Antonio Ortiz Nuñez

Expediente 949/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
949/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Antonio Ortiz Nuñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Informa transición a expediente electrónico Atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Se agrega oficio de cuenta Visto el oficio de cuenta, se advierte que la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad manifiesta haber recibido de forma incompleta el oficio ********************/2023, mediante el cual se le notifica la sentencia de diez de noviembre del año en curso, en este juicio de amparo. Al respecto, ha lugar su reenvío de nueva cuenta, a fin de que esté en aptitud de proveer lo conducente. Notifíquese en lista electrónica y por oficio a la autoridad de cuenta. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 949/2023-V, promovido por . Resultando Primero. Presentación de la demanda de amparo. El cinco de octubre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por , la cual fue turnada en la misma fecha a este órgano jurisdiccional y el mismo día se recibió. Segundo. Derechos que se estiman violentados. El quejoso señala como derechos vulnerados los previstos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. Audiencia Constitucional. Una vez integrado el presente juicio de amparo, incluido el emplazamiento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito tercero interesado, se celebró la audiencia constitucional conforme al acta que antecede, quedando este asunto en estado de dictar sentencia, que es lo que ahora se hace. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta la totalidad de las constancias que integran este expediente, se precisa que el quejoso reclama lo siguiente: La determinación del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, tomada el trece de septiembre de dos mil veintitrés, en audiencia inicial celebrada en la causa penal 572/2023, en el sentido de imponerle como medida cautelar la de prisión preventiva oficiosa. Tercero. Existencia del acto reclamado. En su informe con justificación, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en funciones de Juez de Control, manifestó que el acto reclamado, es cierto. Lo anterior se corrobora con la impresión con evidencia criptográfica, del registro escrito de la audiencia inicial celebrada en la causa penal 572/2023, del trece al dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, de donde se advierte que el trece de septiembre de esta anualidad, se impuso al imputado, aquí quejoso, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; además, el Juez responsable remitió registro audiovisual certificada, en formato DVD, de dicha audiencia inicial. Medios de convicción que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Cuarto. Improcedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, para su análisis preferente, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Al no advertirse causal de improcedencia que las partes hagan valer o que se advierta oficiosamente, se impone abordar el examen constitucional del escrito de demanda. Quinto. Examen constitucional del acto reclamado. Los agravios son fundados con la debida suplencia de la queja, conforme lo previsto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a.J. 67/2017 (10a) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 44, julio de 2017, tomo I, página 263, registro 2014703, que dice: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna. En primer término, para una mejor comprensión del asunto, se indica que en la constancia de trece de septiembre de dos mil veintitrés, relativa la imposición de medida cautelar al imputado, dentro de la causa penal 572/2023, se indicó lo siguiente: 1. Se impuso a , la medida cautelar prevista en el artículo 19 Constitucional, en relación con el 167, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en prisión preventiva oficiosa, la cual deberá ejecutarse en el Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con residencia en esta ciudad, por lo que respecta a los primeros tres y, en el Centro de Reinserción Social Estatal Femenil Número Dos, con residencia en esta ciudad, por lo que concierne a la última de las mencionadas; cuya vigencia será por el tiempo que dure la sustanciación del proceso; sin que pueda exceder de dos años salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa, en términos del párrafo segundo, del artículo 165 del referido código. 2. Se optó por la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en término a que uno de los delitos por el cual se solicitó la vinculación a proceso, se encuentra comprendido en el dispositivo 167, fracción XI del Código nacional de Procedimientos Penales. También se precisa que al imputado se le vinculó a proceso, por el delito Contra la Salud, en su modalidad de Posesión de Cannabis Sativa L y Fentnilo, con fines de comercio en su variante de venta, previsto y sancionado en el artículo 195, párrafo primero, en relación con los numerales 193 y 194, fracción I, del Código Penal Federal; el cual se encuentra comprendido en el dispositivo 167, fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos penales, como de imposición oficiosa de la medida cautelar de prisión preventiva. Al respecto, esta Juzgadora considera que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, materia de estudio, se sustenta en normas inconvencionales, como enseguida se explica. En principio, se tiene, que con la reforma constitucional al artículo 1° de la Carta Magna, en materia de Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en nuestro sistema jurídico se abandonó la idea de que por virtud del principio de supremacía constitucional, inmerso en el artículo 133 de la propia Ley Fundamental, el examen de la constitucionalidad de leyes constituía una facultad exclusiva de los órganos del Poder Judicial de la Federación, a través de las vías idóneas para ello. Pues tal limitación desapareció al rediseñarse la forma en que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deben ejercer el control de constitucionalidad. En efecto, a partir de la citada reforma constitucional todas las autoridades de nuestro país, principalmente las de carácter jurisdiccional, están facultadas y obligadas, en el ámbito de sus competencias, a observar los derechos inmersos en la Constitución y en los Tratados Internacionales, de los que el Estado Mexicano es parte. En ejercicio de tal facultad, los jueces nacionales, tanto federales como locales, se encuentran facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los Derechos Humanos reconocidos por la Constitución Mexicana y los Tratados Internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, en ejercicio de esta facultad, no están en posibilidad de hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, sino sólo a inaplicarla en el caso concreto. Así, dentro de este nuevo paradigma constitucional, nuestro más Alto Tribunal del País sostuvo, entre otros, el criterio relativo a que los jueces del país, en el ámbito de su competencia, se encuentran obligados a dejar de aplicar las normas inferiores, cuando sean contrarias a las contenidas en la Constitución y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos. Todo lo anterior encuentra sustento en el criterio contenido en la tesis P. LXVII/2011(9a.), localizable en la página quinientos treinta y cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 1, que dice así: CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia. Cabe citar también, al respecto, las tesis sustentadas por nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1º constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro: III, Diciembre de 2011, Tomo 1. Tesis: P. LXVII/2011(9a.). Página: 535.) CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011). Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad. Con anterioridad a la reforma apuntada, de conformidad con el texto del artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, se entendía que el único órgano facultado para ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a través de los medios establecidos en el propio precepto; no obstante, en virtud del reformado texto del artículo 1o. constitucional, se da otro tipo de control, ya que se estableció que todas las autoridades del Estado mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio Estado mexicano es parte, lo que también comprende el control de convencionalidad. Por tanto, se concluye que en el sistema jurídico mexicano actual, los jueces nacionales tanto federales como del orden común, están facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, en los casos que se sometan a su consideración distintos de las vías directas de control previstas en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos." (Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro: XV, Diciembre de 2012, Tomo 1. Tesis: 1a./J. 18/2012 (10a.). Página: 420.) CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Si bien es cierto que, acorde con los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades jurisdiccionales ordinarias, para hacer respetar los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pueden inaplicar leyes secundarias, lo que constituye un control difuso de su constitucionalidad y convencionalidad, también lo es que subsiste el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, cuya competencia corresponde en exclusiva al Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. La diferencia entre ambos medios de control (concentrado y difuso), estriba en que, en el primero, la competencia específica de los órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de su ejercicio es precisamente el análisis de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, por tanto, la controversia consiste en determinar si la disposición de carácter general impugnada expresamente es o no contraria a la Constitución y a los tratados internacionales, existiendo la obligación de analizar los argumentos que al respecto se aduzcan por las partes; en cambio, en el segundo (control difuso) el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad no integra la litis, pues ésta se limita a la materia de legalidad y, por ello, el juzgador por razón de su función, prescindiendo de todo argumento de las partes, puede desaplicar la norma. Ahora bien, en el juicio contencioso administrativo, la competencia específica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es en materia de legalidad y, por razón de su función jurisdiccional, este tribunal puede ejercer control difuso; sin embargo, si el actor formula conceptos de nulidad expresos, solicitando al tribunal administrativo el ejercicio del control difuso respecto de determinada norma, de existir coincidencia entre lo expresado en el concepto de nulidad y el criterio del tribunal, éste puede inaplicar la disposición respectiva, expresando las razones jurídicas de su decisión, pero si considera que la norma no tiene méritos para ser inaplicada, bastará con que mencione que no advirtió violación alguna de derechos humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que sea necesario que desarrolle una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, dando respuesta a los argumentos del actor, pues además de que el control difuso no forma parte de su litis natural, obligarlo a realizar el estudio respectivo convierte este control en concentrado o directo, y transforma la competencia genérica del tribunal administrativo en competencia específica. Así, si en el juicio de amparo se aduce la omisión de estudio del concepto de nulidad relativo al ejercicio de control difuso del tribunal ordinario, el juzgador debe declarar ineficaces los conceptos de violación respectivos, pues aun cuando sea cierto que la Sala responsable fue omisa, tal proceder no amerita que se conceda el amparo para que se dicte un nuevo fallo en el que se ocupe de dar respuesta a ese tema, debido a que el Poder Judicial de la Federación tiene competencia primigenia respecto del control de constitucionalidad de normas generales y, por ello, puede abordar su estudio al dictar sentencia. Si, además, en la demanda de amparo se aduce como concepto de violación la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley, el juzgador sopesará declarar inoperantes los conceptos de violación relacionados con el control difuso y analizar los conceptos de violación enderezados a combatir la constitucionalidad y convencionalidad del precepto en el sistema concentrado." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I. Tesis: 2a./J. 16/2014 (10a.). Página: 984.) CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. CONDICIONES PARA SU EJERCICIO OFICIOSO POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES FEDERALES. El párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, de donde deriva que los tribunales federales, en los asuntos de su competencia, deben realizar el estudio y análisis ex officio sobre la constitucionalidad y convencionalidad de las normas aplicadas en el procedimiento, o en la sentencia o laudo que ponga fin al juicio. Ahora, esta obligación se actualiza únicamente cuando el órgano jurisdiccional advierta que una norma contraviene derechos humanos contenidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, aun cuando no haya sido impugnada, porque con su ejercicio oficioso se garantiza la prevalencia de los derechos humanos frente a las normas ordinarias que los contravengan. De otra manera, el ejercicio de constitucionalidad y convencionalidad de normas generales no tendría sentido ni beneficio para el quejoso, y sólo propiciaría una carga, en algunas ocasiones desmedida, en la labor jurisdiccional de los Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito." (Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro: 7, Junio de 2014, Tomo I. Tesis: 2a./J. 69/2014 (10a.). Página: 555.) CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO. La autoridad judicial, para ejercer el control ex officio en los términos establecidos en el expediente Varios 912/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe asegurarse que se ha actualizado la necesidad de hacer ese tipo de control, es decir, en cada caso debe determinar si resulta indispensable hacer una interpretación conforme en sentido amplio, una en sentido estricto o una inaplicación, lo cual ocurre cuando se está en presencia de una norma que resulta sospechosa o dudosa de cara a los parámetros de control de los derechos humanos. De este modo, cuando una norma no genera sospechas de invalidez para el juzgador, por no parecer potencialmente violatoria de derechos humanos, entonces no se hace necesario un análisis de constitucionalidad y convencionalidad exhaustivo, porque la presunción de constitucionalidad de que gozan todas las normas jurídicas no se ha puesto siquiera en entredicho. Lo anterior es así, porque como se señaló en el citado expediente Varios, las normas no pierden su presunción de constitucionalidad sino hasta que el resultado del control así lo refleje, lo que implica que las normas que son controladas puedan incluso salvar su presunción de constitucionalidad mediante la interpretación conforme en sentido amplio, o en sentido estricto." (Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I. Tesis: 1a./J. 4/2016 (10a.). Página: 430.) Es cierto, que en las tesis insertas el Alto Tribunal de la Nación fue enfático en que el control difuso de constitucionalidad y/o convencionalidad debía ser realizado por los jueces nacionales, dentro del ámbito de su competencia, en tanto que para los tribunales de amparo tal facultad quedaba limitada a los normas que regularan el juicio de amparo, esto es, las contenidas en la Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Código Federal de Procedimientos Civiles, de modo que no era factible realizar dicho control difuso sobre normas aplicadas por la autoridad responsable en el acto reclamado, empero tal criterio quedó superado al emitirse el diverso contenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. CONTENIDO Y ALCANCE DEL DEBER DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE REALIZARLO AL CONOCER JUICIOS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO [ABANDONO DE LAS TESIS AISLADAS P. IX/2015 (10a.) Y P. X/2015 (10a.)]. Hechos: Diversos Tribunales Colegiados de Circuito discreparon en torno al alcance del control de regularidad constitucional ex officio en el juicio de amparo, respecto a si debe limitarse a las leyes procesales que rigen el juicio de amparo (Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Código Federal de Procedimientos Civiles) o debe incluir, también, las normas procesales y sustantivas aplicadas en el acto reclamado. Criterio jurídico: Los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación cuando actúan en amparo directo e indirecto deben realizar control de regularidad constitucional ex officio, tanto respecto de las disposiciones procesales que regulan el juicio de amparo, como sobre las normas sustantivas y procesales que se aplicaron en el acto reclamado. Justificación: Conforme a lo dispuesto en los artículos 1o., 103 y 133 de la Constitución General, así como a lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente varios 912/2010, el control de regularidad constitucional debe realizarse por los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, en el ámbito de sus competencias y procedimientos. Así, de una nueva reflexión, este Tribunal Pleno considera necesario abandonar el criterio reflejado en las tesis aisladas P. IX/2015 (10a.) y P. X/2015 (10a.), de títulos y subtítulos: "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN EJERCERLO SÓLO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA." y "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA EJERCERLO RESPECTO DE NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE ORIGEN.", porque dichos órganos jurisdiccionales, para dar cumplimiento al mandato constitucional de proteger, respetar y prevenir violaciones a los derechos humanos previsto en el artículo 1o. constitucional, deben realizar control ex officio tanto sobre las disposiciones procesales que regulan el juicio de amparo, directo e indirecto (Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo), como sobre cualesquiera disposiciones aplicadas en los actos reclamados cuya constitucionalidad revisan en el juicio constitucional. Lo anterior, porque se estima que el ejercicio de ese control es necesario para proteger los derechos humanos reconocidos constitucionalmente; es compatible con razones de seguridad jurídica porque no interfiere con el funcionamiento de instituciones como la preclusión o la cosa juzgada; y armoniza con el funcionamiento del sistema, ya que respeta el régimen federal y la distribución de competencias entre los órganos jurisdiccionales; en el entendido de que el resultado de ese control se limita a la inaplicación de normas generales en el acto concreto de aplicación sin generar efectos futuros y de que, cuando ese control lo realice el Tribunal Colegiado de Circuito, tanto en amparo directo como indirecto en revisión, con fundamento en los artículos 64, párrafo segundo, y 73, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, aplicables por identidad de razón, y con la finalidad de permitir a las partes conocer la realización del control de regularidad constitucional ex officio, éste deberá publicar previamente el proyecto de sentencia y dar vista a las partes, para que tengan la oportunidad de exponer lo que a su derecho convenga." (Registro digital: 2024159. Instancia: Pleno. Undécima Época. Materias(s): Común. Tesis: P./J. 2/2022 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 10, Febrero de 2022, Tomo I, página 7. Tipo: Jurisprudencia.) En el criterio de previa cita, el Alto Tribunal determinó que conforme con los artículos 1º, 103 y 133 de la Constitución General, así como a lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente varios 912/2010, el control de regularidad constitucional debe realizarse por los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, en el ámbito de sus competencias y procedimientos, por lo que en una nueva reflexión, era necesario abandonar el criterio reflejado en las tesis aisladas P. IX/2015 (10a.) y P. X/2015 (10a.), de títulos y subtítulos: "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN EJERCERLO SÓLO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA." y "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA EJERCERLO RESPECTO DE NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE ORIGEN.", porque dichos órganos jurisdiccionales -Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito-, para dar cumplimiento al mandato constitucional de proteger, respetar y prevenir violaciones a los derechos humanos previsto en el artículo 1º Constitucional, deben realizar control ex officio tanto sobre las disposiciones procesales que regulan el juicio de amparo, directo e indirecto -Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo-, como sobre cualquier disposición aplicada en los actos reclamados cuya constitucionalidad revisan en el juicio constitucional. Lo anterior, justificó, primero, porque el ejercicio de ese control es necesario para proteger los Derechos Humanos reconocidos constitucionalmente; luego, es compatible con razones de seguridad jurídica porque no interfiere con el funcionamiento de instituciones como la preclusión o la cosa juzgada; y, por último, porque armoniza con el funcionamiento del sistema, ya que respeta el régimen federal y la distribución de competencias entre los órganos jurisdiccionales; en el entendido de que el resultado de ese control se limita a la inaplicación de normas generales en el acto concreto de aplicación sin generar efectos futuros y de que, cuando ese control lo realice el Tribunal Colegiado de Circuito, tanto en amparo directo como indirecto en revisión, con fundamento en los artículos 64, párrafo segundo, y 73, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, aplicables por identidad de razón, y con la finalidad de permitir a las partes conocer la realización del control de regularidad constitucional ex officio, éste deberá publicar previamente el proyecto de sentencia y dar vista a las partes, para que tengan la oportunidad de exponer lo que a su derecho convenga. Atento a lo anterior, todos los tribunales que conocen del juicio de amparo -vía indirecta, directa o en revisión- se encuentran facultados para realizar el control difuso de constitucionalidad y/o convencionalidad de las normas - procesales o sustantivas- aplicadas en el acto reclamado cuando adviertan en éstas algún vicio de constitucionalidad o convencionalidad. Así pues, en ejercicio de la facultad con que cuenta esta Juzgadora para realizar el control difuso de normas es que se analiza la convencionalidad del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del bloque de regularidad constitucional aplicable. Bloque de regularidad de constitucionalidad y/o convencionalidad. El Alto Tribunal de la Nación ha señalado que las autoridades judiciales para realizar el control de normas deben aplicar el parámetro de regularidad constitucional, lo cual, claramente, no se limita al texto de la norma -nacional o internacional- sino que se extiende a la interpretación que hagan los órganos autorizados -tribunales constitucionales y organismos internacionales según corresponda-. Así también no soslayó que la Corte Interamericana ha establecido que "los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana". De igual forma sostuvo que el control de convencionalidad es un control de constitucionalidad desde el punto de vista sustantivo, dada la interpretación material que se hace del artículo 1º constitucional. Las consideraciones anteriores se encuentran inmersas en la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. SE EXTIENDE A LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA NACIONAL O INTERNACIONAL. Las autoridades judiciales deben aplicar el parámetro de regularidad constitucional - incluidos, por supuesto, los estándares sobre derechos humanos-, lo cual, claramente, no se limita al texto de la norma -nacional o internacional- sino que se extiende a la interpretación que hagan los órganos autorizados -tribunales constitucionales y organismos internacionales según corresponda-. Al respecto, la Corte Interamericana ha establecido que "los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana". En similar sentido, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia estableció, en la Contradicción de Tesis 21/2011, que "el control de convencionalidad es un control de constitucionalidad desde el punto de vista sustantivo, dada la interpretación material que se hace del artículo 1o. constitucional". (Registro digital: 2010426. Instancia: Primera Sala. Décima Época. Materias(s): Constitucional. Tesis: 1a. CCCXLIV/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, página 986. Tipo: Aislada.) Ahora, también importa destacar que el Estado Mexicano ratificó la Convención Americana Sobre Derechos Humanos -Pacto de San José-, el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y uno, y aceptó el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual las sentencias que ésta emite son vinculantes para el Estado Mexicano. Al respecto, resultan ilustrativos los criterios sustentados por el más Alto Tribunal del País, cuyos rubros y textos son los siguientes: SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO, INCLUYENDO EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEBEN ACATAR LO ORDENADO EN AQUÉLLAS. El Poder Judicial de la Federación tiene la obligación de acatar una orden que le incumba por estar contenida en una sentencia de un tribunal internacional, como sería el caso de juzgar a los perpetradores de violaciones de derechos humanos declaradas por el organismo internacional. Así, conforme a las obligaciones internacionales adquiridas soberanamente por México, todos sus Poderes deben cumplir con lo ordenado en las sentencias emitidas contra el Estado Mexicano. Esto tiene su fundamento en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece el principio pacta sunt servanda, y que prescribe que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe y, para el caso específico del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que los Estados Parte se comprometen a cumplir la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en todo caso en que sean partes." (Registro digital: 2006181, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Tesis: 1a. CXLIV/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 823.) CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. EFECTOS DE SUS SENTENCIAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. El Estado Mexicano se adhirió a la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 24 de marzo de 1981 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 16 de diciembre de 1998, mediante declaración unilateral de voluntad que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1999. En ese sentido, los artículos 133 y 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen la vigencia de los tratados internacionales en nuestro ordenamiento jurídico interno y establecen la obligación de las autoridades nacionales de aplicar los derechos humanos de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales vigentes en nuestro país. Por lo anterior, la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, generan como una consecuencia ineludible que las sentencias emitidas por dicho tribunal internacional, en aquellos casos en los cuales México haya sido parte en el juicio, resulten obligatorias para el Estado mexicano, incluidos todos los jueces y tribunales que lleven a cabo funciones materialmente jurisdiccionales. Esta obligatoriedad alcanza no sólo a los puntos resolutivos de las sentencias en comento, sino a todos los criterios interpretativos contenidos en las mismas." (Registro digital: 2000206, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Penal, Tesis: 1a. XIII/2012 (10a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, página 650.) SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN ASUNTOS DONDE EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE. PARA QUE SUS CRITERIOS TENGAN CARÁCTER VINCULANTE NO REQUIEREN SER REITERADOS. De los párrafos 339 y 347 de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, se advierte que los Jueces y tribunales internos, además de velar por el cumplimiento de las disposiciones de fuente internacional, deben tomar en cuenta la interpretación que de éstas ha realizado esa Corte, así como la obligación del Estado de garantizar que la conducta que motivó su responsabilidad no se repita. De lo anterior se sigue que la interpretación en materia de derechos humanos realizada por esa Corte Internacional, al resolver un caso en el que el Estado Mexicano fue parte, aun cuando se trate de una sentencia aislada por lo que hace a éste, adquiere el carácter y fuerza vinculante de precedente jurisprudencial, máxime que este Alto Tribunal, en la tesis aislada P. LXV/2011 (9a.), de rubro: "SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO.", derivada de la resolución del expediente varios 912/2010, sostuvo que las resoluciones pronunciadas por la Corte Interamericana son obligatorias para todos los órganos del Estado Mexicano, al haber figurado como parte en un litigio concreto, siendo vinculantes para el Poder Judicial. Por tanto, para que los criterios de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en asuntos donde el Estado Mexicano fue parte adquieran el carácter de vinculantes, no requieren ser reiterados, máxime que respecto de estas sentencias no operan las reglas que para la conformación de la jurisprudencia prevé el artículo 192 de la Ley de Amparo." (Registro digital: 2003156, Instancia: Pleno, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: P. III/2013 (10a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, página 368.) De igual forma, cabe destacar que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido en diversas sentencias que la prisión preventiva, en sí misma, no es contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y constituye una medida que los Estados pueden adoptar siempre y cuando éstas se ajusten a los requisitos convencionales, lo cual ha fijado en cada caso contencioso resuelto sobre este tópico. Así, en el caso "López Álvarez & Honduras"2, la Corte Interamericana determinó, esencialmente, que las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito no son por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva. Luego, en el caso "Jenkins & Argentina"3, la Corte Interamericana sostuvo, en lo medular, que la regulación que excluía automáticamente del beneficio de tiempo máximo de prisión preventiva para todas aquellas personas imputadas por narcotráfico, es decir, sobre la base del delito específico imputado, constituía una normativa discriminatoria, arbitraria y violatoria del principio de presunción de inocencia conforme a los artículos 1.1, 2, 7.1, 7.3, 7.5, 24 y 8.2 de la Convención Americana. En tratándose de México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el caso "Tzompaxtle Tecpile y otros contra México"4 -siete de noviembre de dos mil veintidós- determinó que la prisión preventiva, regulada en el artículo 161 del Código Federal de Procedimientos Penales -de mil novecientos noventa y nueve-, aplicable al proceso penal inquisitivo mixto o tradicional, es contraria a la Convención Americana porque: a) no hace referencia a las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría precaver para los casos de prisión preventiva oficiosa por delincuencia organizada, b) tampoco se propone ponderar a través de un análisis la necesidad de la medida frente a otras medidas menos lesivas para los derechos de la persona procesada como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad; y c) se establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso. Finalmente, en reciente data, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, al resolver el caso "García Rodríguez y otro contra México", sentencia notificada oficialmente al Estado Mexicano el doce de abril del propio año, realizó -entre otros- un análisis sobre la compatibilidad de la figura de la prisión preventiva oficiosa, con la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en donde resolvió que el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México - de dos mil-, y el artículo 19 de la Constitución -en su texto reformado en el año dos mil ocho-, son contrarios a los parámetros establecidos en la propia Convención. Esta última sentencia es de suma relevancia para el sistema jurídico mexicano, ya que en ésta la Corte Interamericana de Derechos Humanos -siempre en lo que atañe a la prisión preventiva oficiosa que es lo que interesa para este estudio-, hizo una declaratoria importante e impuso dos obligaciones al Estado Mexicano, tal como se advierte de las consideraciones en las que se sustenta el fallo, las que se transcriben a continuación: ". b) La prisión preventiva en el artículo 19 de la Constitución mexicana y en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000. 152. Los representantes y la Comisión alegaron que la figura de la prisión preventiva oficiosa que fue aplicada en el caso concreto resultaba contraria per se a la Convención Americana y vulneraba los derechos a la libertad personal (artículo 7 de la Convención Americana) y a la presunción de inocencia (artículo 8.2 de la Convención). 153. A continuación, la Corte analizará esos alegatos en el siguiente orden: a) aspectos generales sobre la prisión preventiva, el derecho a la libertad personal y la presunción de inocencia; b) la compatibilidad de la figura de la prisión preventiva contenida en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000 y en el artículo 19 de la Constitución mexicana con la Convención Americana, y c) conclusión. i. Aspectos generales sobre la prisión preventiva, el derecho a la libertad personal y la presunción de Inocencia 154. De forma preliminar, corresponde recordar que los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio, y que, por consiguiente, deben emplear los medios necesarios para luchar contra los fenómenos de delincuencia y criminalidad organizada incluyendo medidas que impliquen restricciones o incluso privaciones a la libertad personal. Sin perjuicio de lo anterior, el poder del Estado no es ilimitado para alcanzar sus fines, independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la culpabilidad de sus presuntos autores. En particular, las autoridades no pueden vulnerar los derechos reconocidos en la Convención Americana tales como los derechos a la presunción de inocencia, a la libertad personal, al debido proceso y no pueden llevar a cabo detenciones ilegales o arbitrarias, entre otros5. La prisión preventiva en sí misma no es contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y constituye una medida que los Estados pueden adoptar siempre y cuando se ajusten a los requisitos convencionales. 155. Sobre la arbitrariedad referida en el artículo 7.3 de la Convención Americana, la Corte ha establecido que nadie puede ser sometido a detenciones o encarcelamientos por causas y métodos que -aun calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad6. Se requiere que la ley interna, el procedimiento aplicable y los principios generales expresos o tácitos correspondientes sean, en sí mismos, compatibles con la Convención. Así, no se debe equiparar el concepto de "arbitrariedad" con el de "contrario a ley", sino que debe interpretarse de manera más amplia a fin de incluir elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad7. Por otra parte, el artículo 8.2 se refiere al derecho a la presunción de inocencia. 156. La Corte ha considerado que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: a) se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; b) esas medidas cumplan con los cuatro elementos del "test de proporcionalidad", es decir con la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana)8, idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional9, y c) la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas10. 157. En lo que se refiere al "test de proporcionalidad", la Corte ha afirmado que corresponde a la autoridad judicial desarrollar un juicio de proporcionalidad al momento de imponer una medida privativa de la libertad. La Corte ha considerado la prisión preventiva como una medida cautelar y no una medida de carácter punitivo11, la cual debe aplicarse excepcionalmente al ser la más severa que se puede imponer al procesado por un delito, quien goza del derecho a la presunción de inocencia12. A su vez, este Tribunal ha indicado en otros casos que la privación de libertad de un imputado o de una persona procesada por un delito no puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena13. En consecuencia, ha indicado que la prisión preventiva, por tratarse de la medida más severa, debe aplicarse excepcionalmente y la regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal14. 158. Dado lo anterior, corresponde a la autoridad judicial imponer medidas de esta naturaleza únicamente cuando acredite que: a) la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención; b) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; c) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, y d) que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida15. 159. En lo que refiere al primer punto, el Tribunal ha indicado que la medida solo se debe imponer cuando sea necesaria para la satisfacción de un fin legítimo, a saber: que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia16. Asimismo, ha destacado que el peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse su verificación en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto17. La exigencia de dichos fines encuentra fundamento en los artículos 7.3, 7.5 y 8.2 de la Convención. En ese sentido, corresponde recordar que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas indicó que la reclusión previa al juicio no puede ser preceptiva ante todo tipo de delito, sino que debe analizarse según las circunstancias de cada caso y que habrá de determinarse caso a caso cuándo la medida es razonable y necesaria18. 160. Respecto de la necesidad, la Corte encuentra que, al ser la privación de la libertad una medida que implica una restricción a la esfera de acción individual corresponde exigir a la autoridad judicial que imponga dicha medida, únicamente cuando considere que los demás mecanismos previstos en la ley, que impliquen un menor grado de injerencia en los derechos individuales, no son suficientes para satisfacer el fin procesal19. 161. Asimismo, esta Corte ha sostenido que las medidas alternativas deben estar disponibles y que solo se puede imponer una medida restrictiva de la libertad cuando no sea posible el uso de otras medidas para mitigar sus fundamentos, y que las autoridades deben considerar medidas alternativas para garantizar la comparecencia en el juicio20. Por su parte, en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad se refieren a la prisión preventiva como último recurso y aclara que en el procedimiento penal "sólo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso, teniendo debidamente en cuenta la investigación del supuesto delito y la protección de la sociedad y de la víctima". Además, agregan que las medidas sustitutivas de la prisión preventiva "se aplicarán lo antes posible"21. En un reciente caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que la prisión preventiva consiste en una grave injerencia en los derechos fundamentales y solo se justifica cuando los tribunales han considerado y juzgado insuficientes otras medidas menos lesivas22. 162. En el mismo sentido, la Corte ha dicho -en los casos que se impongan medidas privativas de la libertad-, que el artículo 7.5 establece límites temporales a su duración, por ende, cuando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, procede limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren la comparecencia al juicio. Los criterios que podrán ser tenidos en cuenta para determinar la razonabilidad del plazo deberán tener estrecha relación con las circunstancias particulares del caso concreto. Teniendo en cuenta lo anterior, a la luz de lo dispuesto en el artículo 7.3, 7.5 y 8.2 (presunción de inocencia), la Corte considera que las autoridades internas deben propender a la imposición de medidas alternativas a la prisión preventiva, a fin de evitar que se desvirtúe el carácter excepcional de la misma23. Sobre ese punto, corresponde recordar que los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (III) establecen que: a) la privación de libertad previo a una sentencia condenatoria debe ser por el tiempo mínimo necesario; b) la regla es la libertad del imputado y la excepción es la prisión preventiva; c) en ciertos casos, cuando se prolonga en demasía, los requisitos que se reputan normales o suficientes para justificarla devienen insuficientes y se requiere un mayor esfuerzo argumentativo, y d) se debe fundamentar y justificar en el caso concreto. 163. Asimismo, la Corte ha considerado que cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente (artículo 8.1) que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, viola el artículo 7.3 de la Convención. De este modo, para que se respete la presunción de inocencia (artículo 8.2) al ordenarse medidas cautelares restrictivas de la libertad, es preciso que el Estado fundamente y acredite, de manera clara y motivada, según cada caso concreto, la existencia de los referidos requisitos exigidos por la Convención24. La compatibilidad de la figura de la prisión preventiva en el artículo 19 de la Constitución mexicana y en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000 con la Convención Americana 164. La Corte considera que en el presente caso fue aplicada la figura de la prisión preventiva de conformidad con lo establecido en la Constitución mexicana y lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000. En ese sentido, el auto formal de prisión de 16 de abril de 2002 del Juez Quinto Penal que dispuso la prisión preventiva de , así como la decisión de 30 de noviembre de 2002 del mismo juzgado mediante la cual se dispuso la prisión preventiva de ************************ en el artículo 19 de la Constitución vigente en el año 2002 y en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000 que preveía la posibilidad de otorgar la libertad provisional de la persona procesada bajo caución, salvo cuando se trata de "delitos graves" (artículo 319); mientras que otras decisiones posteriores que revisaron esas medidas cautelares privativas de la libertad se basaron también en la versión revisada del artículo 19 de la Constitución mexicana que dispone la llamada prisión preventiva oficiosa (como por ejemplo la decisión de 24 de noviembre de 2011 del Juzgado Quinto Penal de Primera Instancia, supra párr. 81). De conformidad con lo anterior, corresponde que esta Corte analice la compatibilidad de la figura de la prisión preventiva contenida en el artículo 19 de la Constitución mexicana, tanto en la redacción que tenía cuando las presuntas víctimas fueron objeto de la medida cautelar, como en la redacción reformada en el año 2008, con la Convención Americana. Además, corresponde analizar la figura de la prisión preventiva en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000. 165. Se mencionó que la Constitución Política de México vigente al momento en que tuvieron lugar los hechos del caso establecía en su artículo 19 que "[n]inguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado". 166. Del mismo modo, la redacción de ese artículo 19 de la Constitución luego de la reforma del año 2008 agregó un segundo párrafo a continuación del mencionado supra en el que se establece que el "Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud". 167. Por su parte, el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000, vigente a la época de los hechos, establecía que: "Desde el momento en que quede a disposición del órgano jurisdiccional, todo inculpado tendrá derecho a ser puesto en libertad provisional bajo caución inmediatamente que lo solicite, si se reúnen los siguientes requisitos [.] IV. Que no se trate de alguno de los delitos señalados como graves en la ley penal". A su vez, el artículo 9 del código Penal del Estado de México de 20 marzo de 2000 establecía que "Se califican como delitos graves para todos los efectos legales: (.) el de delincuencia organizada, previsto en el artículo 178; (.) el de homicidio, contenido en el artículo 241; el de secuestro, señalado por el artículo 259; (.) y los previstos en las leyes especiales cuando la pena máxima exceda de diez años de prisión". 168. En lo que se refiere a la privación a la libertad sin condena en el marco de un proceso penal, tal como lo establecía el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000, el Tribunal constata que la norma aludida se refiere únicamente a la concurrencia de los presupuestos materiales, es decir al hecho punible y a la participación del imputado, así como a la gravedad del delito que se le está atribuyendo. La norma no hace referencia a las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría precaver, ni tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad. Por lo tanto, tal como está concebida, la prisión preventiva no tiene finalidad cautelar alguna y se transforma en una pena anticipada. 169. En el mismo sentido, esta Corte constata que el artículo 19 reformado de la Constitución mexicana, el cual establece que la autoridad judicial "ordenará la prisión preventiva, oficiosamente" para ciertos delitos, adolece de las mismas problemáticas que fueron señaladas para el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000. 170. En ambas disposiciones legales, la preceptividad del instituto, además, limita el rol del juez afectando su independencia (porque carece de margen de decisión) y supone un acto que deviene exento de todo control real, al tener por motivación la mera aplicación de la norma constitucional, impidiendo al imputado controvertir los hechos o discutir el fundamento. 171. En suma, de la lectura del artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000, y del artículo 19 de la Constitución, cuando se trata de un proceso penal por un delito que conlleva sanciones privativas a la libertad, pareciera que, una vez comprobados los supuestos materiales, basta con verificar que se le tomó la declaración a la persona procesada (o que conste que se rehusó a declarar) para que se aplique la prisión preventiva. De ese modo, el referido artículo establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales, sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso. A fin de cuentas, nos encontramos frente a un tipo de prisión preventiva automática o de oficio cuando se imputan ciertos delitos sin que las autoridades tengan la posibilidad de determinar la finalidad, la necesidad o la proporcionalidad de la medida cautelar en cada caso25. 172. Por otra parte, se podría también analizar si la prisión preventiva oficiosa dispuesta en el artículo 19 constitucional vulnera el principio de igualdad y no discriminación establecido en el artículo 24 de la Convención Americana puesto que el mismo introduce un trato diferente entre las personas imputadas por determinados delitos con respecto a las demás. A este respecto, el Tribunal ha establecido que los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de iure o de facto26. Asimismo, en caso de que el trato discriminatorio se refiera a una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del artículo 24 de la Convención Americana27 en relación con las categorías protegidas por el artículo 1.1 de la Convención. La Corte recuerda que una diferencia de trato es discriminatoria cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable28, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido29. 173. En el caso de la prisión preventiva oficiosa, el trato diferenciado puede verificarse en el hecho de que quienes están imputados de cometer ciertos delitos no tendrán posibilidad de controlar ni de defenderse adecuadamente de la medida toda vez que hay un mandato constitucional que impone preceptivamente la medida cautelar privativa de la libertad. Sobre ese punto, es preciso recordar que el artículo 8.2 de la Convención estipula que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a distintas garantías mínimas del debido proceso. Para este Tribunal, es claro que la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa sin considerar el caso concreto y las finalidades legítimas para restringir la libertad de una persona, así como su situación diferencial respecto de otros que, también al ser imputados por delitos, no están comprendidos en el elenco del artículo 19 de la Constitución mexicana, supone necesariamente una lesión al derecho a la igualdad ante la ley vulnerando el artículo 24 de la Convención Americana, y a gozar, en plena igualdad, ciertas garantías del debido proceso vulnerando el artículo 8.2 de dicho instrumento. 174. Por estos motivos, este Tribunal encuentra que el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000 y 19 de la Constitución de acuerdo a su texto reformado en el año 2008, los cuales fueron aplicados en el presente caso (supra párr. 164), contenían cláusulas, y siguen conteniendo en el caso del artículo 19 de la Constitución, que, per se, resultaban contrarias a varios derechos establecidos en la Convención Americana. Esos serían los derechos a no ser privado de la libertad arbitrariamente (art. 7.3), al control judicial de la privación de la libertad (art. 7.5), a la presunción de inocencia (art. 8.2), y a la igualdad y no discriminación (artículo 24). En esa medida, la Corte concluye que el Estado vulneró esos derechos, en relación con la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno establecida en el artículo 2 de dicho tratado, en perjuicio de ********sión preventiva en el caso concreto 175. En los acápites anteriores, el Tribunal determinó que tanto la figura del arraigo contenida en el artículo 154 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000 como la de la prisión preventiva contenida en el artículo 319 del mismo Código y 19 de la Constitución de acuerdo a su texto reformado en el año 2008, resultaban contrarias a la Convención Americana vulnerando los derechos a no ser privado de la libertad arbitrariamente (artículo 7.3); al control judicial de la privación de la libertad (art. 7.5); a ser oído (artículo 8.1), y a la presunción de inocencia (art. 8.2). Además, para la figura el arraigo, la Corte concluyó que la misma vulneraba también al derecho a ser oído (artículo 8.1 de la Convención Americana), y que la prisión preventiva oficiosa violaba del mismo modo el derecho a la igualdad y no discriminación (artículo 24 de la Convención Americana). Todos esos derechos se vulneraron en relación con la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno establecida en el artículo 2 de la Convención Americana. 176. Lo anterior resulta aún más problemático debido a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de México en la contradicción de tesis 293/201130, por medio de la cual aceptó que las restricciones expresas contenidas en la Constitución Nacional desplazaban a las normas internacionales, entre las cuales se encuentra las de la Convención Americana y las demás integrantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos31. En ese sentido, según indicó el perito José Ramón Cossío Díaz, "los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación están obligados a acatar lo resuelto en la contradicción de tesis 293/2011 y en el expediente varios 1396/2011, so pena de ser sancionados, sin que puedan plantear su desavenencia o cuestionar los criterios del Pleno o las salas de la propia Suprema Corte". Además, según ese perito, al aceptarse que las restricciones constitucionales prevalecen frente a los derechos de fuente convencional y a la jurisprudencia y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "se hace nugatoria la posibilidad de avanzar en el criterio que fortaleciera el principio pro-persona. [.] Lo anterior, genera que los alcances de la tutela judicial en México en los mecanismos de control de detención, revisión por vías ordinarias y mediante juicio de amparo de las detenciones impuestas bajo las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa, sean ineficaces al no ser posible aplicar de manera adecuada el principio pro- persona"32. En ese sentido y de conformidad con esa interpretación33, el Estado mexicano podría estar incumpliendo obligaciones internacionales que se comprometió a acatar al firmar y ratificar los instrumentos internacionales como la Convención Americana y las decisiones de la Corte Interamericana que son de obligatorio cumplimiento para los Estados Parte. 177. En cuanto a lo anterior, corresponde recordar que este Tribunal ha señalado de forma constante que las distintas autoridades estatales tienen en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas y prácticas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Para llevar a cabo esa tarea, las autoridades internas deben tener cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte, como última intérprete última de la Convención34. 178. Los representantes y la Comisión alegaron que adicionalmente a la existencia de normas restrictivas a la libertad que eran per se incompatibles con la Convención Americana, lo cual vulnera la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en su artículo 2, en el presente caso, el actuar de las autoridades judiciales que aplicaron esas figuras convencionales también vulneró los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia reconocidos en los artículos 7 y 8.2 de la Convención Americana en relación con la obligación de respeto contenida en el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de quienes estuvieron privados de la libertad bajo la modalidad del arraigo, 47 y 31 días respectivamente, y alrededor de 17 años bajo la figura de la prisión preventiva oficiosa. 179. Para este Tribunal, no cabe duda de que, al aplicar figuras que per se son contrarias a la Convención Americana, las autoridades internas vulneraron los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia en perjuicio de e respeto contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana. Sobre este punto, cabe recordar por ejemplo que el 24 de noviembre de 2011 la Jueza Quinta Penal se basó en la gravedad del delito para fundamentar su permanencia en prisión preventiva. Es así como en esa oportunidad indicó que el delito que se les imputaba "era y continúa siendo grave", dado que la ley vigente al momento de la comisión "jurídicamente impide la concesión de la libertad provisional bajo caución" (supra párr. 81). 180. Por otra parte, el 30 de enero de 2018, la Jueza Penal de Primera Instancia negó un recurso de revisión. Para decidir de esa manera, indicó que la duración del juicio era atribuible a la intensa actividad de los procesados y que había riesgo de fuga por parte de ***********. En esa decisión, analizó el peligro de fuga del procesado basándose en condiciones subjetivas tales como la honradez, la lealtad o la rectitud del procesado en lugar de analizar elementos que permitan determinar de manera objetiva la posibilidad de materialización de ese riesgo procesal. De ese modo, indicó en esa decisión que después de analizar las declaraciones de diversos testigos relativos a la conducta de mientras éste se desempeñaba como servidor público, afirmó que "se puede establecer que dicho acusado no se conducía con honradez, lealtad ni rectitud en el ejercicio de sus funciones como secretario particular del presidente Municipal de Atizapán de Zaragoza, motivo por el cual indicaron que fue despedido de ese ayuntamiento [.] lo que hace más proclive el riesgo de que el acusado se sustraiga de la acción de la justicia en caso de que sea modificada la medida cautelar de prisión preventiva" (supra párr. 86). 181. Del mismo modo, en cuanto a la prolongación de la prisión preventiva, la Corte constata que el artículo 20.IX de la Constitución mexicana, establece desde su reforma en el año 2008, que "[l]a prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares". 182. Por tanto, el artículo 20.IX de la Constitución obliga a ordenar la liberación de las personas en prisión preventiva que hubiesen permanecido más de dos años en ese estado salvo que la prolongación del proceso se deba a su estrategia de defensa. En ese sentido, la Corte nota que presentaron varios recursos para solicitar su revisión con el fundamento de que ésta se había convertido en pena anticipada, pero sus solicitudes fueron rechazadas bajo el argumento de que la legislación penal no permitía otorgar libertad provisional en atención a la gravedad del delito y el procedimiento penal que se les aplicaba no contemplaba revisión de medidas cautelares (supra párrs. 81, 83, 84, y 86). En esas decisiones no se efectuó un análisis a la luz de las disposiciones del artículo 20.IX de la Constitución. Lo anterior se produjo de ese modo, aun cuando las presuntas víctimas que presentaron los recursos solicitaron el control de convencionalidad de la legislación o, la aplicación retroactiva de las normas del sistema de penal vigente a partir de 2008. Lo anterior significa que, en el presente caso, las disposiciones del artículo 19 de la Constitución sobre prisión preventiva oficiosa han sido interpretadas, por las autoridades que tuvieron conocimiento de esos recursos, como una excepción a lo dispuesto en el artículo 20.IX de la misma Constitución sobre la duración máxima de esa medida. En ese sentido, según esta interpretación, para los delitos enunciados en el artículo 19 de la Constitución, no existiría la posibilidad de excarcelación al cabo de los dos años tal como lo establece el artículo 20.IX de ese mismo cuerpo normativo, ni tampoco una necesidad de revisión periódica de la medida cautelar. Lo anterior se debería al hecho de que, en el caso de la prisión preventiva oficiosa, es suficiente con la imputación de un delito para que la misma proceda, situación que se actualiza permanentemente hasta el dictado de la sentencia, sin que sea posible, en cada caso, determinar si la medida cautelar es idónea, necesaria o proporcional. En esas circunstancias, el principio de presunción de inocencia queda vaciado de contenido. 183. Adicionalmente, la Corte observa que las revisiones periódicas sobre la pertinencia de mantener la prisión preventiva en perjuicio de fueron efectuadas siempre a solicitud de parte interesada y nunca correspondió a una revisión de oficio por parte de las autoridades judiciales. 184. Sobre este último punto, la Corte ha sostenido que la prisión preventiva debe estar sometida a revisión periódica, de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción35. En concreto, afirmó que la autoridad judicial no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona detenida recupere su libertad, sino que debe evaluar periódicamente si la finalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la privación a la libertad ha sobrepasado los límites que imponen la ley y, en su caso, la razón de dicha extensión. En ese sentido, en cualquier momento en que aparezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, deberá decretarse la libertad, sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe36. 185. Por último, para esta Corte es claro que la extensión por más de 17 años de la prisión preventiva significó en los hechos que se aplicara a los procesados una pena encubierta sin una condena, puesto que constituyó una medida punitiva sin previo juicio acompañado de sus garantías, y por un lapso que excede todo plazo razonable ya que este correspondió aproximativamente a la mitad de la pena que se impuso en la sentencia condenatoria (supra párr. 10). Sobre este punto corresponde recordar que el Comité de Derechos Humanos ha señalado que este régimen no puede utilizarse como forma de eludir los límites y garantías del proceso penal o imponer una pena sin proceso37. En ese sentido, no hay duda acerca del hecho que, de forma flagrante y por la vía de los hechos, se vulneró el artículo 8.2 de la Convención Americana, el cual establece que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. B.4. Conclusión 186. De conformidad con lo expuesto, esta Corte determina que el Estado es responsable por la violación al derecho a la libertad personal contenido en los artículos 7.1, 7.2, 7.4, y 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar los derechos establecida en el artículo 1.1 de la Convención, en perjuicio de razones de la misma y por no haber sido llevado sin demora ante una autoridad judicial luego de su aprehensión (supra párrs. 132, 135, 138 y 141). 187. Asimismo, el Estado es responsable por la violación al derecho a la libertad personal contenido en los artículos 7.1, 7.3, y 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al derecho a ser oido y a la presunción de inocencia reconocidos en los artículos 8.1 y 8.2, en relación con la obligación de respetar y de garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 de la Convención, así como la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de dicho instrumento, por la aplicación de la figura del arraigo, contenida en el artículo 154 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000, en perjuicio de (supra párrs. 151 y 179). 188. Por último, el Estado es responsable por la violación al derecho a la libertad personal contenido en los artículos 7.1, 7.3, y 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 8.2 del mismo instrumento, y el derecho a la igualdad ante la ley establecido en el artículo 24 de dicho tratado, todos esos derechos en relación con la obligación de respetar y de garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 de la Convención, así como la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de dicho instrumento, por la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, establecida en el artículo 19 de la Constitución mexicana y en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000, en perjuicio de (supra párrs. 174, 179 y 185). c). Conclusión 298. De conformidad con lo anterior, si bien la normatividad mediante la cual se aplicó el arraigo y la prisión preventiva oficiosa a los hechos del caso ha variado, para esta Corte no cabe duda de que los aspectos que la hacen incompatible con la Convención, según lo señalado supra, persisten en su redacción actual. Esos aspectos son los que llevaron a este Tribunal a declarar que las normas que recogen las figuras del arraigo (artículo 154 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000) y de la prisión preventiva oficiosa (artículo 154 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000 así como el artículo 19 de la Constitución mexicana luego de que fuera reformada en el año 2008) eran contrarias a la Convención Americana y a la obligación a cargo del Estado de adecuar las disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de la Convención Americana. 299. La Corte recuerda que el deber general del Estado establecido en el artículo 2 de la Convención Americana, incluye la adopción de medidas para suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que impliquen una violación a las garantías previstas en la Convención, así como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la observancia efectiva de dichas garantías38. 300. Conforme a lo expuesto y con relación a la figura del arraigo como medida de naturaleza pre-procesal restrictiva de la libertad con fines investigativos, la Corte entiende que la misma resulta incompatible con la Convención Americana, puesto que los postulados que definen sus características inherentes no son compatibles con los derechos a la libertad personal, al derecho a ser oído y a la presunción de inocencia. Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal considera que el Estado deberá dejar sin efecto, en su ordenamiento jurídico, toda la normatividad, incluyendo la constitucional, relacionada con el arraigo como medida de naturaleza pre-procesal restrictiva de la libertad para fines investigativos. 301. Por otra parte, en lo que se refiere a la figura de la prisión preventiva oficiosa, esta Corte ordena al Estado, como lo ha hecho en otros casos39, adecuar su ordenamiento jurídico, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para que sea compatible con la Convención Americana. Para tales efectos, el Estado deberá tomar en consideración lo indicado en los párrafos 154 a 163, y 184 de la presente Sentencia, en donde se establecen los requisitos que deben cumplir las medidas de esa naturaleza para que sean compatibles con el referido tratado. 302. Por otra parte, no solo la supresión o adecuación de las normas en el derecho interno garantizan los derechos contenidos en la Convención Americana, de conformidad a la obligación comprendida en el artículo 2 de dicho instrumento. También se requiere el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la misma puesto que la existencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada. En ese sentido, es necesario que la aplicación de las normas o su interpretación, en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público estatal, se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención. 303. Conforme a lo expuesto, se recuerda que las autoridades internas, al aplicar las figuras del arraigo o de la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana de las personas investigadas o procesadas por un delito, atendiendo el principio pro persona. En ese sentido, corresponde reiterar que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y juezas, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, sean estas de naturaleza constitucional o legal, por lo que - en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes- las magistraturas y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. . X. PUNTOS RESOLUTIVOS 338. Por tanto, LA CORTE DECIDE Por unanimidad, que: 1. Desestimar la excepción preliminar sobre cosa juzgada internacional, de conformidad con los párrafos 19 a 22. 2. Desestimar la excepción preliminar sobre la falta de agotamiento de los recursos internos, de conformidad con los párrafos 27 a 30. DECLARA, Por unanimidad, que: 3. El Estado es responsable por la violación al derecho a la libertad personal contenido en el artículo 7.1, 7.2, 7.4 y 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar los derechos establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de , en los términos de los párrafos 126 a 141 y 186. 4. El Estado es responsable por la violación a los derechos a la libertad personal, a ser oído, y a la presunción de inocencia, reconocidos en los artículos 7.1, 7.3, 7.5, 8.1 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar y de garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, así como la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de dicho instrumento, por la aplicación de la figura del arraigo en perjuicio de , en los términos de los párrafos 146 a 151, 179 y 187. 5. El Estado es responsable por la violación a los derechos a la libertad personal, a la presunción de inocencia, a la igualdad ante la Ley reconocidos en los artículos 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todos ellos en relación con la obligación de respetar y de garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 de la Convención, así como la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de dicho instrumento, por la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en perjuicio de , en los términos de los párrafos 152 a 185, y 188. 6. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, contenidos en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respeto establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, y los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, por los hechos de tortura en perjuicio de , en los términos de los párrafos 201 a 222. 7. El Estado es responsable por la violación al principio del plazo razonable, y a la regla de la exclusión de la prueba obtenida bajo tortura, contenidos en los artículos 8.1 y 8.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar los derechos establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de en los términos de los párrafos 241 a 245, y 265 a 272. Además, el Estado es responsable por la violación de su obligación de investigar con la debida diligencia contenida en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con la obligación de respetar los derechos establecida en el artículo 1.1 de dicho tartado, y 1, 6, y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, por los hechos de tortura en perjuicio de , en los términos de los párrafos 223 a 226. 8. El Estado es responsable por la violación del derecho a las garantías judiciales, contenidos en los artículos 8.2.d), y e), y f), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar los derechos establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Daniel García Rodríguez, en los términos de los párrafos 246 a 251, 256, y 257. Y DISPONE: Por unanimidad, que: 9. Esta Sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. 10. El Estado concluirá los procedimientos penales en los términos de los párrafos 283 y 284. 11. El Estado revisará la pertinencia de mantener las medidas cautelares y excluirá todos los antecedentes incriminatorios que fueron obtenidos bajo coacción o tortura en todos los actos procesales en los términos del párrafo 285. 12. El Estado desarrollará las investigaciones previstas en los párrafos 286 a 288. 13. El Estado deberá dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza pre - procesal, en los términos de los párrafos 292 a 294, 298 a 300, y 302 a 303. 14. El Estado deberá adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva oficiosa, en los términos de los párrafos 292 y 293, 295 a 299 y 301 a 303. ." De lo inserto se desprende, que la Corte Interamericana declaró la inconvencionalidad de la figura jurídica de la prisión preventiva oficiosa regulada en el artículo 19 Constitucional, en su texto reformado en los años de dos mil ocho y dos mil diecinueve -incluyendo la reforma de dos mil once-, esto es, el texto constitucional que actualmente conocemos. En toda su línea argumentativa la Corte Interamericana sostuvo, de manera puntual, que la prisión preventiva oficiosa regulada en el precepto constitucional aludido es inconvencional porque desatiende la jurisprudencia de la Corte Interamericana -respecto a los derechos de libertad personal y presunción de inocencia reconocidos en los artículos 7.3, 7.5 y 8.2 de la Convención-, en el sentido que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: a) Se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; b) Esas medidas cumplan con los cuatro elementos del "test de proporcionalidad", es decir con la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana), idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional, y c) La decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas, lo que se refiere al "test de proporcionalidad", la Corte Interamericana ha afirmado que corresponde a la autoridad judicial desarrollar un juicio de proporcionalidad al momento de imponer una medida privativa de la libertad. La Corte Interamericana también ha considerado la prisión preventiva como una medida cautelar y no una medida de carácter punitivo, la cual debe aplicarse excepcionalmente al ser la más severa que se puede imponer al procesado por un delito, quien goza del derecho a la presunción de inocencia. A su vez, el citado Tribunal Interamericano ha indicado en otros casos que la privación de libertad de un imputado o de una persona procesada por un delito no puede residir en fines preventivo- generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena. En consecuencia, ha indicado que la prisión preventiva, por tratarse de la medida más severa, debe aplicarse excepcionalmente y la regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal. De ahí, que corresponde a la autoridad judicial imponer medidas de esta naturaleza únicamente, bajo los siguientes parámetros: Cuando acredite que: a) La finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención; b) Que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; c) Que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, y d) Que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. En el caso del artículo 19 Constitucional, la Corte Interamericana sostuvo que dicho precepto se aparta de la jurisprudencia del Tribunal Interamericano al establecer preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales, sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso, por lo que se está frente a un tipo de prisión preventiva automática o de oficio cuando se imputan ciertos delitos sin que las autoridades tengan la posibilidad de determinar la finalidad, la necesidad o la proporcionalidad de la medida cautelar en cada caso. De esta forma el precepto constitucional limita el rol del juez afectando su independencia (porque carece de margen de decisión) y supone un acto que deviene exento de todo control real, al tener por motivación la mera aplicación de la norma constitucional, impidiendo al imputado controvertir los hechos o discutir el fundamento. Al respecto la cosa juzgada internacional derivada de las ejecutorias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los Casos Tzompaxtle Tecpile y otros vs México40; y, García Rodríguez y otro vs México41; es que esta Juzgadora, en acatamiento a tales ejecutorias se pronuncia en estos términos. Es así porque la cosa juzgada internacional resolvió que la prisión preventiva oficiosa resulta contraria a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos al vulnerar el principio de igualdad ante la ley y no discriminación - artículo 24 de la Convención- puesto que el precepto introduce un trato diferente entre las personas imputadas por determinados delitos con respecto a las demás, cuando el Tribunal Interamericano ha establecido que los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de iure o de facto. Sobre todo, porque una diferencia de trato es discriminatoria cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido. Así, la Corte Interamericana determinó que el artículo 19 de la Constitución Mexicana -en la porción que regula la prisión preventiva oficiosa-, resulta contrario a varios derechos establecidos en la Convención Americana, como lo son el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente (art. 7.3), al control judicial de la privación de la libertad (art. 7.5), a la presunción de inocencia (art. 8.2), y a la igualdad y no discriminación (artículo 24). Por tanto, concluyó que el Estado vulneró los derechos señalados, en relación con la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno establecidas en el artículo 2 de dicho tratado -Convención Americana Sobre Derechos Humanos-. Como consecuencia de tal declaratoria de inconvencionalidad del artículo 19 Constitucional -en tratándose de la prisión preventiva oficiosa-, el Tribunal Interamericano condenó a México determinando diversas medidas de reparación, garantía de no repetición, medidas de satisfacción, medidas de rehabilitación, entre otras. Derivado de estas condenas surgieron a cargo del Estado Mexicano dos obligaciones: I. Adecuar su ordenamiento jurídico, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para que sea compatible con la Convención Americana. Para tales efectos, el Estado deberá tomar en consideración lo indicado en los párrafos 154 a 163, y 184 de la sentencia, en donde se establecen los requisitos que deben cumplir las medidas de esa naturaleza para que sean compatibles con el referido tratado. II. En el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, las magistraturas y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana. En este contexto, esta Juzgadora, en estricto acatamiento a lo establecido en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la declaratoria de inconvencionalidad del artículo 19 Constitucional, los efectos jurídicos que ésta tiene en el sistema jurídico mexicano y como órgano integrante de la administración de justicia del Poder Judicial de la Federación, vinculado a ejercer ex oficio el control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, procede a realizar el análisis de convencionalidad de la prisión preventiva oficiosa impuesta a los impetrantes del amparo, sustentada en lo toral en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, partiendo de tener por no puesto o excluyendo del parámetro de regularidad de constitucionalidad y/o inconvencionalidad, el texto del artículo 19 Constitucional, en la parte que contempla la prisión preventiva oficiosa; y, en su lugar, se atiende lo regulado en los artículos 7.3., 7.5., 8.2. y 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, así como la interpretación que en torno a los mismos ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto de la figura de la medida cautelar de prisión preventiva y, sobre todo, la jurisprudencia en la que declaró la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa regulada por el artículo 19 de la Constitución Mexicana. Es orientadora al caso, para aplicar el bloque de regularidad de constitucionalidad y/o convencionalidad así construido, el criterio contenido en la tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación, que señala: CONTROL CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS PENALES. DEBE REALIZARSE CON LAS DIRECTRICES CONSTITUCIONALES VIGENTES AL RESOLVERSE EL JUICIO DE AMPARO. El análisis sobre la constitucionalidad de una norma debe realizarse a partir del texto constitucional vigente al momento en que se resuelve el juicio de amparo, en virtud de que en el contexto de derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es posible realizar el control concentrado de constitucionalidad de una norma jurídica apartándose del texto vigente, derivada del momento en que se cometió una conducta delictiva o acontezca la situación fáctica concreta que debe analizarse bajo los parámetros definidos en la Constitución Federal, pues asumir como válida esta práctica conduciría al extremo de reconocer que en nuestro ámbito jurídico coexisten diversos sistemas constitucionales, identificados por el contenido de las normas constitucionales que se definan por las reformas o modificaciones que se le hayan realizado; cuya vigencia y aplicación estarán condicionadas al momento en que haya tenido lugar el hecho que actualice el supuesto de aplicación de la norma constitucional en concreto. Interpretación constitucional que es inaceptable, porque el único sistema constitucional que puede emplearse para realizar el control de constitucionalidad concentrado al resolverse el juicio de amparo es el que constituye derecho positivo y se encuentra vigente; pues no existe otro, porque precisamente la reforma o modificación del texto de una norma constitucional, a partir de que entre en vigor, genera que deje de ser eje rector de aplicación y observancia el contenido anterior, porque ha sido sustituido. Es importante resaltar que el criterio de aplicación del texto o contenido del sistema constitucional vigente al momento en que se ejerce el control constitucional concentrado en el juicio de amparo, evidencia su trascendencia e importancia tratándose de la obligación de todas las autoridades del país de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con el principio de progresividad, como lo dispone el artículo 1o., párrafo tercero, de la Norma Fundamental. Lo cual implica que una vez incorporado el reconocimiento de un derecho a la Constitución, con lo que se logra avanzar en el ejercicio y tutela del derecho, como estándar mínimo exigible, no debe disminuirse el nivel alcanzado, sino progresarse gradualmente en su cumplimiento." (Registro digital: 2009923. Instancia: Primera Sala. Décima Época. Materias(s): Común, Penal. Tesis: 1a. CCLXXIV/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 302. Tipo: Aislada.) Así como también, resulta aplicable el criterio sostenido en la tesis 1a. CXLIV/2014 (10a.), por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada en párrafos previos de rubro: "SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO, INCLUYENDO EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEBEN ACATAR LO ORDENADO EN AQUÉLLAS". Inconvencionalidad del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece lo siguiente: 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. Las leyes generales de salud, secuestro, trata de personas, delitos electorales y desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como las leyes federales para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, armas de fuego y explosivos, y contra la delincuencia organizada, establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal, de la manera siguiente: I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323; II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis; III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis; IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126; V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128; VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero; VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145; IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis; X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter; XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero; XII. Abuso o violencia sexual contra menores, previsto en los artículos 261 en relación con el 260; XIII. Feminicidio, previsto en el artículo 325; XIV. Robo a casa habitación, previsto en el artículo 381 Bis; XV. Ejercicio abusivo de funciones, previsto en las fracciones I y II del primer párrafo del artículo 220, en relación con su cuarto párrafo; XVI. Enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224, en relación con su séptimo párrafo, y XVII. Robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades, previsto en los artículos 376 Ter y 381, fracción XVII. [.] El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad o bien, cuando exista voluntad de las partes para celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de alguno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna del procedimiento. La solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Fiscalía o de la persona funcionaria en la cual delegue esa facultad. Si la prisión preventiva oficiosa ya hubiere sido impuesta, pero las partes manifiestan la voluntad de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, el Ministerio Público solicitará al juez la sustitución de la medida cautelar para que las partes concreten el acuerdo con el apoyo del Órgano especializado en la materia. En los casos en los que la víctima u ofendido y la persona imputada deseen participar en un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias, y no sea factible modificar la medida cautelar de prisión preventiva, por existir riesgo de que el imputado se sustraiga del procedimiento o lo obstaculice, el o la Juez de Control podrá derivar el asunto al Órgano especializado en la materia, para promover la reparación del daño y concretar el acuerdo correspondiente. De lo anterior se advierte, en lo que interesa, que el citado artículo 167 establece que la prisión preventiva se ordenará de manera oficiosa, entre otros, en los casos de delitos contra la salud, previstos en los artículos 194, 195, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero. Como se aprecia -siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana del "Caso García Rodríguez y otro vs México"-, la prisión preventiva establecida en el precepto mencionado establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales, sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso, esto es, sin que la autoridad judicial tenga la posibilidad de determinar la finalidad, la necesidad o la proporcionalidad de la medida cautelar en cada caso, con lo que transgrede los derechos a la libertad personal reconocidos en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos a no ser privado de la Libertad arbitrariamente (artículo 7.3.), al control judicial de la privación de la libertad (artículo 7.5.) y a la presunción de inocencia (artículo 8.2.). Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal [.] 3.Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. [.] 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. [.]" Artículo 8. Garantías Judiciales [.] 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. [.] Así también, la prisión preventiva oficiosa dispuesta en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales vulnera el principio de igualdad y no discriminación, establecido en el artículo 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, puesto que introduce un trato diferente entre las personas imputadas por determinados delitos con respecto a las demás, en tanto que la Corte Interamericana ha establecido que los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de iure o de facto. Aún más, porque la Corte Interamericana ha señalado, que en caso de que el trato discriminatorio se refiera a una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del artículo 24 de la Convención Americana en relación con las categorías protegidas por el artículo 1.1 de la Convención, aún más, la Corte Interamericana, ha sostenido que una diferencia de trato es discriminatoria cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido. ARTÍCULO 24. Igualdad ante la Ley Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. De ahí que, la prisión preventiva oficiosa regulada en el numeral en estudio tampoco cumple con los lineamientos de la Convención Americana, en este aspecto, pues no existe ninguna justificación objetiva ni razonable para el trato desigual ahí contenido. Atento a lo apuntado con antelación, la prisión preventiva oficiosa regulada en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se ajusta a los lineamientos convencionales establecidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que es inconvencional. Consecuentemente, ante la declaratoria de inconvencionalidad del artículo 19 Constitucional, emitida en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "García Rodríguez y otro vs México", y la que se emite en esta ejecutoria respecto del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al resultar inconvencional el sustento jurídico analizado, debe inaplicarse en el caso concreto para declarar así, en vía de consecuencia, inconvencional la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa aplicada a la parte quejosa, en el proceso penal de origen. Finalmente, en el caso, no se inadvierte la existencia de las jurisprudencias P./J. 20/2014 (10a.) y 2a./J 119/2014 (10ª.), del Pleno y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen: DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano." (Instancia: Pleno; Décima Época; Materia(s): Constitucional; Tesis: P./J. 20/2014 (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 202; Tipo: Jurisprudencia; Registro digital: 2006224.) AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE PRETENDEN LA DESAPLICACIÓN DE UNA RESTRICCIÓN, PROHIBICIÓN, LIMITACIÓN O EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL, CON APOYO EN UNA DISPOSICIÓN DE CARÁCTER CONVENCIONAL. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los derechos humanos previstos en los tratados internacionales se encuentran al mismo nivel que los reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conformando un mismo catálogo sin hacer referencia a una cuestión jerárquica; pero que cuando se esté en presencia de una restricción, prohibición, limitación o excepción constitucional, prevalece o tiene aplicación directa el texto de la Ley Fundamental frente a cualquier norma de carácter internacional. En ese tenor, los agravios en los que se pretenda la desaplicación de una restricción, prohibición, limitación o excepción constitucional con apoyo en una disposición de carácter convencional resultan inoperantes, al tratarse aquéllas de una expresión del Constituyente que prevalece, en todo caso y condición, frente a cualquier otra norma derivada, con independencia de que ésta tenga el mismo nivel que la Constitución Federal." (Instancia: Segunda Sala; Décima Época; Materia(s): Común; Tesis: 2a./J. 119/2014 (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 768; Tipo: Jurisprudencia; Registro digital: 2007932.) Criterios que establecen la prevalencia de las restricciones constitucionales, aún más, dichos criterios jurisprudenciales resultan obligatorios para esta Juzgadora en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo; empero, en este asunto, al atenderse -en estricto acatamiento a la sentencia vinculante de la Corte Interamericana-, la exclusión de la porción apuntada del artículo 19 Constitucional del parámetro de regularidad constitucional y/o convencional, ésta ya no puede considerarse una restricción constitucional para efectos del control de convencionalidad que aquí se realiza, de ahí que no se trastoca la jurisprudencia del Tribunal Nacional y su jerarquía en el Estado Mexicano. Mucho menos se desatiende la jurisprudencia P./J. 64/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ocho, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, con registro digital 2008148, que dice así: JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR JERARQUÍA. La obligación de las autoridades jurisdiccionales contenida en los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de realizar un control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos y dar preferencia a los contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario contenidas en cualquier norma inferior, no contempla a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el artículo 94 constitucional establece que será obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales de conformidad con lo que disponga la ley y, en este caso, la Ley de Amparo así lo indica tanto en la abrogada como en el artículo 217 de la vigente; de ahí que no privan las mismas razones que se toman en cuenta para inaplicar una disposición emitida por el legislador cuando viola derechos humanos de fuente constitucional o convencional. Cabe precisar que en los casos en los que se pudiera advertir que una jurisprudencia del Alto Tribunal desatiende o contradice un derecho humano, cualquiera que sea su origen, existen los medios legales para que se subsane ese aspecto. En conclusión, aun partiendo del nuevo modelo de interpretación constitucional, no es posible determinar que la jurisprudencia del Máximo Tribunal del país pueda ser objeto de la decisión de un órgano de menor grado que tienda a inaplicarla, como resultado del ejercicio de control de convencionalidad ex officio, porque permitirlo daría como resultado que perdiera su carácter de obligatoria, ocasionando falta de certeza y seguridad jurídica." Adicionalmente, conviene precisar, que el criterio sostenido por esta Juzgadora atiende, en todo momento, al principio pro persona, tal y como quedó establecido en el apartado 303 del fallo interamericano que se acata, así como la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se ha establecido que la diversa emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatoria para los jueces mexicanos, siempre y cuando sea más favorable a la persona. Al efecto, la jurisprudencia que se cita es la identificada como P./J. 21/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 204, Décima Época, con número de registro digital 2006225, de rubro y texto: JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos. De ahí que, en modo alguno se desatienden los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que, al realizar un ejercicio de ponderación entre los derechos establecidos en los ordenamientos internos y los contenidos en la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resulta evidente que resulta más favorable a la parte quejosa los emitidos por la Corte Interamericana. Aún más, porque la propia sentencia interamericana que se acata y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en sus fundamentos42, establece que el Estado Mexicano no puede anteponer su derecho interno para dejar de cumplir con sus obligaciones internacionales, esto, atento a lo establecido en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, pacto internacional que también fue ratificado por el Estado Mexicano y, por ende, es de observarse por esta Juzgadora. De ahí que, no es dable a este órgano jurisdiccional anteponer, a los efectos vinculantes de la cosa juzgada internacional, el derecho interno -obligatoriedad de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia misma- luego de la declaratoria de inconvencionalidad del artículo 19 Constitucional, en la porción que trata de la prisión preventiva oficiosa. Finalmente, no escapa, en el caso, que existe ya radicado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el expediente 3/2023 relativo a la recepción de sentencias de tribunales internacionales, para atender una petición donde se solicita la colaboración del Alto Tribunal con el objeto de que se determinen las acciones a seguir en relación con la sentencia sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con relación al Caso García Rodríguez y otro contra el Estado Mexicano. Empero, este órgano de control constitucional considera que su tramitación no suspende la ejecución del fallo interamericano, sobre todo, porque la Corte Nacional ha declarado que este tipo de resoluciones internacionales no pueden ser cuestionadas al constituir cosa juzgada internacional, emitida por un tribunal de ese ámbito y respecto del cual el Estado Mexicano tiene aceptada su competencia contenciosa, de ahí que lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos, por parte de todos los órganos del Estado Mexicano, pues resultan vinculantes no sólo los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en ella. El criterio anterior se contiene en la tesis del Pleno del Alto Tribunal de la Nación de rubro y texto siguiente: SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO. El Estado Mexicano ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ello, cuando ha sido parte en una controversia o litigio ante esa jurisdicción, la sentencia que se dicta en esa sede, junto con todas sus consideraciones, constituye cosa juzgada, correspondiéndole exclusivamente a ese órgano internacional evaluar todas y cada una de las excepciones formuladas por el Estado Mexicano, tanto si están relacionadas con la extensión de la competencia de la misma Corte o con las reservas y salvedades formuladas por aquél. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun como tribunal constitucional, no es competente para analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es correcta o incorrecta, o si excede en relación con las normas que rigen su materia y proceso. Por tanto, la Suprema Corte no puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que para el Estado Mexicano dichas sentencias constituyen cosa juzgada. Lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos. Así, las resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional son obligatorias para todos los órganos del Estado Mexicano, al haber figurado como parte en un litigio concreto, siendo vinculantes para el Poder Judicial no sólo los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en ella." (Registro digital: 160482. Instancia: Pleno. Décima Época. Materias(s): Constitucional. Tesis: P. LXV/2011 (9a.). Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1, página 556. Tipo: Aislada.) Atento a todo lo anterior, lo procedente en el caso es conceder el amparo solicitado por la parte quejosa respecto al tópico de la prisión preventiva oficiosa. Sexto. Efectos. En congruencia con lo anterior, ante la inconvencionalidad del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo relativo a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y toda vez que en el caso que nos ocupa, en el incidente de suspension que deriva de este asunto, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, informó lo resuelto en la audiencia de revisión de medida cautelar celebrada el seis de octubre de dos mil veintitrés, en la que se determinó imponer al imputado (y coimputados) las diversas medidas cautelares previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracciones I, II, V y VIII, consistentes en: 1.- Presentación periódica ante la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional. 2.- Garantía económica por la cantidad de 10,000.00 (diez mil pesos moneda nacional 00/100), cada uno, para lo cual se le otorgó un plazo no mayor a un mes, para exhibir la misma ante este Centro de Justicia Penal. 3.-La prohibición de salir sin autorización de Ciudad Juárez, Chihuahua. 4.- La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con los elementos aprehensores, testigos y fiscales encargados de la investigación, salvo que se realicen actos de investigación. Además, ordenó la inmediata libertad, en lo que interesa, del aquí quejoso, única y exclusivamente por lo que a dicha causa penal se refiere, sin perjuicio de que permanezca recluido a disposición de diversa autoridad, por distinto delito y causa penal. Así pues, se concede la protección de la justicia federal para que dichas medidas cautelares subsistan, hasta en tanto los justiciables cumplan con las obligaciones contraídas o en su defecto se actualice alguna figura jurídica por la cual queden relevados de dichas obligaciones. Lo anterior, sin perjuicio de que ésta pueda ser revocada por incumplimiento por parte de los justiciables, para lo cual el Juzgador de origen, respetando el control horizontal, deberá resolver con plenitud de jurisdicción. Al respecto, se invocan las tesis sustentadas por nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. EFECTOS. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 493. Página: 326.) PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL. Cuando se concede el amparo por violación a las leyes del procedimiento, tendrá por efecto que éste se reponga a partir del punto en que se infringieron esas leyes." (Instancia: Tercera Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 392. Página: 264.) DERECHOS HUMANOS. CONFORME AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, VIGENTE DESDE EL 11 DE JUNIO DE 2011, LAS GARANTÍAS PARA SU PROTECCIÓN PUEDEN ADOPTAR UN CARÁCTER POSITIVO O NEGATIVO. El texto del artículo 1o., párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde el 11 de junio de 2011, establece que las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicho ordenamiento fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. En dichos términos, las garantías de protección, con el fin de tutelar los derechos humanos, pueden adoptar diversas formas. Por ejemplo, aquellas que permiten invalidar o anular el acto que no ha respetado los derechos de las personas; aquellas que buscan producir el acto que promueve o protege tales derechos; así como aquellas que sancionan la omisión de actuación por quienes están constitucionalmente exigidos a promover, respetar y proteger los derechos humanos. Lo anterior se traduce en que las garantías de protección pueden generar actos de sentido positivo o actos de sentido negativo. Unos u otros dependerán de la naturaleza de la protección que persiga la garantía correspondiente; es decir, según tenga por objeto producir un acto que promueva, respete o proteja los derechos humanos." (Instancia: Primera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro: 9, Agosto de 2014, Tomo I. Tesis: 1a. CCLXXXVII/2014 (10a.). Página: 528.) Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a , contra el acto y autoridad precisados quedaron en los considerandos tercero y quinto, para los efectos precisados en el considerando sexto. Notifíquese en lista electrónica, personalmente a la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio al agente del Ministerio Público de la Federación tercero interesado. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE A LA LETRA DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 949/2023-V, promovido por . Resultando Primero. Presentación de la demanda de amparo. El cinco de octubre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por , la cual fue turnada en la misma fecha a este órgano jurisdiccional y el mismo día se recibió. Segundo. Derechos que se estiman violentados. El quejoso señala como derechos vulnerados los previstos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. Audiencia Constitucional. Una vez integrado el presente juicio de amparo, incluido el emplazamiento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito tercero interesado, se celebró la audiencia constitucional conforme al acta que antecede, quedando este asunto en estado de dictar sentencia, que es lo que ahora se hace. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta la totalidad de las constancias que integran este expediente, se precisa que el quejoso reclama lo siguiente: La determinación del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, tomada el trece de septiembre de dos mil veintitrés, en audiencia inicial celebrada en la causa penal 572/2023, en el sentido de imponerle como medida cautelar la de prisión preventiva oficiosa. Tercero. Existencia del acto reclamado. En su informe con justificación, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en funciones de Juez de Control, manifestó que el acto reclamado, es cierto. Lo anterior se corrobora con la impresión con evidencia criptográfica, del registro escrito de la audiencia inicial celebrada en la causa penal 572/2023, del trece al dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, de donde se advierte que el trece de septiembre de esta anualidad, se impuso al imputado, aquí quejoso, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; además, el Juez responsable remitió registro audiovisual certificada, en formato DVD, de dicha audiencia inicial. Medios de convicción que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Cuarto. Improcedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, para su análisis preferente, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Al no advertirse causal de improcedencia que las partes hagan valer o que se advierta oficiosamente, se impone abordar el examen constitucional del escrito de demanda. Quinto. Examen constitucional del acto reclamado. Los agravios son fundados con la debida suplencia de la queja, conforme lo previsto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a.J. 67/2017 (10a) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 44, julio de 2017, tomo I, página 263, registro 2014703, que dice: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna. En primer término, para una mejor comprensión del asunto, se indica que en la constancia de trece de septiembre de dos mil veintitrés, relativa la imposición de medida cautelar al imputado, dentro de la causa penal 572/2023, se indicó lo siguiente: 1. Se impuso a , la medida cautelar prevista en el artículo 19 Constitucional, en relación con el 167, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en prisión preventiva oficiosa, la cual deberá ejecutarse en el Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con residencia en esta ciudad, por lo que respecta a los primeros tres y, en el Centro de Reinserción Social Estatal Femenil Número Dos, con residencia en esta ciudad, por lo que concierne a la última de las mencionadas; cuya vigencia será por el tiempo que dure la sustanciación del proceso; sin que pueda exceder de dos años salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa, en términos del párrafo segundo, del artículo 165 del referido código. 2. Se optó por la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en término a que uno de los delitos por el cual se solicitó la vinculación a proceso, se encuentra comprendido en el dispositivo 167, fracción XI del Código nacional de Procedimientos Penales. También se precisa que al imputado se le vinculó a proceso, por el delito Contra la Salud, en su modalidad de Posesión de Cannabis Sativa L y Fentnilo, con fines de comercio en su variante de venta, previsto y sancionado en el artículo 195, párrafo primero, en relación con los numerales 193 y 194, fracción I, del Código Penal Federal; el cual se encuentra comprendido en el dispositivo 167, fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos penales, como de imposición oficiosa de la medida cautelar de prisión preventiva. Al respecto, esta Juzgadora considera que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, materia de estudio, se sustenta en normas inconvencionales, como enseguida se explica. En principio, se tiene, que con la reforma constitucional al artículo 1° de la Carta Magna, en materia de Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en nuestro sistema jurídico se abandonó la idea de que por virtud del principio de supremacía constitucional, inmerso en el artículo 133 de la propia Ley Fundamental, el examen de la constitucionalidad de leyes constituía una facultad exclusiva de los órganos del Poder Judicial de la Federación, a través de las vías idóneas para ello. Pues tal limitación desapareció al rediseñarse la forma en que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deben ejercer el control de constitucionalidad. En efecto, a partir de la citada reforma constitucional todas las autoridades de nuestro país, principalmente las de carácter jurisdiccional, están facultadas y obligadas, en el ámbito de sus competencias, a observar los derechos inmersos en la Constitución y en los Tratados Internacionales, de los que el Estado Mexicano es parte. En ejercicio de tal facultad, los jueces nacionales, tanto federales como locales, se encuentran facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los Derechos Humanos reconocidos por la Constitución Mexicana y los Tratados Internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, en ejercicio de esta facultad, no están en posibilidad de hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, sino sólo a inaplicarla en el caso concreto. Así, dentro de este nuevo paradigma constitucional, nuestro más Alto Tribunal del País sostuvo, entre otros, el criterio relativo a que los jueces del país, en el ámbito de su competencia, se encuentran obligados a dejar de aplicar las normas inferiores, cuando sean contrarias a las contenidas en la Constitución y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos. Todo lo anterior encuentra sustento en el criterio contenido en la tesis P. LXVII/2011(9a.), localizable en la página quinientos treinta y cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 1, que dice así: CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia. Cabe citar también, al respecto, las tesis sustentadas por nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1º constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro: III, Diciembre de 2011, Tomo 1. Tesis: P. LXVII/2011(9a.). Página: 535.) CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011). Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad. Con anterioridad a la reforma apuntada, de conformidad con el texto del artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, se entendía que el único órgano facultado para ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a través de los medios establecidos en el propio precepto; no obstante, en virtud del reformado texto del artículo 1o. constitucional, se da otro tipo de control, ya que se estableció que todas las autoridades del Estado mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio Estado mexicano es parte, lo que también comprende el control de convencionalidad. Por tanto, se concluye que en el sistema jurídico mexicano actual, los jueces nacionales tanto federales como del orden común, están facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, en los casos que se sometan a su consideración distintos de las vías directas de control previstas en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos." (Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro: XV, Diciembre de 2012, Tomo 1. Tesis: 1a./J. 18/2012 (10a.). Página: 420.) CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Si bien es cierto que, acorde con los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades jurisdiccionales ordinarias, para hacer respetar los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pueden inaplicar leyes secundarias, lo que constituye un control difuso de su constitucionalidad y convencionalidad, también lo es que subsiste el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, cuya competencia corresponde en exclusiva al Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. La diferencia entre ambos medios de control (concentrado y difuso), estriba en que, en el primero, la competencia específica de los órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de su ejercicio es precisamente el análisis de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, por tanto, la controversia consiste en determinar si la disposición de carácter general impugnada expresamente es o no contraria a la Constitución y a los tratados internacionales, existiendo la obligación de analizar los argumentos que al respecto se aduzcan por las partes; en cambio, en el segundo (control difuso) el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad no integra la litis, pues ésta se limita a la materia de legalidad y, por ello, el juzgador por razón de su función, prescindiendo de todo argumento de las partes, puede desaplicar la norma. Ahora bien, en el juicio contencioso administrativo, la competencia específica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es en materia de legalidad y, por razón de su función jurisdiccional, este tribunal puede ejercer control difuso; sin embargo, si el actor formula conceptos de nulidad expresos, solicitando al tribunal administrativo el ejercicio del control difuso respecto de determinada norma, de existir coincidencia entre lo expresado en el concepto de nulidad y el criterio del tribunal, éste puede inaplicar la disposición respectiva, expresando las razones jurídicas de su decisión, pero si considera que la norma no tiene méritos para ser inaplicada, bastará con que mencione que no advirtió violación alguna de derechos humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que sea necesario que desarrolle una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, dando respuesta a los argumentos del actor, pues además de que el control difuso no forma parte de su litis natural, obligarlo a realizar el estudio respectivo convierte este control en concentrado o directo, y transforma la competencia genérica del tribunal administrativo en competencia específica. Así, si en el juicio de amparo se aduce la omisión de estudio del concepto de nulidad relativo al ejercicio de control difuso del tribunal ordinario, el juzgador debe declarar ineficaces los conceptos de violación respectivos, pues aun cuando sea cierto que la Sala responsable fue omisa, tal proceder no amerita que se conceda el amparo para que se dicte un nuevo fallo en el que se ocupe de dar respuesta a ese tema, debido a que el Poder Judicial de la Federación tiene competencia primigenia respecto del control de constitucionalidad de normas generales y, por ello, puede abordar su estudio al dictar sentencia. Si, además, en la demanda de amparo se aduce como concepto de violación la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley, el juzgador sopesará declarar inoperantes los conceptos de violación relacionados con el control difuso y analizar los conceptos de violación enderezados a combatir la constitucionalidad y convencionalidad del precepto en el sistema concentrado." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I. Tesis: 2a./J. 16/2014 (10a.). Página: 984.) CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. CONDICIONES PARA SU EJERCICIO OFICIOSO POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES FEDERALES. El párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, de donde deriva que los tribunales federales, en los asuntos de su competencia, deben realizar el estudio y análisis ex officio sobre la constitucionalidad y convencionalidad de las normas aplicadas en el procedimiento, o en la sentencia o laudo que ponga fin al juicio. Ahora, esta obligación se actualiza únicamente cuando el órgano jurisdiccional advierta que una norma contraviene derechos humanos contenidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, aun cuando no haya sido impugnada, porque con su ejercicio oficioso se garantiza la prevalencia de los derechos humanos frente a las normas ordinarias que los contravengan. De otra manera, el ejercicio de constitucionalidad y convencionalidad de normas generales no tendría sentido ni beneficio para el quejoso, y sólo propiciaría una carga, en algunas ocasiones desmedida, en la labor jurisdiccional de los Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito." (Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro: 7, Junio de 2014, Tomo I. Tesis: 2a./J. 69/2014 (10a.). Página: 555.) CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO. La autoridad judicial, para ejercer el control ex officio en los términos establecidos en el expediente Varios 912/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe asegurarse que se ha actualizado la necesidad de hacer ese tipo de control, es decir, en cada caso debe determinar si resulta indispensable hacer una interpretación conforme en sentido amplio, una en sentido estricto o una inaplicación, lo cual ocurre cuando se está en presencia de una norma que resulta sospechosa o dudosa de cara a los parámetros de control de los derechos humanos. De este modo, cuando una norma no genera sospechas de invalidez para el juzgador, por no parecer potencialmente violatoria de derechos humanos, entonces no se hace necesario un análisis de constitucionalidad y convencionalidad exhaustivo, porque la presunción de constitucionalidad de que gozan todas las normas jurídicas no se ha puesto siquiera en entredicho. Lo anterior es así, porque como se señaló en el citado expediente Varios, las normas no pierden su presunción de constitucionalidad sino hasta que el resultado del control así lo refleje, lo que implica que las normas que son controladas puedan incluso salvar su presunción de constitucionalidad mediante la interpretación conforme en sentido amplio, o en sentido estricto." (Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I. Tesis: 1a./J. 4/2016 (10a.). Página: 430.) Es cierto, que en las tesis insertas el Alto Tribunal de la Nación fue enfático en que el control difuso de constitucionalidad y/o convencionalidad debía ser realizado por los jueces nacionales, dentro del ámbito de su competencia, en tanto que para los tribunales de amparo tal facultad quedaba limitada a los normas que regularan el juicio de amparo, esto es, las contenidas en la Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Código Federal de Procedimientos Civiles, de modo que no era factible realizar dicho control difuso sobre normas aplicadas por la autoridad responsable en el acto reclamado, empero tal criterio quedó superado al emitirse el diverso contenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. CONTENIDO Y ALCANCE DEL DEBER DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE REALIZARLO AL CONOCER JUICIOS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO [ABANDONO DE LAS TESIS AISLADAS P. IX/2015 (10a.) Y P. X/2015 (10a.)]. Hechos: Diversos Tribunales Colegiados de Circuito discreparon en torno al alcance del control de regularidad constitucional ex officio en el juicio de amparo, respecto a si debe limitarse a las leyes procesales que rigen el juicio de amparo (Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Código Federal de Procedimientos Civiles) o debe incluir, también, las normas procesales y sustantivas aplicadas en el acto reclamado. Criterio jurídico: Los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación cuando actúan en amparo directo e indirecto deben realizar control de regularidad constitucional ex officio, tanto respecto de las disposiciones procesales que regulan el juicio de amparo, como sobre las normas sustantivas y procesales que se aplicaron en el acto reclamado. Justificación: Conforme a lo dispuesto en los artículos 1o., 103 y 133 de la Constitución General, así como a lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente varios 912/2010, el control de regularidad constitucional debe realizarse por los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, en el ámbito de sus competencias y procedimientos. Así, de una nueva reflexión, este Tribunal Pleno considera necesario abandonar el criterio reflejado en las tesis aisladas P. IX/2015 (10a.) y P. X/2015 (10a.), de títulos y subtítulos: "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN EJERCERLO SÓLO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA." y "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA EJERCERLO RESPECTO DE NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE ORIGEN.", porque dichos órganos jurisdiccionales, para dar cumplimiento al mandato constitucional de proteger, respetar y prevenir violaciones a los derechos humanos previsto en el artículo 1o. constitucional, deben realizar control ex officio tanto sobre las disposiciones procesales que regulan el juicio de amparo, directo e indirecto (Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo), como sobre cualesquiera disposiciones aplicadas en los actos reclamados cuya constitucionalidad revisan en el juicio constitucional. Lo anterior, porque se estima que el ejercicio de ese control es necesario para proteger los derechos humanos reconocidos constitucionalmente; es compatible con razones de seguridad jurídica porque no interfiere con el funcionamiento de instituciones como la preclusión o la cosa juzgada; y armoniza con el funcionamiento del sistema, ya que respeta el régimen federal y la distribución de competencias entre los órganos jurisdiccionales; en el entendido de que el resultado de ese control se limita a la inaplicación de normas generales en el acto concreto de aplicación sin generar efectos futuros y de que, cuando ese control lo realice el Tribunal Colegiado de Circuito, tanto en amparo directo como indirecto en revisión, con fundamento en los artículos 64, párrafo segundo, y 73, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, aplicables por identidad de razón, y con la finalidad de permitir a las partes conocer la realización del control de regularidad constitucional ex officio, éste deberá publicar previamente el proyecto de sentencia y dar vista a las partes, para que tengan la oportunidad de exponer lo que a su derecho convenga." (Registro digital: 2024159. Instancia: Pleno. Undécima Época. Materias(s): Común. Tesis: P./J. 2/2022 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 10, Febrero de 2022, Tomo I, página 7. Tipo: Jurisprudencia.) En el criterio de previa cita, el Alto Tribunal determinó que conforme con los artículos 1º, 103 y 133 de la Constitución General, así como a lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente varios 912/2010, el control de regularidad constitucional debe realizarse por los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, en el ámbito de sus competencias y procedimientos, por lo que en una nueva reflexión, era necesario abandonar el criterio reflejado en las tesis aisladas P. IX/2015 (10a.) y P. X/2015 (10a.), de títulos y subtítulos: "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN EJERCERLO SÓLO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA." y "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA EJERCERLO RESPECTO DE NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE ORIGEN.", porque dichos órganos jurisdiccionales -Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito-, para dar cumplimiento al mandato constitucional de proteger, respetar y prevenir violaciones a los derechos humanos previsto en el artículo 1º Constitucional, deben realizar control ex officio tanto sobre las disposiciones procesales que regulan el juicio de amparo, directo e indirecto -Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo-, como sobre cualquier disposición aplicada en los actos reclamados cuya constitucionalidad revisan en el juicio constitucional. Lo anterior, justificó, primero, porque el ejercicio de ese control es necesario para proteger los Derechos Humanos reconocidos constitucionalmente; luego, es compatible con razones de seguridad jurídica porque no interfiere con el funcionamiento de instituciones como la preclusión o la cosa juzgada; y, por último, porque armoniza con el funcionamiento del sistema, ya que respeta el régimen federal y la distribución de competencias entre los órganos jurisdiccionales; en el entendido de que el resultado de ese control se limita a la inaplicación de normas generales en el acto concreto de aplicación sin generar efectos futuros y de que, cuando ese control lo realice el Tribunal Colegiado de Circuito, tanto en amparo directo como indirecto en revisión, con fundamento en los artículos 64, párrafo segundo, y 73, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, aplicables por identidad de razón, y con la finalidad de permitir a las partes conocer la realización del control de regularidad constitucional ex officio, éste deberá publicar previamente el proyecto de sentencia y dar vista a las partes, para que tengan la oportunidad de exponer lo que a su derecho convenga. Atento a lo anterior, todos los tribunales que conocen del juicio de amparo -vía indirecta, directa o en revisión- se encuentran facultados para realizar el control difuso de constitucionalidad y/o convencionalidad de las normas - procesales o sustantivas- aplicadas en el acto reclamado cuando adviertan en éstas algún vicio de constitucionalidad o convencionalidad. Así pues, en ejercicio de la facultad con que cuenta esta Juzgadora para realizar el control difuso de normas es que se analiza la convencionalidad del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del bloque de regularidad constitucional aplicable. Bloque de regularidad de constitucionalidad y/o convencionalidad. El Alto Tribunal de la Nación ha señalado que las autoridades judiciales para realizar el control de normas deben aplicar el parámetro de regularidad constitucional, lo cual, claramente, no se limita al texto de la norma -nacional o internacional- sino que se extiende a la interpretación que hagan los órganos autorizados -tribunales constitucionales y organismos internacionales según corresponda-. Así también no soslayó que la Corte Interamericana ha establecido que "los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana". De igual forma sostuvo que el control de convencionalidad es un control de constitucionalidad desde el punto de vista sustantivo, dada la interpretación material que se hace del artículo 1º constitucional. Las consideraciones anteriores se encuentran inmersas en la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. SE EXTIENDE A LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA NACIONAL O INTERNACIONAL. Las autoridades judiciales deben aplicar el parámetro de regularidad constitucional - incluidos, por supuesto, los estándares sobre derechos humanos-, lo cual, claramente, no se limita al texto de la norma -nacional o internacional- sino que se extiende a la interpretación que hagan los órganos autorizados -tribunales constitucionales y organismos internacionales según corresponda-. Al respecto, la Corte Interamericana ha establecido que "los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana". En similar sentido, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia estableció, en la Contradicción de Tesis 21/2011, que "el control de convencionalidad es un control de constitucionalidad desde el punto de vista sustantivo, dada la interpretación material que se hace del artículo 1o. constitucional". (Registro digital: 2010426. Instancia: Primera Sala. Décima Época. Materias(s): Constitucional. Tesis: 1a. CCCXLIV/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, página 986. Tipo: Aislada.) Ahora, también importa destacar que el Estado Mexicano ratificó la Convención Americana Sobre Derechos Humanos -Pacto de San José-, el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y uno, y aceptó el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual las sentencias que ésta emite son vinculantes para el Estado Mexicano. Al respecto, resultan ilustrativos los criterios sustentados por el más Alto Tribunal del País, cuyos rubros y textos son los siguientes: SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO, INCLUYENDO EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEBEN ACATAR LO ORDENADO EN AQUÉLLAS. El Poder Judicial de la Federación tiene la obligación de acatar una orden que le incumba por estar contenida en una sentencia de un tribunal internacional, como sería el caso de juzgar a los perpetradores de violaciones de derechos humanos declaradas por el organismo internacional. Así, conforme a las obligaciones internacionales adquiridas soberanamente por México, todos sus Poderes deben cumplir con lo ordenado en las sentencias emitidas contra el Estado Mexicano. Esto tiene su fundamento en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece el principio pacta sunt servanda, y que prescribe que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe y, para el caso específico del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que los Estados Parte se comprometen a cumplir la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en todo caso en que sean partes." (Registro digital: 2006181, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Tesis: 1a. CXLIV/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 823.) CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. EFECTOS DE SUS SENTENCIAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. El Estado Mexicano se adhirió a la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 24 de marzo de 1981 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 16 de diciembre de 1998, mediante declaración unilateral de voluntad que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1999. En ese sentido, los artículos 133 y 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen la vigencia de los tratados internacionales en nuestro ordenamiento jurídico interno y establecen la obligación de las autoridades nacionales de aplicar los derechos humanos de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales vigentes en nuestro país. Por lo anterior, la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, generan como una consecuencia ineludible que las sentencias emitidas por dicho tribunal internacional, en aquellos casos en los cuales México haya sido parte en el juicio, resulten obligatorias para el Estado mexicano, incluidos todos los jueces y tribunales que lleven a cabo funciones materialmente jurisdiccionales. Esta obligatoriedad alcanza no sólo a los puntos resolutivos de las sentencias en comento, sino a todos los criterios interpretativos contenidos en las mismas." (Registro digital: 2000206, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Penal, Tesis: 1a. XIII/2012 (10a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, página 650.) SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN ASUNTOS DONDE EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE. PARA QUE SUS CRITERIOS TENGAN CARÁCTER VINCULANTE NO REQUIEREN SER REITERADOS. De los párrafos 339 y 347 de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, se advierte que los Jueces y tribunales internos, además de velar por el cumplimiento de las disposiciones de fuente internacional, deben tomar en cuenta la interpretación que de éstas ha realizado esa Corte, así como la obligación del Estado de garantizar que la conducta que motivó su responsabilidad no se repita. De lo anterior se sigue que la interpretación en materia de derechos humanos realizada por esa Corte Internacional, al resolver un caso en el que el Estado Mexicano fue parte, aun cuando se trate de una sentencia aislada por lo que hace a éste, adquiere el carácter y fuerza vinculante de precedente jurisprudencial, máxime que este Alto Tribunal, en la tesis aislada P. LXV/2011 (9a.), de rubro: "SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO.", derivada de la resolución del expediente varios 912/2010, sostuvo que las resoluciones pronunciadas por la Corte Interamericana son obligatorias para todos los órganos del Estado Mexicano, al haber figurado como parte en un litigio concreto, siendo vinculantes para el Poder Judicial. Por tanto, para que los criterios de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en asuntos donde el Estado Mexicano fue parte adquieran el carácter de vinculantes, no requieren ser reiterados, máxime que respecto de estas sentencias no operan las reglas que para la conformación de la jurisprudencia prevé el artículo 192 de la Ley de Amparo." (Registro digital: 2003156, Instancia: Pleno, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: P. III/2013 (10a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, página 368.) De igual forma, cabe destacar que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido en diversas sentencias que la prisión preventiva, en sí misma, no es contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y constituye una medida que los Estados pueden adoptar siempre y cuando éstas se ajusten a los requisitos convencionales, lo cual ha fijado en cada caso contencioso resuelto sobre este tópico. Así, en el caso "López Álvarez & Honduras"2, la Corte Interamericana determinó, esencialmente, que las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito no son por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva. Luego, en el caso "Jenkins & Argentina"3, la Corte Interamericana sostuvo, en lo medular, que la regulación que excluía automáticamente del beneficio de tiempo máximo de prisión preventiva para todas aquellas personas imputadas por narcotráfico, es decir, sobre la base del delito específico imputado, constituía una normativa discriminatoria, arbitraria y violatoria del principio de presunción de inocencia conforme a los artículos 1.1, 2, 7.1, 7.3, 7.5, 24 y 8.2 de la Convención Americana. En tratándose de México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el caso "Tzompaxtle Tecpile y otros contra México"4 -siete de noviembre de dos mil veintidós- determinó que la prisión preventiva, regulada en el artículo 161 del Código Federal de Procedimientos Penales -de mil novecientos noventa y nueve-, aplicable al proceso penal inquisitivo mixto o tradicional, es contraria a la Convención Americana porque: a) no hace referencia a las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría precaver para los casos de prisión preventiva oficiosa por delincuencia organizada, b) tampoco se propone ponderar a través de un análisis la necesidad de la medida frente a otras medidas menos lesivas para los derechos de la persona procesada como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad; y c) se establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso. Finalmente, en reciente data, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, al resolver el caso "García Rodríguez y otro contra México", sentencia notificada oficialmente al Estado Mexicano el doce de abril del propio año, realizó -entre otros- un análisis sobre la compatibilidad de la figura de la prisión preventiva oficiosa, con la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en donde resolvió que el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México - de dos mil-, y el artículo 19 de la Constitución -en su texto reformado en el año dos mil ocho-, son contrarios a los parámetros establecidos en la propia Convención. Esta última sentencia es de suma relevancia para el sistema jurídico mexicano, ya que en ésta la Corte Interamericana de Derechos Humanos -siempre en lo que atañe a la prisión preventiva oficiosa que es lo que interesa para este estudio-, hizo una declaratoria importante e impuso dos obligaciones al Estado Mexicano, tal como se advierte de las consideraciones en las que se sustenta el fallo, las que se transcriben a continuación: ". b) La prisión preventiva en el artículo 19 de la Constitución mexicana y en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000. 152. Los representantes y la Comisión alegaron que la figura de la prisión preventiva oficiosa que fue aplicada en el caso concreto resultaba contraria per se a la Convención Americana y vulneraba los derechos a la libertad personal (artículo 7 de la Convención Americana) y a la presunción de inocencia (artículo 8.2 de la Convención). 153. A continuación, la Corte analizará esos alegatos en el siguiente orden: a) aspectos generales sobre la prisión preventiva, el derecho a la libertad personal y la presunción de inocencia; b) la compatibilidad de la figura de la prisión preventiva contenida en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000 y en el artículo 19 de la Constitución mexicana con la Convención Americana, y c) conclusión. i. Aspectos generales sobre la prisión preventiva, el derecho a la libertad personal y la presunción de Inocencia 154. De forma preliminar, corresponde recordar que los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio, y que, por consiguiente, deben emplear los medios necesarios para luchar contra los fenómenos de delincuencia y criminalidad organizada incluyendo medidas que impliquen restricciones o incluso privaciones a la libertad personal. Sin perjuicio de lo anterior, el poder del Estado no es ilimitado para alcanzar sus fines, independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la culpabilidad de sus presuntos autores. En particular, las autoridades no pueden vulnerar los derechos reconocidos en la Convención Americana tales como los derechos a la presunción de inocencia, a la libertad personal, al debido proceso y no pueden llevar a cabo detenciones ilegales o arbitrarias, entre otros5. La prisión preventiva en sí misma no es contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y constituye una medida que los Estados pueden adoptar siempre y cuando se ajusten a los requisitos convencionales. 155. Sobre la arbitrariedad referida en el artículo 7.3 de la Convención Americana, la Corte ha establecido que nadie puede ser sometido a detenciones o encarcelamientos por causas y métodos que -aun calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad6. Se requiere que la ley interna, el procedimiento aplicable y los principios generales expresos o tácitos correspondientes sean, en sí mismos, compatibles con la Convención. Así, no se debe equiparar el concepto de "arbitrariedad" con el de "contrario a ley", sino que debe interpretarse de manera más amplia a fin de incluir elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad7. Por otra parte, el artículo 8.2 se refiere al derecho a la presunción de inocencia. 156. La Corte ha considerado que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: a) se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; b) esas medidas cumplan con los cuatro elementos del "test de proporcionalidad", es decir con la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana)8, idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional9, y c) la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas10. 157. En lo que se refiere al "test de proporcionalidad", la Corte ha afirmado que corresponde a la autoridad judicial desarrollar un juicio de proporcionalidad al momento de imponer una medida privativa de la libertad. La Corte ha considerado la prisión preventiva como una medida cautelar y no una medida de carácter punitivo11, la cual debe aplicarse excepcionalmente al ser la más severa que se puede imponer al procesado por un delito, quien goza del derecho a la presunción de inocencia12. A su vez, este Tribunal ha indicado en otros casos que la privación de libertad de un imputado o de una persona procesada por un delito no puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena13. En consecuencia, ha indicado que la prisión preventiva, por tratarse de la medida más severa, debe aplicarse excepcionalmente y la regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal14. 158. Dado lo anterior, corresponde a la autoridad judicial imponer medidas de esta naturaleza únicamente cuando acredite que: a) la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención; b) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; c) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, y d) que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida15. 159. En lo que refiere al primer punto, el Tribunal ha indicado que la medida solo se debe imponer cuando sea necesaria para la satisfacción de un fin legítimo, a saber: que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia16. Asimismo, ha destacado que el peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse su verificación en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto17. La exigencia de dichos fines encuentra fundamento en los artículos 7.3, 7.5 y 8.2 de la Convención. En ese sentido, corresponde recordar que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas indicó que la reclusión previa al juicio no puede ser preceptiva ante todo tipo de delito, sino que debe analizarse según las circunstancias de cada caso y que habrá de determinarse caso a caso cuándo la medida es razonable y necesaria18. 160. Respecto de la necesidad, la Corte encuentra que, al ser la privación de la libertad una medida que implica una restricción a la esfera de acción individual corresponde exigir a la autoridad judicial que imponga dicha medida, únicamente cuando considere que los demás mecanismos previstos en la ley, que impliquen un menor grado de injerencia en los derechos individuales, no son suficientes para satisfacer el fin procesal19. 161. Asimismo, esta Corte ha sostenido que las medidas alternativas deben estar disponibles y que solo se puede imponer una medida restrictiva de la libertad cuando no sea posible el uso de otras medidas para mitigar sus fundamentos, y que las autoridades deben considerar medidas alternativas para garantizar la comparecencia en el juicio20. Por su parte, en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad se refieren a la prisión preventiva como último recurso y aclara que en el procedimiento penal "sólo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso, teniendo debidamente en cuenta la investigación del supuesto delito y la protección de la sociedad y de la víctima". Además, agregan que las medidas sustitutivas de la prisión preventiva "se aplicarán lo antes posible"21. En un reciente caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que la prisión preventiva consiste en una grave injerencia en los derechos fundamentales y solo se justifica cuando los tribunales han considerado y juzgado insuficientes otras medidas menos lesivas22. 162. En el mismo sentido, la Corte ha dicho -en los casos que se impongan medidas privativas de la libertad-, que el artículo 7.5 establece límites temporales a su duración, por ende, cuando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, procede limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren la comparecencia al juicio. Los criterios que podrán ser tenidos en cuenta para determinar la razonabilidad del plazo deberán tener estrecha relación con las circunstancias particulares del caso concreto. Teniendo en cuenta lo anterior, a la luz de lo dispuesto en el artículo 7.3, 7.5 y 8.2 (presunción de inocencia), la Corte considera que las autoridades internas deben propender a la imposición de medidas alternativas a la prisión preventiva, a fin de evitar que se desvirtúe el carácter excepcional de la misma23. Sobre ese punto, corresponde recordar que los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (III) establecen que: a) la privación de libertad previo a una sentencia condenatoria debe ser por el tiempo mínimo necesario; b) la regla es la libertad del imputado y la excepción es la prisión preventiva; c) en ciertos casos, cuando se prolonga en demasía, los requisitos que se reputan normales o suficientes para justificarla devienen insuficientes y se requiere un mayor esfuerzo argumentativo, y d) se debe fundamentar y justificar en el caso concreto. 163. Asimismo, la Corte ha considerado que cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente (artículo 8.1) que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, viola el artículo 7.3 de la Convención. De este modo, para que se respete la presunción de inocencia (artículo 8.2) al ordenarse medidas cautelares restrictivas de la libertad, es preciso que el Estado fundamente y acredite, de manera clara y motivada, según cada caso concreto, la existencia de los referidos requisitos exigidos por la Convención24. La compatibilidad de la figura de la prisión preventiva en el artículo 19 de la Constitución mexicana y en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000 con la Convención Americana 164. La Corte considera que en el presente caso fue aplicada la figura de la prisión preventiva de conformidad con lo establecido en la Constitución mexicana y lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000. En ese sentido, el auto formal de prisión de 16 de abril de 2002 del Juez Quinto Penal que dispuso la prisión preventiva de , así como la decisión de 30 de noviembre de 2002 del mismo juzgado mediante la cual se dispuso la prisión preventiva de ************************ en el artículo 19 de la Constitución vigente en el año 2002 y en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000 que preveía la posibilidad de otorgar la libertad provisional de la persona procesada bajo caución, salvo cuando se trata de "delitos graves" (artículo 319); mientras que otras decisiones posteriores que revisaron esas medidas cautelares privativas de la libertad se basaron también en la versión revisada del artículo 19 de la Constitución mexicana que dispone la llamada prisión preventiva oficiosa (como por ejemplo la decisión de 24 de noviembre de 2011 del Juzgado Quinto Penal de Primera Instancia, supra párr. 81). De conformidad con lo anterior, corresponde que esta Corte analice la compatibilidad de la figura de la prisión preventiva contenida en el artículo 19 de la Constitución mexicana, tanto en la redacción que tenía cuando las presuntas víctimas fueron objeto de la medida cautelar, como en la redacción reformada en el año 2008, con la Convención Americana. Además, corresponde analizar la figura de la prisión preventiva en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000. 165. Se mencionó que la Constitución Política de México vigente al momento en que tuvieron lugar los hechos del caso establecía en su artículo 19 que "[n]inguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado". 166. Del mismo modo, la redacción de ese artículo 19 de la Constitución luego de la reforma del año 2008 agregó un segundo párrafo a continuación del mencionado supra en el que se establece que el "Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud". 167. Por su parte, el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000, vigente a la época de los hechos, establecía que: "Desde el momento en que quede a disposición del órgano jurisdiccional, todo inculpado tendrá derecho a ser puesto en libertad provisional bajo caución inmediatamente que lo solicite, si se reúnen los siguientes requisitos [.] IV. Que no se trate de alguno de los delitos señalados como graves en la ley penal". A su vez, el artículo 9 del código Penal del Estado de México de 20 marzo de 2000 establecía que "Se califican como delitos graves para todos los efectos legales: (.) el de delincuencia organizada, previsto en el artículo 178; (.) el de homicidio, contenido en el artículo 241; el de secuestro, señalado por el artículo 259; (.) y los previstos en las leyes especiales cuando la pena máxima exceda de diez años de prisión". 168. En lo que se refiere a la privación a la libertad sin condena en el marco de un proceso penal, tal como lo establecía el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000, el Tribunal constata que la norma aludida se refiere únicamente a la concurrencia de los presupuestos materiales, es decir al hecho punible y a la participación del imputado, así como a la gravedad del delito que se le está atribuyendo. La norma no hace referencia a las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría precaver, ni tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad. Por lo tanto, tal como está concebida, la prisión preventiva no tiene finalidad cautelar alguna y se transforma en una pena anticipada. 169. En el mismo sentido, esta Corte constata que el artículo 19 reformado de la Constitución mexicana, el cual establece que la autoridad judicial "ordenará la prisión preventiva, oficiosamente" para ciertos delitos, adolece de las mismas problemáticas que fueron señaladas para el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000. 170. En ambas disposiciones legales, la preceptividad del instituto, además, limita el rol del juez afectando su independencia (porque carece de margen de decisión) y supone un acto que deviene exento de todo control real, al tener por motivación la mera aplicación de la norma constitucional, impidiendo al imputado controvertir los hechos o discutir el fundamento. 171. En suma, de la lectura del artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000, y del artículo 19 de la Constitución, cuando se trata de un proceso penal por un delito que conlleva sanciones privativas a la libertad, pareciera que, una vez comprobados los supuestos materiales, basta con verificar que se le tomó la declaración a la persona procesada (o que conste que se rehusó a declarar) para que se aplique la prisión preventiva. De ese modo, el referido artículo establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales, sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso. A fin de cuentas, nos encontramos frente a un tipo de prisión preventiva automática o de oficio cuando se imputan ciertos delitos sin que las autoridades tengan la posibilidad de determinar la finalidad, la necesidad o la proporcionalidad de la medida cautelar en cada caso25. 172. Por otra parte, se podría también analizar si la prisión preventiva oficiosa dispuesta en el artículo 19 constitucional vulnera el principio de igualdad y no discriminación establecido en el artículo 24 de la Convención Americana puesto que el mismo introduce un trato diferente entre las personas imputadas por determinados delitos con respecto a las demás. A este respecto, el Tribunal ha establecido que los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de iure o de facto26. Asimismo, en caso de que el trato discriminatorio se refiera a una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del artículo 24 de la Convención Americana27 en relación con las categorías protegidas por el artículo 1.1 de la Convención. La Corte recuerda que una diferencia de trato es discriminatoria cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable28, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido29. 173. En el caso de la prisión preventiva oficiosa, el trato diferenciado puede verificarse en el hecho de que quienes están imputados de cometer ciertos delitos no tendrán posibilidad de controlar ni de defenderse adecuadamente de la medida toda vez que hay un mandato constitucional que impone preceptivamente la medida cautelar privativa de la libertad. Sobre ese punto, es preciso recordar que el artículo 8.2 de la Convención estipula que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a distintas garantías mínimas del debido proceso. Para este Tribunal, es claro que la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa sin considerar el caso concreto y las finalidades legítimas para restringir la libertad de una persona, así como su situación diferencial respecto de otros que, también al ser imputados por delitos, no están comprendidos en el elenco del artículo 19 de la Constitución mexicana, supone necesariamente una lesión al derecho a la igualdad ante la ley vulnerando el artículo 24 de la Convención Americana, y a gozar, en plena igualdad, ciertas garantías del debido proceso vulnerando el artículo 8.2 de dicho instrumento. 174. Por estos motivos, este Tribunal encuentra que el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000 y 19 de la Constitución de acuerdo a su texto reformado en el año 2008, los cuales fueron aplicados en el presente caso (supra párr. 164), contenían cláusulas, y siguen conteniendo en el caso del artículo 19 de la Constitución, que, per se, resultaban contrarias a varios derechos establecidos en la Convención Americana. Esos serían los derechos a no ser privado de la libertad arbitrariamente (art. 7.3), al control judicial de la privación de la libertad (art. 7.5), a la presunción de inocencia (art. 8.2), y a la igualdad y no discriminación (artículo 24). En esa medida, la Corte concluye que el Estado vulneró esos derechos, en relación con la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno establecida en el artículo 2 de dicho tratado, en perjuicio de ********sión preventiva en el caso concreto 175. En los acápites anteriores, el Tribunal determinó que tanto la figura del arraigo contenida en el artículo 154 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000 como la de la prisión preventiva contenida en el artículo 319 del mismo Código y 19 de la Constitución de acuerdo a su texto reformado en el año 2008, resultaban contrarias a la Convención Americana vulnerando los derechos a no ser privado de la libertad arbitrariamente (artículo 7.3); al control judicial de la privación de la libertad (art. 7.5); a ser oído (artículo 8.1), y a la presunción de inocencia (art. 8.2). Además, para la figura el arraigo, la Corte concluyó que la misma vulneraba también al derecho a ser oído (artículo 8.1 de la Convención Americana), y que la prisión preventiva oficiosa violaba del mismo modo el derecho a la igualdad y no discriminación (artículo 24 de la Convención Americana). Todos esos derechos se vulneraron en relación con la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno establecida en el artículo 2 de la Convención Americana. 176. Lo anterior resulta aún más problemático debido a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de México en la contradicción de tesis 293/201130, por medio de la cual aceptó que las restricciones expresas contenidas en la Constitución Nacional desplazaban a las normas internacionales, entre las cuales se encuentra las de la Convención Americana y las demás integrantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos31. En ese sentido, según indicó el perito José Ramón Cossío Díaz, "los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación están obligados a acatar lo resuelto en la contradicción de tesis 293/2011 y en el expediente varios 1396/2011, so pena de ser sancionados, sin que puedan plantear su desavenencia o cuestionar los criterios del Pleno o las salas de la propia Suprema Corte". Además, según ese perito, al aceptarse que las restricciones constitucionales prevalecen frente a los derechos de fuente convencional y a la jurisprudencia y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "se hace nugatoria la posibilidad de avanzar en el criterio que fortaleciera el principio pro-persona. [.] Lo anterior, genera que los alcances de la tutela judicial en México en los mecanismos de control de detención, revisión por vías ordinarias y mediante juicio de amparo de las detenciones impuestas bajo las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa, sean ineficaces al no ser posible aplicar de manera adecuada el principio pro- persona"32. En ese sentido y de conformidad con esa interpretación33, el Estado mexicano podría estar incumpliendo obligaciones internacionales que se comprometió a acatar al firmar y ratificar los instrumentos internacionales como la Convención Americana y las decisiones de la Corte Interamericana que son de obligatorio cumplimiento para los Estados Parte. 177. En cuanto a lo anterior, corresponde recordar que este Tribunal ha señalado de forma constante que las distintas autoridades estatales tienen en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas y prácticas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Para llevar a cabo esa tarea, las autoridades internas deben tener cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte, como última intérprete última de la Convención34. 178. Los representantes y la Comisión alegaron que adicionalmente a la existencia de normas restrictivas a la libertad que eran per se incompatibles con la Convención Americana, lo cual vulnera la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en su artículo 2, en el presente caso, el actuar de las autoridades judiciales que aplicaron esas figuras convencionales también vulneró los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia reconocidos en los artículos 7 y 8.2 de la Convención Americana en relación con la obligación de respeto contenida en el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de quienes estuvieron privados de la libertad bajo la modalidad del arraigo, 47 y 31 días respectivamente, y alrededor de 17 años bajo la figura de la prisión preventiva oficiosa. 179. Para este Tribunal, no cabe duda de que, al aplicar figuras que per se son contrarias a la Convención Americana, las autoridades internas vulneraron los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia en perjuicio de e respeto contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana. Sobre este punto, cabe recordar por ejemplo que el 24 de noviembre de 2011 la Jueza Quinta Penal se basó en la gravedad del delito para fundamentar su permanencia en prisión preventiva. Es así como en esa oportunidad indicó que el delito que se les imputaba "era y continúa siendo grave", dado que la ley vigente al momento de la comisión "jurídicamente impide la concesión de la libertad provisional bajo caución" (supra párr. 81). 180. Por otra parte, el 30 de enero de 2018, la Jueza Penal de Primera Instancia negó un recurso de revisión. Para decidir de esa manera, indicó que la duración del juicio era atribuible a la intensa actividad de los procesados y que había riesgo de fuga por parte de ***********. En esa decisión, analizó el peligro de fuga del procesado basándose en condiciones subjetivas tales como la honradez, la lealtad o la rectitud del procesado en lugar de analizar elementos que permitan determinar de manera objetiva la posibilidad de materialización de ese riesgo procesal. De ese modo, indicó en esa decisión que después de analizar las declaraciones de diversos testigos relativos a la conducta de mientras éste se desempeñaba como servidor público, afirmó que "se puede establecer que dicho acusado no se conducía con honradez, lealtad ni rectitud en el ejercicio de sus funciones como secretario particular del presidente Municipal de Atizapán de Zaragoza, motivo por el cual indicaron que fue despedido de ese ayuntamiento [.] lo que hace más proclive el riesgo de que el acusado se sustraiga de la acción de la justicia en caso de que sea modificada la medida cautelar de prisión preventiva" (supra párr. 86). 181. Del mismo modo, en cuanto a la prolongación de la prisión preventiva, la Corte constata que el artículo 20.IX de la Constitución mexicana, establece desde su reforma en el año 2008, que "[l]a prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares". 182. Por tanto, el artículo 20.IX de la Constitución obliga a ordenar la liberación de las personas en prisión preventiva que hubiesen permanecido más de dos años en ese estado salvo que la prolongación del proceso se deba a su estrategia de defensa. En ese sentido, la Corte nota que presentaron varios recursos para solicitar su revisión con el fundamento de que ésta se había convertido en pena anticipada, pero sus solicitudes fueron rechazadas bajo el argumento de que la legislación penal no permitía otorgar libertad provisional en atención a la gravedad del delito y el procedimiento penal que se les aplicaba no contemplaba revisión de medidas cautelares (supra párrs. 81, 83, 84, y 86). En esas decisiones no se efectuó un análisis a la luz de las disposiciones del artículo 20.IX de la Constitución. Lo anterior se produjo de ese modo, aun cuando las presuntas víctimas que presentaron los recursos solicitaron el control de convencionalidad de la legislación o, la aplicación retroactiva de las normas del sistema de penal vigente a partir de 2008. Lo anterior significa que, en el presente caso, las disposiciones del artículo 19 de la Constitución sobre prisión preventiva oficiosa han sido interpretadas, por las autoridades que tuvieron conocimiento de esos recursos, como una excepción a lo dispuesto en el artículo 20.IX de la misma Constitución sobre la duración máxima de esa medida. En ese sentido, según esta interpretación, para los delitos enunciados en el artículo 19 de la Constitución, no existiría la posibilidad de excarcelación al cabo de los dos años tal como lo establece el artículo 20.IX de ese mismo cuerpo normativo, ni tampoco una necesidad de revisión periódica de la medida cautelar. Lo anterior se debería al hecho de que, en el caso de la prisión preventiva oficiosa, es suficiente con la imputación de un delito para que la misma proceda, situación que se actualiza permanentemente hasta el dictado de la sentencia, sin que sea posible, en cada caso, determinar si la medida cautelar es idónea, necesaria o proporcional. En esas circunstancias, el principio de presunción de inocencia queda vaciado de contenido. 183. Adicionalmente, la Corte observa que las revisiones periódicas sobre la pertinencia de mantener la prisión preventiva en perjuicio de fueron efectuadas siempre a solicitud de parte interesada y nunca correspondió a una revisión de oficio por parte de las autoridades judiciales. 184. Sobre este último punto, la Corte ha sostenido que la prisión preventiva debe estar sometida a revisión periódica, de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción35. En concreto, afirmó que la autoridad judicial no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona detenida recupere su libertad, sino que debe evaluar periódicamente si la finalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la privación a la libertad ha sobrepasado los límites que imponen la ley y, en su caso, la razón de dicha extensión. En ese sentido, en cualquier momento en que aparezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, deberá decretarse la libertad, sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe36. 185. Por último, para esta Corte es claro que la extensión por más de 17 años de la prisión preventiva significó en los hechos que se aplicara a los procesados una pena encubierta sin una condena, puesto que constituyó una medida punitiva sin previo juicio acompañado de sus garantías, y por un lapso que excede todo plazo razonable ya que este correspondió aproximativamente a la mitad de la pena que se impuso en la sentencia condenatoria (supra párr. 10). Sobre este punto corresponde recordar que el Comité de Derechos Humanos ha señalado que este régimen no puede utilizarse como forma de eludir los límites y garantías del proceso penal o imponer una pena sin proceso37. En ese sentido, no hay duda acerca del hecho que, de forma flagrante y por la vía de los hechos, se vulneró el artículo 8.2 de la Convención Americana, el cual establece que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. B.4. Conclusión 186. De conformidad con lo expuesto, esta Corte determina que el Estado es responsable por la violación al derecho a la libertad personal contenido en los artículos 7.1, 7.2, 7.4, y 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar los derechos establecida en el artículo 1.1 de la Convención, en perjuicio de razones de la misma y por no haber sido llevado sin demora ante una autoridad judicial luego de su aprehensión (supra párrs. 132, 135, 138 y 141). 187. Asimismo, el Estado es responsable por la violación al derecho a la libertad personal contenido en los artículos 7.1, 7.3, y 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al derecho a ser oido y a la presunción de inocencia reconocidos en los artículos 8.1 y 8.2, en relación con la obligación de respetar y de garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 de la Convención, así como la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de dicho instrumento, por la aplicación de la figura del arraigo, contenida en el artículo 154 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000, en perjuicio de (supra párrs. 151 y 179). 188. Por último, el Estado es responsable por la violación al derecho a la libertad personal contenido en los artículos 7.1, 7.3, y 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 8.2 del mismo instrumento, y el derecho a la igualdad ante la ley establecido en el artículo 24 de dicho tratado, todos esos derechos en relación con la obligación de respetar y de garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 de la Convención, así como la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de dicho instrumento, por la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, establecida en el artículo 19 de la Constitución mexicana y en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000, en perjuicio de (supra párrs. 174, 179 y 185). c). Conclusión 298. De conformidad con lo anterior, si bien la normatividad mediante la cual se aplicó el arraigo y la prisión preventiva oficiosa a los hechos del caso ha variado, para esta Corte no cabe duda de que los aspectos que la hacen incompatible con la Convención, según lo señalado supra, persisten en su redacción actual. Esos aspectos son los que llevaron a este Tribunal a declarar que las normas que recogen las figuras del arraigo (artículo 154 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000) y de la prisión preventiva oficiosa (artículo 154 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000 así como el artículo 19 de la Constitución mexicana luego de que fuera reformada en el año 2008) eran contrarias a la Convención Americana y a la obligación a cargo del Estado de adecuar las disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de la Convención Americana. 299. La Corte recuerda que el deber general del Estado establecido en el artículo 2 de la Convención Americana, incluye la adopción de medidas para suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que impliquen una violación a las garantías previstas en la Convención, así como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la observancia efectiva de dichas garantías38. 300. Conforme a lo expuesto y con relación a la figura del arraigo como medida de naturaleza pre-procesal restrictiva de la libertad con fines investigativos, la Corte entiende que la misma resulta incompatible con la Convención Americana, puesto que los postulados que definen sus características inherentes no son compatibles con los derechos a la libertad personal, al derecho a ser oído y a la presunción de inocencia. Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal considera que el Estado deberá dejar sin efecto, en su ordenamiento jurídico, toda la normatividad, incluyendo la constitucional, relacionada con el arraigo como medida de naturaleza pre-procesal restrictiva de la libertad para fines investigativos. 301. Por otra parte, en lo que se refiere a la figura de la prisión preventiva oficiosa, esta Corte ordena al Estado, como lo ha hecho en otros casos39, adecuar su ordenamiento jurídico, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para que sea compatible con la Convención Americana. Para tales efectos, el Estado deberá tomar en consideración lo indicado en los párrafos 154 a 163, y 184 de la presente Sentencia, en donde se establecen los requisitos que deben cumplir las medidas de esa naturaleza para que sean compatibles con el referido tratado. 302. Por otra parte, no solo la supresión o adecuación de las normas en el derecho interno garantizan los derechos contenidos en la Convención Americana, de conformidad a la obligación comprendida en el artículo 2 de dicho instrumento. También se requiere el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la misma puesto que la existencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada. En ese sentido, es necesario que la aplicación de las normas o su interpretación, en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público estatal, se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención. 303. Conforme a lo expuesto, se recuerda que las autoridades internas, al aplicar las figuras del arraigo o de la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana de las personas investigadas o procesadas por un delito, atendiendo el principio pro persona. En ese sentido, corresponde reiterar que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y juezas, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, sean estas de naturaleza constitucional o legal, por lo que - en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes- las magistraturas y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. . X. PUNTOS RESOLUTIVOS 338. Por tanto, LA CORTE DECIDE Por unanimidad, que: 1. Desestimar la excepción preliminar sobre cosa juzgada internacional, de conformidad con los párrafos 19 a 22. 2. Desestimar la excepción preliminar sobre la falta de agotamiento de los recursos internos, de conformidad con los párrafos 27 a 30. DECLARA, Por unanimidad, que: 3. El Estado es responsable por la violación al derecho a la libertad personal contenido en el artículo 7.1, 7.2, 7.4 y 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar los derechos establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de , en los términos de los párrafos 126 a 141 y 186. 4. El Estado es responsable por la violación a los derechos a la libertad personal, a ser oído, y a la presunción de inocencia, reconocidos en los artículos 7.1, 7.3, 7.5, 8.1 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar y de garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, así como la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de dicho instrumento, por la aplicación de la figura del arraigo en perjuicio de , en los términos de los párrafos 146 a 151, 179 y 187. 5. El Estado es responsable por la violación a los derechos a la libertad personal, a la presunción de inocencia, a la igualdad ante la Ley reconocidos en los artículos 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todos ellos en relación con la obligación de respetar y de garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 de la Convención, así como la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de dicho instrumento, por la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en perjuicio de , en los términos de los párrafos 152 a 185, y 188. 6. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, contenidos en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respeto establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, y los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, por los hechos de tortura en perjuicio de , en los términos de los párrafos 201 a 222. 7. El Estado es responsable por la violación al principio del plazo razonable, y a la regla de la exclusión de la prueba obtenida bajo tortura, contenidos en los artículos 8.1 y 8.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar los derechos establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de en los términos de los párrafos 241 a 245, y 265 a 272. Además, el Estado es responsable por la violación de su obligación de investigar con la debida diligencia contenida en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con la obligación de respetar los derechos establecida en el artículo 1.1 de dicho tartado, y 1, 6, y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, por los hechos de tortura en perjuicio de , en los términos de los párrafos 223 a 226. 8. El Estado es responsable por la violación del derecho a las garantías judiciales, contenidos en los artículos 8.2.d), y e), y f), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar los derechos establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Daniel García Rodríguez, en los términos de los párrafos 246 a 251, 256, y 257. Y DISPONE: Por unanimidad, que: 9. Esta Sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. 10. El Estado concluirá los procedimientos penales en los términos de los párrafos 283 y 284. 11. El Estado revisará la pertinencia de mantener las medidas cautelares y excluirá todos los antecedentes incriminatorios que fueron obtenidos bajo coacción o tortura en todos los actos procesales en los términos del párrafo 285. 12. El Estado desarrollará las investigaciones previstas en los párrafos 286 a 288. 13. El Estado deberá dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza pre - procesal, en los términos de los párrafos 292 a 294, 298 a 300, y 302 a 303. 14. El Estado deberá adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva oficiosa, en los términos de los párrafos 292 y 293, 295 a 299 y 301 a 303. ." De lo inserto se desprende, que la Corte Interamericana declaró la inconvencionalidad de la figura jurídica de la prisión preventiva oficiosa regulada en el artículo 19 Constitucional, en su texto reformado en los años de dos mil ocho y dos mil diecinueve -incluyendo la reforma de dos mil once-, esto es, el texto constitucional que actualmente conocemos. En toda su línea argumentativa la Corte Interamericana sostuvo, de manera puntual, que la prisión preventiva oficiosa regulada en el precepto constitucional aludido es inconvencional porque desatiende la jurisprudencia de la Corte Interamericana -respecto a los derechos de libertad personal y presunción de inocencia reconocidos en los artículos 7.3, 7.5 y 8.2 de la Convención-, en el sentido que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: a) Se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; b) Esas medidas cumplan con los cuatro elementos del "test de proporcionalidad", es decir con la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana), idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional, y c) La decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas, lo que se refiere al "test de proporcionalidad", la Corte Interamericana ha afirmado que corresponde a la autoridad judicial desarrollar un juicio de proporcionalidad al momento de imponer una medida privativa de la libertad. La Corte Interamericana también ha considerado la prisión preventiva como una medida cautelar y no una medida de carácter punitivo, la cual debe aplicarse excepcionalmente al ser la más severa que se puede imponer al procesado por un delito, quien goza del derecho a la presunción de inocencia. A su vez, el citado Tribunal Interamericano ha indicado en otros casos que la privación de libertad de un imputado o de una persona procesada por un delito no puede residir en fines preventivo- generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena. En consecuencia, ha indicado que la prisión preventiva, por tratarse de la medida más severa, debe aplicarse excepcionalmente y la regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal. De ahí, que corresponde a la autoridad judicial imponer medidas de esta naturaleza únicamente, bajo los siguientes parámetros: Cuando acredite que: a) La finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención; b) Que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; c) Que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, y d) Que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. En el caso del artículo 19 Constitucional, la Corte Interamericana sostuvo que dicho precepto se aparta de la jurisprudencia del Tribunal Interamericano al establecer preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales, sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso, por lo que se está frente a un tipo de prisión preventiva automática o de oficio cuando se imputan ciertos delitos sin que las autoridades tengan la posibilidad de determinar la finalidad, la necesidad o la proporcionalidad de la medida cautelar en cada caso. De esta forma el precepto constitucional limita el rol del juez afectando su independencia (porque carece de margen de decisión) y supone un acto que deviene exento de todo control real, al tener por motivación la mera aplicación de la norma constitucional, impidiendo al imputado controvertir los hechos o discutir el fundamento. Al respecto la cosa juzgada internacional derivada de las ejecutorias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los Casos Tzompaxtle Tecpile y otros vs México40; y, García Rodríguez y otro vs México41; es que esta Juzgadora, en acatamiento a tales ejecutorias se pronuncia en estos términos. Es así porque la cosa juzgada internacional resolvió que la prisión preventiva oficiosa resulta contraria a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos al vulnerar el principio de igualdad ante la ley y no discriminación - artículo 24 de la Convención- puesto que el precepto introduce un trato diferente entre las personas imputadas por determinados delitos con respecto a las demás, cuando el Tribunal Interamericano ha establecido que los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de iure o de facto. Sobre todo, porque una diferencia de trato es discriminatoria cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido. Así, la Corte Interamericana determinó que el artículo 19 de la Constitución Mexicana -en la porción que regula la prisión preventiva oficiosa-, resulta contrario a varios derechos establecidos en la Convención Americana, como lo son el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente (art. 7.3), al control judicial de la privación de la libertad (art. 7.5), a la presunción de inocencia (art. 8.2), y a la igualdad y no discriminación (artículo 24). Por tanto, concluyó que el Estado vulneró los derechos señalados, en relación con la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno establecidas en el artículo 2 de dicho tratado -Convención Americana Sobre Derechos Humanos-. Como consecuencia de tal declaratoria de inconvencionalidad del artículo 19 Constitucional -en tratándose de la prisión preventiva oficiosa-, el Tribunal Interamericano condenó a México determinando diversas medidas de reparación, garantía de no repetición, medidas de satisfacción, medidas de rehabilitación, entre otras. Derivado de estas condenas surgieron a cargo del Estado Mexicano dos obligaciones: I. Adecuar su ordenamiento jurídico, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para que sea compatible con la Convención Americana. Para tales efectos, el Estado deberá tomar en consideración lo indicado en los párrafos 154 a 163, y 184 de la sentencia, en donde se establecen los requisitos que deben cumplir las medidas de esa naturaleza para que sean compatibles con el referido tratado. II. En el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, las magistraturas y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana. En este contexto, esta Juzgadora, en estricto acatamiento a lo establecido en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la declaratoria de inconvencionalidad del artículo 19 Constitucional, los efectos jurídicos que ésta tiene en el sistema jurídico mexicano y como órgano integrante de la administración de justicia del Poder Judicial de la Federación, vinculado a ejercer ex oficio el control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, procede a realizar el análisis de convencionalidad de la prisión preventiva oficiosa impuesta a los impetrantes del amparo, sustentada en lo toral en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, partiendo de tener por no puesto o excluyendo del parámetro de regularidad de constitucionalidad y/o inconvencionalidad, el texto del artículo 19 Constitucional, en la parte que contempla la prisión preventiva oficiosa; y, en su lugar, se atiende lo regulado en los artículos 7.3., 7.5., 8.2. y 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, así como la interpretación que en torno a los mismos ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto de la figura de la medida cautelar de prisión preventiva y, sobre todo, la jurisprudencia en la que declaró la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa regulada por el artículo 19 de la Constitución Mexicana. Es orientadora al caso, para aplicar el bloque de regularidad de constitucionalidad y/o convencionalidad así construido, el criterio contenido en la tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación, que señala: CONTROL CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS PENALES. DEBE REALIZARSE CON LAS DIRECTRICES CONSTITUCIONALES VIGENTES AL RESOLVERSE EL JUICIO DE AMPARO. El análisis sobre la constitucionalidad de una norma debe realizarse a partir del texto constitucional vigente al momento en que se resuelve el juicio de amparo, en virtud de que en el contexto de derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es posible realizar el control concentrado de constitucionalidad de una norma jurídica apartándose del texto vigente, derivada del momento en que se cometió una conducta delictiva o acontezca la situación fáctica concreta que debe analizarse bajo los parámetros definidos en la Constitución Federal, pues asumir como válida esta práctica conduciría al extremo de reconocer que en nuestro ámbito jurídico coexisten diversos sistemas constitucionales, identificados por el contenido de las normas constitucionales que se definan por las reformas o modificaciones que se le hayan realizado; cuya vigencia y aplicación estarán condicionadas al momento en que haya tenido lugar el hecho que actualice el supuesto de aplicación de la norma constitucional en concreto. Interpretación constitucional que es inaceptable, porque el único sistema constitucional que puede emplearse para realizar el control de constitucionalidad concentrado al resolverse el juicio de amparo es el que constituye derecho positivo y se encuentra vigente; pues no existe otro, porque precisamente la reforma o modificación del texto de una norma constitucional, a partir de que entre en vigor, genera que deje de ser eje rector de aplicación y observancia el contenido anterior, porque ha sido sustituido. Es importante resaltar que el criterio de aplicación del texto o contenido del sistema constitucional vigente al momento en que se ejerce el control constitucional concentrado en el juicio de amparo, evidencia su trascendencia e importancia tratándose de la obligación de todas las autoridades del país de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con el principio de progresividad, como lo dispone el artículo 1o., párrafo tercero, de la Norma Fundamental. Lo cual implica que una vez incorporado el reconocimiento de un derecho a la Constitución, con lo que se logra avanzar en el ejercicio y tutela del derecho, como estándar mínimo exigible, no debe disminuirse el nivel alcanzado, sino progresarse gradualmente en su cumplimiento." (Registro digital: 2009923. Instancia: Primera Sala. Décima Época. Materias(s): Común, Penal. Tesis: 1a. CCLXXIV/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 302. Tipo: Aislada.) Así como también, resulta aplicable el criterio sostenido en la tesis 1a. CXLIV/2014 (10a.), por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada en párrafos previos de rubro: "SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO, INCLUYENDO EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEBEN ACATAR LO ORDENADO EN AQUÉLLAS". Inconvencionalidad del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece lo siguiente: 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. Las leyes generales de salud, secuestro, trata de personas, delitos electorales y desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como las leyes federales para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, armas de fuego y explosivos, y contra la delincuencia organizada, establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal, de la manera siguiente: I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323; II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis; III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis; IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126; V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128; VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero; VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145; IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis; X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter; XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero; XII. Abuso o violencia sexual contra menores, previsto en los artículos 261 en relación con el 260; XIII. Feminicidio, previsto en el artículo 325; XIV. Robo a casa habitación, previsto en el artículo 381 Bis; XV. Ejercicio abusivo de funciones, previsto en las fracciones I y II del primer párrafo del artículo 220, en relación con su cuarto párrafo; XVI. Enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224, en relación con su séptimo párrafo, y XVII. Robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades, previsto en los artículos 376 Ter y 381, fracción XVII. [.] El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad o bien, cuando exista voluntad de las partes para celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de alguno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna del procedimiento. La solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Fiscalía o de la persona funcionaria en la cual delegue esa facultad. Si la prisión preventiva oficiosa ya hubiere sido impuesta, pero las partes manifiestan la voluntad de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, el Ministerio Público solicitará al juez la sustitución de la medida cautelar para que las partes concreten el acuerdo con el apoyo del Órgano especializado en la materia. En los casos en los que la víctima u ofendido y la persona imputada deseen participar en un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias, y no sea factible modificar la medida cautelar de prisión preventiva, por existir riesgo de que el imputado se sustraiga del procedimiento o lo obstaculice, el o la Juez de Control podrá derivar el asunto al Órgano especializado en la materia, para promover la reparación del daño y concretar el acuerdo correspondiente. De lo anterior se advierte, en lo que interesa, que el citado artículo 167 establece que la prisión preventiva se ordenará de manera oficiosa, entre otros, en los casos de delitos contra la salud, previstos en los artículos 194, 195, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero. Como se aprecia -siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana del "Caso García Rodríguez y otro vs México"-, la prisión preventiva establecida en el precepto mencionado establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales, sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso, esto es, sin que la autoridad judicial tenga la posibilidad de determinar la finalidad, la necesidad o la proporcionalidad de la medida cautelar en cada caso, con lo que transgrede los derechos a la libertad personal reconocidos en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos a no ser privado de la Libertad arbitrariamente (artículo 7.3.), al control judicial de la privación de la libertad (artículo 7.5.) y a la presunción de inocencia (artículo 8.2.). Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal [.] 3.Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. [.] 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. [.]" Artículo 8. Garantías Judiciales [.] 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. [.] Así también, la prisión preventiva oficiosa dispuesta en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales vulnera el principio de igualdad y no discriminación, establecido en el artículo 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, puesto que introduce un trato diferente entre las personas imputadas por determinados delitos con respecto a las demás, en tanto que la Corte Interamericana ha establecido que los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de iure o de facto. Aún más, porque la Corte Interamericana ha señalado, que en caso de que el trato discriminatorio se refiera a una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del artículo 24 de la Convención Americana en relación con las categorías protegidas por el artículo 1.1 de la Convención, aún más, la Corte Interamericana, ha sostenido que una diferencia de trato es discriminatoria cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido. ARTÍCULO 24. Igualdad ante la Ley Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. De ahí que, la prisión preventiva oficiosa regulada en el numeral en estudio tampoco cumple con los lineamientos de la Convención Americana, en este aspecto, pues no existe ninguna justificación objetiva ni razonable para el trato desigual ahí contenido. Atento a lo apuntado con antelación, la prisión preventiva oficiosa regulada en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se ajusta a los lineamientos convencionales establecidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que es inconvencional. Consecuentemente, ante la declaratoria de inconvencionalidad del artículo 19 Constitucional, emitida en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "García Rodríguez y otro vs México", y la que se emite en esta ejecutoria respecto del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al resultar inconvencional el sustento jurídico analizado, debe inaplicarse en el caso concreto para declarar así, en vía de consecuencia, inconvencional la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa aplicada a la parte quejosa, en el proceso penal de origen. Finalmente, en el caso, no se inadvierte la existencia de las jurisprudencias P./J. 20/2014 (10a.) y 2a./J 119/2014 (10ª.), del Pleno y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen: DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano." (Instancia: Pleno; Décima Época; Materia(s): Constitucional; Tesis: P./J. 20/2014 (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 202; Tipo: Jurisprudencia; Registro digital: 2006224.) AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE PRETENDEN LA DESAPLICACIÓN DE UNA RESTRICCIÓN, PROHIBICIÓN, LIMITACIÓN O EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL, CON APOYO EN UNA DISPOSICIÓN DE CARÁCTER CONVENCIONAL. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los derechos humanos previstos en los tratados internacionales se encuentran al mismo nivel que los reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conformando un mismo catálogo sin hacer referencia a una cuestión jerárquica; pero que cuando se esté en presencia de una restricción, prohibición, limitación o excepción constitucional, prevalece o tiene aplicación directa el texto de la Ley Fundamental frente a cualquier norma de carácter internacional. En ese tenor, los agravios en los que se pretenda la desaplicación de una restricción, prohibición, limitación o excepción constitucional con apoyo en una disposición de carácter convencional resultan inoperantes, al tratarse aquéllas de una expresión del Constituyente que prevalece, en todo caso y condición, frente a cualquier otra norma derivada, con independencia de que ésta tenga el mismo nivel que la Constitución Federal." (Instancia: Segunda Sala; Décima Época; Materia(s): Común; Tesis: 2a./J. 119/2014 (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 768; Tipo: Jurisprudencia; Registro digital: 2007932.) Criterios que establecen la prevalencia de las restricciones constitucionales, aún más, dichos criterios jurisprudenciales resultan obligatorios para esta Juzgadora en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo; empero, en este asunto, al atenderse -en estricto acatamiento a la sentencia vinculante de la Corte Interamericana-, la exclusión de la porción apuntada del artículo 19 Constitucional del parámetro de regularidad constitucional y/o convencional, ésta ya no puede considerarse una restricción constitucional para efectos del control de convencionalidad que aquí se realiza, de ahí que no se trastoca la jurisprudencia del Tribunal Nacional y su jerarquía en el Estado Mexicano. Mucho menos se desatiende la jurisprudencia P./J. 64/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ocho, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, con registro digital 2008148, que dice así: JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR JERARQUÍA. La obligación de las autoridades jurisdiccionales contenida en los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de realizar un control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos y dar preferencia a los contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario contenidas en cualquier norma inferior, no contempla a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el artículo 94 constitucional establece que será obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales de conformidad con lo que disponga la ley y, en este caso, la Ley de Amparo así lo indica tanto en la abrogada como en el artículo 217 de la vigente; de ahí que no privan las mismas razones que se toman en cuenta para inaplicar una disposición emitida por el legislador cuando viola derechos humanos de fuente constitucional o convencional. Cabe precisar que en los casos en los que se pudiera advertir que una jurisprudencia del Alto Tribunal desatiende o contradice un derecho humano, cualquiera que sea su origen, existen los medios legales para que se subsane ese aspecto. En conclusión, aun partiendo del nuevo modelo de interpretación constitucional, no es posible determinar que la jurisprudencia del Máximo Tribunal del país pueda ser objeto de la decisión de un órgano de menor grado que tienda a inaplicarla, como resultado del ejercicio de control de convencionalidad ex officio, porque permitirlo daría como resultado que perdiera su carácter de obligatoria, ocasionando falta de certeza y seguridad jurídica." Adicionalmente, conviene precisar, que el criterio sostenido por esta Juzgadora atiende, en todo momento, al principio pro persona, tal y como quedó establecido en el apartado 303 del fallo interamericano que se acata, así como la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se ha establecido que la diversa emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatoria para los jueces mexicanos, siempre y cuando sea más favorable a la persona. Al efecto, la jurisprudencia que se cita es la identificada como P./J. 21/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 204, Décima Época, con número de registro digital 2006225, de rubro y texto: JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos. De ahí que, en modo alguno se desatienden los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que, al realizar un ejercicio de ponderación entre los derechos establecidos en los ordenamientos internos y los contenidos en la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resulta evidente que resulta más favorable a la parte quejosa los emitidos por la Corte Interamericana. Aún más, porque la propia sentencia interamericana que se acata y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en sus fundamentos42, establece que el Estado Mexicano no puede anteponer su derecho interno para dejar de cumplir con sus obligaciones internacionales, esto, atento a lo establecido en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, pacto internacional que también fue ratificado por el Estado Mexicano y, por ende, es de observarse por esta Juzgadora. De ahí que, no es dable a este órgano jurisdiccional anteponer, a los efectos vinculantes de la cosa juzgada internacional, el derecho interno -obligatoriedad de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia misma- luego de la declaratoria de inconvencionalidad del artículo 19 Constitucional, en la porción que trata de la prisión preventiva oficiosa. Finalmente, no escapa, en el caso, que existe ya radicado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el expediente 3/2023 relativo a la recepción de sentencias de tribunales internacionales, para atender una petición donde se solicita la colaboración del Alto Tribunal con el objeto de que se determinen las acciones a seguir en relación con la sentencia sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con relación al Caso García Rodríguez y otro contra el Estado Mexicano. Empero, este órgano de control constitucional considera que su tramitación no suspende la ejecución del fallo interamericano, sobre todo, porque la Corte Nacional ha declarado que este tipo de resoluciones internacionales no pueden ser cuestionadas al constituir cosa juzgada internacional, emitida por un tribunal de ese ámbito y respecto del cual el Estado Mexicano tiene aceptada su competencia contenciosa, de ahí que lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos, por parte de todos los órganos del Estado Mexicano, pues resultan vinculantes no sólo los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en ella. El criterio anterior se contiene en la tesis del Pleno del Alto Tribunal de la Nación de rubro y texto siguiente: SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO. El Estado Mexicano ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ello, cuando ha sido parte en una controversia o litigio ante esa jurisdicción, la sentencia que se dicta en esa sede, junto con todas sus consideraciones, constituye cosa juzgada, correspondiéndole exclusivamente a ese órgano internacional evaluar todas y cada una de las excepciones formuladas por el Estado Mexicano, tanto si están relacionadas con la extensión de la competencia de la misma Corte o con las reservas y salvedades formuladas por aquél. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun como tribunal constitucional, no es competente para analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es correcta o incorrecta, o si excede en relación con las normas que rigen su materia y proceso. Por tanto, la Suprema Corte no puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que para el Estado Mexicano dichas sentencias constituyen cosa juzgada. Lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos. Así, las resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional son obligatorias para todos los órganos del Estado Mexicano, al haber figurado como parte en un litigio concreto, siendo vinculantes para el Poder Judicial no sólo los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en ella." (Registro digital: 160482. Instancia: Pleno. Décima Época. Materias(s): Constitucional. Tesis: P. LXV/2011 (9a.). Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1, página 556. Tipo: Aislada.) Atento a todo lo anterior, lo procedente en el caso es conceder el amparo solicitado por la parte quejosa respecto al tópico de la prisión preventiva oficiosa. Sexto. Efectos. En congruencia con lo anterior, ante la inconvencionalidad del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo relativo a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y toda vez que en el caso que nos ocupa, en el incidente de suspension que deriva de este asunto, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, informó lo resuelto en la audiencia de revisión de medida cautelar celebrada el seis de octubre de dos mil veintitrés, en la que se determinó imponer al imputado (y coimputados) las diversas medidas cautelares previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracciones I, II, V y VIII, consistentes en: 1.- Presentación periódica ante la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional. 2.- Garantía económica por la cantidad de 10,000.00 (diez mil pesos moneda nacional 00/100), cada uno, para lo cual se le otorgó un plazo no mayor a un mes, para exhibir la misma ante este Centro de Justicia Penal. 3.-La prohibición de salir sin autorización de Ciudad Juárez, Chihuahua. 4.- La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con los elementos aprehensores, testigos y fiscales encargados de la investigación, salvo que se realicen actos de investigación. Además, ordenó la inmediata libertad, en lo que interesa, del aquí quejoso, única y exclusivamente por lo que a dicha causa penal se refiere, sin perjuicio de que permanezca recluido a disposición de diversa autoridad, por distinto delito y causa penal. Así pues, se concede la protección de la justicia federal para que dichas medidas cautelares subsistan, hasta en tanto los justiciables cumplan con las obligaciones contraídas o en su defecto se actualice alguna figura jurídica por la cual queden relevados de dichas obligaciones. Lo anterior, sin perjuicio de que ésta pueda ser revocada por incumplimiento por parte de los justiciables, para lo cual el Juzgador de origen, respetando el control horizontal, deberá resolver con plenitud de jurisdicción. Al respecto, se invocan las tesis sustentadas por nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. EFECTOS. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 493. Página: 326.) PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL. Cuando se concede el amparo por violación a las leyes del procedimiento, tendrá por efecto que éste se reponga a partir del punto en que se infringieron esas leyes." (Instancia: Tercera Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 392. Página: 264.) DERECHOS HUMANOS. CONFORME AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, VIGENTE DESDE EL 11 DE JUNIO DE 2011, LAS GARANTÍAS PARA SU PROTECCIÓN PUEDEN ADOPTAR UN CARÁCTER POSITIVO O NEGATIVO. El texto del artículo 1o., párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde el 11 de junio de 2011, establece que las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicho ordenamiento fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. En dichos términos, las garantías de protección, con el fin de tutelar los derechos humanos, pueden adoptar diversas formas. Por ejemplo, aquellas que permiten invalidar o anular el acto que no ha respetado los derechos de las personas; aquellas que buscan producir el acto que promueve o protege tales derechos; así como aquellas que sancionan la omisión de actuación por quienes están constitucionalmente exigidos a promover, respetar y proteger los derechos humanos. Lo anterior se traduce en que las garantías de protección pueden generar actos de sentido positivo o actos de sentido negativo. Unos u otros dependerán de la naturaleza de la protección que persiga la garantía correspondiente; es decir, según tenga por objeto producir un acto que promueva, respete o proteja los derechos humanos." (Instancia: Primera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro: 9, Agosto de 2014, Tomo I. Tesis: 1a. CCLXXXVII/2014 (10a.). Página: 528.) Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a , contra el acto y autoridad precisados quedaron en los considerandos tercero y quinto, para los efectos precisados en el considerando sexto. Notifíquese en lista electrónica, personalmente a la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio al agente del Ministerio Público de la Federación tercero interesado. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Se agrega alegato de cuenta Visto el oficio de cuenta, agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda; se tiene al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, formulando alegatos, los cuales serán relacionados al momento de celebrar la audiencia constitucional, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Copias En atención a las copias que solicita, deberá estarse a lo acordado en el auto de admisión en el que se autorizó la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con la excepción de las que tengan el carácter de reservadas o confidenciales. Notifiques en lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.YMR/LRV

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