Antonio Lozano Lara
Expediente 209/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 209/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 07/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Antonio Lozano Lara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia en la que este tribunal negó la protección constitucional no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Asimismo, en atención al sentido de la resolución mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes; toda vez que, por haberse negado el amparo, dicha determinación no les irroga perjuicio. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, incisos a) y b), del citado acuerdo general, el presente expediente y el cuaderno principal del incidente de suspensión son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se negó la protección constitucional en el cuaderno principal, mientras que, en el incidente, se concedió la medida cautelar provisional y definitiva. Debiéndose conservar la demanda, la sentencia que negó el amparo, los autos en los que se concedió la suspensión provisional y definitiva, así como el presente acuerdo que ordena el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, atento a que no fueron ofrecidos por las partes.
- Principal
PRIMERO. Presentación de la primera demanda. Mediante escrito presentado el trece de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya, turnado ese día a este Juzgado, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos del juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, base Cortazar, y del director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad, que hizo consistir en: "4. ACTO RECLAMADO.- La ilegal e inconstitucional resolución emitida en fecha 23 de Marzo del año en curso 2021 emitida por la autoridad ordenadora responsable mediante el cual emitió AUTO DE VINCULACIÓN en mi contra por los hechos considerados como delitos de Homicidio Calificado, que violenta de forma evidente mis derechos subjetivos estipulados en el artículo 1, 14, 16, 19 y 20 apartado B del Pacto Federal. (Foja 3 del cuaderno de amparo). En ese ocurso el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del primer juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato. Por auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, formó el expediente y lo registró bajo el número 209/2021; además, requirió al promovente para que precisara a que autoridad señalaba como responsable, pues, por una parte, señala el juez de Control de Cortazar y, por otra, atribuía el acto al juez de Control de Valle de Santiago, Guanajuato. Una vez desahogado el requerimiento anterior, en el sentido de que la autoridad responsable es la que tiene su residencia en Cortazar, Guanajuato, por auto de veintidós de abril de dos mil veintiuno, admitió la demanda; solicitó los informes con justificación a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento. Se tuvo como terceros interesados a los siguientes: ******************** quien fue emplazado al presente juicio el tres de mayo de dos mil veintiuno (fojas 34 y 35 de autos). ******************** quien fue emplazado al presente juicio el tres de mayo de dos mil veintiuno (fojas 36 y 37 de autos). Agente del Ministerio Público, ********************, quien fue emplazado al presente juicio el cuatro de mayo de dos mil veintiuno (fojas 45 y 46 de autos). Finalmente, señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello es así, pues lo reclamado tiene ejecución en esta ciudad, en la que ejerce jurisdicción esta potestad. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio los actos reclamados los constituyen: a. El auto de vinculación a proceso dictado el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, en la causa penal número ********************, en contra del quejoso, por los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre ********************. b. La ejecución de la resolución reclamada. Las autoridades señaladas como responsables son: 1. Juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, base Cortazar. 2. Director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, base Cortazar (foja 28), y el director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad (fojas 49 y 50), al rendir su respectivo informe justificado manifestaron que son ciertos los actos que se reclaman en esta instancia. Lo que además se corrobora con las constancias que remitió el juez responsable, consistentes en los discos versátiles digitales, con archivos en formato .PDF y videograbaciones, encriptados electrónicamente, derivados de la causa penal ********************; documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Además, la información contenida en los discos versátiles digitales tiene la naturaleza de prueba documental, cuyo contenido fue debida e íntegramente analizado por este juzgador. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Con el objeto de realizar el estudio del presente asunto, conviene primeramente relatar los antecedentes del acto reclamado, siendo los siguientes: 1. En audiencia celebrada el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, la agente del Ministerio Público formuló imputación en contra del quejoso, por aparecer como probable instigador del hecho que la ley considera como el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de ********************, previsto por los artículos 130, 140 y 153, fracción I, párrafo segundo, en correlación con los numerales 9 y 13, todos del Código Penal. Además, en dicha diligencia se concedió al imputado el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas para resolver su situación jurídica, por lo que se señalaron las quince horas con treinta minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, para la continuación de dicha audiencia. 2. Así, el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal número ******************** del índice del juzgado responsable, se dictó auto de vinculación a proceso en contra del imputado, ahora quejoso, por el aludido hecho que la ley señala como el delito de homicidio calificado, con base en las siguientes consideraciones: Que dicho juzgador es competente, en razón de territorio, grado, materia, ámbito temporal y personal de validez de la ley penal, en términos de lo previsto por los artículos 1 y 2 ambos del Código Penal del estado de Guanajuato, así como los numerales 1, 20, fracción I, 133, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales y 4 de la Ley Orgánica del estado de Guanajuato, para resolver la petición de la agente del Ministerio público en el sentido de que se vincule a proceso al imputado, en su carácter de instigador, por los siguientes hechos: Aproximadamente a las diecinueve horas con treinta minutos del veinte de noviembre de dos mil veinte, en las inmediaciones de la ******************** ubicada en la esquina que forman las calles ********************e ********************de la ******************** ******************** fue privada de la vida al recibir dos disparos de arma de fuego. Esa conducta fue realizada por dos personas del sexo masculino, las cuales viajaban en una motocicleta, habida cuenta que ese juzgado ejerce jurisdicción en dicha demarcación. Que dicho juzgador actúa por la posible comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado y que se atribuye al imputado el carácter de instigador, aunado a que este último es mayor de edad. Que el artículo 316, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece como requisito que se haya formulado imputación, en la especie se formuló imputación por la agente del Ministerio Público al ahora quejoso como probable instigador en la comisión de los hechos que la ley señala como el delito de homicidio calificado. Formulación que se hizo en términos del artículo 311 del citado código, con lo que se cumple con ese requisito. Como segundo requisito, el artículo 316, fracción II, establece que se otorgue al imputado la oportunidad de declarar. En el caso el imputado, apoyado de su defensor, manifestó que es su deseo no declarar. Con lo que se cumple ese requisito. Como tercer requisito, el artículo 316, fracción III, establece que de los antecedentes se desprendan datos de prueba de la comisión del hecho que la ley señala como delito y la probable participación, con lo que se cumple este requisito, por lo siguiente: Al respecto, la agente del Ministerio Público solicitó se vinculara proceso al imputado, en su carácter de instigador, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de homicidio calificado cometido en agravio de ********************. Que los datos de prueba ofertados por la agente del Ministerio Público, el imputado y su defensa, fueron analizados en forma individual y en conjunto, en forma libre y de manera lógica, como lo establece el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se evidencia el siguiente cuadro fáctico: Que ******************** (quejoso) es conocido como "********************". Que el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, aproximadamente a las tres de la tarde, se encontraban en el inmueble ubicado en la ********************, tanto el ahora quejoso como ******************** alías "********************" y ******************** alías "********************". Que "********************" les dijo que les daría una buena lana a quien le diera piso a la delegada de Sarabia - ********************- ya que esa pinche vieja tenía mucho tiempo que andaba chingue y chingue, abriendo el hocico con la policía. Que aproximadamente a las diecinueve horas con treinta minutos del veinte de noviembre de dos mil veinte, en la ******************** de esa comunidad, se encontraba ******************** y ******************** que dos sujetos en una moto oscura pasaron por ese lugar y dispararon en seis ocasiones hacia donde estas se encontraban. Que dos, de esos seis disparos, impactaron en ********************, causándole heridas que llevaron a su muerte. Que el veintiuno de noviembre de dos mil veinte, ******************** alías "********************" y ******************** alías "********************" llegaron al inmueble ubicado en la ******************** en una moto oscura, que "********************" les dijo que les iba a dar una lana más por haberle dado piso a la delegada de Sarabia, y este último les entregó un fajo de billetes a cada uno, incluso los felicitó, ya que esa señora ya no iba a estar chingando. Que arribó a esa conclusión después de analizar los siguientes datos pruebas: Entrevistas de ********************, ********************, ******************** y ********************. Peritajes emitidos por los expertos ******************** y ********************. Que esos hechos tienen una connotación jurídica, relativa a que el hecho que la ley señala como homicidio fue cometido con ventaja, en términos de los artículos 138, 140, 153, fracción I, párrafo segundo, en relación con los diversos 9 y 13, todos del Código Penal para el estado de Guanajuato. Que ******************** alías "********************" y ******************** alías "********************" son coautores materiales de la comisión del hecho que la ley señala como el delito de homicidio calificado. Que es así, pues con los datos de prueba se acreditó 1. Una conducta voluntaria por parte de terceras personas, consistente en cualquier acto que tienda a privar la vida de una diversa persona; 2. Que en la especie se acreditó la privación de la vida en los términos apuntados; 3. Que se encuentra evidenciada esa conducta con esos elementos subjetivos; 4. Que se acreditó la existencia de un sujeto pasivo; Que se afectó el bien jurídico tutelado de la vida; 5. Que quedó evidenciado el nexo causal; 6. Que se acreditó la ventaja, pues los activos no corrían el riesgo de ser muertos o lesionados por ******************** o su hermana. Que el imputado tiene la calidad de instigador, en términos del artículo 20, párrafo segundo, y 21 del Código Penal para el estado de Guanajuato, por lo siguiente: Que la ley establece estos requisitos para que una persona sea considerada como instigador: 1. La existencia de una relación de por lo menos dos personas. 2. Que una de ellas -instigador- es quien despierta en otro la voluntad para cometer un delito y el instigado es quien comete materialmente el delito, en virtud de haber sido determinado para ello. Que, en la especie, existe una relación entre ******************** alías "********************" y ******************** alías "********************" y el aquí quejoso. Que los primeros no habían manifestado su intención o voluntad de privar de la vida a ********************. Si no que el quejoso fue quien despertó esa voluntad de privarla de la vida, pues les ofreció una "buena lana" por ello. Que después de ese ofrecimiento, ********************y ********************privaron de la vida a ********************, por lo que fueron determinados para ello por parte de ********************. Que ********************y ********************fueron determinados para ello, pues el imputado les dijo que les daría dinero y estas personas así lo realizaron, es decir, el medio utilizado fue la palabra, pues prometió un pago "una buena lana" y ese dinero se entregó a estas personas después de realizar el hecho que la ley señala como el delito de homicidio calificado. Que ********************y ********************no tenían el deseo o la voluntad de privar de la vida a ********************. Sino que fueron determinados por el ahora quejoso. Pues se produjo un efecto psicológico al recibir una dadiva por llevar materialmente esa acción, es decir, el imputado les despertó esa voluntad para cometer ese homicidio. Con lo que se evidencia el carácter de instigador del imputado en términos de artículo 21 del Código Penal para el estado de Guanajuato. Que otro requisito para vincular a proceso a una persona es el que establece la fracción IV, del artículo 316, el cual consiste en que no se actualice una causa de extinción penal o una excluyente del delito, en la especie no se actualiza ninguna de estas. Por todo lo anterior, con fundamento en los artículos 19 constitucional, 9 de la constitución local, 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dictó auto de vinculación a proceso en contra de ********************. Resolución que es el acto reclamado en la presente instancia constitucional. QUINTO. Los conceptos de violación son infundados, sin que este juzgador federal advierta deficiencia que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Como cuestión previa, es importante señalar que el acto reclamado se analizará de conformidad con el sistema penal acusatorio instaurado con motivo de las reformas y adiciones publicadas el dieciocho de junio de dos mil ocho, en el Diario Oficial de la Federación, de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Expuesto lo anterior, cabe acotar que en el presente asunto es factible que opere la suplencia de la queja a favor del quejoso, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata del imputado en la causa penal ********************del índice del juzgado responsable, donde se dictó el auto de vinculación a proceso reclamado. Sin embargo, en la especie se advierte que no existe violación en contra de los derechos del peticionario de amparo, pues se considera por parte de este órgano jurisdiccional que la determinación asumida por el juez responsable se encuentra ajustada a derecho. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la suplencia de la deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que, si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que, si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla, en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Por tanto, en el caso, solo se estudiará el auto de vinculación a proceso reclamado a la luz de las consideraciones debatidas por el quejoso, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, se advierte que el acto reclamado no viola algún derecho humano del peticionario de amparo. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficiosa sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician al quejoso, de manera que resulta innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, tomando en consideración que se advierte que no existe violación a derechos humanos del quejoso en la determinación reclamada, únicamente se resolverá si le asiste o no razón a partir de los conceptos de violación que formula. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí expone, la jurisprudencia 1a./J. 17/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PARA REPARAR OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO. De una lectura del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprenden dos reglas: (i) el órgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; pero (ii) cuando no se esté en ese supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. Para precisar lo anterior es importante distinguir entre dos momentos diferentes: el análisis del asunto y el dictado de la sentencia. Así, aunque las reglas antes descritas cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad para verificar que no existan violaciones a derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá reparar las violaciones oficiosamente. Por lo tanto, aunque los Tribunales de Alzada deben analizar toda la sentencia, no tienen el deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión. En consecuencia, se puede concluir que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla -de manera implícita- el principio de suplencia de la queja a favor del imputado. Es importante precisar que la facultad de reparar violaciones a derechos de forma oficiosa se encuentra acotada a la materia del recurso. En este sentido, la suplencia de la queja no opera del mismo modo en procesos abreviados, que en procesos ordinarios. En el primer caso, tal como esta Primera Sala sostuvo en la contradicción de tesis 56/2016, sólo puede analizarse la violación a los presupuestos jurídicos para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal. Mientras que en el segundo, se podrá analizar cualquier acto que sea materia de la sentencia que resuelva el juicio oral y que implique una violación a los derechos fundamentales del acusado, como lo podrían ser, según sea el caso: la valoración de pruebas, el estudio de tipicidad, la reparación del daño y la individualización de la pena, entre otras cuestiones. Ahora, también debe aclararse que sólo se hace referencia a la suplencia de la queja en favor del imputado, por lo que la Primera Sala, en este momento, no se pronuncia sobre la aplicabilidad de ese principio en favor de otras partes. Precisado lo anterior, en el primer concepto de violación el peticionario alega que la resolución reclamada vulnera sus derechos fundamentales por lo siguiente: Que fue privado de la libertad debido a una mala valoración de los datos de pruebas, por lo que se violenta el debido proceso. Que su defensa solicitó se dictara auto de no vinculación a proceso, debido a que no existe dato alguno con el cual se acredite de forma probable su intervención en los hechos. Que no existe dato de prueba alguno que, de forma razonable y racionable, acredite su calidad de instigador dentro de los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado. Que la resolución reclamada solo se funda en el dicho de un supuesto testigo de nombre ********************. Que su defensa evidenció las contradicciones sustantivas entre lo que manifestó ******************** en su primer entrevista y en la ampliación respectiva. Que tales contradicciones, también, se evidencian con lo señalado por el testigo ********************. Que ******************** se encontraba en un lugar diverso, como se advierte de la segunda entrevista que rindió ante ********************, agente de Investigación Criminal. Que al no haber dato de prueba razonable que acredite que las personas que realizaron el hecho que la ley señala como delito haya sido instigadas por el ahora quejoso. Que no se acreditó que el quejoso tuviera alguna propiedad en la comunidad de ******************** perteneciente al municipio de ******************** Guanajuato. Que no se recabó ningún dato que permitiera establecer la identidad del ahora quejoso, en relación con que a este lo apoden "********************". Que solicitó no se tomaran en consideración las entrevistas antes citadas, ya que no fueron recabadas en términos de lo que establece el artículo 217 del Código Nacional del Procedimientos Penales, ya que es una exigencia para los policías identificarse e identificar a los intervinientes. Que en la resolución reclamada se sostuvo que se identificaron con el CURP, pero eso es un mero registro y no una identificación oficial. Por lo anterior, el juez responsable debió dictar auto de no vinculación a proceso En el segundo concepto de violación, el quejoso alega que en la resolución reclamada se desatendieron las pruebas ofertadas de su parte, en especial, el dictamen rendido por el perito ********************, bajo el argumento que debieron recabarse diversas muestras de escritura. Además, refiere que esa pericial se ofertó con el efecto de aportar información objetiva en relación con la entrevista que supuestamente vertió ********************, pues ahí estampó cuatros supuestas firmas, y el experto citado señaló que solo dos provienen de su suscriptor. También, alega que ese dato es relevante para acreditar quién realmente tenía un interés legítimo para privar de la vida a ********************. Asimismo, aduce que se trata de datos de pruebas y no de pruebas, que el testigo ******************** se retractó de lo que dijo en su entrevista inicial, por lo que ante una buena ponderación de los datos de pruebas, el juez debió atender a lo que más beneficiaba al quejoso. Los motivos de disenso sintetizados dada su estrecha vinculación -valoración de los datos de pruebas- se analizarán de forma conjunta, según lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo, los cuales son infundados, por las consideraciones siguientes: Ahora, a efecto de contar con un marco referencial que sirva para la solución del presente caso, es necesario destacar el contenido del primer párrafo del artículo 19 constitucional, el cual dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Este precepto constitucional establece cuáles son los requisitos para el dictado de un auto de vinculación a proceso, los cuales consisten en que se exprese: El delito que se impute al acusado; El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; y, Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por su parte, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen lo siguiente: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." Como se ve, el citado código nacional establece que el juez de Control para emitir un auto de vinculación a proceso debe cumplir con estos requisitos: I. Se haya formulado imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Sobre dichos requisitos es necesario destacar que para dictar un auto de vinculación a proceso es innecesario acreditar el delito y la responsabilidad penal, puesto que tales circunstancias son exclusivas de la sentencia; por ende, es dable concluir que para la emisión de este se exige un estándar probatorio mínimo, puesto que solamente se necesitan datos que establezcan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y que exista probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión en grado de suposición. En ese sentido, no es factible someter un dato de prueba a un estándar elevado porque se desnaturalizaría el nuevo sistema de justicia penal; sin embargo, sí deben existir indicios razonables que permitan suponer que se cometió un hecho tipificado como delito, y que es probable que el imputado lo haya realizado o participado en su comisión; por tanto, se presume la existencia de un hecho ilícito como la probabilidad de que el imputado participó, siempre y cuando el órgano técnico acusador aporte datos de prueba que sometidos a contradicción de la defensa y a un examen de razonamiento lógico que no deje dudas en el juzgador sobre su posible actualización, pues de lo contrario se deberá dictar auto de no vinculación a proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, las consideraciones que ahí expone, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". Ahora bien, respecto a la valoración de los datos de prueba, los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación." "Artículo 265. Valoración de los datos y prueba El Órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios." De este marco legal deriva que el dato de prueba es la referencia al contenido de un medio de convicción idóneo y pertinente (que no ha sido desahogado) para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, para lo cual el órgano jurisdiccional deberá realizar una valoración razonable de los datos de prueba relatados ante su presencia, considerando en favor del imputado la presunción de inocencia, por lo que cualquier insuficiencia o duda deberá dar a lugar a la no vinculación a proceso. Es ilustrativo a lo anterior, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/5 (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, que establece: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE ESTUDIAR LOS DATOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO VALORAR LA RAZONABILIDAD DE LAS MANIFESTACIONES EXPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y, EN SU CASO, LA CONTRA-ARGUMENTACIÓN O REFUTACIÓN DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, párrafo tercero, 19, párrafo primero y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el Constituyente Permanente determinó, entre otras cuestiones, la no formalización de las pruebas en cualquiera de las fases del procedimiento penal acusatorio, salvo excepciones. Asimismo, que el impedimento a los Jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria fue con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, así como los principios de igualdad y contradicción; lo anterior, dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso de los contendientes, por una parte, las del Ministerio Público, víctima u ofendido del delito y, por otra, del inculpado y su defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y cuando exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; de ahí que en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial del Estado de Chihuahua, el Juez de control, al resolver sobre la procedencia del auto de vinculación del imputado, no debe estudiar los datos de la carpeta de investigación, sino valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por dicha representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor." Ahora bien, en la resolución reclamada, respecto a los datos de pruebas, se sostuvo lo siguiente: (02:21:10, archivo de audio y video Telmex_0) Que analizó los datos de prueba en forma individual y en conjunto, en forma libre y de manera lógica, como lo dispone el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que el dicho de los testigos ********************, ********************, ******************** y ******************** fue la materia, principalmente, del debate. Que la defensa sostuvo que no se debe dar valor convictico al dicho de ********************, ya que este acudió voluntariamente ante el Ministerio Público a retractarse de su declaración rendida el veintisiete de noviembre. Que este ateste no describe al imputado por sus tatuajes o por sus características, tampoco sabe porque se señaló ese nombre de "********************". Que la defensa sostuvo, en relación con los dichos de ******************** y ******************** que el día de los hechos había poca luz, pues ya estaba oscureciendo. Que, en primer lugar, respecto a la retractación existe un criterio de la Décima Época con número de registro 20172424, emitida por un Tribunal Colegiado de Circuito, el cual establece que la retractación no opera en automático, sino que se deben cumplir los requisitos que ahí se enlistan. Que ******************** declaró en su primera entrevista, vivir en ********************, que es ayudante de albañil, que era adicto a la marihuana y que en alguna ocasión probó el cristal, pero lo dejó, lo que evidencia que se le hicieron preguntas directas y concretas, posteriormente este señaló que no dio esa entrevista a la agente de Investigación Criminal ********************, que fue quien levantó la primera entrevista. Que ********************acudió ante la Agencia del Ministerio a rendir su declaración. Que es de explorado derecho que en materia penal debe prevalecer el principio de inmediatez y debe darse cierto valor a las primeras declaraciones, pero para que opere la retractación deben cumplirse estos requisitos 1. Verosimilitud en las declaraciones; 2. Ausencia de coacción; y, 3. Otros medios de prueba que lo corroboren. Que, en la especie, ******************** estuvo en la Agencia del Ministerio Público y declaró que no rindió su entrevista del veintisiete de noviembre de dos mil veinte y que esta fue una fabricación de la agente de Investigación Criminal. Que dicho testigo, señaló que vive en ********************, de oficio albañil y que consume drogas, pero llama la atención que acudió voluntariamente a retractarse de su declaración, es decir, dicha retractación se da en un contexto donde él observó un homicidio y sabe perfectamente las consecuencias de declarar y de retractarse Que, en la especie, no se cumplen los requisitos antes descritos para que opere la retractación. Pues existe otro medio de prueba que no corrobora la retractación, en particular el dicho de ********************, quien hizo alusión a que lo invitaron a trabajar a una empresa de seguridad de Celaya, que unos ********************lo llevaron a la comunidad de ********************, perteneciente a Celaya, donde lo recibió una persona de nombre ********************, a quien le decían "********************", quien a su vez lo traslado a la comunidad de ********************, que ******************** le preguntó dónde iba a trabajar como guardia, a lo que "********************" le contestó tu vas a matar gente y a vender droga. También, ******************** manifestó que se le pagaba un salario de ********************semanales, que trabajó en el domicilio ubicado en la ********************, que ahí llegaban tres chavos, ******************** alías "********************", ******************** alías "********************" y otra persona que todos le decían "********************", que cuando estos llegaban al inmueble su patrón lo mandaba a lavar carros, pero que el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, aproximadamente a las tres de la tarde estaban platicando ********************, ********************y su patrón, que él -********************- entró a la habitación y escuchó que su patrón les dijo que había una buena lana a quién le diera piso a la delegada de Sarabia, ya que esa pinche vieja tenía mucho que andaba chingue y chingue, abriendo el hocico, es decir, los denunciaba con la policía. Que días después, estas personas -********************y ********************- fueron a ese domicilio y que llegaron en una motocicleta de color oscuro, que "********************" les dijo que les iba a dar una lana más por haberse aplicado, por haberle dado piso a la delegada de Sarabia y que vio que les dio un fajo de billetes a cada uno de ellos, pero no supo cuánto dinero fue, y que estos dijeron que había sido muy fácil, pues esa señora estaba en la plaza de Sarabia, que había sido de volada, que hasta su patrón los felicitó y les dijo que esta señora ya no iba a estar chingando. Que la declaración de ******************** se tomó el diez de diciembre de dos mil veinte, es decir, posterior a la de ********************. Que, además, existen los dichos de ******************** y ******************** quienes describieron esa ********************, y ********************en su primer declaración hizo alusión a la existencia de ese lugar, de la existencia de dos sujetos, precisó que él no estaba en esa plaza, si no en una calle, pero vio a la motocicleta que pasó junto a él, y al ver a los que iban a bordo de esta lo identificó, pues son las personas que venden droga en los ranchos aledaños a ********************, motocicleta que también refieren los otros atestes. (00:00:10, archivo de audio y video Telmex_1) Que ******************** Vicente también hace alusión a esas personas, incluso al nombre de estos y sus apodos, quienes en los días previos y posteriores a la comisión del hecho hicieron alusión a la delegada de Sarabia. Lo que se concatena con la primera declaración de ********************, por ello su primera declaración debe prevalecer a la segunda, porque la misma se concatena con los datos de prueba existentes, en particular con los de índole subjetiva, pues, además, su dicho se corrobora con la necropsia, ya que este observó a esa doña, como él le dijo. La defensa también señala que se identificó a ********************con un CURP; sin embargo, la agente de Investigación Criminal observó todos los requisitos que prevé el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, identificó el lugar, la fecha y la hora de la entrevista, identificó al testigo, quien afirmó que vivió en ********************, por lo que no puede haber dos personas iguales. Que no existe algún dato de prueba que corrobore la retractación. Ya que ********************señaló ese domicilio, que es adicto a la droga, que es albañil, incluso precisó que fue contratado por "********************" para que fuera a enjarrar un cuarto en la comunidad de ********************, pero que nada más duro una semana. Por lo que su primer declaración es congruente con lo que señalan los diversos datos de prueba subjetivos, en relación con tiempos, lugares, como sucedieron los hechos y quien los cometió. Que en su momento podrá desvirtuarse el dicho de ese testigo, pero en este momento no es posible. Que, además, no puede llamarse un acto heroico, al hecho de que este testigo haya comparecido voluntariamente ante el Ministerio Público, porque no se sabe si hay algo detrás de este, se hace alusión a que su mamá lo envío, por lo que se desconoce en este momento si hay coacción, incluso se podría ofrecer un peritaje para analizar su firma. Por otra parte, la defensa ofreció una prueba pericial para determinar si el diverso testigo ******************** estampó o no sus firmas, y el perito ******************** concluyó que las firman uno y cuatro sí provienen de su puño, pero las dos y tres no. Que, en primer lugar, este testigo - ********************- no es del estado de Guanajuato, ya que es originario de Querétaro, en segundo lugar, para llegar a la anterior conclusión era necesario el estampado de firmas, para realizar un cotejo, es decir, se necesita el estampado de firmas de forma física, para obtener los gestos gráficos de su firma y poder determinar si las firmas que aparecen en la declaración son reales o son un invento de la agente de Investigación Criminal. Que, si bien admitió ese dato de prueba, en términos de lo que establece el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es que en este momento no se puede llegar a una conclusión como lo hizo el perito, pues para darle un valor preponderante a ese dato de prueba, era necesario que el testigo imprimiera sus gestos gráficos para cotejarlos. Que el dicho de ese testigo es coincidente con lo manifestado por ********************, en relación con la mecánica de los hechos, de las personas y de los lugares. Que ambos hablan de "********************" y señalan su nombre, si bien no hacen alusión a los tatuajes, si lo identifican plenamente, incluso se precisa que fue él quien le ofreció dinero a ********************y a ********************para darle piso a la delegada, que es del dominio público que darle piso a una persona significa matarla. Que ******************** Vicente hace una descripción verosímil de los hechos, del miedo que tenía de quedarse en ********************, por lo que mejor se fue y por tal motivo lo agarraron en Celaya, con cristal, y manifestó esos hechos ante la autoridad. Él mismo señala que ya había salido de un problema, porque había ido a Guanajuato capital, que iba con otro sujeto en un vehículo de motor y los encontraron con chalecos, por lo que se dio cuenta que su jefe pertenecía a un cartel, por lo que agarró sus cosas y se fue, pero fue en Celaya donde lo agarraron los agentes Ministeriales con cristal y rindió esa declaración porque tenía miedo. Que lo manifestado por él tiene congruencia con todos los elementos que declarados hasta este momento. Que el dato de prueba del perito abona para la teoría del caso expuesta por la defensa, pero este no causa convicción positiva probable, precisamente, por la congruencia existente entre los testigos, que si bien es cierto que el perito señaló que existen diferencias entre estas cuatro firmas que obran en esa declaración, para este juzgador es necesario la existencia de un cotejo con firmas indubitadas de este testigo, es cuestión de peso, si se demuestra que no son las firmas de ese testigo debo de atender a lo que diga el perito, en ese momento no se hizo manifestación alguna al respecto. Que ******************** no fue localizado, pero existe la posibilidad de localizarlo, incluso la defensa dijo que se desistía del mismo para esta etapa. Por lo que no existen hasta el momento indicios razonables para considerar que la Agente de Investigación Criminal falseo la declaración, pero si en un momento se acredita que ella falseó estos datos de prueba la misma tiene responsabilidad y el imputado tiene los medios expeditos para ejercer un medio de defensa en contra de esta. Que, en relación con lo señalado por la defensa, de por qué no se deben tomar en consideración estos datos de prueba. En primer término, dicho juzgador estuvo de acuerdo con la relación de los datos de prueba aludidos. Que llama la atención lo dicho por ******************** Vicente, que estaba en Querétaro con varias personas que se drogaban, que una de ellas, a quien le decían "********************" les ofreció trabajo en Celaya, en una empresa de seguridad, que a él le intereso la propuesta y lo citaron afuera de la plaza Antea a las doce de día, ahí llegaron cinco personas más, luego llegaron dos UBERS, los llevaron a Celaya, concretamente a la comunidad de ********************. Que ******************** Vicente se entrevistó con un señor de nombre ******************** a quien le dicen "********************", que este lo recibió y lo llevó a la comunidad de ********************, ahí le preguntó que en dónde iba a trabajar de seguridad y que "********************" le dijo, de forma burlona, que iba a trabajar matando gente y vendiendo droga, pero que él se asusto, que "********************" al ver su reacción le dio risa y le dijo que iba a ser su ayudante, que haría mandados, lavaría carros y le daría de comer a sus borregas, que su salario sería de ********************a la semana. Que hizo alusión a una casa en la ********************, que es una casa de una sola planta, con fachada de ladrillo rojo, ********************hace alusión a la misma casa y que fue a esta a hacer trabajos de albañilería, que fue ********************quien lo contrató y que solo duró una semana. ******************** Vicente también señaló que a dicha casa llegaban tres sujetos de nombre ********************, ********************y "********************", a este último no lo conoce. Que cuando estos llegaban su patrón le decía que fuera a lavar carros para que no escuchara de lo que hablaban, pero el dieciocho de noviembre de dos mil veinte -dos días antes de los hechos- como a las tres de la tarde, estaban dialogando el imputado, ********************y ********************, que terminó de echarle agua a las borregas y entró a la habitación, cuando el imputado les dijo que les ofrecía una buena lana a quien le diera piso a la delegada de Sarabia, ya que esa pinche vieja ya tenía mucho que andaba chingue y chingue, abriendo el hocico, poniéndolos con la policía. Que no le dio importancia a eso, pero días después, llegaron ********************y ********************en una moto color oscura y que él los observó, estaban vacilando y riéndose, que el aquí imputado les dijo que les iba dar una lana más por haberse aplicado, por haberle dado piso a la delegada de Sarabia, y que en ese momento les dio un fajo de billetes a cada uno, pero no supo cuanto les daría, inclusive estos dijeron que había estado de volada ese trabajo, porque la encontraron sentadita en la plaza de Sarabia y ni chance le dieron de reaccionar, que todo fue de volada y que su patrón los felicitó y que esa pinche vieja ya no iba a estar chingando. Señala que posteriormente se dio cuenta que pertenecían al Cartel de ********************, que le dio miedo y se fue a Celaya, en donde lo agarraron con cristal, ahí fue donde rindió su entrevista. Que, por su parte, ******************** señaló que su hermana -********************- y ******************** pasaron por ella en su vehículo Sentra, que iba manejando ********************, quien las llevó a la ********************, que ahí se bajaron, que ********************y ******************** fueron a comprar unos buñuelos, mientras que ******************** se fue a un bar que tiene por ahí cerca, que ******************** y ********************se quedaron a platicar sentadas en esa plazoleta, en una banca de las que se encuentran del lado oriente, que estaban cada una viendo sus celulares y escucharon, aproximadamente a las diecinueve horas con veinte minutos, disparos de arma de fuego. Que, posteriormente, como diez minutos después, sintió cuando se acercó una motocicleta frente a ellas, escuchó disparos y, en su primer declaración refiere que vio dos siluetas, aunque en su ampliación no señala eso, porque refirió que no se acuerda cuantas personas iban, pero ******************** señala que su cuñada le dijo que eran dos sujetos y que nada mas vio las chipas de los disparos. Que fueron aproximadamente seis disparos, dos impactaron en su hermana, una en la frente del lado izquierdo y otra en el labio inferior, el cual tuvo una salida en la región escapular derecha. ******************** refirió que estaba en su bar, escuchó estas detonaciones y salió para acudir al lugar donde dejó a su esposa, por poco choca con los sujetos de la motocicleta, pero no les prestó atención por que le interesaba ir a ver a su esposa, ya que la había dejado en ese lugar donde se escucharon las detonaciones, al llegar observó que su cuñada hablaba por teléfono y su esposa estaba tirada en el suelo con sangre en la cabeza. Como antecedentes, esta persona de nombre ******************** es regidor del municipio de ******************** y su esposa era la delegada de la comunidad de Sarabia. Que los sujetos que iban en la moto oscura, en particular el que iba en la parte de atrás llevaba una pistola, al parecer nueve milímetros, quien propinó dos disparos en la cara de ********************. Por su parte, el testigo ********************refirió que a esa hora se encontraba en la comunidad de Sarabia y fue a buscar al "********************", que andaba en una bicicleta, cuando observó a lo lejos a una doña que estaba tirada en la placita, que escuchó varios tronidos, que vio eso a una distancia aproximada de veinte metros -que es necesario precisar que la hermana de la occisa señaló que ya estaba oscureciendo, lo cual también lo señaló este testigo- ya que él estaba en una calle aledaña. Él señalo que vio que estos sujetos avanzaban hacía donde él estaba, cuando los vio de cerca los reconoció, tanto a ********************como a ********************, porque los mismos distribuyen droga en las rancherías del municipio de ******************** y señaló que quien manejaba esa motocicleta era ********************y ********************fue a quien le vio la pistola, que pasaron junto a él y en ese momento se agachó para que no lo reconocieran, se agachó hacia su bicicleta, como si se hubiera caído la cadena, como haciéndose güey, estos se fueron a una calle donde no pasan los carros. Estos hechos se encuentran evidenciados en forma probable por que son verosímiles de acuerdo con las manifestaciones de estos testigos. Que se encuentra evidenciado ese cuadro fáctico. Que el perito ******************** llegó a ese lugar y en el mismo observó e hizo la descripción de esa ********************, con jardines abiertos, con postes, con bancas de concreto y herrería, que en ese lugar encontró seis casquillos de calibre nueve milímetros y el cadáver de la persona de nombre ******************** en posición de cubito dorsal, un fragmento de huellas de calzado color rojo en la zona norte de ese jardín y una gorra de tela color café. Que esos casquillos fueron disparados por una sola arma según lo señaló la perito ******************** después de haberlos cotejado. Que se levantó ese cadáver y se llevó al SEMEFO de esta ciudad, donde se le practicó la necropsia por el perito medico legista ********************, quien describió esas alteraciones anatómicas que tenía ********************, señaló que esta persona tenía dos orificios de entrada, localizados en la región frontal izquierda y en la región del labio inferior, estos disparos al entrar al cráneo produjeron la muerte, el que entró debajo del labio salió por el lado izquierdo de la región escapular derecha y la causa de la muerte fue producida por heridas de esos esos disparos penetrantes en cráneo cuello y tórax. Que el cuerpo de la sujeto pasivo fue reconocida en la propia escena del crimen por su hermana ********************y por ********************. Que quedó evidenciado que ********************identificó a las personas que cometieron el hecho, ********************y ********************, pues los conoce por que distribuían droga, estos sujetos actuaron y produjeron ese resultado de muerte por disparos de fuego. Que por todo lo anterior se acreditó la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado y la probable participación del ahora quejoso en su carácter de instigador. Bajo este contexto, se reitera, los conceptos de violación en estudio son infundados. Se explica. Es así, porque, a consideración del suscrito, sí se valoraron adecuadamente los datos de prueba que integran la carpeta de investigación y, contrario a lo argumentado por la parte quejosa, estos resultaron suficientes, hasta ese momento procesal, para tener por acreditada su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como el delito de homicidio calificado, en calidad de instigador. En efecto, en la resolución reclamada se precisó que con los datos de prueba expuestos por la fiscalía y por la defensa es posible establecer que los hechos acontecidos se apegan a lo previsto y sancionado por los artículos 138, 140 y 151 del Código Penal para el estado de Guanajuato, numerales que contienen la descripción típica del hecho que la ley considera como el delito de homicidio y sus sanciones, así como las calificativas correspondientes. Además, en relación con la valoración de la prueba, se indicó en forma precisa las razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en consideración para dictar el auto de vinculación a proceso en contra del imputado y para ello se explicó de manera suficiente por qué con base en los datos de prueba expuestos se puede concluir que, se acreditó, el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, así como que el imputado actuó como instigador. Así, contrario a lo que señala el promovente del amparo, no solo se tomó en consideración el dicho de ********************, sino que en la resolución reclamada se dictó auto de vinculación a proceso en contra del ahora quejoso por su probable participación, como instigador, del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, puesto que así se advertía del análisis conjunto e integral los datos de prueba siguientes: Declaraciones vertidas por ********************, ********************, ******************** y ********************. Peritajes emitidos por los expertos ******************** y ********************. En tal virtud, se estima, correcto que en la resolución reclamada se concluyera que de los datos prueba apreciados en su conjunto se puede sostener el siguiente escenario: Que ******************** (quejoso) es conocido como "********************". Que el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, aproximadamente a las tres de la tarde, se encontraban en el inmueble ubicado en la ********************, tanto el ahora quejoso como ******************** alías "********************" y ******************** alías "********************". Que "********************" les dijo que les daría una buena lana a quien le diera piso a la delegada de Sarabia - ********************- ya que esa pinche vieja tenía mucho tiempo que andaba chingue y chingue, abriendo el hocico con la policía. Que aproximadamente a las diecinueve horas con treinta minutos del veinte de noviembre de dos mil veinte, en la ******************** de esa comunidad, se encontraba ******************** y ******************** que dos sujetos en una moto oscura pasaron por ese lugar y dispararon en seis ocasiones hacia donde estas se encontraban. Que dos, de esos seis disparos, impactaron en ********************, causándole heridas que llevaron a su muerte. Que el veintiuno de noviembre de dos mil veinte, ******************** alías "********************" y ******************** alías "********************" llegaron al inmueble ubicado en la ******************** en una moto oscura, que "********************" les dijo que les iba a dar una lana más por haberle dado piso a la delegada de Sarabia, y este último les entregó un fajo de billetes a cada uno, incluso los felicitó, ya que esa señora ya no iba a estar chingando. Que ******************** alías "********************" y ******************** alías "********************" son coautores materiales de la comisión del hecho que la ley señala como el delito de homicidio calificado. Que el imputado tiene la calidad de instigador. Debido a que existe una relación entre ******************** alías "********************" y ******************** alías "********************" y el aquí quejoso. Que los primeros no habían manifestado su intención o voluntad de privar de la vida a ********************. Si no que el quejoso fue quien despertó esa voluntad de privarla de la vida, pues les ofreció una "buena lana" por ello. Que después de ese ofrecimiento, ********************y ********************privaron de la vida a ********************, por lo que fueron determinados para ello por parte de ********************. Así, este juzgado federal considera ajustado a un marco de razonabilidad la determinación alcanzada en la resolución reclamada en cuanto a que ******************** alías "********************" y ******************** alías "********************" son las personas que privaron de la vida a ********************. También fue correcto que ahí se argumentara que existe datos de prueba suficientes para acreditar que el ahora quejoso fue quien instigó tanto a ******************** alías "********************", como a ******************** alías "********************" para que privaran de la vida a ********************. Pues existen indicios que llevan a estimar, hasta esta etapa procesal, que ******************** fue quien les ofreció dinero por matar a una persona. En ese sentido, contrario a lo alegado por el quejoso, la resolución reclamada no es violatoria de sus derechos fundamentales, pues tal como se destacó, se relacionaron cada uno de los datos de prueba con la que se determinó razonablemente que en la especie el quejoso actuó como instigador, pues ofreció una recompensa a ********************y a ********************Rafael para que privaran de la vida a una persona, que, incluso, los felicitó y les dio más dinero por sus acciones. Además, en la resolución reclamada, se expusieron los razonamientos para desestimar las contradicciones expuestas por la defensa, argumentos que, a consideración de quien hoy resuelve, son acertados, toda vez que el juez responsable señaló que, en esa etapa procesal, dichos argumentos carecían de eficacia jurídica para restarles valor probatorio y desvirtuar el contenido de los diversos datos de prueba en los que se soporta el auto de vinculación a proceso. Esta consideración encuentra sustento en la contradicción de tesis 87/2016 resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes transcrita, en la que se precisó que la diferencia entre la conformación del artículo 19 constitucional antes y después de la reforma estriba en que, en el anterior sistema resultaba necesario "acreditar" el cuerpo del delito y la probable responsabilidad para que una persona pudiera ser sometida a un proceso penal. En contraposición, en el nuevo sistema, para vincular a una persona y someterla a una investigación formalizada, se debe "establecer", a partir de los datos referidos por el Ministerio Público (de acuerdo con el código nacional serán datos de prueba) que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Respecto del ejercicio que deberá llevar a cabo para establecer si un hecho o serie de hechos encuadra en un tipo penal y que le permita, en su caso, vincular a una persona a una investigación formalizada. Cabe hacer alusión que antes, para el dictado del auto de formal prisión se requería el "acreditamiento" del cuerpo del delito, ello implicaba, por un lado, identificar el ilícito o ilícitos (desde luego precisando los elementos típicos que la conforman) por los que se seguiría el proceso, así como su plena acreditación. En cambio, en el nuevo sistema, la disposición constitucional contempla un ejercicio distinto, a partir del cual se deberá "establecer", a partir de los datos, que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito. En la resolución reclamada se cumplió con lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la citada contradicción de tesis, debido a que, se reitera, ahí se estableció que las contradicciones destacadas por la defensa son insuficientes -hasta ese momento procesal- para desvirtuar el cuadró fáctico que se estableció a partir de los datos de prueba y que soportan el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso. Aunado a lo anterior, debe destacarse que el promovente del amparo podrá, durante la secuela procesal de origen, perfeccionar dichas contradicciones y, en su caso, acreditarlas a través de los medios conducentes. Además, en la resolución reclamada, se expusieron los razonamientos para desestimar las contradicciones expuestas por la defensa, argumentos que, a consideración de quien hoy resuelve, son acertados, toda vez que el juez responsable señaló que, en esa etapa procesal, dichos argumentos carecían de eficacia jurídica para restarles valor probatorio y desvirtuar el contenido de los diversos datos de prueba en los que se soporta el auto de vinculación a proceso. Por otra parte, se considera acertado el hecho de que no se tomara en consideración la prueba pericial respecto a las firmas de ********************. A fin de evidenciar la anterior afirmación, es necesario traer a colación lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 258/2011, en donde determinó lo siguiente: ".Por eso se estima que en aras de propiciar la impartición de una justicia de alta calidad, que a la vez sea completa y expedita, conforme a los postulados del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe prevalecer el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Cuarto Circuito, en el sentido de que si el objetante de la firma, a su vez oferente de la prueba pericial, no comparece a estampar sus signos indubitables el día y hora señalados para tal efecto sin causa justificada, es correcto que la Junta decrete la deserción de la prueba, no obstante que en autos obren diversas firmas del impugnante, pues aun siendo indubitables para efectos de cotejo, pueden resultar insuficientes para que los peritos rindan un dictamen completo, máxime si, como sucedió en los asuntos analizados por los tribunales contendientes, se apercibió al oferente de dicho medio de convicción para que compareciera ante el secretario adscrito a la propia Junta responsable a estampar no sólo firmas indubitables, sino diversa escritura con variados tipos de letra y números, así como su nombre, lugar, fecha de nacimiento, ocupación, etcétera y se le precisó que de no comparecer, se declararía desierta la prueba pericial de mérito, conforme al artículo 780 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior en razón de que, como ya se dijo, la más de las veces el solo signo gráfico de la firma no es suficiente para la obtención de un dictamen completo y convincente, pues para ello es menester la comparación de la firma dubitada con diversos tipos de escritura, dada la posibilidad tangible de que el objetante altere, cambie o modifique la firma que usa comúnmente, con la finalidad de obtener un resultado pericial favorable a sus intereses; por eso se estima insuficiente la existencia de una firma indubitable en los autos del juicio laboral para que con base en ella se ordene el desahogo de la prueba." De ahí que, es correcta la determinación asumida respecto de la prueba pericial, pues para el desahogo de dicha prueba es necesario que se recaben más firmas, así como diversa escritura, palabras y números, estampados de puño y letra del objetante, para que esto permita al experto llegar a conclusiones indubitables sobre la firma impugnada. A igual conclusión debe arribarse respecto al argumento planteado a la retractación realizada por ********************, pues para que esta opere, es necesario que no se corrobore con algún otro dato de prueba, porque en la ponderación de dos versiones sobre el mismo hecho, una que afirma y otra que niega. De ahí que, se estima, correcta la determinación del juzgador de origen en el sentido de que la retractación no se encuentra corroborada con otros datos de prueba, lo que si acontece con la primer declaración, pues como se dije, esta sí se encuentra confirmada con otros datos de pruebas. En la especie, la declaración de ******************** se encuentra corroborada, como legalmente se sostuvo en la resolución reclamada, con los diversos datos de pruebas, esto es, con las entrevistas de los diversos testigos, así como con los dictámenes periciales, de los cuales se advierte la mecánica de los hechos, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar. En ese orden de ideas, es correcto lo determinado por el juez responsable en el sentido de que la retractación no se encuentra corroborada con otros datos de prueba como si acontece con la primer declaración. Lo que ocasiona que hasta ese momento resulta insuficiente para desvirtuar la imputación realizada al aquí quejoso. Es orientadora, por las consideración que ahí expone, la jurisprudencia (IV Región)1o. J/9 (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, que establece lo siguiente: "RETRACTACIÓN. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACERSE PARA OTORGARLE VALOR PROBATORIO. En el procedimiento penal, la retractación consiste en el cambio parcial o total que hace una persona (inculpado, ofendido o testigo) sobre la versión de los hechos que manifestó en una declaración previa. En ese contexto, para otorgarle valor probatorio deben satisfacerse los requisitos de verosimilitud, ausencia de coacción y existencia de otros medios de prueba que la corroboren. Luego, la falta de alguno de ellos se traduce en que no haya certeza de que lo declarado con posterioridad resulte verdadero, por lo que, en ese caso, deberá estarse al principio de inmediatez procesal, el cual postula que merece mayor crédito la versión expuesta en las primeras declaraciones." Por ende, es ajustado a derecho el juicio de razonabilidad utilizado en la resolución reclamada para analizar los datos de prueba expuestos, desvirtuar las argumentos expuestos por la defensa y dictar auto de vinculación dictado en contra de ********************. Además, es pertinente precisar que una de las características del sistema de justicia penal de corte acusatorio es que el juzgador no tiene acceso directo a la carpeta de investigación, ello con la finalidad de evitar un prejuicio sobre la conducta del imputado; por tanto, el análisis de los datos de prueba que realicen en el asunto, en primera o segunda instancia, será ponderando con base en los argumentos orales esgrimidos por las partes a fin de respetar los principios de igualdad procesal y contradicción; por tanto, devienen infundados los conceptos de violación en estudio. Conforme a las consideraciones expuestas a lo largo de este considerando y al ser infundados los conceptos de violación; lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Negativa de amparo que se hace extensiva a los actos atribuidos al director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad, ya que no se reclamaron por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. La justicia federal no ampara ni protege a ********************, en contra de los actos que reclamó del juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, base Cortazar, y del director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad, por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia.
- Incidental
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio signado por el director del Centro Estatal de Prevención Social de Celaya, Guanajuato, mediante el cual informa que el aquí quejoso ********, fue trasladado de esa institución penitenciaria al Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de León, Guanajuato, donde continuará recluido con motivo de encontrarse en calidad de procesado en la causa penal ******* del índice del Juzgado de Oralidad Penal Región III, sede Salvatierra, Guanajuato; así mismo, anexa copia certificada del acta de comité técnico y demás constancias relativas al traslado en comento; de lo cual se toma nota.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que aún no median ocho días entre la fecha de notificación a las partes del informe justificado del director del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad y la diversa señalada para celebrar la audiencia en este juicio. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y se fijan para su celebración las trece horas con cuarenta minutos del veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 54/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 191995, Novena Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, página 5, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO."
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