Antonio Puga Martínez
Expediente 299/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 19 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 299/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 17/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Antonio Puga Martínez
- José Puga Vera
- ARMANDO PUGA HERNÁNDEZ y Otros.
- Froylan Patiño Puga
- SEVERO VEGA MANCERA y Otros.
- Armando Puga Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Visto el oficio signado por el secretario de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, se le tiene acusando recibo del comunicado por el que se le notificó el acuerdo en el que se ordenó el archivo del presente asunto, y se le remitió el tomo de pruebas que allegó a su informe de ley.
- Principal
En la ciudad de Celaya, Guanajuato, a las trece horas con treinta minutos del dieciséis de julio de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional, prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativa al juicio de amparo número 299/2021 promovido por ******,******, y ******, presente en audiencia pública el licenciado, Francisco Javier Ramírez Álvarez, secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizadas mediante oficio CCJ/ST/1242/2021 de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, asistido del licenciado Antonio Guiza Cabrera, secretario con quien actúa y da fe, la declara abierta, sin la comparecencia de las partes ni de persona alguna que las represente. Se destaca que ninguna de las partes solicitó que la presente se celebrara mediante el método denominado "videoconferencia", por lo que, al no requerirse la presencia física de alguna de las partes, se desahoga de la presente forma. Acto continuo, el secretario certifica: que la presente audiencia se desahoga mediante la modalidad de trabajo a distancia autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal por parte del titular, por lo que la firma se realizará de forma digital. Relación de constancias. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias relevantes de autos, a saber, el escrito inicial de demanda, auto admisorio, informe justificado rendido por las autoridades responsables y emplazamiento de la tercera interesada ******. En este momento se da cuenta con el escrito registrado con el número 5767, signado por la tercera interesada Angélica Puga Galván, por el cual formula alegatos; acuérdese lo conducente en el etapa correspondiente. A lo que se acuerda: téngase por hecha la relación de constancias relevantes de autos, por rendidos los informes de ley y por legalmente emplazada a la tercera interesada. Periodo probatorio. Seguidamente, se abre la etapa de pruebas, en la que el secretario da cuenta con las documentales exhibidas por las autoridades responsables. A lo que se acuerda: Con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales aportadas. Con lo anterior se cierra la etapa probatoria. Etapa de alegatos. Enseguida, se abre la etapa de alegatos, en la que se da cuenta con los formulados por la tercera interesada ******, en el escrito recibido en la presente audiencia, y se hace constar que la demás partes los formularon. A lo que se determina: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hechas las manifestaciones que hace en vía de alegatos la tercera interesada en cita, los cuales podrán ser tomados en consideración al resolver el presente asunto, y se tienen por omisas a las demás partes en formularlos; con lo que se cierra esta etapa, y se da por concluida la presente audiencia para, enseguida, dictar sentencia. Doy fe. V I S T O S, para resolver los autos que integran el juicio de amparo número 299/2021, promovido por ******, ******, ******, ****** y ******; R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de mayo de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, que por razón de turno conoció este Juzgado Octavo, ****** y ****** solicitaron el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito y otras autoridades, que estimaron violatorios de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. En auto de veintiuno siguiente, una vez subsanada la prevención que se formuló a los quejosos, se admitió la demanda únicamente en lo que concierne a los actos atribuidos al juez Segundo Civil de Partido, residente en esta ciudad, actuario ejecutor y magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Guanajuato. Por el contrario, se desechó la demanda respecto de los actos reclamados al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del XVI Circuito. En ese mismo proveído se mandó pedir informe justificado a las autoridades responsables, dio intervención legal a la fiscal de la adscripción y se mandó emplazar a la tercera interesada, Angélica Puga Galván (parte vencedora en el juicio), apersonada según auto de dieciocho de junio pasado. TERCERO. Finalmente, se verificó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal . La competencia territorial se surte conforme a la primera regla del artículo 37 en mención, pues los actos reclamados (desposeimiento de inmuebles) podrían tener ejecución en el municipio de Jerécuaro, en donde ejerce jurisdicción este Tribunal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias remitidas por las autoridades responsables, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se precisará el acto reclamado. Los quejosos se ostentan terceros extraños al juicio ordinario civil ******, en el que la tercera interesada, ******, demandó la acción pro forma respecto de un contrato de compraventa que celebró el cuatro de diciembre de dos mil seis con la demandada. Exponen que, acorde con lo mandado en dicho procedimiento, se les pretende privar de los predios cuya posesión ostentan. Al efecto, se transcribe la parte conducente: "Nos causa agravio la totalidad de los autos, decretos y resoluciones por las cuales se ordena ejecutar actos tendientes a la desposesión respecto de los dos predios rústicos del cual tenemos la posesión y nos conducimos en calidad de propietarios" De ahí que se precisan como actos reclamados: La orden de escrituración de los predios en conflicto y los actos tendentes a ejecutarla, así como los eventuales mandatos dirigidos a desposeerlos de tales inmuebles, emanados tanto del toca de apelación ******, como del juicio ordinario civil ******. TERCERO. Existencia de actos. Las autoridades responsables manifestaron que son ciertos los actos que se les reclaman (fojas 170 y 173), lo que se corrobora con las constancias obrantes en autos pues, como se verá en el apartado de antecedentes, existe un mandato para otorgar la escrituración del predio, lo que torna inminentes los actos tendentes a entregar la posesión a terceros. Bajo esa perspectiva, se desvirtúa la negativa del informe justificado rendido por la directora de la Oficina Central de Actuarios, quien afirmó que no cuenta con mandato alguno para ejecutar; empero, se insiste, deben tenerse como inminentemente ciertos, en el entendido de que corresponderá a uno de los ejecutores de su adscripción. CUARTO. Antecedentes. De la copia certificada de las constancias que integran el juicio ordinario civil ****** y del toca de apelación ******, a las que se confiere valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprenden como antecedentes relevantes: a) La tercera interesada, ******, demandó en la vía ordinaria civil a la sucesión a bienes de ******, también conocida como ******, por conducto de su albacea ******. La acción intentada es la de formalización y escrituración de contrato de compraventa (proforma) que celebró con el de cujus el cuatro de diciembre de dos mil seis, de un predio rústico denominado ******. b) La demandada reconvino sobre la nulidad del contrato privado de referencia. c) Seguido el juicio por su cauce legal, el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que se declaró la nulidad del contrato de compraventa y se condenó a la demandada reconvencional a la restitución de los predios en conflicto. d) En cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo civil ******, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, el magistrado responsable dentro del toca de apelación ******, dictó su falló el dieciséis de junio de dos mil veinte, revocando la sentencia de primer grado y condenando a la demandada primigenia a "otorgar la escritura a favor de la actora, del contrato de fecha cuatro de diciembre de dos mil seis". Se insiste, si bien, no existen actos emitidos tendientes a entregar la posesión a la parte vencedora, al existir sentencia condenatoria, deben tenerse como inminentes para efectos de este juicio. QUINTO. Improcedencia. No se estudiará el fondo del asunto, habida cuenta que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia relacionada con el interés jurídico, cuyo estudio es de orden público; por ende, preferente y oficioso, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente, contra actos u omisiones que no afecten los intereses jurídicos del peticionario. En el caso se actualiza la causal referida, pues para la procedencia del juicio de amparo no sólo es necesario demostrar la existencia del acto reclamado, sino que además debe acreditarse que esa conducta de autoridad atente contra algún derecho tutelado por la ley, a favor del peticionario de amparo, esto es, que afecte su interés jurídico. Además, es indispensable que se pruebe fehacientemente, por ser un requisito sine qua non para la procedencia de la acción constitucional, tal y como lo establece la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Tercer Circuito, que a la letra reza: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." Ahora bien, los solicitantes del amparo se ostentan terceros extraños al procedimiento, bajo el argumento de que se les pretende privar de la posesión que dicen tener sobre el inmueble en conflicto, sin haberle dado oportunidad de defenderlos, lo que es violatorio de la garantía de audiencia tutelada en el artículo 14 de la Carta Magna. No obstante, los peticionarios no ofrecieron ningún elemento de convicción para demostrar el derecho que dicen tener. Esto es, resultaba necesario que demostraran la existencia de un derecho legítimamente tutelado a su favor, que les facultara para exigir el respeto a la posesión o, en su caso, propiedad del bien, lo que no ocurrió, dado que no hay ninguna probanza desahogada en autos. En todo caso, si los quejosos se ostentan poseedores, era necesario que demostraran la causa generadora, es decir, que el derecho está fundado en un título que legitime a los reclamantes a ejercitarlo. Así lo consideró el Alto Tribunal en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación, de rubro y texto: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Luego, si los quejosos no acreditaron la posesión que adujeron tener sobre el inmueble que defienden, es evidente que las determinaciones reclamadas y su ejecución, no les causa ningún agravio personal y directo a su esfera de derechos, pues no acreditaron plenamente su interés jurídico. Sin que para ello sea suficiente el mero dicho de aquellos en cuanto a que son poseedores del bien inmueble que defienden. Se invoca la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADO. El Tribunal en Pleno ha sustentado la jurisprudencia que dice: AMPARO CONTRA LEY, EL INTERÉS JURÍDICO DEBE PROBARSE EN EL JUICIO DE. Los sujetos que se consideren afectados por la ley que se impugna de inconstitucional, para comprobar su interés jurídico en promover el juicio de amparo, deben demostrar que se encuentran dentro del supuesto previsto por aquélla, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes; en caso de no acreditar tal circunstancia, debe sobreseerse en el juicio de amparo." Así como, la jurisprudencia 308, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prevé: "INTERES JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." En esas condiciones, es decir, ante la falta de acreditamiento del interés jurídico, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el presente juicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 75, 76, 77, 78, 155 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ******, ******, ******, ****** y ******, en contra del acto y autoridades precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el último.
- Principal
A sus autos el escrito signado por la tercera interesada ****, por el cual realiza diversas manifestaciones en torno al eventual ofrecimiento de una prueba testimonial por parte de la parte quejosa, los cuales podrán ser tomados en consideración, en caso de que esto ocurra.
- Principal
Ofrecimiento de testimonial Visto el escrito que suscribe *****, mediante el cual ofrece la prueba testimonial a cargo de las tres personas que enuncia en su escrito. No ha lugar a acordar de conformidad, pues en auto de doce de mayo pasado, en que se proveyó de forma inicial sobre la demanda presentada, se le tuvo autorizado únicamente en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Apersonamiento de tercera interesada. Visto el escrito que suscribe ****, con el carácter de apoderada legal de ****, albacea de la sucesión a bienes de **** y/o *****, por el cual pretende apersonarse como tercera interesada (parte perdidosa en el juicio de origen). No ha lugar a reconocerle tal calidad, dado que en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), en el auto de radicación, únicamente se llamó a **** (parte vencedora en el juicio de origen) quien se estimó que es quien tiene interés contrario a los quejosos que comparecen como terceros extraños al procedimiento.
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