Antonio Rivera Aguilar
Expediente 1031/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1031/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 24/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Antonio Rivera Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado de los autos, se advierte que resulta innecesaria la retención de los tomos de pruebas que remitió como anexo a su informe justificado el Juez Tercero Penal de Partido en esta ciudad; por tanto, se ordena su devolución de dichos medios de prueba a la citada autoridad.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días que se le concedió a las partes en proveído de doce de los corrientes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en autos por parte del Juez Tercero Penal de Partido de esta localidad y otra autoridad, sin que lo hayan hecho. Consecuentemente, este Juzgado Federal, atendiendo a los elementos que obran en el expediente y a los datos proporcionados por la autoridad responsable, procede a determinar si se cumplió o no. De constancias se advierte que la sentencia que concedió al quejoso ********************el amparo y protección de la Justicia Federal fue para el efecto de que la autoridad responsable Juez Tercero Penal de Partido de esta localidad y otra autoridad, hiciera lo siguiente: ".deje insubsistente el fallo de reclamado así como sus consecuencias, y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual incluso podrá ser en el mismo sentido de la anterior -sin prejuzgar-, pero purgando los vicios formales detectados, es decir, deberá: Dar contestación (bajo el criterio que estime procedente) a lo solicitado por el quejoso, en relación a que se aplique en su favor el artículo 185 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, al estar recluido desde el cinco de marzo de dos mil trece." En cumplimiento de la ejecutoria de mérito el Juez responsable, remitió el oficio registrado con el número 348 [F. 38], al que adjuntó copia certificada de la resolución de diez de enero del año en curso [F. 39-49], dictada dentro del incidente no especificado "de revisión de medidas privativas de libertad personal o de prisión preventiva" derivado del proceso penal ****, en la que determinó, dejo insubsistente la resolución de diez de octubre inmediato anterior, y con la plenitud de jurisdicción otorgada, de nueva cuenta declaró improcedente la petición del aquí impetrante. Resolución en la que atendiendo los lineamientos del fallo protector y con la plenitud de jurisdicción otorgada, analizó lo relativo a la petición del impetrante por cuanto a le fuera aplicado el su favor, lo previsto por el artículo 185 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, bajo el siguiente contexto: ".no se puede aplicar en favor del inculpado -quejoso o incidentista-, lo dispuesto en la segunda parte del artículo 185 de la Ley del Proceso Penal del Estado de Guanajuato, precisamente atendiendo a los principios de proporcionalidad e idoneidad, de las medidas cautelares, como ya se explicó y fundamento ampliamente en los párrafos que anteceden. En apoyo a lo antes expuesto y fundado, se transcribe la siguiente tesis. "prisión preventiva prolongada. Casos en los que conforme a un adecuado de control de convencionalidad ex officio no es procedente decretar la libertad contemplada en los artículos 9 numeral 3 del pacto internacional de derechos civiles y políticos y 7 numeral 5 y 8 numeral 1 de la Convención americana sobre derechos humanos.". También debe subrayarse , que la prosecución judicial de esta causa penal, se ha hecho respetando los derechos fundamentales, tanto del inculpado como de la víctima del delito, este Tribunal ha observado a cabalidad el debido proceso, se les ha permitido a las partes ofrecer y desahogar en tiempo y forma pruebas, e interponer recursos a las que se les ha dado el trámite correspondiente y han obtenido resolución congruente, tal es el caso, de que, el inculpado ahora incidentista, ha recurrido las sentencias condenatorias en fecha quince de diciembre de dos mil quince y treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, lo que ha ocasionado una dilación, ya que en ambas ocasiones la Alzada ha ordenado la reposición del procedimiento, por lo que, se insiste que si existe mora en el trámite es porque el propio inculpado la ha ocasionado y a este Tribunal únicamente ha priorizado l debido procedo en favor de las partes, y garantizar al inculpado y la víctima del delito, una adecuada defensa adecuada de sus intereses. No se soslaya que el dispositivo 185 de la Ley del Proceso Penal, al que hace tanto +énfasis el incidentista también dice: "La prisión preventiva se ejecutará en sitio distinto y separado del que se destine para compurgar penas privativas de libertad..."; este primer fragmento, no es competencia ni está dentro de las facultades ni responsabilidades de ninguna Autoridad Judicial." -SIC- Luego, si la protección federal se otorgó para esos precisos efectos, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. Sin que pase desapercibido, lo manifestado por el quejoso en su escrito registrado con el número 653, en el que aduce que no se encuentra cumplido el fallo protector dado que la responsable no aplicó en su favor el contenido del artículo 185 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato; sin embargo, no le asiste la razón, virtud a que la concesión del amparo lo fue para que el Juez de origen dejara insubsistente el acto reclamado, y con libertad de jurisdicción, emitiera uno nuevo en el que diera contestación (bajo el criterio que estimara procedente) a lo solicitado por el quejoso, en relación a que se aplique en su favor el artículo 185 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato; lo que en el caso se cumplió a cabalidad. Pues ha de destacarse que la sentencia proteccionista no se dictó en el sentido de constreñir al Juez del proceso a que aplicara en favor del impetrante el contenido de dicho dispositivo, sino a efecto de que cumpliera el principio de exhaustividad que todo acto de autoridad debe cumplir, en el caso, que contestara lo relativo a la petición del quejoso, relativo a la aplicación o no del citado precepto; numeral que bajo la jurisdicción otorgada, por las razones citadas, consideró no aplicable. Por otra parte, con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral antes referido de la Ley de la materia, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III del acuerdo en cita, el presente expediente y original del cuaderno incidental son susceptibles de depuración, una vez que transcurran cinco años, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se concedió el amparo, así como la suspensión provisional y definitiva solicitada; debiéndose conservar la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días que se le concedió a las partes en proveído de doce de los corrientes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en autos por parte del Juez Tercero Penal de Partido de esta localidad y otra autoridad, sin que lo hayan hecho. Consecuentemente, este Juzgado Federal, atendiendo a los elementos que obran en el expediente y a los datos proporcionados por la autoridad responsable, procede a determinar si se cumplió o no. De constancias se advierte que la sentencia que concedió al quejoso ********************el amparo y protección de la Justicia Federal fue para el efecto de que la autoridad responsable Juez Tercero Penal de Partido de esta localidad y otra autoridad, hiciera lo siguiente: ".deje insubsistente el fallo de reclamado así como sus consecuencias, y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual incluso podrá ser en el mismo sentido de la anterior -sin prejuzgar-, pero purgando los vicios formales detectados, es decir, deberá: Dar contestación (bajo el criterio que estime procedente) a lo solicitado por el quejoso, en relación a que se aplique en su favor el artículo 185 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, al estar recluido desde el cinco de marzo de dos mil trece." En cumplimiento de la ejecutoria de mérito el Juez responsable, remitió el oficio registrado con el número 348 [F. 38], al que adjuntó copia certificada de la resolución de diez de enero del año en curso [F. 39-49], dictada dentro del incidente no especificado "de revisión de medidas privativas de libertad personal o de prisión preventiva" derivado del proceso penal 2/2012, en la que determinó, dejo insubsistente la resolución de diez de octubre inmediato anterior, y con la plenitud de jurisdicción otorgada, de nueva cuenta declaró improcedente la petición del aquí impetrante. Resolución en la que atendiendo los lineamientos del fallo protector y con la plenitud de jurisdicción otorgada, analizó lo relativo a la petición del impetrante por cuanto a le fuera aplicado el su favor, lo previsto por el artículo 185 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, bajo el siguiente contexto: ".no se puede aplicar en favor del inculpado -quejoso o incidentista-, lo dispuesto en la segunda parte del artículo 185 de la Ley del Proceso Penal del Estado de Guanajuato, precisamente atendiendo a los principios de proporcionalidad e idoneidad, de las medidas cautelares, como ya se explicó y fundamento ampliamente en los párrafos que anteceden. En apoyo a lo antes expuesto y fundado, se transcribe la siguiente tesis. "prisión preventiva prolongada. Casos en los que conforme a un adecuado de control de convencionalidad ex officio no es procedente decretar la libertad contemplada en los artículos 9 numeral 3 del pacto internacional de derechos civiles y políticos y 7 numeral 5 y 8 numeral 1 de la Convención americana sobre derechos humanos.". También debe subrayarse , que la prosecución judicial de esta causa penal, se ha hecho respetando los derechos fundamentales, tanto del inculpado como de la víctima del delito, este Tribunal ha observado a cabalidad el debido proceso, se les ha permitido a las partes ofrecer y desahogar en tiempo y forma pruebas, e interponer recursos a las que se les ha dado el trámite correspondiente y han obtenido resolución congruente, tal es el caso, de que, el inculpado ahora incidentista, ha recurrido las sentencias condenatorias en fecha quince de diciembre de dos mil quince y treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, lo que ha ocasionado una dilación, ya que en ambas ocasiones la Alzada ha ordenado la reposición del procedimiento, por lo que, se insiste que si existe mora en el trámite es porque el propio inculpado la ha ocasionado y a este Tribunal únicamente ha priorizado l debido procedo en favor de las partes, y garantizar al inculpado y la víctima del delito, una adecuada defensa adecuada de sus intereses. No se soslaya que el dispositivo 185 de la Ley del Proceso Penal, al que hace tanto +énfasis el incidentista también dice: "La prisión preventiva se ejecutará en sitio distinto y separado del que se destine para compurgar penas privativas de libertad..."; este primer fragmento, no es competencia ni está dentro de las facultades ni responsabilidades de ninguna Autoridad Judicial." -SIC- Luego, si la protección federal se otorgó para esos precisos efectos, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. Sin que pase desapercibido, lo manifestado por el quejoso en su escrito registrado con el número 653, en el que aduce que no se encuentra cumplido el fallo protector dado que la responsable no aplicó en su favor el contenido del artículo 185 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato; sin embargo, no le asiste la razón, virtud a que la concesión del amparo lo fue para que el Juez de origen dejara insubsistente el acto reclamado, y con libertad de jurisdicción, emitiera uno nuevo en el que diera contestación (bajo el criterio que estimara procedente) a lo solicitado por el quejoso, en relación a que se aplique en su favor el artículo 185 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato; lo que en el caso se cumplió a cabalidad. Pues ha de destacarse que la sentencia proteccionista no se dictó en el sentido de constreñir al Juez del proceso a que aplicara en favor del impetrante el contenido de dicho dispositivo, sino a efecto de que cumpliera el principio de exhaustividad que todo acto de autoridad debe cumplir, en el caso, que contestara lo relativo a la petición del quejoso, relativo a la aplicación o no del citado precepto; numeral que bajo la jurisdicción otorgada, por las razones citadas, consideró no aplicable. Por otra parte, con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral antes referido de la Ley de la materia, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III del acuerdo en cita, el presente expediente y original del cuaderno incidental son susceptibles de depuración, una vez que transcurran cinco años, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se concedió el amparo, así como la suspensión provisional y definitiva solicitada; debiéndose conservar la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.
- Principal
Agréguese el escrito signado por el quejoso ********; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copias simples de las constancias que indica, previa razón que de su recibo se deje en autos a la persona que autoriza para tal efecto.
- Principal
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