Antonio Palomar Higarera
Expediente 1155/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1155/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Antonio Palomar Higarera
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés.********************CAUSA ESTADO AUTO********************Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de seis de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual SE DESECHÓ la demanda de garantías promovida por ******************** en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes.********************Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo.********************SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO********************Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido.********************CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.********************En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo.********************Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.********************Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio.******************** Notifíquese.********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.mmg
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, seis de septiembre de dos mil veintitrés. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Al respecto el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Mientras que, el diverso artículo 61, fracción XXIII, de la ley en cita, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]". Ahora, de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que la quejosa reclama lo siguiente: De inicio, cabe referir que excepcionalmente puede declararse la improcedencia del amparo cuando el ente señalado como responsable no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de garantías. Sirven de sustento a lo anterior las jurisprudencias que a continuación se reproducen: "Registro digital: 2024028 Instancia: Plenos de Circuito Undécima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: PC.VII.L. J/1 L (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Enero de 2022, Tomo III, página 1865 Tipo: Jurisprudencia AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO TIENE RELACIÓN CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS (RESGUARDO DOMICILIARIO), ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron de manera diferente al analizar si para efectos del juicio de amparo indirecto, el acto reclamado proviene o no de una autoridad en asuntos donde trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), que prestan sus servicios en unidades médicas de dichos organismos, reclamaron la negativa a otorgarles licencia o permiso para ausentarse de sus labores, en términos de las cláusulas 43 y 123 del contrato colectivo de trabajo relativo, en consecuencia, la negativa de acatar las medidas conducentes a las disposiciones contenidas en el "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020 y su modificación publicada en dicho órgano de difusión el 21 de abril de ese año, a fin de hacer efectivas las medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, siendo admitidas las demandas por los Jueces de Distrito; proceder que fue controvertido a través del recurso de queja por el patrón a quien se le atribuyó el carácter de autoridad responsable. Criterio jurídico: El Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito determina que en el caso señalado, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, excepcionalmente puede constituir la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, en asuntos que tengan relación con las medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, por lo que procede desechar la demanda por causa notoria e indudable de improcedencia. Justificación: Lo anterior es así, porque la relación establecida entre la parte quejosa y las autoridades señaladas como responsables no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues el acto reclamado, en esencia, es la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus referido, en virtud de que su pretensión final es el otorgamiento de una licencia para ausentarse de sus labores, lo que evidentemente no es un acto de autoridad, sino en todo caso, una actuación propia de la relación privada que une al patrón con los quejosos como particulares. Luego, no se está en el caso de tener a los patrones como responsables para los efectos del juicio de amparo en este tipo de asuntos, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la autoridad ordinaria del trabajo correspondiente, por lo que en dicho supuesto, en forma excepcional, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que provoca el desechamiento de plano de la demanda de amparo, por lo que debe acudirse a la vía ordinaria laboral para hacer dicho reclamo.". "Registro digital: 2007580 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: PC.III.L. J/5 L (10a). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, página 1224 Tipo: Jurisprudencia AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento.". En el caso, a juicio de este órgano se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 5o, fracción II, del mismo ordenamiento; en razón de que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con el 1º de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales actos u omisiones de la autoridad que violen o vulneren los derechos humanos o sus garantías, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De lo anterior se sigue que el juicio de amparo es improcedente en contra de aquellos actos que no encuadren en el concepto de autoridad, por no reunir los requisitos esenciales para ejercer respecto de ellos, un control de regularidad constitucional. En ese orden de ideas, a fin de establecer las características de un acto de autoridad, cabe precisar que la fracción II, del artículo 5 de la Ley de Amparo, transcrito párrafos precedentes, consigna las características que un acto debe reunir para que sea considerado como de autoridad y al efecto establece en su primer párrafo que es aquel que crea, modifica o extingue una situación jurídica, de forma unilateral y obligatoria o, que omite realizar un acto que de haberlo hecho, crearía, modificaría o extinguirá la situación jurídica. El acto de autoridad y el de los particulares convergen en que producen una mutación en la realidad, pues ambos tienen la capacidad de crear, reconocer, declarar, transmitir, modificar o extinguir situaciones concretas y particulares, porque una fuente material de las obligaciones es precisamente la voluntad de las personas (los convenios en sentido lato). No obstante, esa mutación de la realidad no es igual porque cuando se trata de la autoridad, se crea, modifica o extingue una situación jurídica que por ser pública la fuente de esa voluntad, resulta obligatoria y oponible a todas las personas. En cambio, la mutación de la realidad por virtud de la manifestación de la voluntad de un particular, por tener su origen en el ejercicio del libre albedrío, no es obligatoria, y, por ende, no es oponible a terceros. El acto administrativo desde el punto de vista material, es la manifestación unilateral de voluntad, externa, concreta y ejecutiva, emanada de las autoridades administrativas, en el ejercicio de sus facultades cuya finalidad es la satisfacción del interés general, que tiene por objeto, crear, transmitir, declarar, modificar o extinguir una situación jurídica concreta. Del panorama planteado, se obtiene que las notas distintivas de un acto de autoridad son las siguientes: a) La existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal; b) Que emita actos jurídicos, derivados de las facultades que les confiera una norma jurídica u omita hacerlos; y, c) Que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. Ahora, acorde a lo establecido en el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, también pueden tener ese carácter los particulares; siempre y cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa propia fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, esto es, para que un particular pueda tenerse como autoridad responsable en un juicio de amparo, será necesario que sus actuaciones revistan las siguientes características: Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, es decir, que sean aptos para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, de acuerdo con la definición que aporta el párrafo primero de esa misma fracción. Que afecten derechos en los términos antes anotados; y que, Sus funciones estén determinadas por una norma general. Cabe señalar que la obligatoriedad de la que habla el artículo 5º de la Ley de Amparo, se refiere a aquella que se produce de forma inexcusable, que no es potestativa y que ante su inobservancia pudiera proceder la imposición de una sanción, o bien, que podrían hacerse cumplir forzosamente. Pensar lo contrario equivaldría a sostener que en cualquier relación jurídica; por ejemplo contractual, cuando una de las partes decidiera no cumplir con las obligaciones que personalmente le incumben, decisión que además es unilateral y sin aparente justificación, debe considerarse como acto de autoridad, y no simplemente incumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato. Se afirma lo anterior, porque la violación a las obligaciones contractuales, cuya tutela se pretende, debe ser canalizada a través de las acciones ordinarias previstas en las legislaciones civil, penal, administrativa o laboral, según corresponda. Lo contrario significaría que cualquier incumplimiento de los particulares, del Estado o de sus organismos descentralizados, de cualquier contrato, de las condiciones generales de trabajo o de los contratos colectivos de trabajo, deba ser considerado como acto de autoridad, lo que no es congruente con el espíritu de la reforma a la ley de la materia, pues del análisis que se realizará del Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación, Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores, el once de octubre de dos mil once, se advierte la nítida intención de que el juicio de amparo no sustituya a los procedimiento ordinarios, pues al efecto se estableció: "Autoridad responsable y particulares. Estas dictaminadoras coinciden en que éste no es un cambio menor y que debe considerarse el impacto en la administración de justicia de la eficacia horizontal de los derechos humanos. Tales derechos se protegen con los mismos medios que tiene un particular para defenderse de los actos de autoridad, y por consecuencia pudiera interpretarse equivocadamente que los derechos remediables por las vías civil, penal o laboral, necesariamente deban incoarse por vía constitucional. . A pesar de que los particulares pueden tener el carácter de autoridad en el juicio de amparo cuando realicen los actos identificados en el segundo párrafo del artículo en cuestión, esto no implica el desconocimiento de las vías ordinarias de resolución, así como el agotamiento de los elementos procesales respectivos. El reconocimiento de estos actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por el quejoso y la posibilidad de evaluar por parte de tribunal el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales. En ningún momento se pretende que el Poder Judicial de la Federación sustituya a las autoridades ordinarias competentes para la resolución de este tipo de conflictos". Al caso concreto es aplicable la tesis del contenido siguiente: Época: Décima Época Registro: 2010168 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: XI.1o.A.T.25 K (10a.) Página: 3823 "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SÓLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN SÍ, SINO ADEMÁS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA. De los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de la naturaleza formal del órgano público y atiende, ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir, en forma obligatoria, situaciones jurídicas, o de la omisión para desplegar un acto que -de realizarse- crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, máxime que la interpretación teleológica de la norma reglamentaria así lo confirma, al señalarse en el proceso legislativo -que le dio origen- la necesidad de ampliar la procedencia del juicio contra actos provenientes no sólo de autoridades, sino también de particulares, a través de los cuales se afectara la esfera jurídica de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios; y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que esos actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la determinación de esas hipótesis, atento a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. En estas condiciones, autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo es: a) la que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y b) el particular que realice u omita actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y que las funciones deben estar determinadas por una norma general. Por tanto, para determinar si un particular encuadra en la categoría de autoridad responsable, no sólo debe analizarse su acto u omisión en sí, sino además, si afecta derechos y deriva de las facultades u obligaciones establecidas en una norma. En este contexto, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que no es posible concluir que el Subdelegado de la Ciudad de Zamora, Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, al negarse a otorgarle su pensión, tenga el carácter de autoridad para los efectos del amparo, ni de particular con efectos equivalentes; desde el punto de vista formal y material, ya que presta los servicios de seguridad social con motivo de la sustitución que realiza respecto de la patronal; siempre que tengan el carácter de trabajadores por virtud de un nombramiento. Lo anterior significa que la determinación aunque unilateral por parte del organismo público descentralizado, no es obligatoria ni definitiva, pues en contra de ella procede una acción ante los tribunales ordinarios. Lo anterior porque la relación jurídica que se establece entre el organismo público descentralizado Subdelegado de la Ciudad de Zamora, Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social y el quejoso, es de naturaleza horizontal, esto es, de órgano asegurador y asegurado, tal como sucede con los derechohabientes de dicha institución, no se trata pues de una relación de supra a subordinación. Afirmación que se realiza, tomando en consideración que al resolver la contradicción de tesis 341/2015, la Segunda Sala del Alto Tribunal, retomó lo que previamente había analizado en el amparo en revisión 772/2015, en sesión de veintiocho de octubre de dos mil quince, en el que se consideró que el juicio de amparo indirecto es procedente para conocer de los actos que emita el Instituto Mexicano del Seguro Social como ente asegurador, y en los que sea necesario acudir directamente al juicio de amparo indirecto, sin que medie la jurisdicción ordinaria, a fin de obtener la protección efectiva de los derechos humanos involucrados; como el caso de la resolución que niega una pensión, con base en un artículo de la Ley del Seguro Social, cuya constitucionalidad es cuestionada. Así, expuso que el juicio de amparo en relación con el derecho de petición,sí es procedente cuando se pone en evidencia que el funcionario o servidor público obligado a contestar una solicitud, en su calidad de autoridad, por estar facultado para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, ha omitido responder la petición, pues esto supone una violación al derecho reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Federal, lo que hace necesario acudir directamente al juicio de amparo indirecto, sin que medie la jurisdicción ordinaria, a fin de obtener la protección efectiva del derecho humano involucrado. Por tanto, cuando se atribuye a un organismo del Estado la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, resulta procedente el juicio de amparo indirecto, debido a que, en ese caso, es necesario garantizar la protección efectiva del derecho humano de petición, con la única finalidad de que el funcionario o empleado público del instituto emita una respuesta a la petición. En cambio, cuando exista una respuesta a esa petición, no procederá la ampliación de la demanda de amparo indirecto, sino que el asegurado o beneficiario, una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, debe acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, lo que debe atenderse en el presente asunto, por tratarse de un caso similar, dado que el acto reclamado deriva de una contestación emitida de manera verbal respecto a prestaciones de seguridad social, por el ente asegurador local. Las consideraciones anteriores sustentan la ejecutoria que integró la jurisprudencia del contenido siguiente: Época: Décima Época Registro: 2011948 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 31, Junio de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 66/2016 (10a.) Página: 898 "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo. De lo anterior se sigue que la negativa a cumplir una obligación que (con independencia de su procedencia o no) tiene su origen en un acuerdo de voluntades, por parte de un organismo público que tiene el carácter de ente asegurador, no puede ser considerada como un acto de autoridad, ni como acto de particular equivalente, porque por virtud de ella, no se crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones, dado que el incumplimiento de las mismas, debe ser dilucidado por un tribunal ordinario. Es aplicable al respecto la jurisprudencia del contenido que a continuación se reproduce: Época: Novena Época Registro: 160995 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 134/2011 Página: 1511 "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia. Cabe precisar que la improcedencia analizada resulta notoria, porque en el caso concreto este órgano de control constitucional no realizó mayor análisis o demostración para arribar a la conclusión anotada, dado que como se advierte de los criterios citados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como diversos Tribunales Colegiados de Circuito, ya han realizado la interpretación respecto a la hipótesis en estudio. En esos términos, al actualizarse la causa de improcedencia que se integra de la interpretación sistemática (sentido estricto) de los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, de la Ley de Amparo en relación con el 61, fracción XXIII, del mismo, con base en el diverso 63, fracción V, procede desechar la demanda de amparo. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio, contra actos del Subdelegado de la Ciudad de Zamora, Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que refiere en su escrito de cuenta, sin las facultades amplias que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, por no habérselas conferido expresamente. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de Trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.mmg
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