Antonio Valdez Mireles

Expediente 440/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 32 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
440/2020
Año
2020
Actuaciones
32
Última actuación
23/09/2022

Partes del expediente

  • Antonio Valdez Mireles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el término otorgado a las partes en auto de ocho de septiembre de la presente anualidad, sin que hicieran manifestación alguna respecto a la devolución del billete de depósito *******, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, valioso por la cantidad de *******($*******). Devolución billete de depósito En mérito de lo anterior, toda vez que ha transcurrido el plazo de seis meses, que alude el artículo 156, de la Ley de Amparo, se autoriza la devolución del billete de depósito *******, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, valioso por la cantidad de *******($*******), exhibido a fin de garantizar la suspensión definitiva otorgada en los presentes autos a la parte quejosa *******. En consecuencia, requiérase al depositante *******, comparezca a este juzgado federal debidamente identificada, con credencial oficial vigente, a recoger el billete de depósito de referencia. Asimismo, se le indica que previo a generar su cita en el Portal de Servicios en Línea, para acudir a este juzgado, se comuniqué al número telefónico *******, en horario de labores presencial de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, que comprende de las siete horas con cuarenta y cinco minutos hasta las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes (horario matutino), para que se le pueda informar en qué fecha puede acudir al órgano jurisdiccional, para la entrega del billete de depósito de referencia, esto dado a que el trabajo presencial que se realiza en este órgano jurisdiccional es de forma escalonada y se encuentra limitado a un número de servidores públicos, por lo cual, se tiene que verificar que la secretaria encargada del resguardo de los billetes de depósitos se encuentre en este recinto judicial para hacer la entrega del mismo. En el entendido que, de no comparecer a recibir el referido billete, una vez transcurridos dos años, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de este acuerdo, prescribirá dicha garantía a favor del erario federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 y 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de septiembre de dos mil veintidós. Escrito autorizado Súmese a los autos el escrito de cuenta, para que conste como legalmente corresponda, atento a su contenido el licenciado *******, autorizado en términos amplios de la parte quejosa solicita la devolución del billete de depósito exhibido a fin de garantizar la suspensión definitiva concedida en los presentes autos. Vista a las partes En mérito de lo anterior, toda vez que ha transcurrido el plazo de seis meses, según lo establecido en el artículo 156, de la Ley de Amparo, previa a la devolución del billete de depósito *******, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, valioso por la cantidad de *******($*******), exhibido a fin de garantizar la suspensión definitiva otorgada en los presentes autos a la parte quejosa *******, se ordena dar vista a las partes por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, una vez transcurrido el plazo otorgado este órgano jurisdiccional acordara lo que corresponda. Notifíquese personalmente al albacea de la sucesión, al tercero interesado, por correo electrónico al agente del Ministerio Público adscrito y por oficio a las autoridades. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto de los actos reclamados, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión provisional y definitiva, el incidente de suspensión original es depurable, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con el inciso a) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20 del citado Acuerdo General. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada ********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo transitorio tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.

  4. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; uno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto para resolver, el juicio de amparo 440/2020-I-1, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en este Juzgado el once de septiembre del dos mil veinte, *******, promovió juicio de amparo contra los actos y autoridades señalados en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Tramitación y admisión de la demanda. En auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se admitió la demanda a trámite, se requirió su informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se emplazó al tercero interesado y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Vista para ampliación. Mediante auto de tres de diciembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por las autoridades responsables, para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda por cuanto hace al emplazamiento verificado en el juicio de origen y conceptos de violación, por ocurso recibido en la Oficialía de Partes de este juzgado el cuatro de diciembre de dos mil veinte, signado por el licenciado *******, autorizado del quejoso, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional el fallecimiento del accionante *******, y para acreditar su dicho adjuntó copia certificada del acta de defunción registrada el treinta de octubre de dos mil veinte, Oficialía *******, Libro *******, foja *******, del Acta *******, del Registro Civil. Después de realizar una búsqueda para conocer a quien recaía el carácter de albacea de la sucesión a bienes del quejoso *******, para la continuación del presente juicio, por oficio *******, recibido el cinco de octubre de dos mil veintiuno, el Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, remitió copia certificada del expediente *******, correspondiente al juicio sucesorio intestamentario a bienes de *******, promovido por *******, *******, ******* y ******* todos de apellidos *******, así como *******, ******* y ******* los tres de apellidos *******, en su carácter de hijos del finado, asimismo informó que dicho juicio fue radicado el tres de mayo de dos mil veintiuno. Asimismo, de las copias certificadas del juicio sucesorio intestamentario *******, se advierte que mediante auto de tres de mayo de dos mil veintiuno, se nombró al licenciado ******* como albacea provisional de la sucesión a bienes de *******. Atento a lo anterior, mediante auto de seis de octubre del año en curso, se dio vista con el informe justificado de las responsables, al albacea provisional del quejoso para ver si era su deseo ampliar la demanda por cuanto hace al emplazamiento verificado en el juicio de origen y conceptos de violación, notificándole dicho proveído personalmente el trece del citado mes, sin que hubiere desahogado dicha vista, tal y como se desprende del auto de nueve de noviembre del año que transcurre; por lo que de conformidad con el artículo 111, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se tuvo por precluido el derecho del representante de la parte quejosa para ampliar el escrito inicial de demanda; se hizo efectivo el apercibimiento decretado el seis de octubre y se ordenó continuar con el trámite del presente juicio de amparo en los términos precisados en la demanda de amparo. De manera que, como se indicó en la audiencia constitucional, este juicio de amparo se resolverá conforme a la demanda inicial. Cuarto. Audiencia constitucional. Una vez integrado el presente asunto, se celebró la audiencia constitucional conforme al acta que antecede, la cual concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se reclaman actos emitidos y ejecutados dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, se precisa que el quejoso reclamó lo siguiente, de las autoridades que señaló como responsables: A).- Como AUTORIDAD ORDENADORA se indica a la H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ESPECIAL NÚMERO UNO en ciudad Juárez, Chihuahua. B).- Como AUTORIDAD EJECUTORA señalo al C. Actuario Ministro Ejecutor, adscrito a la H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓNN Y ARBITRAJE ESPECIAL NÚMERO UNO en ciudad Juárez, Chihuahua. IV.- ACTOS RECLAMADOS: .- De la autoridad señalada como Ordenadora, se reclama todo lo actuado a partir del auto de radicación, inclusive, todas y cada una de las demás diligencias practicadas dentro del JUICIO LABORAL radicado con el número ******* del índice de la H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ESPECIAL NÚMERO UNO en ciudad Juárez, Chihuahua, sin que el suscrito haya sido llamado a juicio en defensa de mis intereses violando con ello mi garantía de audiencia de legalidad y de seguridad jurídica que me otorga la Constitución Política de este país, por lo que la presente demanda se solicita para los efectos de que se dejen sin efectos todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo dentro del juicio de donde se deriva el acto aquí reclamado incluyendo el auto de radicación, el laudo dictado en dicho juicio, y todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo en dicho juicio, para los efectos de que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes del auto de radicación dictado en dicho juicio, y se ordene que se dicte un nuevo acto de radicación, ordenando que el suscrito sea llamado a dicho juicio para los efectos de que en el mismo, pueda defender mis derechos en la forma en que lo considere necesario. .- DEL C. Actuario Ministro Ejecutor, adscrito a la H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ESPECIAL NÚMERO UNO en ciudad Juárez, Chihuahua, se reclama todo acto que pudiera realizar tendiente a ejecutar el Laudo dictado dentro del juicio donde se hace derivar el acto reclamado. Tercero. Existencia de los actos reclamados. La Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, así como por el Actuario adscrito a esta, ambos con residencia en esta ciudad, en su informe justificado, manifestaron que son ciertos los actos reclamados. Al respecto, de las constancias que remitió en copia certificada del expediente *******, se desprende lo siguiente: Que el dieciocho de marzo del dos mil dieciséis, *******, interpuso demanda laboral por conducto de sus apoderados legales los CC ******* y *******, la cual fue radicada en esa misma fecha ordenándose el emplazamiento de la demandada "*******" y *******, se señalaron las diez horas con diez minutos del veintidós de junio de dos mil dieciséis para la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones; se llevó a cabo la diligencia correspondiente consistente en la cita de espera y emplazamiento, por lo que en dicha data se celebró la audiencia inicial, a la cual únicamente compareció la parte actora por conducto del licenciado *******, no así la parte demandada "*******" y *******, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento en su contra, en el sentido de tenerle por inconformes de todo arreglo conciliatorio, así como por contestada la demanda en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario. Se señalaron las trece horas con diez minutos del trece de octubre de dos mil dieciséis, para la audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, quedando notificada la demandada de dicha audiencia por lista de estrados en términos del artículo 739 de la Ley Federal del Trabajo; es el caso que de nueva cuenta compareció únicamente la parte actora por conducto de su apoderado legal, quien ofreció el material probatorio que consideró conveniente, mismo que se calificó de legal y se tuvo por desahogada dada su propia y especial naturaleza, haciendo efectivo el apercibimiento a la demandada: Se concedió a las partes un término de dos días hábiles para formular alegatos período en el cual ninguna de las partes formuló alegatos por lo que mediante acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, el Secretario de Acuerdos certificó que no quedaban pruebas pendientes de perfeccionar de conformidad con el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, concediendo a las partes un término de tres días hábiles a efecto de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera, apercibido que de no hacerlo en el tiempo concedido y hubiesen pruebas pendientes de desahogar, se tendrían por desistidas de las mismas, decretándose el cierre de instrucción; Mediante acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, el expediente quedó en la fase de proyecto, dictándose el laudo correspondiente el veintiuno de enero de dos mil veinte, solicitando la parte actora la ejecución del mismo, mediante escrito de dieciocho de marzo de dos mil veinte: Solicitud a la cual recayó acuerdo de seis de abril de dos mil veinte, en el cual el Presidente de la Junta responsable despachó mandato de ejecución de laudo ordenando turnar los autos al ministro ejecutor para llevar a cabo la diligencia correspondiente, siendo este el primero de septiembre de dos mi veinte. Conforme a lo anterior y tomando en cuenta que las constancias que anexaron las autoridades responsables mencionadas en este considerando, cuentan con valor probatorio pleno, los actos reclamados a dichas autoridades responsables, se tienen fehacientemente demostrados. Quinto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5, fracción II y 108, fracción IV, de la propia Ley, que disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley. Por su parte, el artículo 5º fracción II de la citada legislación, dispone: Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.) (.) Conforme al primero de los citados numerales, se tiene que el juicio de amparo es improcedente, cuando la causa de ello resulte de alguna disposición de la Ley de la materia, diversa de las descritas en dicho precepto, así como de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mientras que, conforme al segundo, el juicio de amparo es procedente, únicamente contra actos de autoridad, teniendo el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. A su vez, el artículo 108 de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;" Ahora, en el presente asunto, mediante auto de tres de diciembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por las autoridades responsables, para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda por cuanto hace al emplazamiento verificado en el juicio de origen y conceptos de violación; sin embargo, por ocurso recibido en la Oficialía de Partes de este juzgado el cuatro de diciembre de dos mil veinte, signado por el licenciado *******, autorizado del quejoso, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional el fallecimiento del accionante *******, y para acreditar su dicho adjuntó copia certificada del acta de defunción registrada el treinta de octubre de dos mil veinte, Oficialía *******, Libro *******, foja *******, del Acta *******, del Registro Civil. Lo anterior, motivó a este órgano jurisdiccional a realizar una búsqueda para localizar a la albacea de la sucesión a bienes del quejoso *******, a efecto de que continuara con la tramitación del presente juicio; luego, mediante oficio *******, recibido el cinco de octubre de dos mil veintiuno, el Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, remitió copia certificada del expediente *******, correspondiente al juicio sucesorio intestamentario a bienes de *******, promovido por *******, *******, ******* y ******* todos de apellidos *******, así como *******, ******* y ******* los tres de apellidos *******, en su carácter de hijos del finado, asimismo informó que dicho juicio fue radicado el tres de mayo de dos mil veintiuno; asimismo, se aprecia que en tal juicio se nombró al licenciado *******, albacea provisional de la sucesión a bienes de *******. Atento a lo anterior, mediante proveído de seis de octubre del año en curso, se dio vista con el informe justificado de las autoridades responsables, al albacea provisional de la sucesión a bienes del quejoso *******, para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda por cuanto hace al emplazamiento verificado en el juicio de origen y conceptos de violación, notificándole dicho proveído personalmente el trece del citado mes y año, sin que hubiere desahogado dicha vista, tal y como se desprende del auto de nueve de noviembre del año que transcurre; por lo que de conformidad con el artículo 111, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se tuvo por precluido el derecho del representante de la parte quejosa para ampliar el escrito inicial de demanda y se ordenó continuar con el trámite del presente juicio de amparo en los términos precisados en la demanda de amparo. Consecuentemente, si la parte quejosa no amplió su demanda de amparo en contra señalando como acto reclamado el emplazamiento para ser atribuido al funcionario judicial que materialmente lo realizó, pues de las constancias que integran el presente juicio, se advierte que este Juzgado le dio la oportunidad de ampliar su demanda de amparo respecto de ello; entonces, es evidente que no se incorporó al juicio de amparo un acto que constitucionalmente debía ser analizado y atribuido a una de las autoridades responsables (Actuario Judicial) por ser este último, quien intervino en tal emplazamiento. Es así, porque el acto consistente en la diligencia de emplazamiento solamente es atribuible a quien la practicó, esto es, al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje. En consecuencia, al no haber sido señalado la falta de emplazamiento como acto reclamado para ser atribuido a la autoridad en comento - no obstante que a la parte quejosa se le dio vista para ello- se actualiza la causa de improcedencia referida, pues esta Juzgadora no puede analizar actos que no fueron reclamados ni tampoco ser atribuidos a las autoridades responsables sin existir la voluntad expresa de la parte quejosa, como acontece en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal, volumen IX, enero de 1999, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, relativo a la Novena Época, página 113, del rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento. Por tanto, a pesar de que la parte quejosa goza de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, estipulada en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, tal prerrogativa no alcanza para que esta Juzgadora constitucional pueda designar por sí, actos que no fueron reclamados que forzosamente deben ser atribuidos a las autoridades en su carácter de responsables. Lo previo es así, pues la figura jurídica de referencia, tiene por objeto perfeccionar, completar o aclarar las deficiencias en que la parte quejosa haya incurrido al formular sus conceptos de violación en el escrito de demanda -o incluso formularlos ante la ausencia de éstos- pero sujetándose estrictamente a los actos y autoridades responsables, sin poder adicionar por sí, esto es, unilateralmente, unos u otros. Debido a que el juicio de amparo se sigue a instancia de parte agraviada, como dispone el artículo 6° de la Ley de Amparo, por lo que es claro que le corresponde a la solicitante del amparo colmar los requisitos a fin de que se integre debidamente la litis constitucional, entre ellos, el señalamiento preciso de las autoridades que participaron en la realización de los actos reclamados, así como la designación de éstos últimos; lo que se corrobora con el hecho de que, ante el evento consistente en que el juzgador federal advierta que ciertos aspectos no son impugnados, se le dé la oportunidad al promovente del amparo de que amplíe su demanda en cuanto a ello y se le otorgue el plazo acotado en la Ley de Amparo para hacerlo, tal como ocurrió en el presente caso; pero ello no llega al extremo de llamarla oficiosamente a juicio, ni de designar motu proprio actos novedosos. Así, como ya se precisó, este juzgado previno a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto a la diligencia de emplazamiento; apercibiéndola de que, de no hacerlo, se continuaría el trámite de este asunto en los términos previos propuestos, por lo que al no desahogar esa prevención, se hizo efectivo el apercibimiento decretado, mediante auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, tal como corresponde. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 5° fracción II y 108, fracción IV, todos de la Ley de Amparo; y, por ende, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la ley en cita, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido inicialmente por *******, y cuyo trámite continuó el albacea de la sucesión a bienes del citado quejoso, en contra de las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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