimo con motivo del servicio correspondiente, ya que la concesión del amparo no impide a la autoridad fiscal cobrar por el citado servicio, siempre y cuando lo haga conforme a la cuota mínima aplicable a aquellos sujetos que se encontraban en la misma situación que el quejoso frente a la ley tributaria. [.] En la inteligencia de que, si bien la protección federal se concede contra las autoridades responsables Congreso, Gobernador, Secretario General de Gobierno, Director del Periódico Oficial, todas del Estado de Zacatecas, debe decirse que el cumplimiento del presente juicio recaerá, por lo pronto, en la autoridad mencionada en párrafos anteriores, recaudador de rentas de Guadalupe, Zacatecas, pues respecto de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la norma, no es de exigirse cumplimiento especial alguno, ya que la concesión otorgada no tiene los alcances de ordenar a aquellas la formulación de una norma precisa para el quejoso, pues dicha facultad es propia de las mismas autoridades y no del Poder Judicial de la Federación." [.] Corolario de lo anterior, al resultar inconstitucional el artículo 25 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatecas, Zacatecas, para el ejercicio fiscal dos mil quince, por establecer una contribución especial sobre energía eléctrica, en cuanto fija un cobro del ocho por ciento sobre el consumo de energía por concepto de derecho del servicio de alumbrado público, cuando ello sólo corresponde a la Federación, y dado que el acto reclamado está apoyado en disposiciones declaradas inconstitucionales, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable devuelva a la quejosa IMPULSORA PLAZA DE ZACATECAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su representante legal MA. YOLANDA OROZCO SANCHEZ, la cantidad de $3,346.44 (TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 44/100 M. N), que se contiene en el aviso-recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, con número de servicio 123 150 363 998, que pagó por concepto de derecho de alumbrado público por el período del treinta de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil quince." [.] En proveído de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis causó ejecutoria dicho fallo y se procedió a requerir a la autoridad responsable Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado y al Recaudador de su adscripción, para que cumplieran con la ejecutoria de amparo y remitieran las constancias que acreditaran dicha circunstancia [f. 367-369]. En atención a lo anterior mediante oficio recibido en este Juzgado de Distrito el catorce de abril de dos mil dieciséis, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, informó que hizo entrega al quejoso de la cantidad que pagó como excedente por concepto de inscripción de documentos, materia de la protección constitucional concedida; tal y como lo acreditó con el recibo que exhibió, en el que consta que el once de marzo del año en curso, el quejoso Antonio Valentín Argüelles Rivera recibió de la caja de Recaudación de Rentas de la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, la cantidad de once mil seiscientos cuatro pesos, por concepto de pago indebido de inscripción de documentos; [f. 381-384]. Con lo anterior, en auto de catorce de abril de dos mil dieciséis se dio vista a la parte quejosa para que expresara lo que a su derecho correspondiera [f. 385]; sin que hiciera manifestación alguna al respecto. Conforme a lo antes expuesto, atendiendo a que en la sentencia protectora se concedió al quejoso Antonio Valentín Argüelles Rivera, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para que el Recaudador de Rentas adscrito al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Zacatecas, dependiente de la Secretaría de Finanzas, le devolviera la cantidad que en su oportunidad pagó como excedente por concepto de inscripción de documentos, lo que realizó la Oficia Recaudadora de Rentas de Zacatecas, dependiente de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, según se acreditó con la constancia relativa a la devolución por pago indebido antes relacionada; luego, atendiendo a que de las constancias que obran en autos se advierte que se acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden; por lo tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En atención a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, y atendiendo a lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del mismo, se determina que el juicio de amparo en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en razón de que se otorgó la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico ni histórico ni es de relevancia documental por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del Punto Décimo Primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables, personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En catorce de abril de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez con un oficio con registro 7409, con anexo que se adjunta.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a catorce de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de dieciocho de marzo del presente año, respecto al cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente juicio de garantías, manifiesta que hizo entrega al quejoso de la cantidad que pagó como excedente por concepto de inscripción de documentos, según lo acredita con el acuse de recibo que exhibe. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, con dichas documentales se ordena dar vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, exprese lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Órgano Jurisdiccional, con base en las constancias que obran en autos, se pronunciará sobre el cumplimiento que en su caso hayan otorgado las autoridades responsables al fallo protector dictado en el presente asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE.

  3. Principal

    En dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez con el estado de autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de marzo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que el Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado y Recaudador de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, no han dado cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; en los términos en que se le requirió mediante oficios 9188/2016 y 9189/2016 de veintiséis de febrero del dos mil dieciséis; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo vigente, con fundamento en el artículo 192, del citado precepto legal, requiérase de nueva cuenta a las citadas autoridades responsables, para que dentro del término de TRES DÍAS den cabal cumplimiento a la sentencia protectora de garantías, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten; con el apercibimiento de que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en términos del diverso numeral 258 de la Ley Reglamentaria en consulta; y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su cargo y consignación. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, ------------------------------------------ C E R T I F I C O : --------------------------- Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del diez al veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado el cuatro de febrero del presente año, dentro del juicio de amparo número 1843/2015, promovido por ANTONIO VALENTÍN ARGÜELLES RIVERA.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de febrero de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el cuatro de febrero del año en curso, en la que se concedió al quejoso ANTONIO VALENTÍN ARGÜELLES RIVERA el amparo y protección de la justicia federal solicitados; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA. Hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes; y tomando en consideración que el acto reclamado por el que se concedió la protección constitucional se traduce en lo ateniente al artículo 52, fracciones I, II, inciso b), VII, XII y XVII, de la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas, el cual no podrá ser declarado insubsistente con la concesión de amparo, sino únicamente no debe ser aplicado en contra de la parte quejosa; por tanto, resulta innecesario requerir a las autoridades responsables que participaron en el proceso legislativo del acto reclamado en cuanto a su creación se refiere; lo anterior, en términos del artículo 192, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que este Juzgado determina no requerirlas para el cumplimiento de la ejecutoria. Es aplicable al respecto la tesis de clave siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." En atención a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de la Materia en vigor, requiérase únicamente al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas y al Recaudador de su adscripción; para que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes a la legal notificación de este auto, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remita las constancias que así lo acrediten; apercibida que no hacerlo así sin causa justificada se les impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos del artículo 258 de la Ley en consulta; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este propio Circuito para seguir el trámite de ejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior, en razón de que es la autoridad exactora que recaudó la contribución con base en la norma declarada inconstitucional, la obliga a restituirle al quejoso la cantidad que, como primer acto de aplicación de la misma se haya enterado; así como las subsecuentes que haya pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella en inválido. Resulta aplicable al tema, la tesis de Jurisprudencia del tenor literal siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido.". Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe.

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