Antonio Rivera Aguilar
Expediente 217/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 217/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 07/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Antonio Rivera Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, y desprendiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el término legal concedido a las partes para que se manifestaran en torno al cumplimiento que a la ejecutoria de amparo pronunciada en este asunto, informó la responsable Juez Tercero Penal de Partido de esta ciudad, sin que hubieran hecho uso de tal derecho; luego, atendiendo a los elementos que obran en el expediente y a los datos proporcionados por la autoridad responsable, de oficio se procede a determinar si se cumplió o no la sentencia de amparo dictada en el presente asunto. Mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil diecisiete (f. 97 a 99), con las constancias obrantes en el sumario, se estableció que la ejecutoria de amparo no se cumplía por parte del Juez de la causa, a través de su resolución de dos de junio inmediato anterior (f. 76 a 86), pues en esencia el amparo y protección de la justicia federal se concedió para que dicha responsable tomara en consideración que ya existe un embargo precautorio en bienes co-propiedad del impetrante para garantizar la reparación del daño exigible en el procedimiento penal subyacente, por lo que debería determinar si con este se garantizaba o no dicho concepto -reparación del daño-; así también, evaluar la posibilidad de disminuir la caución exigible al justiciable por concepto de obligaciones inherentes al proceso, virtud a encontrarse en prisión preventiva desde hacía tres años, su posibilidad o imposibilidad para exhibir la cuantía ya establecida en la causa por tal concepto, su comportamiento en reclusión y, finalmente, la disminución acreditada o no de las consecuencias o efectos del delito. Lo anterior así se consideró, pues se advertía incongruencia en su invocada resolución -dos de junio de dos mil diecisiete-, pues por una parte señaló que sí procedía modificar la caución impuesta por concepto de posible pago de la reparación del daño, sin establecer en qué consistía dicha modificación y, por otra, que para ello requería el avalúo comercial dictaminado por experto en la materia, y concluyó que una vez que lo tuviera reduciría las cauciones originalmente fijadas para que el justiciable obtuviera el beneficio de la libertad provisional bajo caución; luego, se exigió el cumplimiento cabal a dicho fallo ejecutorio. A lo cual el juez de instancia, mediante su oficio número 968 (f. 103), remitió la diversa resolución de veintitrés de junio del año actual (f. 105 a 119), de la que se observa que en lo conducente resolvió: ". No obstante lo anterior, atendiendo a mandato de la autoridad federal, se deja insubsistente lo acordado en los párrafos que anteceden, por que ahora se especifica que debe fijarse al quejoso una cantidad precisa, por concepto de pago de reparación del daño, tomando en consideración la parte alícuota del predio rustico denominado ***********ubicado en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, con una superficie de 24-00-00 hectáreas, sin que pueda perder de vista que el quejoso es copropietario de dicho predio; para ello entonces, con la finalidad de establecer la idoneidad o suficiencia para garantizar el pago de la reparación del daño a la que ha sido condenado y para obtener un parámetro objetivo, atendiendo a las máximas de la experiencia, se toma en consideración el avaluó fiscal que le otorga un valor al predio rustico de $78,170.00 (setenta y ocho mil ciento setenta pesos cero centavos moneda nacional) y tomando en consideración, como hace notar el Juez Federal que es la mitad, debido a que el quejoso es copropietario del mismo, luego entonces, si atendemos al porcentaje de inflación acumulada durante los últimos cinco años de 20.91% determinado por la calculadora de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), como criterio objetivo que permita determinar la variación, sin contar con la opinión de un experto en la materia, se establece un aumento de $16,345.34, por lo que a la actualidad el valor fiscal ascendería a una suma de alrededor de $94,515.34 (noventa y cuatro mil quinientos quince pesos con treinta y cuatro centavos, moneda nacional). Consultada la pagina de "Realty World. Bienes Raices", el valor comercial es superior a un 20% a 30% en promedio, por lo que procede aumentar en una cuarta parte el valor ya determinado, lo que permite aumentarlo en $23,628.83 y es así que, se insiste, sin la asistencia indispensable de un experto en valuación, se estima el predio con un valor de $118,144.17 ciento dieciocho mil ciento cuarenta y cuatro pesos con diecisiete centavos, en moneda nacional y si el quejoso es copropietario del predio, lo que corresponde es considerar el cincuenta por ciento de dicha cantidad; esto es $59,072.08 cincuenta y nueve mil setenta y dos pesos con ocho centavos en moneda nacional, que se descontarán de la suma ha garantizar de un millón seiscientos cincuenta mil pesos; eso es, para acceder al beneficio tendría que garantizar la suma de $1,590.927.92 un millón quinientos noventa mil novecientos veintisiete pesos con noventa y dos centavos, en moneda nacional. Ahora bien, analizadas las circunstancias personales y económicas del procesado, en relación a los requisitos establecidos en los preceptos 387, 388 y 390, todos del código de Procedimientos Penales vigente en el Estado y atendiendo que ha estado privado de su libertad durante cuatro años y tres meses, no ha tenido la oportunidad de obtener ingresos, ya no se diga para mantener a su familia ni para mantenerse él, es evidente que la garantía impuesta para que goce de su libertar no resulta asequible; pero tomando en consideración que ya en una ocasión evadió la acción de la justicia; que el riesgo de que se vuelva a evadir es latente; procede a reducir la caución impuesta de $20,000.00 veinte mil pesos a $10,000.00 diez mil pesos, destacadamente por el tiempo que ha permanecido en prisión preventiva." Ahora, del análisis de la constancias antes señaladas se advierte que el juez responsable al momento de proveer lo relativo al establecimiento del monto de la parte alícuota del predio embargado, haciendo referencia a las máximas de la experiencia, tomó en consideración el porcentaje de inflación acumulada durante los últimos cinco años que fue de 20.91%, que, estableció, así está determinado por la calculadora de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para con base a dicho porcentaje establecer por concepto de reparación del daño la cantidad de $1,590.927.92 (un millón quinientos noventa mil novecientos veintisiete pesos con noventa y dos centavos, moneda nacional), reduciéndole así la que originalmente le había fijado, lo que también le fue útil la consulta que hiciera en una página del INTERNET para establecer el valor comercial del inmueble embargado; finalmente, analizando las circunstancias personales y económicas del procesado, quien guarda prisión preventiva, por lo que no ha tenido la oportunidad de obtener ingresos, empero, acotó, es susceptible de sustraerse de la acción de la justicia, al haberlo hecho ya en una ocasión, le redujo la caución impuesta de veinte mil pesos a diez mil pesos. En ese sentido, si la protección constitucional se concedió para que el Juez de la causa determinara la factibilidad o no de tener por garantizado el concepto de la reparación del daño con el gravamen precautorio trabado en bienes propiedad del justiciable/quejoso, lo que determinó en términos de lo antes señalado, reduciéndole el monto por tal concepto con base al valor que estimó de dicho inmueble, y así también, le redujo el monto necesario para garantizar sus obligaciones inherentes al proceso, con base en las consideraciones que así también estableció, se concluye que con la determinación emitida por el juez responsable, se acredita la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho violado en términos del artículo 196 de la ley de Amparo, lo que conduce a declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. En consecuencia, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se CONCEDIÓ el amparo y la medida suspensional provisional y definitiva, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones III y IV del acuerdo en cita, el presente expediente y el original del cuaderno incidental son SUSCEPTIBLES DE DEPURACIÓN, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que de ordenó su archivo, debiendo conservarse la demanda y la sentencia respectivas. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III del acuerdo en cita, el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEBERÁ SER DESTRUIDO, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo, debiéndose, por tanto, conservar por separado del principal.
- Principal
Agréguese a sus antecedentes el oficio signado por el Juez Tercero Penal de Partido en esta ciudad, adjunto al cual remite copia certificada de su resolución de veintitrés de junio de la presente anualidad, pronunciada en la causa penal de la cual deriva el acto reclamado, e informa dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en el sumario, en términos del requerimiento que le fuera hecho en el propio ***. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo dese vista a la parte quejosa y terceros interesados para que dentro de los tres días siguientes al en que tenga conocimiento del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, y una vez transcurrido ese plazo este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con la información que obre en autos.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, y desprendiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el término legal concedido a las partes para que se manifestaran en torno al cumplimiento que a la ejecutoria de amparo pronunciada en este asunto, informó la responsable Juez Tercero Penal de Partido de esta ciudad, sin que hubieran hecho uso de tal derecho; luego, atendiendo a los elementos que obran en el expediente y a los datos proporcionados por la autoridad responsable, de oficio se procede a determinar si se cumplió o no la sentencia de amparo dictada en el presente asunto. Del análisis de la sentencia emitida por este juzgado en veintiocho de abril de la presente anualidad, que concedió al quejoso el amparo solicitado, se tiene que el núcleo esencial de la protección constitucional, fue para los siguientes efectos: ". para que el Juez Tercero Penal de Partido Judicial responsable, deje insubsistente su resolución de diez de enero de dos mil diecisiete, y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, en la que se pronuncie en torno al beneficio de la libertad provisional bajo caución, a que tiene derecho el procesado **********, debiendo tomar en consideración la totalidad de las constancias que conforman la causa penal subyacente, en especial y con relación a la garantía que este debe exhibir por concepto de reparación del daño, si se encuentra o no garantizada con el embargo precautorio recaído en bienes de su copropiedad, y subsecuentemente, delibere la factibilidad o no en la disminución de la diversa atinente a las obligaciones inherentes al proceso, tomando en cuenta para ello lo establecido por el artículo 388 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, esto es, el tiempo que el inculpado lleva privado de la libertad, la imposibilidad económica demostrada para otorgar la caución señalada, ante la circunstancia de guardar prisión preventiva desde hace más de tres años, el buen comportamiento observado o no por este en el lugar de su reclusión; en su caso, la disminución acreditada de las consecuencias o efectos del delito, entre otras, que racionalmente conduzcan a crear seguridad de que no procurará sustraerse a la acción de la justicia, fundado y motivando suficientemente su determinación." Derivado del requerimiento efectuado a la autoridad responsable, el Juez tercero penal de Partido de esta ciudad, mediante su oficio número 668 (f. 75), comunicó que en fecha dos de junio de la presente anualidad, emitió una nueva resolución en cumplimiento a la ejecutoria de emparo pronunciada en este asunto (f. 76 a 86), de la que se observa dejó insubsistente la que constituyó el acto reclamado, es decir, la datada en diez de enero de la presente anualidad, y con relación al incidente de revisión de medidas privativas de libertad personal o de prisión preventiva, promovido por el aquí quejoso, resolvió lo siguiente: PRIMERO. El inculpado ********, promovió en tiempo y forma el incidente de revisión de medidas privativas de libertad personal o de prisión preventiva. SEGUNDO. Por los fundamentos y argumentos expuestos en el considerando tercero de esta resolución, no resulta procedente la revisión de medidas privativas de libertad personal o de prisión preventiva, solicitada por el inculpado, pero sí procede modificar la caución impuesta por concepto de posible pago de reparación del daño, por lo que se designa perito para determinar el valor comercial del inmueble rústico denominado ***, ubicado en el Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, con una superficie de 24-00-00 hectáreas, copropiedad de *******y con ello reducir las que le fueron fijadas, tanto por este concepto, como por el que garantice su libertad personal, en caso de que aún se encuentre en prisión preventiva; esto es que no haya quedado firme la sentencia condenatoria dictada. TERCERO. Acatando la ejecutoria dictada dentro el Juicio de Amparo Indirecto ***, se deja insubsistente la que pronunció este Juzgado en fecha diez de enero del año en curso, y en su lugar se dicta la presente, debiendo enviar copia certificada al Juez Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad. CUARTO. Una vez que la autoridad Judicial Federal tenga por cumplida su ejecutoria, notifíquese personalmente a las partes y recíbase la aceptación y protesta del cargo de perito designada." Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahora, del análisis integral de las constancias que integran el presente juicio, se desprende preponderantemente que el efecto de la ejecutoria de amparo fue para que el Juez responsable tomara en consideración que ya existe trabado un embargo precautorio en bienes co-propiedad del impetrante, para garantizar la reparación del daño que se le exige en la causa penal subyacente; luego, pronunciarse en torno al beneficio de la libertad provisional bajo caución concedido en el sumario penal, determinando si dicho concepto -reparación del daño- se encuentra o no garantizado con la aludida medida precautoria. Así también, evaluar la posibilidad de disminuir la garantía fijada en dicha causa por concepto de obligaciones inherentes al proceso a cargo del aquí quejoso, con atención a lo prescrito por el artículo 388 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, es decir, el tiempo que el inculpado lleva privado de la libertad, estos es, tres años y la imposibilidad económica con la que cuenta para otorgar la caución, así como el comportamiento observado en el lugar de su reclusión; en su caso, la disminución acreditada de las consecuencias o efectos del delito, entre otras, que racionalmente conduzcan a crear seguridad de que no procurará sustraerse a la acción de la justicia, fundado y motivando suficientemente su determinación. Aspectos los anteriores que esta potestad jurisdiccional estima no se encuentran cumplidos a cabalidad por parte de la responsable, ante la incongruencia manifiesta de su resolución datada en dos de los actuales, pues por una parte señala que sí procede modificar la caución impuesta por concepto de posible pago de reparación del daño, empero no establece en qué consiste dicha modificación, esto es, cuál es ahora la cantidad que por el aludido concepto deberá exhibir el justiciable para obtener el aludido patrocinio o en qué condiciones se efectúa la pretendida innovación; para enseguida establecer que para ello designaba un perito que determinara el valor comercial del predio embargado precautoriamente al justiciable **********, con base al cual reduciría (sic) las garantías exigidas en el proceso para reparación del daño y obligaciones procesales, concluyendo que una vez que este juzgado federal tuviese por cumplida la ejecutoria de amparo procedería a notificar su interlocutoria a las partes y a recabar la aceptación del cargo de perito designado. En efecto, se considera que la ejecutoria de amparo no está cumplida, en principio porque en esta se estableció que la responsable, para efectos de establecer la suficiencia o no del embargo trabado en bienes copropiedad del impetrante para garantizar la reparación del daño, debería considerar, en atención a las máximas de la experiencia, la ubicación geográfica y superficie del aludido bien, sin que obstara la ausencia de un dictamen pericial en el que se estableciera el valor comercial del predio ni el monto de la operación a través de la cual el impetrante lo adquirió, pues se reitera, en la sentencia protectora de derechos fundamentales, se estableció que el juez de la causa debía considerar la extensa superficie, incluso en su parte alícuota co-propiedad del justiciable, y el ubicarse en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, de reconocida importancia turística a nivel nacional, incluso con proyección al extranjero, para estimar su posible valor comercial, empero no para que inexcusablemente evaluara lo anterior previo el correspondiente dictamen en la materia. En segundo orden, porque tampoco se estableció en la ejecutoria de referencia como condición para evaluar la reducción o no de la garantía correspondiente a las obligaciones inherentes al proceso a cargo del enjuiciado, la previa determinación del valor comercial del predio embargado precautoriamente a este y, en su caso, la reducción de las garantías por concepto de reparación del daño, conceptos que si bien deben satisfacerse ambos para la obtención del beneficio de la libertad provisional bajo caución, sin embargo, acorde con lo establecido por el artículo 388 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, los aspectos que el juzgador debe considerar para reducir o no la garantía atinente a las obligaciones procesales, corresponden al tiempo que el inculpado lleve privado de su libertad; la disminución acreditada de las consecuencias o efectos del delito; la imposibilidad económica demostrada para otorgar la caución señalada inicialmente, aún con pagos parciales; el buen comportamiento observado en el centro de reclusión; y otras, que racionalmente conduzcan a crear seguridad de que no procurará sustraerse a la acción de la justicia, tal y como así fuera destacado en el fallo de mérito, no así, se reitera, la reducción del monto que garantice la reparación del daño. Por tanto, con fundamento en los artículos 192, 193 y 196 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se considera que la responsable, no cumple con el fallo protector de derechos fundamentales. De este modo, con fundamento en los artículos 192, 193 y 197 del supracitado cuerpo normativo, requiérase de nueva cuenta a la responsable, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir de que quede legalmente notificado del presente proveído, dé cumplimiento a cabalidad con la sentencia ejecutoria de veintiocho de abril, en los términos contenido en esta, según lo antes advertido. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada cien días, en términos a lo dispuesto por el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con los artículos 192, 197 y 258 de la ley de la materia; y, además de la multa, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la continuación del trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Es aplicable al caso la jurisprudencia con número de registro 2009662, sustentada por la segunda sala de nuestro máximo tribunal, publicada el siete de agosto de dos mil quince, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO. SI EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE AMPARO REMITE LOS AUTOS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA DESTITUCIÓN Y CONSIGNACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, ANTES DE EXIGIRLE SUBSANAR EL POSIBLE EXCESO O DEFECTO EN SU CUMPLIMIENTO, PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN PARA QUE SE REQUIERA EL DEBIDO ACATAMIENTO DE AQUÉLLA.
- Principal
Agréguese el escrito signado por ************, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copias simples de las constancias que indica, se autoriza para recibirlas a las personas que indica, previa razón de recibo que se deje en autos.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes
- Antonio Ponce Gutiérrez199/2017
- Antonio Ponce Gutiérrez951/2017
- Antonio Puga Martínez299/2021
- Antonio Quezada Rodriguez331/2019
- Antonio Rico Tirado1053/2019
- Antonio Rivera Aguilar422/2015
- Antonio Rivera Aguilar1031/2016
- Antonio Sánchez Sánchez320/2019
- Antonio Sánchez Sánchez741/2018
- Antonio Serna Carrillo77/2021
- Antonio Tecozautla Garcia310/2017
- Antonio Tovar Muñiz382/2016