Antonio Loredo Ramírez
Expediente 643/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 643/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Antonio Loredo Ramírez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de veintitrés de noviembre del presente año por el que se desechó la demanda promovida por xxxxxxxx, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, al no haberse exhibido en autos.Así lo proveyó y firma Francisco Javier Ramírez Álvarez, secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizadas mediante oficio CCJ/ST/3037/2020, suscrito por el secretario técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Luz María Martínez Vega, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, que establece: "Recepción de escrito inicial de demanda de amparo. Vista la demanda de cuenta presentada por xxxxxxx en contra de actos del Juez Primero Penal de Partido en esta ciudad de Celaya, Guanajuato y otras autoridades; fórmese el expediente físico y digital bajo el número 643/2020-II. Desechamiento de demanda. Del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, se advierte que se actualiza de forma notoria e indudable la causal de improcedencia relacionada con la extemporaneidad en la presentación de la demanda. Se explica: La causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61 fracción XIV, en relación con el 17 de la Ley de Amparo, tocante a que el quejoso tenía obligación de promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al en que tuviera conocimiento del acto que reclama, permite obtener el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días (fracción I); Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años (fracción II); Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; (fracción III); y, Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo (fracción IV). Ahora bien, del estudio integral de la demanda constitucional se desprende que Antonio Laredo Ramírez señala como acto reclamado la orden de detención o aprehensión girada en su contra, acto que atribuyó, entre otras autoridades al Juez Primero Penal de Partido en esta ciudad de Celaya, Guanajuato. Al respecto, la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad: "[.] VI. ANTECEDENTES.- El día siete de septiembre del año en curso, como a las seis de la tarde, me buscan algunas personas que dicen tener una orden para detenerme, van a mi domicilio ubicado calle Arbolitos sin número de la comunidad de la Cuevita de Apaseo el Alto, Guanajuato, respectivamente señalando que tienen que detenerme lo cual es ilegal [.]" Tal manifestación merece eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por involucrar un hecho propio del agraviado expresado en el ocurso de demanda. Ante tal manifestación es indudable que el plazo para la presentación del juicio de amparo empezó a correr a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, a partir del ocho de septiembre de dos mil veinte. Luego, si la demanda que nos ocupa fue presentada hasta el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, como se advierte de la razón estampada en el escrito de demanda, debe decirse que transcurrieron en forma excesiva los quince días a que alude la regla descrita. Es decir, si el plazo de quince días con que contaba para presentar la demanda comenzó el ocho de septiembre de dos mil veinte, la fecha límite para su presentación fue el uno de octubre de la presente anualidad; lo anterior hace patente sin lugar a dudas, que la presentación del ocurso que se atiende, es notoriamente extemporáneo. Además, en el caso no se está en presencia de alguna de las excepciones que contempla el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no se reclama una norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición (fracción I), no se reclama una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión (fracción II), no se promueve en contra de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados (fracción III), ni el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (fracción IV). Lo anterior lleva a concluir que la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea por no estar dentro del plazo que prevé el citado numeral y resulta manifiesto que se actualiza en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Se le tiene señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle xxxxx en esta ciudad. Por otra parte, se le tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a xxxxxxx, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que tiene inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita."
- Principal
A sus autos el oficio que signa el jefe del departamento de lo Contencioso del Centro SCT Guanajuato, por el que informa que se encuentra realizando las gestiones necesarias a efecto de cumplir con la ejecutoria de amparo, entre las que se encuentra la emisión del comunicado dirigido a la Dirección General de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de solicitar la contratación de servicios para realizar los trámites de expropiación necesarios. No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Centro de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes de la Ciudad de Guanajuato, para que dentro del término de tres días, informe el resultado de tal gestión y los trámites subsecuentes que haya realizado, para dar cabal cumplimiento al fallo protector. Apercíbasele que de no hacerlo, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cuatrocientos días, en términos a lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil dieciséis. Además, se hace de su conocimiento que de no acatar lo ordenado, en los términos establecidos, además de la multa, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la continuación del trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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