Antonio Tarango Montés
Expediente 474/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 474/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 03/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Antonio Tarango Montés
- Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de noviembre de dos mil dieciséis.Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera incidente de inconformidad contra la resolución de cumplimiento declarado sin materia de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado.Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.Debido a que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia.Luego, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito.Entonces resulta que, una vez que transcurran tres años, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento.En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento.Notifíquese.Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guarda el expediente de amparo indirecto *******, promovido por *******. Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el dos de junio de dos mil dieciséis, turnado a este Juzgado el día hábil siguiente, *******, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales, Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, Director de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y Coordinador General de Centros Federales, a quienes reclamó la orden para ser trasladado del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres en esta ciudad, a un diverso centro de reclusión del país. Segundo. Concesión de amparo. En proveído de dos de junio de dos mil dieciséis, se admitió la demanda de amparo; integrado el juicio y celebrada la audiencia constitucional, el uno de septiembre de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en la que se sobreseyó y concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 62 a 67), a fin de que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y el Coordinador General de Centros Federales, dejen insubsistente la orden de traslado que dictaron en contra del quejoso, *******. Tercero. Proveído por el que causa ejecutoria la sentencia y vista a la parte quejosa por desprenderse la posibilidad de que hubiera quedado sin materia. En auto de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis (foja 214), se causó ejecutoria y se dio vista a la parte quejosa al advertirse la probabilidad de que la ejecutoria de amparo hubiera quedado sin materia. Lo anterior, pues de autos se desprende que la protección constitucional dentro del presente juicio, se concedió a la parte quejosa para que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y el Coordinador General de Centros Federales, dejen insubsistente la orden de traslado que dictaron en contra del quejoso *******. Empero, en oficio recibido en este Juzgado el dos de septiembre de dos mil dieciséis (foja 204), las autoridades responsables de referencia remitieron su informe con justificación, en que manifestaron que no es cierto el acto reclamado, en virtud de que no han ordenado, dictado, ejecutado o tratado de ejecutar traslado en contra del aquí quejoso. Por tanto, al desprenderse con ello la posibilidad de que la ejecutoria de amparo hubiera quedado sin materia, en el propio auto en que se causó ejecutoria, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, apercibida de que en caso de no efectuarlo, se resolvería lo conducente tomando en cuenta las constancias de autos, sin que éste se hubiere manifestado en relación a dicha vista. Cuarto. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. El que suscribe, procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por las partes. Al respecto, si el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y el Coordinador General de Centros Federales, que fueron omisas en rendir su informe justificado de manera oportuna -lo que motivó la concesión del amparo al tener el acto reclamado como cierto-, no emitieron orden de traslado alguna en contra del aquí quejoso, se advierte que con ello, la ejecutoria de amparo ha quedado sin materia. Por lo que, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y notifíquese personalmente a la parte quejosa este proveído, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua;, uno de septiembre de dos mil dieciséis. Visto para resolver el juicio de amparo *******, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el dos de junio de dos mil dieciséis, turnado a este Juzgado en esa data, *******, promovió demanda de amparo contra actos del Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales en el Estado, Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, Director de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y Coordinador General de Centros Federales, de quienes reclamó lo siguiente: ACTOS RECLAMADOS: la orden de traslado o transferencia que puedan causarme perjuicio en mi contra de este centro en el cual me encuentro compurgando mi pena que me fue impuesta en mi contra (.) (sic). Segundo. Derechos constitucionales y humanos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14, 16, 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de dos de junio de dos mil dieciséis (foja 8), se admitió la demanda de referencia, se registró bajo el expediente *******, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere a actos de autoridades jurisdiccionales cuya ejecución puede tener lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este juicio, se colige que la quejosa reclamó la orden para ser trasladado del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres en esta ciudad, a un diverso centro de reclusión del país. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la jurisprudencia VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del texto: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes justificados, las autoridades responsables Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, residente en esta ciudad (foja 27) y Supervisor Estatal de la Unidad de Traslados, Amparos y Derechos Humanos, con sede en Aquiles Serdán, Chihuahua (foja 33), en sus denominaciones correctas, negaron categóricamente los actos que les atribuyó el quejoso, sin que este haya aportado medio de convicción alguno a fin de desvirtuar tales negativas, por lo que, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VI, mil novecientos diecisiete- dos mil, Materia común, página 236. INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. Como se indicó, las autoridades responsables Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y Coordinador General de Centros Federales, no rindieron sus informes justificados, no obstante que les fueran debidamente requeridos, como se advierte, respectivamente, de las piezas postales agregadas a fojas 68 y 75. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 117, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos reclamados consistentes en la orden para que el directamente agraviado sea trasladado del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres en esta ciudad a un diverso centro de reclusión del país, y la ejecución de dicha orden. Quinto. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan causas de improcedencia, ni el que suscribe advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Sexto. Análisis del acto reclamado. El quejoso reclama la orden para ser trasladado del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres en esta ciudad a un diverso centro de reclusión del país, así como la ejecución de dicha orden. Ahora bien, en el caso, como se estableció en el considerando cuarto, dicho acto reclamado, conforme al artículo 117, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se presumieron ciertos. En tales circunstancias, debe atenderse al contenido de la última parte de dicho numeral, que dispone que en caso de presunción de certeza del acto reclamado, queda a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de derechos humanos, sino que el estudio del mismo dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado, así como de los antecedentes del caso. En efecto, dicho numeral dispone lo siguiente: 117. -.- Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1º de esta Ley. Pues bien, la orden de traslado y ejecución relativa reclamadas, son actos inconstitucionales en sí mismos, entendiéndose por éstos, los actos que la autoridad no puede llevar a cabo en ningún caso. En efecto, con motivo de las reformas a los artículos 18 y 21 constitucionales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho y que entraron en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas, que se extendió al modelo del sistema penitenciario al establecerse que se organizará sobre la base de respeto a los derechos humanos. Por ello, actualmente no corresponde a las autoridades administrativas la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y de los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, dentro de lo cual se debe comprender al traslado de internos, sino a las autoridades judiciales, en particular a los jueces de ejecución en materia penal. Apoya esta consideración, la jurisprudencia P.-J. 18-2012 -10a.-, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, de Octubre de 2012, Tomo 1, materia común, página 17, del siguiente tenor: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. El Tribunal Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis jurisprudenciales P.-J. 37-2010 y 1a.-J. 128-2008, de rubros: -ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA." y "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.-, respectivamente, sostuvieron que los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra la orden de traslado de un sentenciado de un centro penitenciario a otro. Ahora bien, con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, ya no persiste el contexto constitucional bajo el cual fueron sostenidos dichos criterios, por lo que han quedado sin efectos. Lo anterior es así, pues con la entrada en vigor de dicha reforma constitucional se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los Jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Por ello, el conocimiento y la solución de cualquier controversia al respecto, en la que participen los sentenciados compete a los Jueces de Distrito en Materia Penal, lo que implica un cambio fundamental en la vía que, de ser administrativa, se transforma en penal, sin que sea óbice a este criterio el hecho de que la orden de traslado que constituya el acto reclamado en un juicio de amparo hubiese sido emitida por una autoridad administrativa, dada la trascendencia de la reforma constitucional citada. Asimismo, para evidenciar la transgresión a los derechos del quejoso, es oportuno preciar que el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que sólo una autoridad competente, a través de mandamiento escrito, en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento, estará en posibilidad de emitir un acto de molestia sobre una persona, su familia, domicilio, papeles o posesiones. Por su parte, el artículo 18 constitucional, en lo que interesa, establece las siguientes premisas: Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de reclusión será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley. Mientras que, el artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución Federal, estatuye que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Sobre este tópico, en la jurisprudencia P.-J. 20-2012, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XIII, octubre de 2012, tomo 1, materia constitucional, página 15, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que a partir de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondía, en exclusiva, al Poder Judicial la imposición de las penas, así como su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encontrarán las relativas al traslado de los sentenciados. Lo estimado por el legislador se corrobora en la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a los artículos 18, 21 y 104 constitucionales, presentada en la sesión del 4 de octubre de 2007 de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la cual se destacó que los periodos de vida que los reclusos pasan en prisión cumpliendo sus sentencias no consistían en el simple transcurso del tiempo, pues en esos lapsos podrían suceder eventos que debe deberían ser supervisados por la autoridad judicial, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, la concesión de beneficios, así como el lugar donde debía extinguirse la pena. Asimismo, el Alto Tribunal consideró que como en dicha iniciativa se precisó que una de las finalidades de la reforma planteaba la necesidad de restringir la facultad del Ejecutivo únicamente a la administración de las prisiones y otorgar la de ejecutar lo juzgado al Poder Judicial, mediante la creación de la figura de "Jueces de ejecución de sentencias", dependientes de este Poder, en aras de que la totalidad de las facetas que integran el procedimiento penal queden bajo control jurisdiccional, debía prevalecer que la determinación relativa al traslado de sentenciados de un centro penitenciario a otro, se encontrara reservada al Poder Judicial, conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El criterio jurisprudencial P.-J. 20-2012, al que se ha hecho referencia, es del siguiente tenor: MODIFICACIÓN DE LAS PENAS. LA DETERMINACIÓN RELATIVA AL TRASLADO DE SENTENCIADOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO ESTÁ RESERVADA AL PODER JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en términos del artículo quinto transitorio del decreto respectivo, corresponde en exclusiva al Poder Judicial la imposición de las penas, así como su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encuentran las relativas al traslado de los sentenciados, lo que se corrobora con la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a los artículos 18, 21 y 104 constitucionales, presentada en la sesión del 4 de octubre de 2007 de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la cual se destacó que los periodos de vida que los reclusos pasan en prisión cumpliendo sus sentencias no consisten en el simple transcurso del tiempo, pues en esos lapsos suceden muchos eventos que debe supervisar la autoridad judicial como, por ejemplo, la aplicación de penas alternativas a la de prisión, la concesión de beneficios o el lugar donde deba extinguirse la pena, siendo esta iniciativa la única en la que se hizo referencia a reservar la atribución citada a la autoridad judicial, entre las valoradas expresamente en el dictamen de origen elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la referida Cámara, presentado en la sesión del 11 de diciembre de 2007, que a la postre daría lugar a las citadas reformas constitucionales, en el cual se precisó que estas reformas plantean restringir la facultad del Ejecutivo únicamente a la administración de las prisiones y otorgar la de ejecutar lo juzgado al Poder Judicial, mediante la creación de la figura de "Jueces de ejecución de sentencias", dependientes de este Poder, en aras de que la totalidad de las facetas que integran el procedimiento penal queden bajo control jurisdiccional. Esta base jurídica pone de manifiesto que tratándose de delitos que merezcan pena privativa de la libertad, dará lugar a la prisión preventiva, que para dicha reclusión preventiva se destinarán centros especiales y, que las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos; asimismo, que tratándose de la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. En esa línea de pensamiento, es inconcuso que en tratándose del traslado de reos de un centro penitenciario a otro, la autoridad judicial es la única competente para ordenarlo, pues así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la interpretación que realizó sobre el artículo 21, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya sea que se encuentren recluidos con motivo del establecimiento de la medida de prisión preventiva o en ejecución de la pena impuesta, porque con la referida orden de traslado, se modifican las condiciones en que el individuo afecto a una causa penal debe permanecer en prisión (preventiva o compurgando la pena impuesta), y el único ente facultado para variar el lugar en que ella se desarrolle es el Juzgador que la fijó. Entonces, si la orden de traslado reclamada fue emitida tanto por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, como por el Coordinador General de Centros Federales, y no así por el juez o jueces ante los cuales se encuentra a disposición, que son las autoridades competentes para emitir dichos actos, es evidente que se trastoca en perjuicio del ahora inconforme el derecho humano contemplado en el artículo 16 constitucional, en el sentido de que todo acto de autoridad debe emanar de autoridad competente, requisito que, en la especie, no se cumple. Cabe aclarar que la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos que se precisan, no implica que la autoridad competente no pueda eventualmente trasladar al procesado a algún otro centro de reclusión distinto de aquél en donde se encuentre, pues ello estaría permitido si el caso concreto se ubica en las hipótesis constitucionales respectivas y, en su caso, es determinado por la autoridad judicial competente. En tales condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 77 de la Ley de Amparo, el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y el Coordinador General de Centros Federales, dejen insubsistente la orden de traslado que dictaron en contra del quejoso *******. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, en relación los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******, en los términos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio ******* suscrito por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en que informó que envió al archivo el recurso de queja penal *******, del índice de tal Alzada Hágase lo que antecede del conocimiento de las partes, sin que se efectúe mayor acuerdo al respecto, en virtud de que se declaró infundado el recurso de queja que se planteó. Lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.
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