Antonio Irineo Arellano
Expediente 805/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 805/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Antonio Irineo Arellano
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil veintitrés.********************CAUSA ESTADO AUTO********************Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de doce de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual SE DESECHÓ la demanda de garantías promovida por Antonio Irineo Arellano y María del Rocío Domínguez Barrera en representación de su menor hijo José Antonio Irineo Domínguez; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes.********************Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo.********************SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO********************Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido.********************CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.********************En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo.********************Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.********************Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio.******************** Notifíquese.********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.mmg
- Principal
MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE LO SIGUIENTE: Morelia, Michoacán, doce de julio de dos mil veintitrés. PARTE QUEJOSA CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta a través del cual los promoventes del amparo dan cumplimiento a la prevención formulada en autos, y al efecto manifiestan que el acto del que se duelen es la negativa al acceso a la carpeta de investigación, esto es la intervención e información respectiva. DESECHAMIENTO. Ahora, del análisis integral de la demanda, se obtiene que el acto reclamado consistente en la negativa al acceso a la carpeta de investigación, esto es la intervención e información respecto de una supuesta carpeta de investigación donde el menor hijo de los promoventes de nombre José Antonio Irineo Domínguez al parecer es imputado. Atento a lo antes expuesto, este órgano jurisdiccional estima que la demanda de amparo en análisis resulta improcedente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 180663 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: I.13o.A. J/6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1631 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. En el presente caso, se observa que la demanda presentada por los quejosos, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que los actos combatidos en la demanda de protección son: La negativa al acceso a la carpeta de investigación, esto es la intervención e información respecto de una supuesta carpeta de investigación donde el menor hijo de los promoventes de nombre José Antonio Irineo Domínguez al parecer es imputado. Sin embargo, esa negativa encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia, porque el menor quejoso no ha sido objeto del acto de molestia que le permitiría reclamar actos relacionados con esa carpeta, y no se encuentra detenido ante el fiscal encargado de la investigación. Por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia que resulta del artículo 5, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la tesis que se invoca enseguida. Tesis jurisprudencial 1a./J. 95/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -que emergió de la contradicción de criterios (antes contradicción de tesis) 2/2022-, de la Undécima Época, que se encuentra con registro digital 2025272, como sigue: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. Hechos: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. Justificación: Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa. Lo anterior obedece a la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra en la invocada tesis jurisprudencial, dado que esta determina que una persona tendrá derecho para acceder a la carpeta de investigación y solicitar respuestas a sus escritos, cuando sea objeto de un acto de molestia concreto. Ese acto de molestia puede ser: a) la detención; b) la citación a comparecer en carácter de imputado; c) cualquier acto de molestia equivalente y encaminado a recabar la entrevista del posible responsable. Al presentarse cualquiera de los supuestos anteriores, se entenderá que la persona tendrá un derecho jurídicamente relevante para efectos de la promoción del juicio de amparo, pues podrá obtener registros de la carpeta de investigación, es decir, acceder a esta y por ende, presentar escritos en los que solicite copias o el estudio de la prescripción, por citar algunos ejemplos. Lo cual se entiende al revisar el contenido del artículo 218, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, el supuesto indispensable para que un agente del Ministerio Público, recabe entrevista a una persona y le responda escritos relacionados con los datos de prueba, estriba en que ésta se ubique en la hipótesis de imputada dentro de la carpeta de investigación. De modo que si una persona reclama la omisión o negativa del Ministerio Público, de darle acceso a la carpeta de investigación mediante el estudio de la prescripción, donde no ha sido llamado con el carácter de imputado y de la cual tampoco ha surgido un acto de molestia en su contra, se actualizará la causal de improcedencia que resulta del artículo 5, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la tesis invocada. De soslayar lo anterior, se llegaría al extremo de admitir demandas de amparo por la mera existencia de una carpeta de investigación, es decir, tramitar un juicio de tutela constitucional a pesar de que el quejoso no tenga el carácter de imputado en esa carpeta o todavía no haya sido objeto de un acto de molestia y, por ende, sea ajeno al supuesto que justificaría tener acceso a la carpeta, incluso para recabarle entrevista y permitirle ofrecer datos de prueba. En el presente caso, tenemos una demanda signada por los representantes legales del menor quejoso, en la cual pretende reclamar como único acto, el siguiente: La negativa al acceso a la carpeta de investigación, esto es la intervención e información respecto de la misma. Pero de los antecedentes narrados en la demanda por los promoventes en cuanto representantes legales del menor quejoso, se advierte lo siguiente: No ha intervenido con el carácter de imputado en la referida carpeta; Tampoco ha sido entrevistado por el agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de marras; y No ha sido citado por la fiscalía para comparece con carácter de imputado. Lo anterior revela un escenario relevante para la negativa de acceso a la carpeta de investigación: no tiene reconocido el carácter de imputado en alguna carpeta. Entonces, si el quejoso no tiene reconocido el carácter de imputado en alguna carpeta y sólo existe la supuesta información de que se ubica en esa posición (de imputado), como se desprende de la demanda, debe estimarse la ausencia del supuesto jurisprudencial que permitiría la instauración del juicio de amparo. Dicho de otro modo, la ausencia de datos para visualizar que el quejoso tenga reconocido el carácter de imputado en la referida carpeta, y la inexistencia de actos de molestia dirigidos contra él, determinan la actualización de la causal de improcedencia que resulta del artículo 5, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la tesis jurisprudencial invocada. Ello, porque no se ha generado el supuesto que permitiría al menor quejoso instaurar el juicio de amparo indirecto a través de sus representantes legales, como lo es el tener reconocido el carácter de imputado en alguna carpeta o haber sido objeto de un acto de molestia, emitido en esta. Luego, es válido afirmar que a la fecha sólo existe una supuesta información de que el quejoso es imputado en alguna carpeta de investigación; y el hecho de que la autoridad ministerial en efecto tramite esa carpeta, es insuficiente para el ejercicio de la acción de tutela constitucional porque la falta de acceso a la misma; pues no se advierte en principio la existencia de dicha carpeta donde el hoy quejoso tenga reconocido el carácter de imputado, menos aún que en contra de éste se hubiere girado un acto de molestia; ya que incluso se advierte que ningún documento exhibió para demostrar actos de molestia dirigidos en su contra, o alguno que haya sido realizado con anterioridad a la presentación de la demanda, relacionados con la mencionada carpeta. Bajo este contexto, se arriba a la convicción de que a la fecha no se ha generado el supuesto ni las condiciones que permitirían al menor quejoso, reclamar a través de sus representantes legales actos relacionados con la carpeta de investigación que tramita la autoridad ministerial señalada como responsable, motivo por el cual debe estimarse actualizada la causal invocada en párrafos anteriores, porque resulta manifiesta e indudable frente al acto delimitado en la demanda. Sólo resta decir que si fuera admitida la demanda de amparo, pese a que el menor quejoso no tiene reconocido el carácter de imputado en alguna carpeta, se llegaría al extremo de tramitar un juicio de amparo que puede entorpecer el deber de investigación que tiene el agente del Ministerio Público señalado como responsable, en términos del artículo 21 de la constitución federal, porque el requerimiento de informe justificado lo obligaría a que aportara constancias de la referida carpeta, y éstas fueran expuestas a personas como el quejoso sin tener reconocida la calidad de imputado, en detrimento de la reserva que debe mantenerse en las investigaciones criminales para quienes son ajenos a las mismas. Aunado a que se crearían falsas expectativas para el quejoso, aun cuando el escenario actual orienta a visualizar que habría de resolverse el sobreseimiento en la sentencia de la audiencia constitucional, por falta del supuesto y condiciones establecidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial invocada. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Antonio Irineo Arellano y María del Rocío Domínguez Barrera en representación de su menor hijo José Antonio Irineo Domínguez, contra actos del Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía General de Justicia con sede en Zitácuaro, Michoacán, y otras autoridades. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintitrés. Cuenta con autos, se requiere autoridad responsable Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente el proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, a través del cual el Tesorero Municipal de La Piedad, Michoacán informó que el quejoso podía acudir a las instalaciones de esa tesorería a retirar el cheque 19500 en relación a la cantidad que erogó por concepto de DAP, requiriendo tanto a la parte quejosa para tal efecto, como a la autoridad responsable a fin de que informara si realizó la entrega del cheque aludido, remitiendo las constancias que al efecto lo acreditaran sin que a la fecha se haya recibido respuesta. En consecuencia, requiérase a la Tesorería Municipal de La Piedad, Michoacán, a fin de que en el plazo de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído informe si realizó la devolución correspondiente al quejoso y de ser el caso remita las constancias con las que acredite esas actuaciones. Subsiste apercibimiento En el entendido de que subsiste el apercibimiento que le fue formulado en auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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