Antonio Ignacio Valencia Anguiano
Expediente 588/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 588/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Antonio Ignacio Valencia Anguiano
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de junio de dos mil diecinueve. Visto estado de autos; causa estado. Vista la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de veintinueve de mayo de la presente anualidad, mediante el cual se desechó la demanda de garantías promovida por Antonio Ignacio Valencia Anguiano, por propio derecho; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo físico. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de antecedentes de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Cumplimiento a los lineamientos del acuerdo general conjunto 1/2009. En consideración a lo anterior y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente cuaderno de antecedentes de amparo no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente cuaderno de antecedentes de amparo, encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que se estima que el mismo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.Eavg
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. CUMPLE PREVENCIÓN Visto el escrito signado por Antonio Ignacio Valencia Anguiano, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en auto de veintitrés de mayo del año en curso; en consecuencia, se ordena proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Los artículos 61, fracción XXIII, 62, 107, fracción V, 113, 171 y 172, fracción V, todos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. [.]" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; [.]". De una interpretación sistemática de los artículos antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos intraprocesales cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe destacar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del que dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos. Ahora, del análisis integral de la demanda y su escrito aclaratorio, en observancia a lo dispuesto por los artículos antes transcritos, se considera que la misma resulta improcedente respecto del auto de uno de abril del año en curso mediante el cual se ordenó el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 422/2019 del índice del Juzgado Quinto Menor Civil de este Distrito Judicial; así como su ejecución llevada a cabo en diligencia de dieciséis de mayo del actual. Es de esta manera porque el auto de mandamiento en forma aludido, se dictó para requerir a los demandados, Gilberto Valencia Barrera, en cuanto deudor principal, y al aquí quejoso, Antonio Ignacio Valencia Anguiano, en cuanto aval, respecto del pronto y efectivo del pago de veinticinco mil pesos. En esas condiciones se estima que el acto reclamado no es de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, dado que no producen a la parte aquí quejosa, una afectación directa e inmediata a alguno de sus derechos sustantivos (derechos fundamentales de los gobernados tutelados por la Constitución Federal), pues solo se trata de un proveído con efectos intraprocesales, pues será hasta la sentencia que resuelva en definitiva el Juicio Ejecutivo Mercantil 422/2019, en donde el Juez Quinto Menor Civil de este Distrito Judicial, decidirá si la acción intentada es procedente o no y, en todo caso, la posible afectación a derechos de naturaleza adjetiva, se destruirán si la parte ahora amparista obtuviera resolución favorable a sus pretensiones, con lo que desaparecerían fácticamente las violaciones que se le hubieren generado con la determinación que se pretende reclamar. Cabe mencionar que la determinación tomada por el juez responsable en auto de uno de abril del año en curso, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 422/2019 promovido frente a Gilberto Valencia Barrera y Antonio Ignacio Valencia Anguiano, aquí quejoso, así como la diligencia de dieciséis de mayo del actual practivada por el Actuario adscrito, no fijan el sentido en que habrá de dictarse la resolución correspondiente, pues faltaría la valoración que la autoridad del procedimiento de origen otorgue a los medios de convicción para en su momento dictar sentencia definitiva. Además, como lo señaló el propio quejoso en su escrito inicial de demanda y en su escrito aclaratorio, en la propia diligencia de requerimiento de pago y embargo, se llevó a cabo su emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil en su calidad de parte demandada, lo que de ninguna manera le deja en estado indefensión, dado que con los actos anteriores se le incorpora al proceso en el cual podrá ofrecer pruebas para su defensa; de ahí que el acto reclamado no pueda considerarse como de aquellos que afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado. Por último, el suscrito no soslaya que el amparista aduce que con motivo de los actos reclamados se pretende desposeérsele de sus pertenencias, lo cual considera de imposible reparación; no obstante, al margen de que el embargo pueda constituir un acto de imposible reparación que priva de la facultad de disponer plenamente de los bienes, resulta relevante que a la fecha que no se ha llevado a cabo tal acto, pues así lo manifestó la quejosa en la demanda de garantías bajo protesta de decir verdad, lo que constituye una confesión con pleno valor probatorio, de manera que incluso aun cuando se haya ordenado la práctica del embargo, lo cierto es que al no haberse llevado a cabo y, por el contrario, la actora se reservó el derecho de que se ejecute con posterioridad, implica que depende de la voluntad de la parte actora para solicitar la medida precautoria al juicio ejecutivo mercantil, de ahí que el posible embargo que se pretenda realizar sobre bienes del aquí quejoso, constituya un acto futuro e incierto. Al respecto, se invoca la tesis aislada emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto siguiente: Época: Novena Época Registro: 193414 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Agosto de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a. CIV/99 Página: 227 "EMBARGO. ES UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO, RESPECTO DEL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución General de la República, 114, fracción IV y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que en contra de las violaciones que se actualicen durante el procedimiento de un juicio, procede el amparo indirecto, como excepción, cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, actos que de acuerdo con el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son los que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos del gobernado consagrados en la Constitución Federal y no sólo derechos adjetivos o procesales; hipótesis en la que encuadra el embargo practicado en el juicio, dado que afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del propietario del respectivo bien, en tanto le priva de la facultad de disponer plenamente de los bienes embargados, esto es, del derecho de enajenarlos (venderlos, arrendarlos, darlos en comodato, prenda o garantía, etcétera), además de constituirse el depósito, se le impide el uso y disfrute de los bienes secuestrados, durante todo el tiempo que dure el juicio, lo cual no será susceptible de repararse, pues aun cuando el afectado obtenga sentencia favorable y se levante el embargo, esto no le restituirá de la afectación de que fue objeto por el tiempo en que estuvo en vigor el embargo. Por consiguiente, el embargo decretado durante el juicio, en el momento en que se produce, afecta de manera irremediable derechos fundamentales contenidos en las garantías individuales, razón por la cual no es necesario esperar hasta que se dicte la sentencia correspondiente o se decrete el remate durante el procedimiento de ejecución, para poder combatir la actuación relativa mediante el juicio de amparo indirecto. Amparo en revisión 562/99. Víctor René del Sagrado Corazón de Jesús Cantillo Barceló y otra. 11 de junio de 1999. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván." Además, se cita el siguiente criterio emitido por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito: Tesis: I.11o.C. J/7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 175081 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Mayo de 2006 Página 1536 Jurisprudencia (Común) GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. Conforme a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se extinguen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. Partiendo de tal interpretación es dable concluir que la posible afectación que en forma temporal se pudiera ocasionar con un acto de autoridad a la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, verbigracia, el auto que desecha un recurso, el auto que no admite pruebas, etcétera, de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso. Amparo en revisión 198/2002. Lorelei Edna Vigueras Elizalde y otra. 4 de julio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. Amparo en revisión (improcedencia) 203/2002. Lorelei Edna Vigueras Elizalde y otra. 27 de junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretario: Zeus Hernández Zamora. Amparo en revisión (improcedencia) 276/2003. Melvin Investment LTD. 21 de agosto de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretaria: Vanessa Delgadillo Hernández. Amparo en revisión (improcedencia) 437/2005. María Teresa Montagut Goya. 26 de enero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo viuda de Magaña Cárdenas. Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. Amparo en revisión (improcedencia) 102/2006. Tecnoarquitectura, S.A. de C.V. 20 de abril de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo viuda de Magaña Cárdenas. Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez." Asimismo, se invoca el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "Tesis: P./J. 24/92 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 205651 Pleno Núm. 56, Agosto de 1992 Página 11 Jurisprudencia (Común) EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Contradicción de tesis 47/90. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión números 1303/90 y 939/89, respectivamente. 9 de enero de 1992. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Disidentes: Lanz Cárdenas, Cal y Mayor Gutiérrez y Gil de Lester. Ausente: Adato Green. Secretario: Miguel Angel Castañeda Niebla". Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Antonio Ignacio Valencia Anguiano, por propio derecho, contra actos del Juez Quinto Menor Civil de este Distrito Judicial y otra autoridad. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. CUMPLE PREVENCIÓN Visto el escrito signado por Antonio Ignacio Valencia Anguiano, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en auto de veintitrés de mayo del año en curso; en consecuencia, se ordena proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Los artículos 61, fracción XXIII, 62, 107, fracción V, 113, 171 y 172, fracción V, todos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. [.]" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; [.]". De una interpretación sistemática de los artículos antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos intraprocesales cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe destacar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del que dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos. Ahora, del análisis integral de la demanda y su escrito aclaratorio, en observancia a lo dispuesto por los artículos antes transcritos, se considera que la misma resulta improcedente respecto del auto de uno de abril del año en curso mediante el cual se ordenó el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 422/2019 del índice del Juzgado Quinto Menor Civil de este Distrito Judicial; así como su ejecución llevada a cabo en diligencia de dieciséis de mayo del actual. Es de esta manera porque el auto de mandamiento en forma aludido, se dictó para requerir a los demandados, Gilberto Valencia Barrera, en cuanto deudor principal, y al aquí quejoso, Antonio Ignacio Valencia Anguiano, en cuanto aval, respecto del pronto y efectivo del pago de veinticinco mil pesos. En esas condiciones se estima que el acto reclamado no es de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, dado que no producen a la parte aquí quejosa, una afectación directa e inmediata a alguno de sus derechos sustantivos (derechos fundamentales de los gobernados tutelados por la Constitución Federal), pues solo se trata de un proveído con efectos intraprocesales, pues será hasta la sentencia que resuelva en definitiva el Juicio Ejecutivo Mercantil 422/2019, en donde el Juez Quinto Menor Civil de este Distrito Judicial, decidirá si la acción intentada es procedente o no y, en todo caso, la posible afectación a derechos de naturaleza adjetiva, se destruirán si la parte ahora amparista obtuviera resolución favorable a sus pretensiones, con lo que desaparecerían fácticamente las violaciones que se le hubieren generado con la determinación que se pretende reclamar. Cabe mencionar que la determinación tomada por el juez responsable en auto de uno de abril del año en curso, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 422/2019 promovido frente a Gilberto Valencia Barrera y Antonio Ignacio Valencia Anguiano, aquí quejoso, así como la diligencia de dieciséis de mayo del actual practivada por el Actuario adscrito, no fijan el sentido en que habrá de dictarse la resolución correspondiente, pues faltaría la valoración que la autoridad del procedimiento de origen otorgue a los medios de convicción para en su momento dictar sentencia definitiva. Además, como lo señaló el propio quejoso en su escrito inicial de demanda y en su escrito aclaratorio, en la propia diligencia de requerimiento de pago y embargo, se llevó a cabo su emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil en su calidad de parte demandada, lo que de ninguna manera le deja en estado indefensión, dado que con los actos anteriores se le incorpora al proceso en el cual podrá ofrecer pruebas para su defensa; de ahí que el acto reclamado no pueda considerarse como de aquellos que afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado. Por último, el suscrito no soslaya que el amparista aduce que con motivo de los actos reclamados se pretende desposeérsele de sus pertenencias, lo cual considera de imposible reparación; no obstante, al margen de que el embargo pueda constituir un acto de imposible reparación que priva de la facultad de disponer plenamente de los bienes, resulta relevante que a la fecha que no se ha llevado a cabo tal acto, pues así lo manifestó la quejosa en la demanda de garantías bajo protesta de decir verdad, lo que constituye una confesión con pleno valor probatorio, de manera que incluso aun cuando se haya ordenado la práctica del embargo, lo cierto es que al no haberse llevado a cabo y, por el contrario, la actora se reservó el derecho de que se ejecute con posterioridad, implica que depende de la voluntad de la parte actora para solicitar la medida precautoria al juicio ejecutivo mercantil, de ahí que el posible embargo que se pretenda realizar sobre bienes del aquí quejoso, constituya un acto futuro e incierto. Al respecto, se invoca la tesis aislada emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto siguiente: Época: Novena Época Registro: 193414 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Agosto de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a. CIV/99 Página: 227 "EMBARGO. ES UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO, RESPECTO DEL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución General de la República, 114, fracción IV y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que en contra de las violaciones que se actualicen durante el procedimiento de un juicio, procede el amparo indirecto, como excepción, cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, actos que de acuerdo con el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son los que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos del gobernado consagrados en la Constitución Federal y no sólo derechos adjetivos o procesales; hipótesis en la que encuadra el embargo practicado en el juicio, dado que afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del propietario del respectivo bien, en tanto le priva de la facultad de disponer plenamente de los bienes embargados, esto es, del derecho de enajenarlos (venderlos, arrendarlos, darlos en comodato, prenda o garantía, etcétera), además de constituirse el depósito, se le impide el uso y disfrute de los bienes secuestrados, durante todo el tiempo que dure el juicio, lo cual no será susceptible de repararse, pues aun cuando el afectado obtenga sentencia favorable y se levante el embargo, esto no le restituirá de la afectación de que fue objeto por el tiempo en que estuvo en vigor el embargo. Por consiguiente, el embargo decretado durante el juicio, en el momento en que se produce, afecta de manera irremediable derechos fundamentales contenidos en las garantías individuales, razón por la cual no es necesario esperar hasta que se dicte la sentencia correspondiente o se decrete el remate durante el procedimiento de ejecución, para poder combatir la actuación relativa mediante el juicio de amparo indirecto. Amparo en revisión 562/99. Víctor René del Sagrado Corazón de Jesús Cantillo Barceló y otra. 11 de junio de 1999. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván." Además, se cita el siguiente criterio emitido por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito: Tesis: I.11o.C. J/7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 175081 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Mayo de 2006 Página 1536 Jurisprudencia (Común) GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. Conforme a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se extinguen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. Partiendo de tal interpretación es dable concluir que la posible afectación que en forma temporal se pudiera ocasionar con un acto de autoridad a la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, verbigracia, el auto que desecha un recurso, el auto que no admite pruebas, etcétera, de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso. Amparo en revisión 198/2002. Lorelei Edna Vigueras Elizalde y otra. 4 de julio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. Amparo en revisión (improcedencia) 203/2002. Lorelei Edna Vigueras Elizalde y otra. 27 de junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretario: Zeus Hernández Zamora. Amparo en revisión (improcedencia) 276/2003. Melvin Investment LTD. 21 de agosto de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretaria: Vanessa Delgadillo Hernández. Amparo en revisión (improcedencia) 437/2005. María Teresa Montagut Goya. 26 de enero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo viuda de Magaña Cárdenas. Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. Amparo en revisión (improcedencia) 102/2006. Tecnoarquitectura, S.A. de C.V. 20 de abril de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo viuda de Magaña Cárdenas. Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez." Asimismo, se invoca el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "Tesis: P./J. 24/92 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 205651 Pleno Núm. 56, Agosto de 1992 Página 11 Jurisprudencia (Común) EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Contradicción de tesis 47/90. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión números 1303/90 y 939/89, respectivamente. 9 de enero de 1992. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Disidentes: Lanz Cárdenas, Cal y Mayor Gutiérrez y Gil de Lester. Ausente: Adato Green. Secretario: Miguel Angel Castañeda Niebla". Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Antonio Ignacio Valencia Anguiano, por propio derecho, contra actos del Juez Quinto Menor Civil de este Distrito Judicial y otra autoridad. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor
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Morelia, Michoacán, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de demanda signado por el quejoso Antonio Ignacio Valencia Anguiano, contra actos del Juez Quinto Menor Civil de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. PREVENCIÓN. Visto el escrito de demanda de amparo; antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con apoyo en el artículo 114, en relación con el diverso 108, fracción V, de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente hábil al en que quede debidamente notificada de este auto, por escrito, aclare su demanda sobre lo que se precisará en los párrafos subsecuentes. 1.- Conviene destacar que el peticionario del amparo señala entre otras cosas como acto reclamado que la fecha en que se practicó la diligencia de requerimiento de pago y embargo fue el dieciséis de mayo del año en curso, sin embargo, del capítulo referente a los antecedentes señala una diversa, siendo esta dieciséis de abril del mismo año; en tales circunstancias, en vía de antecedentes y bajo protesta de decir verdad, deberá precisar la fecha exacta en la que se realizó dicha diligencia de requerimiento de pago y embargo. 2.- Solventado lo anterior, de la misma forma, en vía de antecedentes y bajo protesta de decir verdad, deberá manifestar si en la diligencia aludida fue emplazado en su calidad de parte. 3. Para que, de su escrito aclaratorio acompañe las copias necesarias para correr traslado a todas las partes, debiendo tener en consideración, que se requiere una para la autoridad responsable, y otra más para la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Se apercibe a la parte promovente del amparo que para el caso de no cumplir con lo requerido en los puntos marcados con los números uno y dos, dentro del término que se le concede, con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Por otra parte, es pertinente hacer saber a la parte quejosa que, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda y aclaratorio afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, como los datos que se le solicitan con antelación, esa conducta se encuentra tipificada como delito por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PROMOVENTE. Dado lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, se tiene a la parte promovente autorizando con la plenitud de facultades a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo a Gilberto Valencia Barrera. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.
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