Antonio Martínez Calderón
Expediente 1157/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1157/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Antonio Martínez Calderón
Actuaciones
- Principal
A sus autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, a través del cual informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este juzgado federal, de la demanda de amparo formulada por *********, avocándose al conocimiento de la misma, registrándola bajo el número ***. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.
- Principal
Por recibido el escrito signado por **********, a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil diecisiete (f. 12 y 13), y precisa como acto reclamado la orden de detención o aprehensión librada en su contra y su ejecución, señalando además como autoridades responsables ejecutoras, las siguientes: 1.- Jefe de Grupo de la Célula de Investigación Especializada en Homicidios de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, perteneciente a la Subprocuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato, Región "B". 2.- Jefe de Grupo de la Célula de la agencia de Investigación Criminal, de la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato, perteneciente a la Subprocuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato, Región "B". 3.- Jefe de Grupo de la policía ministerial especializado en Ejecución de Mandamientos Judiciales, perteneciente a la Subprocuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato, Región "B", con domicilio en Irapuato, Guanajuato. En ese sentido, y dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene o no para conocer del presente juicio de amparo. Para tal efecto, es necesario destacar lo que establece el artículo 48 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." En ese tenor, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señaló encontrarse actualmente interno en el CERESO Mil, del Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, con motivo de la imposición de la medida cautelar de carácter personal, consistente en la prisión preventiva oficiosa que le fuera impuesta en la causa penal 1P4117-124, que se le instruye por su probable participación en el hecho contemplado por la ley como el delito de homicidio doloso. Y señala como acto reclamado en su demanda de amparo y escrito aclaratorio, la orden de detención y/o aprehensión, girada en su contra por las autoridades señaladas como responsables, aunado a que señaló como autoridades responsables las citadas a supralíneas. Ahora, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." (Lo subrayado es nuestro). Del precepto legal inserto se desprenden tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De las características y naturaleza del acto reclamado, se estima que es de aquellos en los que necesariamente se requiere una ejecución material para que se concrete, es decir, la propia ejecución del mandato de captura que el quejoso aduce se giró en su contra, la cual señala estará a cargo de las autoridades ejecutoras Jefe de Grupo de la Célula de Investigación Especializada en Homicidios de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, perteneciente a la Subprocuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato, Región "B", Jefe de Grupo de la Célula de la agencia de Investigación Criminal, de la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato, perteneciente a la Subprocuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato, Región "B"; y, Jefe de Grupo de la policía ministerial especializado en Ejecución de Mandamientos Judiciales, perteneciente a la Subprocuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato, Región "B", con domicilio en Irapuato, Guanajuato. De lo anterior, se colige que este juzgado es legalmente incompetente para conocer el presente asunto, conforme a lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo antes transcritos. Para arribar a dicha convicción, se tiene que considerar que el quejoso en su escrito inicial de demanda y aclaratorio, bajo protesta de decir verdad, manifestó que actualmente se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato, con motivo de haberse decretado en su contra prisión preventiva oficiosa, dentro de la causa penal ***, del índice del Juzgado de Control de Moroleón, Guanajuato. En consecuencia, si el acto que se reclama en el presente juicio de garantías, es de aquéllos que tienen ejecución eminentemente material; y, atendiendo a la narrativa del quejoso, en cuanto a que se encuentra actualmente privado de su libertad en el lugar que refiere, sólo ahí podrá ejecutarse el mandamiento de captura, conforme a lo establecido por el artículo 37 de la Ley de Amparo. Además, que en su escrito aclaratorio el quejoso señaló como autoridades ejecutoras a las antes mencionadas, las cuales tienen su sede en Irapuato, Guanajuato y en el mismo lugar que el de su reclusión, esto es, en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato. En efecto, del libelo actio y su aclaratorio, no se advierte que el acto reclamado tenga principio de ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado; en consecuencia, atendiendo a la primera de las reglas establecidas por el numeral 37 de la Ley de Amparo reformada, se considera que se surte competencia para conocer de la presente demanda a favor del Juzgado de Distrito en Turno, en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, pues dentro de su jurisdicción debe tener ejecución el acto que aquí se reclama. Por su contenido ilustrativo, resulta aplicable en lo conducente, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Volumen 74, Cuarta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "COMPETENCIA EN AMPARO.- La competencia en amparo corresponde al juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que ejecuta o puede ejecutar los actos que se reclaman, aunque la autoridad de quien emanen las órdenes, resida fuera de la jurisdicción de ese juez." Así también, resulta aplicable la Jurisprudencia 1ª./J. 52/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013. Tomo 1, página 383, bajo el rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AÚN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE; pues precisamente atendiendo a que el impetrante se encuentra privado de su libertad deambulatoria, ya que está detenido en el Centro Penitenciario de Valle de Santiago, Guanajuato, con motivo de la medida de prisión preventiva dictada en su contra, se arriba a la conclusión que el acto que hoy reclama, necesariamente tendrá verificativo en dicho centro de reclusión, y su ejecución podrá estar a cargo de las autoridades ejecutoras residentes en dicho municipio o en Irapuato, Guanajuato. En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y en consideración con lo dispuesto por el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referente a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, se declara carente de competencia legal para conocer de la presente demanda, declinando la competencia para tal efecto a favor del Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato en Turno, con residencia en Irapuato. En ese sentido, se ordena remitir la demanda y su aclaración, solicitando atentamente el acuse de recibo respectivo, así como se informe si acepta o no la competencia planteada.
- Principal
Por recibido el escrito signado por el quejoso *********, mediante el cual refiere la imposibilidad que presenta para acudir ante esta potestad en atención al aviso-citatorio dejado por el actuario de esta adscripción el pasado catorce de diciembre. Al respecto, dígasele al peticionario de la tutela federal que el objetivo del aviso-citatorio que refiere (el cual fue dejado en el domicilio que para recibir notificaciones señaló en su escrito inicial de demanda), era notificarle el proveído de la misma data en el que se le realizó una prevención, compareciendo el veinte de los corrientes a notificarse uno de sus autorizados para ese fin. Actuación que se realizó en términos de lo señalado por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: I. Cuando obre en autos el domicilio de la persona, o se encuentre señalado uno para recibir notificaciones ubicado en el lugar en que resida el órgano jurisdiccional que conozca del juicio: . c) Si el actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se cerciorará de que es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará aviso en la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse. Si no se presenta se notificará por lista y por lista en una página electrónica pudiendo, el referido órgano, tomar las medidas necesarias para lograr la notificación personal si lo estima pertinente. En razón de lo anterior, ha menester informarle al impetrante, que con el aviso-citatorio de que se trata, o ulteriores que en su caso se le dejen, no es necesario que comparezca de forma personal el propio impetrante, pues para ese efecto pueden acudir las personas que autorizó para ese fin en su escrito de demanda.
- Principal
A).- Prevención. Por recibida la demanda de amparo signada por *********, contra actos del Juez de Control de Oralidad Penal de Uriangato, Guanajuato y otras autoridades; fórmese cuaderno de amparo físico y digital, bajo el registro número 1157/2017-B. Ahora bien, para estar en aptitud de acordar sobre su admisión, con fundamento en lo dispuesto por en los artículos 108 fracción III y IV, 110, 112 y 114 fracción I y II de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad, cumpla lo siguiente: 1. Indique si lo que reclama únicamente de las autoridades señaladas como responsables, es la eventual orden de detención o aprehensión libradas en su contra, y su ejecución; ello, dado que del ocurso de demanda, en el capítulo respectivo, se advierte que señala tales actos tendentes a privarlo de su libertad personal; en tanto que, así también se duele de la omisión de citarlo a declarar dentro de la carpeta de investigación que se sigue en su contra, con lo que, apunta, se le tendría por evadiéndose de la acción de la justicia; por ende, justificada la necesidad de cautela. 2. Precise si señala alguna autoridad ejecutora que tenga su residencia en el lugar donde se encuentra recluido, esto es, en el Centro Estatal de Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato, (CeReSo Mil); toda vez que de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la ejecución se llevará a cabo en ese lugar, no obstante no señala a ninguna autoridad ejecutora en esa localidad, pues refiere únicamente autoridades ejecutoras con residencia en Salvatierra, Celaya, Uriangato, Moroleón y Yuriria. Datos los anteriores que son requeridos porque no se obtienen de la lectura integral de la demanda, resultando necesarios para determinar lo correspondiente a la admisión del presente asunto, incluso los efectos de la suspensión que solicita. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por el promovente, no así por los profesionistas que señala en su escrito de demanda, toda vez que la aclaración de la demanda entraña el ejercicio de una acción de amparo, para lo cual solo está facultado el propio quejoso, no así sus autorizados en términos amplios. En apoyo se invoca por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, de junio de dos mil once, página sesenta y ocho, de rubro: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." Debiendo exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio, para el traslado a las partes y formar los cuadernillos de suspensión respectivos. Apercibido que de no dar cumplimiento con lo aquí requerido en el plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos de lo previsto en el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. B).- Transparencia. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. C).- Domicilio y autorizados. Téngase al impetrante autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *********, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que sí tiene inscrita cédula profesional federal en el sistema computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito y como autorizados en términos restringidos del citado artículo a *********, ********* y *********, por no encontrarse en el supuesto anterior, y como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en *** esta ciudad, D).- Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Se faculta al actuario de la adscripción para que proceda a llevar las notificaciones del presente asunto, aun en días y horas inhábiles; lo anterior con fundamento lo anterior en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo.
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