Antonio Tarango Montes

Expediente 631/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
631/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
19/09/2017

Partes del expediente

  • Antonio Tarango Montes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia en que se sobreseyó, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. Por ende, con fundamento en el arábigo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Así pues, hágase del conocimiento de las partes, que este expediente en que se actúa, aunque se sobreseyó, se concedió la suspensión de plano, por lo que se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad, por lo que conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo constar en la carátula que constituye archivo reciente, no tiene valor jurídico, no constan documentos originales y no hubo oposición a la publicación de datos personales, así como que es susceptible de depuración. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. Visto para resolver el juicio de amparo 631/2017-IV, promovido por XXXXXXX . Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el once de julio de dos mil diecisiete, turnado a este juzgado en su fecha, Antonio Tarango Montes, promovió demanda de amparo contra actos del Director de Ejecuciones de Sentencias y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua, Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, Comandante del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, Director de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado, Coordinador de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Distrito Judicial Bravos, Supervisor Estatal de la Unidad de Amparos, Traslados y Derechos Humanos del Estado, Fiscal General del Estado y Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, de quienes reclamó lo siguiente: IV.- ACTOS RECLAMADOS: La orden de traslado o transferencias que se pretende hacer de mi persona del centro de reinserción social número tres (.) (sic). Segundo. Derechos humanos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos fundamentales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14, 16, 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En auto de once de julio de dos mil diecisiete (foja 7), se admitió la demanda de referencia, se registró bajo el expediente 631/2017-IV, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 35 y 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que corresponde a la vía indirecta. Segundo. Fijación de la litis. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis de las constancias que integran este juicio, se colige que la parte quejosa reclamó la orden de traslado emitida en su contra, así como su ejecución. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la jurisprudencia VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del texto: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes justificados, el Director y Comandante de Seguridad, ambos del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, con sede en esta ciudad (foja 13); Fiscal General del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua, Capital (foja 23); Supervisor Estatal de la Unidad de Traslados, Amparos y Derechos Humanos, en Aquiles Serdán, Chihuahua (foja 35) y Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (foja 51), con sede en la Ciudad de México, en sus denominaciones correctas, negaron categóricamente los actos que les atribuyó la quejosa, sin que ésta haya aportado medio de convicción alguno a fin de desvirtuarlos, por lo que, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VI, mil novecientos diecisiete- dos mil, Materia común, página 236. INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Antonio Tarango Montes, en relación los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado XXXXXXXX , ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, XXXXX . Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que con esta fecha se encuentra prevista la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, el diez de agosto del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por parte del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México; por lo que, de dicha fecha a la actual, no han transcurrido los ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional, para que, las partes, tengan cabal conocimiento de dicho informe y puedan ofrecer pruebas y formular alegatos conforme a sus intereses convengan. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y se señalan las nueve horas con veinte minutos del veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, para dar margen a lo anterior. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia número P./J. 54/2000, sustentada por el tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia Tesis: 2a./J. 21/2008, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 253/2007-SS, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, y la cual es visible en la página 590 del Tomo XXVII, febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. - En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada ******* Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de agosto de dos mil diecisiete, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe. JJH

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