Antonio Vázquez González
Expediente 784/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 784/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Antonio Vázquez González
Actuaciones
- Principal
Causa estado. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de veinte de octubre del presente año, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo presentada por **, sin que haya hecho uso de tal derecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años a partir de este auto, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Documentos. Toda vez que en el presente expediente obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del aludido Acuerdo General, requiérasele para, previa cita que obtenga, que dentro del término de noventa días naturales, ocurra a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo los documentos podrán ser destruidos conjuntamente con el expediente, de conformidad con el aludido precepto. En la inteligencia de que, para poder ingresar a este órgano jurisdiccional, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenline) en un horario de trece a quince horas en días hábiles.
- Principal
Recepción y registro de la demanda. Por recibida la demanda de amparo a nombre de ***, en contra de actos que atribuye al juez de Partido Civil de Cortázar, Guanajuato y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 784/2021-7. Desechamiento de demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. En esa vertiente, al tener a la vista en original lo actuado en el diverso juicio de garantías *** del índice de este Juzgado, mismo que se invoca como hecho notorio, con fundamento en lo establecido por el artículo con fundamento en los artículos 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda, debido a que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se explica: De los antecedentes del acto reclamado, se advierte que en la especie se actualiza un motivo legal que torna improcedente el presente juicio constitucional; lo que se hace valer de oficio, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En el caso, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XI, en relación con los diversos 1º, fracción I, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]". La causal de improcedencia que opera indefectiblemente en el caso, es conocida en el ámbito procesal como cosa juzgada. De acuerdo con la institución de la cosa juzgada, es contrario a la eficacia del sistema judicial, permitir que una cuestión que ya ha sido analizada y decidida hasta la última instancia, pueda ser reexaminada, habida cuenta que esa posibilidad conlleva el menosprecio y final desconocimiento de la jurisdicción de los tribunales que en principio resolvieron el asunto, lo que franquea la posibilidad de que, a su vez, el fallo emitido en la segunda ocasión pueda ser igualmente desestimado. Así, además de mermar perniciosamente la potestad de las instituciones judiciales establecidas, se propicia el entretejido eventualmente interminable de unos juicios con otros, lo que desde luego hace nugatorio el afán de seguridad que es uno de los fines últimos de la organización jurídica contemporánea. El principio en cuestión se encuentra enunciado en el aforismo latino "non bis in ídem", que literalmente forma idea de que no puede volverse dos veces sobre lo mismo. En la Ley de Amparo, la figura jurídica de la cosa juzgada se refleja en la imposibilidad de examinar en la vía constitucional una situación ya decidida definitivamente en diverso juicio de garantías. Sobre el tema, conviene citar la jurisprudencia I.1o.T. J/28, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 565, del Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COSA JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA MATERIAL. DISTINCIÓN Y EFECTOS. Supuestas las identidades clásicas de partes, de cosa u objeto y de causa de pedir o hecho generador del derecho ejercitado, del pronunciamiento de derecho emana la autoridad de cosa juzgada formal, que hace irrecurrible el acto, y de cosa juzgada material, que hace indiscutible el hecho sentenciado, esto es, las partes no pueden reabrir nueva discusión ni la autoridad resolutora, o alguna otra, pueden pronunciarse otra vez respecto del hecho ya definitiva e irrecurriblemente juzgado." De las constancias que integran el diverso juicio de amparo *** del índice de este Juzgado, del cual se anexa copia certificada de las constancias conducentes, se advierte que la parte quejosa reclamó, en su calidad de tercero extraño a juicio autentico, en su escrito inicial de demanda, lo siguiente: Luego, del estudio integral la demanda de cuenta, se extrae que la parte quejosa reclama todo lo actuado en el juicio de origen, así como la orden de lanzamiento emitida sobre el inmueble materia del mismo, aduciendo que es propietaria del bien y que se le pretende privar de su posesión, sin antes haber sido oída y vencida en el procedimiento. Respecto de los actos reclamados consistentes en lo actuado en el juicio civil sumario 369/2016, del índice del Juzgado de Partido Civil de Cortázar, Guanajuato, incluyendo la sentencia ahí dictada y su ejecución, se surte de manera manifiesta e indudable el motivo de inejercitabilidad de la acción constitucional previsto en la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que contra ellos, la parte quejosa anteriormente promovió el diverso juicio de amparo ***, del índice de este Juzgado, lo que se acredita plenamente con las constancias respectivas que en copia certificada se agregaron a este asunto y que se invoca como hecho notorio, documento público con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte, en esencia, que mediante resolución de treinta de agosto de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por ***, en razón de que la peticionaria no acreditó su interés jurídico respecto del inmueble defendido; determinación que, al no impugnarla, quedó firme el diecinueve de septiembre del mismo año. Entonces, se advierte que el juicio de amparo ***, que se tramitó ante este órgano de control constitucional, y que fue resuelto en la fecha indicada en el párrafo que antecede, se promovió por el mismo quejoso, contra similares autoridades responsables y por actos derivados del mismo juicio que refiere afectan su derecho de propiedad sobre un bien inmueble, lo que evidencia, que sobre ellos, ya se realizó pronunciamiento y se llegó al convencimiento de la improcedencia de la acción constitucional en su contra. De ahí que debe considerarse que sobre los mismos ya existe cosa juzgada en amparo, términos del artículo 61, fracción IX, de la ley de la materia, máxime que el sobreseimiento en ese juicio se decretó por una causa imputable al peticionario, pues aceptar lo contrario, es tanto como permitir que una cuestión que ya ha sido materia de otro juicio, pueda ser reclamada por el gobernado cuantas veces lo considere, lo que conllevaría el menosprecio y final desconocimiento de la jurisdicción de los tribunales que en principio resolvieron el asunto. Es por ello que al haber quedado firme el sobreseimiento en el diverso juicio de garantías ***, del índice de este Juzgado, ya que, además, la peticionaria omitió impugnar esa determinación a través del recurso de revisión, opera de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer, de conformidad con el diverso numeral 63, de la ley de la materia. Tampoco es obstáculo a la anterior determinación, el hecho de que la promovente ahora señale la orden de desalojo, desocupación o entrega de propiedad en el juicio de origen, ya que evidentemente ese acto es una consecuencia legal de los combatidos en el diverso juicio de amparo ***, del índice de este juzgado, pues ahí también reclamó la diligencia de embargo del inmueble marcado en el número ***, de ahí que, se reitera, se actualiza de manera manifiesta e indudable la invocada causa de improcedencia, máxime que no se advierte que esta última actuación la impugne por vicios propios, sino que aduce las mismas violaciones que hizo valer en aquél diverso juicio de garantías. Sirve de sustento a lo anterior, en lo conducente, la tesis IV.1o.C.23 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, tomo XXII, Agosto de 2005, página 1801, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EN UNA SEGUNDA DEMANDA LA MISMA QUEJOSA, COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL COMBATE ACTOS QUE SON CONSECUENCIA DE LOS YA RECLAMADOS EN UN PRIMER JUICIO DE GARANTÍAS QUE CONCLUYÓ DETERMINANDO QUE NO TENÍA LA CALIDAD DE PERSONA EXTRAÑA. La fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo relacionada con la diversa III consagra el respeto a la autoridad de la cosa juzgada que envuelve la ejecutoria pronunciada en un primer juicio de garantías, evitando resoluciones contradictorias; así, la identidad a que alude la norma también se refiere al "objeto" del amparo, es decir, a la coincidencia entre la nueva demanda y el amparo previamente concluido, en lo que hace a la clase o naturaleza de violación de garantías que se hiciera valer en ambos. Por ello, se surte aquella improcedencia cuando en una segunda demanda de amparo la misma quejosa, como tercera extraña al juicio natural y con el fin de hacer respetar su garantía de audiencia -no así por vicios propios-, combate actos que son consecuencia de los reclamados en un primer juicio de garantías que concluyera con la decisión de que no le asistía tal calidad de persona extraña, dada la causahabiencia existente con relación al demandado del juicio de origen; pues con independencia de que en la nueva demanda se señalen o no a las mismas autoridades responsables y a la plena igualdad o no entre los actos reclamados, es claro que la identidad entre el "objeto" de lo ahora sostenido y lo previamente resuelto, impide nuevamente abordar aquel tema. Asumir una posición contraria implicaría que dicha persona pueda válidamente promover tantos amparos como actos posteriores de las autoridades que llegaren a verificarse en el futuro, en total detrimento no sólo de la impartición de justicia de las autoridades de instancia, que además de decidir tienen facultad de ejecutar lo resuelto, sino también con repercusión en la Justicia Federal que emplearía más recursos y material humano en analizar algo ya juzgado por la misma instancia federal, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo." Además, el interés jurídico que en esta ocasión pretende acreditar, lo hace con la misma documental (contrato de compraventa en el que él funge como adquirente del inmueble en conflicto, de fecha incierta, pues se trata de un documento signado entre las partes frete a testigos únicamente) que ya fue desestimada en el diverso juicio de amparo ***; determinación que consintió tácitamente al no haber sido materia de impugnación. Máxime que en esta nueva demanda no allegó medio de convicción novedoso a los ofertados en aquella ocasión. Aunado a lo señalado con anterioridad, debe destacarse que el diverso juicio de amparo ***, se sobreseyó por falta de titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley de la parte quejosa y la falta de perjuicio que le causa el acto de autoridad reclamado al no incidir en su esfera jurídica, siendo en consecuencia, un pronunciamiento sobre el tema específico (ausencia de un derecho subjetivo tutelado por la ley), lo que hace efectivamente inejercitable la acción de amparo de modo absoluto en esta segunda ocasión. Resulta aplicable a lo anteriormente citado, la jurisprudencia por contradicción de tesis con registro digital IUS 2022434, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO EN TORNO AL INTERÉS JURÍDICO POR AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL A UN DERECHO SUBJETIVO. CASOS EN LOS QUE UNA RESOLUCIÓN DE SOBRESEIMIENTO NO HACE QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA MATERIA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes examinaron medios de impugnación en amparo indirecto que tenían como antecedente haberse decretado el sobreseimiento en un primer juicio de amparo por falta de interés jurídico, por no haberse acreditado un derecho subjetivo específico, y examinaron si en el segundo juicio se actualizaba o no la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Al respecto, llegaron a soluciones contrarias, puesto que para uno no procede un nuevo juicio promovido por el mismo quejoso contra la misma autoridad y respecto al mismo acto, por constituir dicho sobreseimiento cosa juzgada; mientras que para el otro sí procede, porque las razones o circunstancias que sustentaron la decisión de improcedencia en el juicio previo no provocaron la inejercitabilidad de la acción de amparo de modo absoluto. Criterio jurídico: La causa de improcedencia de cosa juzgada prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, puede operar excepcionalmente cuando en un juicio previo se haya desechado una demanda o decretado el sobreseimiento, en la inteligencia de que no basta que en el primer juicio se haya determinado que el quejoso carece de interés jurídico para llegar a la conclusión de que ello, por sí solo, implica la inatacabilidad del mismo acto a través de un diverso juicio constitucional, pues necesariamente se deben analizar las razones que llevaron al órgano jurisdiccional a esa conclusión, ya que no todas ellas conllevan un pronunciamiento que impide la impugnación del acto de autoridad en un juicio de amparo ulterior. Justificación: Por regla general, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una resolución de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general; asimismo, ha establecido que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, en tanto no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también con motivo del desechamiento de una demanda o el sobreseimiento en el juicio cuando se ha determinado la inatacabilidad de los actos a través de un diverso juicio constitucional, con la condición de que tal determinación obedezca a razones o circunstancias que hagan efectivamente inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado. Ahora bien, considerando que el interés jurídico, cuando se hace descansar en la afectación real y actual de un derecho subjetivo, es materia de prueba y, partiendo de la base de que el promovente del amparo debe demostrar los dos supuestos que lo integran, es decir, su titularidad respecto del derecho subjetivo reconocido por la ley y el perjuicio que le causa el acto de autoridad, la improcedencia por falta de dicho interés puede derivar de las siguientes hipótesis: I. Falta de titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley; II. Ausencia de agravio personal y directo, esto es, inexistencia de un perjuicio, en virtud de que el acto de autoridad no incide en la esfera jurídica del promovente del juicio de amparo; III. Falta de idoneidad de pruebas concretas; y, IV. Omisión de aportar las pruebas conducentes para acreditar el interés jurídico. Si bien, respecto de los primeros dos supuestos, el sobreseimiento decretado en el primer juicio de amparo por falta de interés jurídico (con fundamento en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo) ocasionaría que en un segundo juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y acto reclamado, se actualizara la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XI del precepto citado, por existir un pronunciamiento sobre el tema específico; ello no ocurre con los últimos dos supuestos, porque la falta de interés jurídico se genera por la insuficiencia o ausencia de pruebas, lo que no implica un pronunciamiento en cuanto a la existencia del derecho subjetivo tutelado o el agravio en la esfera jurídica del quejoso, sino únicamente sobre la ausencia de medios probatorios idóneos que acrediten la titularidad del derecho subjetivo que estima afectado el peticionario del amparo. De ahí la importancia de atender a las razones o circunstancias que condujeron a que en un primer juicio de amparo el órgano jurisdiccional resolviera sobreseer por falta de interés jurídico, para determinar si éstas son insuperables o no. En este sentido, si las razones o circunstancias que llevaron a sobreseer no hacen inejercitable la acción de amparo, con independencia de que esa determinación adquiera firmeza, ya sea porque no haya sido recurrida o habiéndolo sido se confirme, ello no impedirá promover un nuevo juicio de amparo contra el mismo acto. De esta forma, si el sobreseimiento en el primer juicio se sustentó en la falta de demostración del interés jurídico del quejoso, bajo la hipótesis de insuficiencia o ausencia de pruebas para acreditar ser titular de un derecho subjetivo, ello no constituye una razón que predomine, impidiendo que se promueva un nuevo amparo. En suma, debe considerarse que no se produce la inejercitabilidad de la acción de modo absoluto cuando en el primer juicio se haya omitido allegar pruebas, ni cuando las que se hayan ofrecido resulten insuficientes, esto es, eventualmente las pruebas en un segundo juicio de amparo no tendrían que ser forzosamente todas "nuevas", considerando, por ejemplo, que una prueba que aisladamente no haya sido suficiente en un primer juicio para demostrar la titularidad de un derecho subjetivo puede, en cambio, ser suficiente si se le adminicula con otra novedosa, susceptible de generar la convicción necesaria; entonces, al segundo juicio (que podría examinarse, por no existir cosa juzgada) se podría aportar nuevamente una prueba inicialmente ofrecida, pero agregando otras que la robustezcan o perfeccionen, para que en su conjunto brinden certeza." Finalmente, se ordena agregar al presente cuaderno copia certificada de la demanda y anexos, informes justificados, sentencia y proveído que la declaró firme, del diverso juicio de amparo *** de la estadística de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales conducentes. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa los estrados de éste órgano jurisdiccional. Por otra parte, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que la persona que indica en su escrito tiene facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se le tiene como autorizado en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita
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