Antonio Tovar Muñiz
Expediente 382/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 382/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Antonio Tovar Muñiz
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, en el que este Juzgado desechó la demanda promovida por Antonio Tovar Muñiz, no fue recurrida dentro del término legal de cinco días que dispone el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones I y III, del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido.
- Principal
Atento a que el (a) quejoso (a) Antonio Tovar Muñiz o cualquiera de sus autorizados no comparecieron a este Juzgado los días veintiocho y veintinueve de abril del año en curso -siendo inhábiles los días treinta de abril y uno de mayo del mismo mes y año- a notificarse personalmente del proveído o resolución de veintiséis de abril de dos mil dieciséis -no obstante de habérsele dejado oportunamente en el domicilio señalado en autos el respectivo aviso para ello-, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, le notifico el referido auto por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en punto de las nueve horas del día dos de mayo de dos mil dieciséis; y que en lo conducente establece: Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el señor Juez Sexto de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, al que adjunta la demanda de amparo promovida por ***********, contra el acto que reclama del Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, que estima violatorios de los derechos que se encuentran consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17, fracción II, 20 apartado "C" y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; por considerar que el turno de la misma debió haber sido de manera directa a este Juzgado Federal, por estar íntimamente relacionada con el Juicio de Amparo 282/2015, de esta propia estadística. Consecuentemente, acorde con lo establecido en los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, este juzgado federal acepta el conocimiento de la demanda de amparo promovida, debiendo formarse los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 382/2016-B, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Hágase lo anterior del conocimiento del órgano jurisdiccional oficiante, y así también a la Jefa de la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en el estado, residentes en esta ciudad, para efecto de compensación de las cargas de trabajo con motivo de que este tribunal conocerá de la demanda de amparo remitida por el homólogo Sexto de Distrito. B).- Desechamiento de la demanda Ahora bien, una vez analizada la demanda promovida, de conformidad con lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, se obtiene que la misma resulta improcedente, por lo que procede desecharla. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior transcripción, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para en caso de que exista una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causal de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, este juzgado federal estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" [.] "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Esto es, del contenido de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se obtiene que, entre otras hipótesis, el término de quince días para promover el juicio de amparo, empezará a computarse a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y del diverso numeral 61 fracción XIV, se desprende que, para el caso de no promoverse el juicio de amparo dentro del término a que se refiere el indicado artículo 17, se tendrán por consentidos tácitamente los actos reclamados. En la especie, el acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en la resolución de quince de marzo de dos mil dieciséis, pronunciada por el Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dentro del toca penal 18/2016, mediante el cual confirmó la negativa de orden de aprehensión dictada por el Juez Quinto Penal de Partido en Celaya, Guanajuato dentro de la causa penal 17/2015. Ahora bien, del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso refiere como fecha de conocimiento del acto reclamado, el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis en que dice fue notificado de forma personal en el domicilio señalado para tal efecto. En esas condiciones, si la demanda que nos ocupa fue presentada el veinte de abril de dos mil dieciséis, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, como se advierte del sello de recibo estampado en el escrito de demanda, debe decirse que se actualiza de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61 fracción XIV, en relación con los ordinales 17 y 18 de la Ley reglamentaria, tocante a que el quejoso tenía obligación de promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al en que le fue notificado el acto que reclama, y al no haberlo hecho así, consintió el acto reclamado, siendo así que se considera que tácitamente es una consecuencia lógica y jurídica, puesto que el término para la promoción de la demanda de amparo inició a correr el día inmediato siguiente al en que señaló literalmente haber sido notificado del mismo. En efecto, el plazo para la presentación del juicio de amparo empezó a correr a partir del día siguiente en que se le notificó la resolución que constituye el acto reclamado -acorde a lo dispuesto por el artículo 65 del Código de Procedimientos Penales para esta entidad federativa-, esto es, al día siguiente del veintinueve de marzo de la presente anualidad, debiendo contarse los quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del treinta de marzo de dos mil dieciséis para concluir el siguiente diecinueve de abril, excluyendo los días dos, tres, nueve, diez, dieciséis y diecisiete de abril, por resultar inhábiles (sábado-domingo). De ahí que si la demanda de amparo fue presentada el veinte de abril del presente año, según se aprecia del sello de recepción, su presentación resulta extemporánea por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que en el caso nos encontremos en alguna de las excepciones que contempla el citado numeral que se transcribió en líneas precedentes, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado fue consentido tácitamente por el quejoso. Es aplicable el criterio sustentado por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la Tesis consultable en la página 235, Tomo XI, Junio de 1993, registro 216152, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación de epígrafe y contenido siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Así también, resulta aplicable la jurisprudencia IV.2o.C. J/7, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1035, registro 177995, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO.- El artículo 21 de la Ley de Amparo contempla tres supuestos para fijar el término de quince días con que cuenta el quejoso para presentar la demanda de garantías; a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Para el caso concreto del último supuesto, éste se actualiza, entre otras formas, cuando el agraviado presenta ante la autoridad responsable un escrito, sin fecha precisa, mediante el cual solicita se le tenga por notificado del acto que posteriormente reclama en amparo; sin que sea acertada la pretensión de que la manifestación de la voluntad así exteriorizada, sólo cobre eficacia hasta una vez que se dicta el proveído correspondiente a dicha petición. En ese tenor, no puede computarse a partir del proveído de referencia, el término correspondiente para la presentación de la demanda, aunado a que el supuesto que se estima actualizado, dispone que éste empieza a computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora del acto o, en su caso, el día en que aparece fechado tal ocurso, al ser ello lo que refleja la manifestación inequívoca de su parte, acerca del conocimiento pleno del acto, sin soslayarse que con tal manifestación, el propio interesado hizo a un lado los requisitos que debía reunir la notificación del acto conforme a la ley de la materia." Así como la diversa tesis XI.2o.57 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 201, Tomo XIII-Enero de mil novecientos noventa y cuatro, Registro 213735, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA. CASOS EN QUE SE PUEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO AUN CUANDO NO ESTA COMPROBADA LA NOTIFICACIÓN FORMAL DEL ACTO RECLAMADO AL QUEJOSO. Para sobreseer en el juicio de amparo con base en la causal prevista en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, no es necesario exigir que esté probada la notificación formal del acto reclamado al quejoso, sino que basta la prueba plena de que éste tuvo conocimiento de su existencia para que, a partir del día siguiente a la fecha de tal conocimiento, se inicie el cómputo de los quince días a que se refiere el artículo 21 del ordenamiento legal en cita, conforme a esa propia disposición." En consecuencia, es de concluirse que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el 17 y 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales y, conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE CUENTA. Es de precisarse que son aplicables las tesis invocadas, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 6° Transitorio de la Ley de Amparo Vigente, ya que su contenido no se opone en lo sustancial con el citado cuerpo de leyes, que dispone: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." C).- Transparencia Como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. D) Domicilio y autorizados. Finalmente, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que indica, y como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en *** en Celaya, Guanajuato.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el señor Juez Sexto de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, al que adjunta la demanda de amparo promovida por ***********, contra el acto que reclama del Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, que estima violatorios de los derechos que se encuentran consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17, fracción II, 20 apartado "C" y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; por considerar que el turno de la misma debió haber sido de manera directa a este Juzgado Federal, por estar íntimamente relacionada con el Juicio de Amparo 282/2015, de esta propia estadística. Consecuentemente, acorde con lo establecido en los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, este juzgado federal acepta el conocimiento de la demanda de amparo promovida, debiendo formarse los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 382/2016-B, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Hágase lo anterior del conocimiento del órgano jurisdiccional oficiante, y así también a la Jefa de la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en el estado, residentes en esta ciudad, para efecto de compensación de las cargas de trabajo con motivo de que este tribunal conocerá de la demanda de amparo remitida por el homólogo Sexto de Distrito. B).- Desechamiento de la demanda Ahora bien, una vez analizada la demanda promovida, de conformidad con lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, se obtiene que la misma resulta improcedente, por lo que procede desecharla. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior transcripción, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para en caso de que exista una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causal de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, este juzgado federal estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" [.] "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Esto es, del contenido de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se obtiene que, entre otras hipótesis, el término de quince días para promover el juicio de amparo, empezará a computarse a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y del diverso numeral 61 fracción XIV, se desprende que, para el caso de no promoverse el juicio de amparo dentro del término a que se refiere el indicado artículo 17, se tendrán por consentidos tácitamente los actos reclamados. En la especie, el acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en la resolución de quince de marzo de dos mil dieciséis, pronunciada por el Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dentro del toca penal 18/2016, mediante el cual confirmó la negativa de orden de aprehensión dictada por el Juez Quinto Penal de Partido en Celaya, Guanajuato dentro de la causa penal 17/2015. Ahora bien, del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso refiere como fecha de conocimiento del acto reclamado, el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis en que dice fue notificado de forma personal en el domicilio señalado para tal efecto. En esas condiciones, si la demanda que nos ocupa fue presentada el veinte de abril de dos mil dieciséis, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, como se advierte del sello de recibo estampado en el escrito de demanda, debe decirse que se actualiza de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61 fracción XIV, en relación con los ordinales 17 y 18 de la Ley reglamentaria, tocante a que el quejoso tenía obligación de promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al en que le fue notificado el acto que reclama, y al no haberlo hecho así, consintió el acto reclamado, siendo así que se considera que tácitamente es una consecuencia lógica y jurídica, puesto que el término para la promoción de la demanda de amparo inició a correr el día inmediato siguiente al en que señaló literalmente haber sido notificado del mismo. En efecto, el plazo para la presentación del juicio de amparo empezó a correr a partir del día siguiente en que se le notificó la resolución que constituye el acto reclamado -acorde a lo dispuesto por el artículo 65 del Código de Procedimientos Penales para esta entidad federativa-, esto es, al día siguiente del veintinueve de marzo de la presente anualidad, debiendo contarse los quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del treinta de marzo de dos mil dieciséis para concluir el siguiente diecinueve de abril, excluyendo los días dos, tres, nueve, diez, dieciséis y diecisiete de abril, por resultar inhábiles (sábado-domingo). De ahí que si la demanda de amparo fue presentada el veinte de abril del presente año, según se aprecia del sello de recepción, su presentación resulta extemporánea por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que en el caso nos encontremos en alguna de las excepciones que contempla el citado numeral que se transcribió en líneas precedentes, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado fue consentido tácitamente por el quejoso. Es aplicable el criterio sustentado por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la Tesis consultable en la página 235, Tomo XI, Junio de 1993, registro 216152, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación de epígrafe y contenido siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Así también, resulta aplicable la jurisprudencia IV.2o.C. J/7, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1035, registro 177995, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO.- El artículo 21 de la Ley de Amparo contempla tres supuestos para fijar el término de quince días con que cuenta el quejoso para presentar la demanda de garantías; a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Para el caso concreto del último supuesto, éste se actualiza, entre otras formas, cuando el agraviado presenta ante la autoridad responsable un escrito, sin fecha precisa, mediante el cual solicita se le tenga por notificado del acto que posteriormente reclama en amparo; sin que sea acertada la pretensión de que la manifestación de la voluntad así exteriorizada, sólo cobre eficacia hasta una vez que se dicta el proveído correspondiente a dicha petición. En ese tenor, no puede computarse a partir del proveído de referencia, el término correspondiente para la presentación de la demanda, aunado a que el supuesto que se estima actualizado, dispone que éste empieza a computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora del acto o, en su caso, el día en que aparece fechado tal ocurso, al ser ello lo que refleja la manifestación inequívoca de su parte, acerca del conocimiento pleno del acto, sin soslayarse que con tal manifestación, el propio interesado hizo a un lado los requisitos que debía reunir la notificación del acto conforme a la ley de la materia." Así como la diversa tesis XI.2o.57 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 201, Tomo XIII-Enero de mil novecientos noventa y cuatro, Registro 213735, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA. CASOS EN QUE SE PUEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO AUN CUANDO NO ESTA COMPROBADA LA NOTIFICACIÓN FORMAL DEL ACTO RECLAMADO AL QUEJOSO. Para sobreseer en el juicio de amparo con base en la causal prevista en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, no es necesario exigir que esté probada la notificación formal del acto reclamado al quejoso, sino que basta la prueba plena de que éste tuvo conocimiento de su existencia para que, a partir del día siguiente a la fecha de tal conocimiento, se inicie el cómputo de los quince días a que se refiere el artículo 21 del ordenamiento legal en cita, conforme a esa propia disposición." En consecuencia, es de concluirse que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el 17 y 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales y, conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE CUENTA. Es de precisarse que son aplicables las tesis invocadas, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 6° Transitorio de la Ley de Amparo Vigente, ya que su contenido no se opone en lo sustancial con el citado cuerpo de leyes, que dispone: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." C).- Transparencia Como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. D) Domicilio y autorizados. Finalmente, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que indica, y como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en *** en Celaya, Guanajuato.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes
- Antonio Rivera Aguilar217/2017
- Antonio Rivera Aguilar1031/2016
- Antonio Sánchez Sánchez320/2019
- Antonio Sánchez Sánchez741/2018
- Antonio Serna Carrillo77/2021
- Antonio Tecozautla Garcia310/2017
- Antonio Tovar Muñiz1056/2014
- Antonio Vargas Cruz1126/2017
- Antonio Vazquez González666/2019
- Antonio Vázquez González784/2021
- Antonio Verduzco Alvarado1170/2014
- Antonio Xala Ruíz482/2020