Antonio Tovar García

Expediente 186/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
186/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
27/04/2017

Partes del expediente

  • Antonio Tovar García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    El veintisiete de abril de dos mil diecisiete, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del diez al veintiséis de abril del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de treinta y uno de marzo de la presente anualidad (fojas 46 a la 55), dictada por este Juzgado, dentro del juicio de amparo número 186/2017; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Que no existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión por lo cual no se exhibió billete o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. CONSTE. En la misma fecha el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintisiete de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el treinta y uno de marzo del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Luis.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 186/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Antonio Tovar García demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: LXII Legislatura del Estado de Zacatecas. Gobernador del Estado de Zacatecas. Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas. Administrador del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas. Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: La aprobación y expedición de los artículos 78 a 82, 83 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén el impuesto sobre infraestructura, el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, y el derecho por el servicio de control vehicular; con motivo de su aplicación en el ticket folio V 8194422 (74 8) de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, así como el cobro por concepto de cruz roja mexicana. Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y, en proveído de veinte de febrero de dos mil diecisiete, se desechó respecto del Secretario General de Gobierno y del Administrador del Periódico Oficial, ambos del Estado de Zacatecas, y por el resto de autoridades y actos señalados en el escrito inicial se admitió a trámite, por lo que se solicitó el informe justificado; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que se reclama una norma general que tiene como ámbito de aplicación el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos siguientes: De la LXII Legislatura del Estado de Zacatecas, respectivamente, la aprobación y expedición de: a) Los artículos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, que prevén el impuesto adicional para la infraestructura. b) Los normativos 83 a 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, que regulan el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas. c) El numeral 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, que establece el derecho por el servicio de control vehicular. d) El cobro por concepto de cruz roja. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La LXII Legislatura del Estado de Zacatecas aceptó la expedición de la norma general combatida (foja 25 a 38). Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas se acredita en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba. Sustenta lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También resulta la tesis aislada V.2°.214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 205, febrero de 1995, tomo XI-I, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". Por su parte, el Gobernador y Secretario de Finanzas, ambos del Estado de Zacatecas fueron omisos de rendir su informe con justificación, no obstante que fueron notificados y requeridos para tal efecto (fojas 18 y 19); por tanto, en términos del cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierta la exacción que se les atribuye a dichas autoridades. Además, al estar involucrado el cobro de un derecho (control vehicular) resulta indudable la participación del secretario responsable en la exacción combatida, al no tratarse de la autoliquidación de un tributo, pues es el Estado quien calcula, cuantifica y determina el importe a pagar, ya que no existe la posibilidad de erogar una cantidad diversa y, mientras no se pague, no se presta el servicio. Sustenta lo anterior, por las razones que informa, la tesis IX.1o.2 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable a página 1701, Libro XX, mayo de 2013, tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "AMPARO CONTRA LEYES. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ENCARGADAS DE DETERMINAR Y COBRAR LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE PLANEACIÓN QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, AL TENER EL CARÁCTER DE EJECUTORAS DE LA LEY RECLAMADA DEBEN SER LLAMADAS A JUICIO. El artículo 11 de la Ley de Amparo establece que son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, entre otras, aquellas que ejecutan la ley reclamada. En ese supuesto se encuentran las autoridades administrativas que determinan y cobran los derechos por los servicios de planeación previstos en el artículo 13, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal 2012, toda vez que son ellas quienes ejecutan dicha norma cuando fijan el monto a pagar por el servicio, pues a diferencia de lo que sucede con el pago de impuestos, cuya recepción no es un acto imputable a las autoridades receptoras del tributo, tratándose del cobro de derechos no existe autodeterminación o autoliquidación alguna por parte de la persona que solicita el servicio, pues es el Estado quien calcula, cuantifica y determina el importe a pagar, y mientras no se pague, no presta el servicio. Por ese motivo, es necesario llamarlas a juicio con el carácter de autoridades responsables ejecutoras, sin que sea obstáculo a lo anterior, que no se reclame el acto de aplicación por vicios propios, ya que la razón por la que debe emplazárseles obedece a que su participación en el procedimiento puede ser relevante, al estar en aptitud de hacer valer motivos que impliquen la actualización de alguna causa de improcedencia." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En principio, debe señalarse, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el juzgador de garantías debe analizar, en primer término, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Tiene apoyo a tal precisión, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos treinta y cinco, del tomo XII, agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". En el caso, la suscrita advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61, en relación con el 5, ambos de la ley de la materia, los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia ". Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] Lo anterior es así, toda vez que de los artículos 107, fracción I constitucional y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en el artículo 5, fracción I, de la ley de la materia, estableciéndose que tiene tal carácter, aquel que aduce ser titular de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la propia ley y con ello se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o con motivo de su especial situación frente al orden jurídico, sin que pueda, en ningún caso, invocarse el interés simple como legítimo; así, el precepto constitucional invocado establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o con motivo de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. En efecto, esa norma general dispone como presupuesto procesal de la acción constitucional, que la parte actora sea titular de un derecho o interés jurídico, o bien, un interés legítimo; ese interés legítimo se vincula con la exigencia de alegar una violación a un derecho fundamental y resentir una afectación en su esfera jurídica, por la especial situación que el quejoso ocupa frente al ordenamiento jurídico. Ahora bien, el peticionario del amparo reclama de las autoridades responsables, la aprobación, expedición y aplicación de los artículos 78 a 82, 83 a 88 y 99, todos de Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, que establecen respectivamente, el impuesto adicional para la infraestructura, el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, el derecho por el servicio de control vehicular; y como vicio de legalidad, el cobro por concepto de cruz roja mexicana. Además como acto concreto de aplicación, de los mencionados preceptos, el quejoso, en el capítulo de antecedentes, señala que lo constituyó el pago que realizó el veintiséis de enero del año en curso, por la cantidad de mil cincuenta y cuatro pesos, por concepto de los mencionados impuestos. Razón por la cual, la causal de improcedencia que ahora se invoca, será analizada en relación con el acto de aplicación de los mencionados numerales. Bajo ese contexto, con el propósito de establecer la naturaleza de la norma combatida, conviene destacar el contenido de los artículos 1 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; Conforme a los preceptos transcritos, el juicio de amparo indirecto, procede contra leyes federales y locales, tratados internacionales y reglamentos expedidos por el Presidente de la República con fundamento en la fracción I, del artículo 89, Constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los Gobernadores de los Estados, que por su sola entrada en vigor, o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicio personal y directo contra el gobernado. Para determinar sobre la procedencia del juicio de garantías, contra leyes que se estimen inconstitucionales, debe distinguirse entre normas legales que con su sola vigencia causen un agravio personal y directo a los particulares, de aquéllas que requieren de un acto concreto de aplicación para que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó el criterio visible en las páginas novecientos sesenta y cinco y novecientos sesenta y seis, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete, mil novecientos noventa y ocho, que precisa: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. El elemento primordial que caracteriza a una ley autoaplicativa lo es el de que sus disposiciones resultan obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, o sea, que desde ese preciso instante obligan al particular cuya situación jurídica prevén, a hacer o dejar de hacer, sin que sea necesario acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad y, por lo tanto, es evidente que cuando no se da dicho elemento esencial no se está en presencia de una ley de esa naturaleza, sino que en ese caso debe concluirse que se trata de una ley heteroaplicativa, que, por lo mismo, únicamente puede reclamarse a través del juicio de amparo hasta que se realice el acto de autoridad que vincula al particular al cumplimiento de la norma. La Ley de Amparo distingue, en su artículo 73, fracción V (sic), entre las leyes que por su sola expedición entrañan violación de garantías y aquéllas que para realizar las violaciones requieren, además de la expedición, un acto posterior de autoridad; por tanto, esta distinción no se basa en que al momento de expedirse la norma existan individuos colocados en su hipótesis, sino en la manera como se ejecuta el mandamiento; si para realizar éste debe intervenir la autoridad, la ley no es autoaplicativa ni se le puede combatir en amparo por su sola expedición; si, en cambio, basta el imperativo de la norma para que el particular no pueda dejar de cumplirla, y, por lo mismo, la actividad de los órganos del Estado es meramente pasiva ante la realización del mandato de observancia general, se está frente a disposiciones que por su sola expedición pueden atacarse en el juicio constitucional de garantías, si se les estima anticonstitucionales y se pretende no sufrir su aplicación. Para que proceda la acción de garantías, es necesario que, desde la iniciación de la vigencia de la ley combatida, el particular se encuentre en la situación prevista por la norma y que no se exija, para que esté obligado a hacer o dejar de hacer, ningún acto ulterior de autoridad. Para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino a los términos concretos del mandato legal, pues basta con que se ordene a los particulares de que se trate un hacer o un no hacer, y que no se supedite su ejecución a la conducta que deba llevar a cabo una autoridad para que tenga aquel carácter". Esta doble distinción de ordenamientos legales que la doctrina y la jurisprudencia han denominado, leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, parte del supuesto formal de la obligatoriedad de la norma legal en relación con los gobernados, pues si una norma no produce por sí sola perjuicio, en su contra es improcedente el ejercicio de la acción de amparo, por la ausencia del perjuicio o daño individual, concreto y directo. En relación con la existencia del agravio personal y directo de las leyes, para determinar sobre la procedencia del juicio constitucional en su contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia sustentó el criterio contenido en la jurisprudencia 55/97, visible en la página ciento veintitrés, del Tomo III, correspondiente a abril de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". De manera que la ley tiene el carácter de autoaplicativa, cuando por su sola expedición es de observancia obligatoria y causa un perjuicio real que afecta la esfera jurídica del gobernado, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad o personal para que el gobernado se encuentre en la situación prevista en la norma que por su sola vigencia lo obliga. Lo anterior, de conformidad además con el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia ciento ochenta y siete, visible en la página ciento ochenta y cinco, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete, mil novecientos noventa y cinco, del contenido siguiente: "LEY AUTOAPLICATIVA. Para considerar una ley como autoaplicativa deben reunirse las siguientes condiciones: a) que desde que las disposiciones de la ley entren en vigor, obliguen al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, y b) que no sea necesario un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad". Por exclusión, la ley tiene el carácter de heteroaplicativa cuando el solo inicio de su vigencia, no coloca al gobernado en la situación prevista por la norma, sino que exige un acto posterior de aplicación ya sea de la autoridad o particular, para que se genere la afectación a la esfera jurídica del destinatario. Sentado lo anterior, se estima necesario transcribir los artículos 78 a 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, que disponen: "CAPÍTULO SÉPTIMO Otros Impuestos SECCIÓN I Del Impuesto Adicional para la Infraestructura DEL OBJETO ARTÍCULO 78. El objeto de este impuesto lo constituyen los pagos que se deban efectuar por concepto del derecho establecido en el artículo 99 de esta Ley. DEL SUJETO ARTÍCULO 79. Son sujetos de este impuesto, los contribuyentes que deban realizar los pagos señalados en el artículo anterior. DE LA BASE GRAVABLE ARTÍCULO 80. La base de este impuesto, la constituirá el monto total del pago que deban realizar los contribuyentes por el concepto a que se refiere el artículo 99 de esta Ley. DE LA TASA ARTÍCULO 81. El impuesto se determinará aplicando a la base gravable que establece el artículo anterior, la tasa del 30%. DEL PAGO ARTÍCULO 82. El pago de este impuesto, se realizará conjuntamente y en el momento en que deban efectuarse los pagos relativos al Derecho establecido en el artículo 99 de esta Ley. Los sujetos de este impuesto efectuarán su pago en la oficina recaudadora correspondiente y en las Instituciones Bancarias o en los medios que la Secretaría tenga autorizados". "Del Impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas DEL OBJETO ARTÍCULO 83. Es objeto de este impuesto, las cantidades que cobre el Estado por las contribuciones previstas en esta Ley. DEL SUJETO ARTÍCULO 84. Son sujetos del impuesto, los contribuyentes afectos al pago de impuestos o derechos del Estado. DE LA BASE GRAVABLE ARTÍCULO 85. La base de este impuesto será el monto que se cubra por el concepto de impuestos y derechos estatales. DE LA TASA ARTÍCULO 86. La tasa aplicable a la base de este impuesto será el 10%. DEL PAGO ARTÍCULO 87. El impuesto se calculará aplicando a la base determinada, la tasa establecida en el artículo anterior. ARTÍCULO 88. El pago deberá hacerse al momento de enterar los impuestos o derechos correspondientes". Los preceptos anteriores regulan, respectivamente, los elementos esenciales de los impuestos Adicional para Infraestructura y para la Universidad Autónoma del Estado de Zacatecas. La base gravable para el impuesto adicional para infraestructura se integra por el monto total del pago que deban realizar los contribuyentes por el concepto a que se refiere el artículo 99 de esta ley (derecho por el servicio de control vehicular). Mientras que la del impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas se integra por la cantidad total que se cubra por el concepto de impuestos y derechos estatales. De lo anterior destaca que las bases gravables de los tributos en comento se integran: I. Por monto del derecho de control vehicular, en el caso del impuesto adicional para infraestructura; y, II. Por la cantidad total que se cubra por el concepto de impuestos y derechos estatales, en el caso del impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas. Por su parte, el numeral 99 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas establece: "ARTÍCULO 99. El derecho de control vehicular con vigencia al 31 de marzo del año siguiente, deberá efectuarse durante los primeros tres meses del año que corresponda, para: CONCEPTO IMPORTE Del año en curso.................. $2,350.00 Con un año de antigüedad............ $2,150.00 Con dos años de antigüedad........... $1,950.00 Con tres años de antigüedad........... $1,750.00 Con cuatro años de antigüedad........... $1,550.00 Con cinco y más años de antigüedad....... $1,350.00 Vehículos de servicio público y particular: Remolques:............... $700.00 Motocicletas:............... $400.00 Cuando no se cubra la contribución dentro del plazo señalado, deberán pagarse recargos y actualización por concepto de indemnización a la Hacienda Pública Estatal por falta de pago oportuno, de conformidad con la Ley de Ingresos del Estado". Del precepto trascrito se infiere que el derecho por control vehicular en el Estado de Zacatecas debe erogarse en función de la antigüedad y el tipo de vehículo de que se trate, pues se establece una cuota dependiendo de dichos parámetros. No obstante, como se expuso, los factores anteriores no inciden en el costo del servicio público involucrado, pues la supervisión que se ejerce es la misma, con independencia del año del automotor y del tipo de vehículo que se trate (remolque o motocicleta). En efecto, dado que el despliegue técnico se concreta en mantener una base de datos respecto de los datos de identificación de los vehículos en el Estado, el servicio es el mismo para todos los vehículos, pues, en todo caso, únicamente involucra el registro de datos y el establecimiento de mecanismos de identificación vehicular. Atento a lo anterior, los preceptos se mérito, constituyen una norma de índole heteroaplicativa, que no causa ningún perjuicio desde su entrada en vigor, esto es, que su solo imperativo, a diferencia de las leyes autoaplicativas, no crea, no transforma, o extingue situaciones concretas de derecho, sino que para causarlas, requiere de un acto que condicione su aplicación a situaciones jurídicas concretas. Ahora bien, como se destacó, el interés jurídico a que alude el artículo 61, fracción XII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía constitucional, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. Además, el juicio de amparo, tiene como fin asegurar el goce de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico o legítimo se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos, pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. En ese contexto, se afirma que en lo que respecta al acto reclamado consistente en los artículos 78 a 82, 83 a 88 y 99 la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, que en su orden establecen, el impuesto adicional para la infraestructura, el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y el derecho por el servicio de control vehicular, se actualiza la causa de improcedencia a que se ha hecho alusión, ya que el quejoso no acreditó el acto de aplicación de las normas en comento, es decir, que realizó el pago de dichos impuestos y derecho. No resulta obstáculo para concluir de esa forma, la afirmación del quejoso en el sentido de que el veintiséis de enero del año en curso, realizó el pago de un mil cincuenta y cuatro pesos, por concepto de los impuestos para la infraestructura y para la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como del derecho por el servicio de control vehicular y cruz roja mexicana; toda vez que para corroborar tal afirmación exhibió copia simple del ticket con número de folio V 8194422 (74 8), sin allegar diverso medio de convicción con el que de manera relacionada con la reproducción simple de que se trata, generara convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente el derecho tutelado que reclama. En relación a lo anterior, es aplicable la jurisprudencia I.7o.A.16 K (9a.), visible en la página 213, tomo VII, abril de 1998, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 196457, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso. En razón de lo expuesto, ante la falta de certeza sobre la aplicación de las normas cuya constitucionalidad se impugna y, por ende, la falta de demostración de la afectación al interés jurídico de la parte quejosa, se impone concluir que la aludida probanza no constituye elemento probatorio que permita acreditar la aplicación en su perjuicio de lo dispuesto en los artículos 78 a 82, 83 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, ya que para efectos de la procedencia del amparo contra leyes, cuando se controvierte una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, resulta indispensable que se acredite fehacientemente que la respectiva hipótesis jurídica se concretó expresa o implícitamente en perjuicio del peticionario del amparo, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de amparo, sino en todo caso del contenido del supuesto acto de aplicación. Sirve de apoyo el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en la tesis visible en la página 413, del Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. DEBE SER SUSCEPTIBLE DE APRECIARSE OBJETIVAMENTE. En virtud de que el derecho tutela bienes jurídicos reales u objetivos, cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir en sus bienes no afectan real y objetivamente éstos, no puede decirse que exista un agravio, jurídicamente hablando. En tal virtud, si las afectaciones constitutivas de un perjuicio deben ser reales para que se estimen en un juicio de garantías deben ser susceptibles de apreciarse objetivamente. En caso contrario, sería difícil que se configurara la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, porque bastaría con la afirmación en ese sentido para tenerse por acreditado tal extremo de que un acto de autoridad causa molestias en sus derechos." Asimismo, es aplicable el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis consultable en la Página 1803, Tomo XVII, Enero de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expone: "INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 4o. DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de garantías está condicionada por la titularidad de un interés jurídico, concepto que debe analizarse a la luz de su significado semántico y de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo. Así, la palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se identifica con un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio. En este sentido, el interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto." En conclusión, dado que el quejoso no acreditó que la norma impugnada causa lesión a su esfera jurídica, se configura la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5 de esa ley y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley que rige el presente juicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77 y 124 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 186/2017, promovido por Antonio Tovar García, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos indicados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza, el día de hoy treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. /manuelcc

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 186/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Antonio Tovar García demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: LXII Legislatura del Estado de Zacatecas. Gobernador del Estado de Zacatecas. Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas. Administrador del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas. Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: La aprobación y expedición de los artículos 78 a 82, 83 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén el impuesto sobre infraestructura, el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, y el derecho por el servicio de control vehicular; con motivo de su aplicación en el ticket folio V 8194422 (74 8) de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, así como el cobro por concepto de cruz roja mexicana. Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y, en proveído de veinte de febrero de dos mil diecisiete, se desechó respecto del Secretario General de Gobierno y del Administrador del Periódico Oficial, ambos del Estado de Zacatecas, y por el resto de autoridades y actos señalados en el escrito inicial se admitió a trámite, por lo que se solicitó el informe justificado; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que se reclama una norma general que tiene como ámbito de aplicación el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos siguientes: De la LXII Legislatura del Estado de Zacatecas, respectivamente, la aprobación y expedición de: a) Los artículos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, que prevén el impuesto adicional para la infraestructura. b) Los normativos 83 a 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, que regulan el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas. c) El numeral 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, que establece el derecho por el servicio de control vehicular. d) El cobro por concepto de cruz roja. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La LXII Legislatura del Estado de Zacatecas aceptó la expedición de la norma general combatida (foja 25 a 38). Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas se acredita en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba. Sustenta lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También resulta la tesis aislada V.2°.214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 205, febrero de 1995, tomo XI-I, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". Por su parte, el Gobernador y Secretario de Finanzas, ambos del Estado de Zacatecas fueron omisos de rendir su informe con justificación, no obstante que fueron notificados y requeridos para tal efecto (fojas 18 y 19); por tanto, en términos del cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierta la exacción que se les atribuye a dichas autoridades. Además, al estar involucrado el cobro de un derecho (control vehicular) resulta indudable la participación del secretario responsable en la exacción combatida, al no tratarse de la autoliquidación de un tributo, pues es el Estado quien calcula, cuantifica y determina el importe a pagar, ya que no existe la posibilidad de erogar una cantidad diversa y, mientras no se pague, no se presta el servicio. Sustenta lo anterior, por las razones que informa, la tesis IX.1o.2 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable a página 1701, Libro XX, mayo de 2013, tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "AMPARO CONTRA LEYES. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ENCARGADAS DE DETERMINAR Y COBRAR LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE PLANEACIÓN QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, AL TENER EL CARÁCTER DE EJECUTORAS DE LA LEY RECLAMADA DEBEN SER LLAMADAS A JUICIO. El artículo 11 de la Ley de Amparo establece que son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, entre otras, aquellas que ejecutan la ley reclamada. En ese supuesto se encuentran las autoridades administrativas que determinan y cobran los derechos por los servicios de planeación previstos en el artículo 13, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal 2012, toda vez que son ellas quienes ejecutan dicha norma cuando fijan el monto a pagar por el servicio, pues a diferencia de lo que sucede con el pago de impuestos, cuya recepción no es un acto imputable a las autoridades receptoras del tributo, tratándose del cobro de derechos no existe autodeterminación o autoliquidación alguna por parte de la persona que solicita el servicio, pues es el Estado quien calcula, cuantifica y determina el importe a pagar, y mientras no se pague, no presta el servicio. Por ese motivo, es necesario llamarlas a juicio con el carácter de autoridades responsables ejecutoras, sin que sea obstáculo a lo anterior, que no se reclame el acto de aplicación por vicios propios, ya que la razón por la que debe emplazárseles obedece a que su participación en el procedimiento puede ser relevante, al estar en aptitud de hacer valer motivos que impliquen la actualización de alguna causa de improcedencia." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En principio, debe señalarse, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el juzgador de garantías debe analizar, en primer término, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Tiene apoyo a tal precisión, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos treinta y cinco, del tomo XII, agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". En el caso, la suscrita advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61, en relación con el 5, ambos de la ley de la materia, los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia ". Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] Lo anterior es así, toda vez que de los artículos 107, fracción I constitucional y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en el artículo 5, fracción I, de la ley de la materia, estableciéndose que tiene tal carácter, aquel que aduce ser titular de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la propia ley y con ello se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o con motivo de su especial situación frente al orden jurídico, sin que pueda, en ningún caso, invocarse el interés simple como legítimo; así, el precepto constitucional invocado establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o con motivo de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. En efecto, esa norma general dispone como presupuesto procesal de la acción constitucional, que la parte actora sea titular de un derecho o interés jurídico, o bien, un interés legítimo; ese interés legítimo se vincula con la exigencia de alegar una violación a un derecho fundamental y resentir una afectación en su esfera jurídica, por la especial situación que el quejoso ocupa frente al ordenamiento jurídico. Ahora bien, el peticionario del amparo reclama de las autoridades responsables, la aprobación, expedición y aplicación de los artículos 78 a 82, 83 a 88 y 99, todos de Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, que establecen respectivamente, el impuesto adicional para la infraestructura, el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, el derecho por el servicio de control vehicular; y como vicio de legalidad, el cobro por concepto de cruz roja mexicana. Además como acto concreto de aplicación, de los mencionados preceptos, el quejoso, en el capítulo de antecedentes, señala que lo constituyó el pago que realizó el veintiséis de enero del año en curso, por la cantidad de mil cincuenta y cuatro pesos, por concepto de los mencionados impuestos. Razón por la cual, la causal de improcedencia que ahora se invoca, será analizada en relación con el acto de aplicación de los mencionados numerales. Bajo ese contexto, con el propósito de establecer la naturaleza de la norma combatida, conviene destacar el contenido de los artículos 1 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; Conforme a los preceptos transcritos, el juicio de amparo indirecto, procede contra leyes federales y locales, tratados internacionales y reglamentos expedidos por el Presidente de la República con fundamento en la fracción I, del artículo 89, Constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los Gobernadores de los Estados, que por su sola entrada en vigor, o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicio personal y directo contra el gobernado. Para determinar sobre la procedencia del juicio de garantías, contra leyes que se estimen inconstitucionales, debe distinguirse entre normas legales que con su sola vigencia causen un agravio personal y directo a los particulares, de aquéllas que requieren de un acto concreto de aplicación para que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó el criterio visible en las páginas novecientos sesenta y cinco y novecientos sesenta y seis, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete, mil novecientos noventa y ocho, que precisa: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. El elemento primordial que caracteriza a una ley autoaplicativa lo es el de que sus disposiciones resultan obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, o sea, que desde ese preciso instante obligan al particular cuya situación jurídica prevén, a hacer o dejar de hacer, sin que sea necesario acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad y, por lo tanto, es evidente que cuando no se da dicho elemento esencial no se está en presencia de una ley de esa naturaleza, sino que en ese caso debe concluirse que se trata de una ley heteroaplicativa, que, por lo mismo, únicamente puede reclamarse a través del juicio de amparo hasta que se realice el acto de autoridad que vincula al particular al cumplimiento de la norma. La Ley de Amparo distingue, en su artículo 73, fracción V (sic), entre las leyes que por su sola expedición entrañan violación de garantías y aquéllas que para realizar las violaciones requieren, además de la expedición, un acto posterior de autoridad; por tanto, esta distinción no se basa en que al momento de expedirse la norma existan individuos colocados en su hipótesis, sino en la manera como se ejecuta el mandamiento; si para realizar éste debe intervenir la autoridad, la ley no es autoaplicativa ni se le puede combatir en amparo por su sola expedición; si, en cambio, basta el imperativo de la norma para que el particular no pueda dejar de cumplirla, y, por lo mismo, la actividad de los órganos del Estado es meramente pasiva ante la realización del mandato de observancia general, se está frente a disposiciones que por su sola expedición pueden atacarse en el juicio constitucional de garantías, si se les estima anticonstitucionales y se pretende no sufrir su aplicación. Para que proceda la acción de garantías, es necesario que, desde la iniciación de la vigencia de la ley combatida, el particular se encuentre en la situación prevista por la norma y que no se exija, para que esté obligado a hacer o dejar de hacer, ningún acto ulterior de autoridad. Para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino a los términos concretos del mandato legal, pues basta con que se ordene a los particulares de que se trate un hacer o un no hacer, y que no se supedite su ejecución a la conducta que deba llevar a cabo una autoridad para que tenga aquel carácter". Esta doble distinción de ordenamientos legales que la doctrina y la jurisprudencia han denominado, leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, parte del supuesto formal de la obligatoriedad de la norma legal en relación con los gobernados, pues si una norma no produce por sí sola perjuicio, en su contra es improcedente el ejercicio de la acción de amparo, por la ausencia del perjuicio o daño individual, concreto y directo. En relación con la existencia del agravio personal y directo de las leyes, para determinar sobre la procedencia del juicio constitucional en su contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia sustentó el criterio contenido en la jurisprudencia 55/97, visible en la página ciento veintitrés, del Tomo III, correspondiente a abril de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". De manera que la ley tiene el carácter de autoaplicativa, cuando por su sola expedición es de observancia obligatoria y causa un perjuicio real que afecta la esfera jurídica del gobernado, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad o personal para que el gobernado se encuentre en la situación prevista en la norma que por su sola vigencia lo obliga. Lo anterior, de conformidad además con el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia ciento ochenta y siete, visible en la página ciento ochenta y cinco, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete, mil novecientos noventa y cinco, del contenido siguiente: "LEY AUTOAPLICATIVA. Para considerar una ley como autoaplicativa deben reunirse las siguientes condiciones: a) que desde que las disposiciones de la ley entren en vigor, obliguen al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, y b) que no sea necesario un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad". Por exclusión, la ley tiene el carácter de heteroaplicativa cuando el solo inicio de su vigencia, no coloca al gobernado en la situación prevista por la norma, sino que exige un acto posterior de aplicación ya sea de la autoridad o particular, para que se genere la afectación a la esfera jurídica del destinatario. Sentado lo anterior, se estima necesario transcribir los artículos 78 a 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, que disponen: "CAPÍTULO SÉPTIMO Otros Impuestos SECCIÓN I Del Impuesto Adicional para la Infraestructura DEL OBJETO ARTÍCULO 78. El objeto de este impuesto lo constituyen los pagos que se deban efectuar por concepto del derecho establecido en el artículo 99 de esta Ley. DEL SUJETO ARTÍCULO 79. Son sujetos de este impuesto, los contribuyentes que deban realizar los pagos señalados en el artículo anterior. DE LA BASE GRAVABLE ARTÍCULO 80. La base de este impuesto, la constituirá el monto total del pago que deban realizar los contribuyentes por el concepto a que se refiere el artículo 99 de esta Ley. DE LA TASA ARTÍCULO 81. El impuesto se determinará aplicando a la base gravable que establece el artículo anterior, la tasa del 30%. DEL PAGO ARTÍCULO 82. El pago de este impuesto, se realizará conjuntamente y en el momento en que deban efectuarse los pagos relativos al Derecho establecido en el artículo 99 de esta Ley. Los sujetos de este impuesto efectuarán su pago en la oficina recaudadora correspondiente y en las Instituciones Bancarias o en los medios que la Secretaría tenga autorizados". "Del Impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas DEL OBJETO ARTÍCULO 83. Es objeto de este impuesto, las cantidades que cobre el Estado por las contribuciones previstas en esta Ley. DEL SUJETO ARTÍCULO 84. Son sujetos del impuesto, los contribuyentes afectos al pago de impuestos o derechos del Estado. DE LA BASE GRAVABLE ARTÍCULO 85. La base de este impuesto será el monto que se cubra por el concepto de impuestos y derechos estatales. DE LA TASA ARTÍCULO 86. La tasa aplicable a la base de este impuesto será el 10%. DEL PAGO ARTÍCULO 87. El impuesto se calculará aplicando a la base determinada, la tasa establecida en el artículo anterior. ARTÍCULO 88. El pago deberá hacerse al momento de enterar los impuestos o derechos correspondientes". Los preceptos anteriores regulan, respectivamente, los elementos esenciales de los impuestos Adicional para Infraestructura y para la Universidad Autónoma del Estado de Zacatecas. La base gravable para el impuesto adicional para infraestructura se integra por el monto total del pago que deban realizar los contribuyentes por el concepto a que se refiere el artículo 99 de esta ley (derecho por el servicio de control vehicular). Mientras que la del impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas se integra por la cantidad total que se cubra por el concepto de impuestos y derechos estatales. De lo anterior destaca que las bases gravables de los tributos en comento se integran: I. Por monto del derecho de control vehicular, en el caso del impuesto adicional para infraestructura; y, II. Por la cantidad total que se cubra por el concepto de impuestos y derechos estatales, en el caso del impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas. Por su parte, el numeral 99 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas establece: "ARTÍCULO 99. El derecho de control vehicular con vigencia al 31 de marzo del año siguiente, deberá efectuarse durante los primeros tres meses del año que corresponda, para: CONCEPTO IMPORTE Del año en curso.................. $2,350.00 Con un año de antigüedad............ $2,150.00 Con dos años de antigüedad........... $1,950.00 Con tres años de antigüedad........... $1,750.00 Con cuatro años de antigüedad........... $1,550.00 Con cinco y más años de antigüedad....... $1,350.00 Vehículos de servicio público y particular: Remolques:............... $700.00 Motocicletas:............... $400.00 Cuando no se cubra la contribución dentro del plazo señalado, deberán pagarse recargos y actualización por concepto de indemnización a la Hacienda Pública Estatal por falta de pago oportuno, de conformidad con la Ley de Ingresos del Estado". Del precepto trascrito se infiere que el derecho por control vehicular en el Estado de Zacatecas debe erogarse en función de la antigüedad y el tipo de vehículo de que se trate, pues se establece una cuota dependiendo de dichos parámetros. No obstante, como se expuso, los factores anteriores no inciden en el costo del servicio público involucrado, pues la supervisión que se ejerce es la misma, con independencia del año del automotor y del tipo de vehículo que se trate (remolque o motocicleta). En efecto, dado que el despliegue técnico se concreta en mantener una base de datos respecto de los datos de identificación de los vehículos en el Estado, el servicio es el mismo para todos los vehículos, pues, en todo caso, únicamente involucra el registro de datos y el establecimiento de mecanismos de identificación vehicular. Atento a lo anterior, los preceptos se mérito, constituyen una norma de índole heteroaplicativa, que no causa ningún perjuicio desde su entrada en vigor, esto es, que su solo imperativo, a diferencia de las leyes autoaplicativas, no crea, no transforma, o extingue situaciones concretas de derecho, sino que para causarlas, requiere de un acto que condicione su aplicación a situaciones jurídicas concretas. Ahora bien, como se destacó, el interés jurídico a que alude el artículo 61, fracción XII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía constitucional, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. Además, el juicio de amparo, tiene como fin asegurar el goce de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico o legítimo se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos, pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. En ese contexto, se afirma que en lo que respecta al acto reclamado consistente en los artículos 78 a 82, 83 a 88 y 99 la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, que en su orden establecen, el impuesto adicional para la infraestructura, el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y el derecho por el servicio de control vehicular, se actualiza la causa de improcedencia a que se ha hecho alusión, ya que el quejoso no acreditó el acto de aplicación de las normas en comento, es decir, que realizó el pago de dichos impuestos y derecho. No resulta obstáculo para concluir de esa forma, la afirmación del quejoso en el sentido de que el veintiséis de enero del año en curso, realizó el pago de un mil cincuenta y cuatro pesos, por concepto de los impuestos para la infraestructura y para la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como del derecho por el servicio de control vehicular y cruz roja mexicana; toda vez que para corroborar tal afirmación exhibió copia simple del ticket con número de folio V 8194422 (74 8), sin allegar diverso medio de convicción con el que de manera relacionada con la reproducción simple de que se trata, generara convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente el derecho tutelado que reclama. En relación a lo anterior, es aplicable la jurisprudencia I.7o.A.16 K (9a.), visible en la página 213, tomo VII, abril de 1998, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 196457, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso. En razón de lo expuesto, ante la falta de certeza sobre la aplicación de las normas cuya constitucionalidad se impugna y, por ende, la falta de demostración de la afectación al interés jurídico de la parte quejosa, se impone concluir que la aludida probanza no constituye elemento probatorio que permita acreditar la aplicación en su perjuicio de lo dispuesto en los artículos 78 a 82, 83 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, ya que para efectos de la procedencia del amparo contra leyes, cuando se controvierte una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, resulta indispensable que se acredite fehacientemente que la respectiva hipótesis jurídica se concretó expresa o implícitamente en perjuicio del peticionario del amparo, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de amparo, sino en todo caso del contenido del supuesto acto de aplicación. Sirve de apoyo el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en la tesis visible en la página 413, del Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. DEBE SER SUSCEPTIBLE DE APRECIARSE OBJETIVAMENTE. En virtud de que el derecho tutela bienes jurídicos reales u objetivos, cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir en sus bienes no afectan real y objetivamente éstos, no puede decirse que exista un agravio, jurídicamente hablando. En tal virtud, si las afectaciones constitutivas de un perjuicio deben ser reales para que se estimen en un juicio de garantías deben ser susceptibles de apreciarse objetivamente. En caso contrario, sería difícil que se configurara la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, porque bastaría con la afirmación en ese sentido para tenerse por acreditado tal extremo de que un acto de autoridad causa molestias en sus derechos." Asimismo, es aplicable el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis consultable en la Página 1803, Tomo XVII, Enero de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expone: "INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 4o. DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de garantías está condicionada por la titularidad de un interés jurídico, concepto que debe analizarse a la luz de su significado semántico y de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo. Así, la palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se identifica con un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio. En este sentido, el interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto." En conclusión, dado que el quejoso no acreditó que la norma impugnada causa lesión a su esfera jurídica, se configura la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5 de esa ley y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley que rige el presente juicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77 y 124 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 186/2017, promovido por Antonio Tovar García, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos indicados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza, el día de hoy treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. /manuelcc"

  4. Principal

    En diez de marzo de dos mil diecisiete, el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las diez horas con treinta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Lic. Jorge Martín Zamora González. En la misma fecha, el secretario da cuenta a la juez, con el oficio registrado con el folio 3347 y anexo que se adjunta, así como con el estado que guardan los presentes autos, en particular con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diez de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Congreso del Estado de Zacatecas, a través del Director de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos de la LXII Legislatura del Estado; con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, sin perjuicio de su relación que se haga nuevamente en el período procesal correspondiente. Con fundamento en el artículo 9, de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de la citada responsable a las personas que se indican. Asimismo, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida admitida y desahogada de acuerdo a su propia y especial naturaleza el documento en formato digital de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2017, contenida en un disco en formato DVD que remite la autoridad oficiante; sin perjuicio de relacionarla y valorarla en la etapa procesal que corresponda. Por otra parte, vista la certificación que antecede de la que se advierte que encuentran fijadas las diez horas con treinta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado a las diversas responsables Gobernador del Estado y Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, para rendir su correspondiente informe justificado, según se advierte de las constancias de notificación que obran agregadas en el presente juicio (fojas 18-19); luego, para dar oportunidad a que se reciba el comunicado de que se habla, SE DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, para su celebración. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. *Amci

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