Antonio Mendoza González
Expediente 493/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 493/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Antonio Mendoza González
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto dictado el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por el quejoso *********, sin que lo haya hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Agréguese el escrito signado por el quejoso ********************; téngasele cumpliendo el requerimiento formulado el diez de los actuales; por ello, se provee sobre la demanda presentada, en los siguientes términos: El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de amparo. De los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad se desprende, en lo que interesa: El quejoso es parte actora en el juicio ordinario civil ****, radicado en el Juzgado Único Civil de Partido, con residencia en Cortazar, Guanajuato, en el que se ejercito la acción plenaria de posesión, contra el demandado Nicolás Mendoza Zavala, en relación con un inmueble. Llevado el juicio de origen en todas sus etapas, el ocho de marzo pasado, se dictó sentencia definitiva, en la que se declaró improcedente la acción promovida por el -aquí quejoso-. Inconforme con lo anterior, el veinticuatro de marzo pasado, el promovente del amparo interpuso recurso de apelación; sin embargo, tal promoción fue dirigida al diverso juicio ***, no así al juicio de origen ***. El diecinueve de abril pasado, el quejoso solicitó a la autoridad responsable, que se subsanara su error y se "trasladara" el escrito de apelación presentado en el expediente ***, al diverso 736/2015, al que si debió dirigirse. Por auto de veinticinco de abril pasado, la responsable determinó negar la petición formulada por el promovente. (Éste es el acto reclamado). El suscrito estima que se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la hipótesis prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente, contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". De los antecedentes narrados se desprende, que el auto de veinticinco de abril pasado (acto reclamado), por el que la responsable determinó negar la petición formulada por el promovente, en el sentido de que el escrito relativo al recurso que interpuso (apelación), se trasladara el juicio de origen, a fin de que subsane el error, fue dictado después de concluido el juicio. Lo anterior conlleva el siguiente cuestionamiento: ¿Los autos que nieguen una petición de enmendar un error son apelables o revocables? Por su parte, los numerales 243 y 245 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, refieren: "ARTÍCULO 243. Son apelables las sentencias dictadas, en primera instancia, tanto por los Jueces de Partido como por los Menores. [.] ARTÍCULO 245. Los autos son apelables cuando decidan un incidente o lo disponga este Código, si, además, lo fuere le sentencia definitiva del negocio en que se dicten. La apelación, en este caso, será admisible sólo en el efecto devolutivo, salvo cuando la ley disponga que lo sea en ambos". De las trascripciones de los preceptos legales invocados, se desprende que la apelación procede, contra la sentencia definitiva o los que decidan un incidente, así como cuando lo disponga expresamente el Código; sin embargo, en el presente asunto, se advierte que el acto controvertido, es de mero trámite; por tanto, no se advierte que en esas disposiciones ni en otra que sea apelable el auto combatido. Ahora bien, el artículo 232 del cuerpo de leyes invocado refiere: "ARTÍCULO 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." De la transcripción anterior, se estima que el acto debió ser impugnado mediante el recurso de revocación, en razón de no que encuadra en la hipótesis de apelación y por exclusión es revocable, al ser como se dijo, un auto de merito trámite. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, visible en la página 902, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Mayo de 2002, que es del rubro siguiente: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." No pasa inadvertido que la parte quejosa en el escrito por el que cumple el requerimiento formulado, no aclaró expresamente, si interpuso algún recurso o medio de defensa contra el acto reclamado; sin embargo, de la lectura integra de la demanda de amparo, así como del escrito de cuenta, es factible inferir que no lo hizo, tan es así que es precisamente dicho auto el aquí tildado de inconstitucional. En las relatadas condiciones, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes citada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XVIII, del artículo 61, de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo, promovida por ********************.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo presentado por ***********, contra actos del Juez Único Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, 61, 107 y 113 de la Ley de Amparo, fórmese expediente, en el entendido que se encuentra registrado en el libro de gobierno con el número 493/2017. Previamente al pronunciamiento en relación a la admisión de la demanda, con fundamento en los 108, fracción V y 114, fracciones I y II de la ley de amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días y bajo protesta de decir verdad: Manifieste la naturaleza del juicio de origen, prestaciones reclamadas y su monto, así como los términos de la sentencia. Indique el estado procesal que guarda. Precise la totalidad de quiénes figuran como partes en el juicio de origen, es decir, a quienes les recae el carácter de actora y demandada, en el entendido de que deberá precisar sus domicilios o, bajo protesta de decir verdad, expresar si lo ignora. Indique qué calidad tiene en el juicio de origen. Manifieste si contra el auto de veinticinco de abril del año en curso, interpuso algún recurso o medio de defensa; en caso afirmativo, el estado procesal que guarda. En la inteligencia, de que deberán exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, esto es, (1) para la autoridad responsable, (1) para el tercero interesado (dos) para el incidente de suspensión, y (1) para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda, en términos de lo previsto en el penúltimo párrafo del numeral 114 de la ley en cita. Resulta aplicable la jurisprudencia número 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, de abril de dos mil uno, página setenta y nueve, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." La prevención deberá ser desahogada por el propio promovente, no así por las personas que autoriza en su escrito de demanda, toda vez que los hechos forman parte de los antecedentes necesarios en una demanda de amparo y, su narración bajo protesta de decir verdad, dan lugar a responsabilidad de carácter personal, de conformidad con la jurisprudencia número 50/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el veintinueve de agosto de dos mil catorce, cuyo rubro dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Téngase a la parte quejosa autorizando en los términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a ********************por no haber proporcionado mayores datos que justifiquen que los autorizados cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. En razón de que el promovente señaló los estrados de este Juzgado para recibir notificaciones, se ordena notificarle el presente y los subsecuentes proveídos por medio de lista.
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