Antonio Ledesma Alfaro
Expediente 102/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 102/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Antonio Ledesma Alfaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA FLORENCIO SUÁREZ HERNÁNDEZ POR SÍ O POR CONDUCTO DE QUIEN ACREDITE SER SU APODERADO LEGAL, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. SE FORMA CUADERNO DE SUSPENSIÓN Tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 347/2021. SOLICITUD DE INFORME PREVIO Pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, con apoyo en los artículos 128, 130, 132, 138, 140 y 162 de la Ley de Amparo quienes lo deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que queden legalmente notificadas del presente proveído. Se autoriza el envío de los informes solicitados vía fax, al número 01 44 33 22 69 60 extensión 1152, o bien, a la dirección de correo electrónico 3jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, con la precisión que de hacerlo por este medio, será innecesario se emita vía postal, excepto cuando se deban enviar constancias que sustenten el acto reclamado. APERCIBIMIENTO Hágasele saber que el artículo 260, fracción I, de la Ley en cita, establece como sanción a la omisión de rendir el informe previo respectivo y se le impondrá en la sentencia que se dicte, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, según las circunstancias del caso. FECHA DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. Se fijan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del cuatro de junio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia incidental. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO La parte quejosa reclama en la presente vía de amparo, los acuerdos de veintitrés de febrero y veintiséis de marzo del año en curso, dictados en el juicio ejecutivo mercantil 764/2012, mediante los cuales se fija fecha y hora para poner en posesión real y material de su adjudicatario el inmueble embargado y rematado en ese contradictorio. EFECTOS PARA LOS QUE SE PIDE LA MEDIDA La medida cautelar de que se trata se solicita para los siguientes efectos: ".se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran..." Por lo que se provee al respecto, con apoyo, por identidad de razón, en la Jurisprudencia número 111/2003 que dice: "Época: Novena Época Registro: 182529 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Diciembre de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 111/2003 Página: 98 SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos." Contradicción de tesis 31/2003-PL. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito; el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 29 de octubre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Bertín Vázquez González. Tesis de jurisprudencia 111/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de noviembre de dos mil tres.". PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR A fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la suspensión provisional solicitada en relación con los efectos de los actos que se reclaman, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), así como en el diverso numeral 138, de la Ley de Amparo, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren a la teoría de la apariencia del buen derecho, son los siguientes: Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. La demostración presuntiva de un interés legítimo (interés suspensional). La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. De lo que se sigue que los efectos de los actos reclamados son susceptibles a la medida cautelar, ya que se traducen en desposesión o desalojo de un inmueble, que por su naturaleza, produce consecuencias hacia el futuro, por cuanto a que, de ejecutarse el acto reclamado se podría afectar al amparista en la posesión que refiere tener del mismo como arrendataria que se ostenta; además, con las consecuencias de dichos actos, también se produce al quejoso un cambio de situación jurídica en su estatus general que como persona tiene frente al resto de sus congéneres. Asimismo, las violaciones aducidas en la demanda de amparo, tienen vinculación con algunos derechos y las garantías establecidas en la constitución para su protección, ya que en esencia alega la violación a sus derechos contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Argumentos de los cuales se deduce que la parte quejosa, hasta esta etapa procesal presuntivamente tiene un interés suspensional para obtener la medida cautelar, al ser parte demandada en el juicio de origen y encontrarse dirigido a él acto reclamado; además, que del juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, que se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido, se concluye que el amparista es titular de un derecho cuya protección conlleva la obligación de proteger con ahínco, además de advertirse la interrelación a su derecho a la propiedad protegido por la Constitución Federal y leyes secundarias aplicables. Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Además de lo anterior, de no otorgarse la medida cautelar solicitada, podrían ocasionarse a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación con los actos reclamados. En la especie se estima que con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones del orden público, puesto que la suspensión de los efectos de los actos reclamados, no producen como consecuencia la actualización de alguna de las fracciones del artículo 129 de la Ley de Amparo o diversa situación equiparable. En ese orden de ideas, teniendo en consideración que la parte quejosa solicita la suspensión provisional y que se tiene acreditado su interés, al menos en forma indiciaria, al ser pate demandada en el juicio de origen, actualizándose de esa manera, la hipótesis prevista en los artículos 139, en relación con el diverso precepto 128 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a Ezequiel Gil Hernández, la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que, con motivo de lo ordenado en el juicio ejecutivo mercantil 764/2012 y de encontrarse en posesión del inmueble ubicado en la calle General Miguel Zincunegui número 246, del asentamiento La Soledad de esta ciudad, no se realice acto alguno que afecte esa posesión. Lo anterior, hasta en tanto las responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva que se emita en los presentes cuadernos incidentales. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia y tesis que dicen: "Época: Décima Época Registro: 2011840 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 31, Junio de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 61/2016 (10a.) Página: 956 INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA.- El precepto citado prevé que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. Ahora bien, si tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés aunque sea de forma indiciaria, a fin de establecer con suficiente garantía de acierto que realmente es titular de un derecho; luego, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados cuando el quejoso que la solicita aduce tener un interés legítimo, basta que de manera indiciaria acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; en la inteligencia de que dicha concesión, en ningún caso puede tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda y, además, que esa demostración implicará la valoración que haga el juzgador, en cada caso concreto, de los elementos probatorios que hubiere allegado el quejoso y que lo lleven a inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causará perjuicios de difícil reparación, derivado de su especial situación frente al orden jurídico, sin dejar de ponderar para ello la apariencia del buen derecho y del interés social pero, sobre todo, que de conceder la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Contradicción de tesis 299/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Administrativa del Sexto Circuito y Segundo y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 4 de mayo de 2016. Mayoría de tres votos de los Ministros Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Disidentes: Eduardo Medina Mora I. y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. Criterios contendientes: Tesis IV.2o.A.35 K (10a.), de título y subtítulo: "INTERÉS LEGÍTIMO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. EL QUEJOSO DEBE ACREDITARLO PRESUNTIVAMENTE Y NO EXIGÍRSELE UN GRADO DE PRUEBA PLENA.", aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, página 1674, y El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver la queja 156/2015. Tesis de jurisprudencia 61/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. Esta tesis se publicó el viernes 10 de junio de 2016 a las 10:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de junio de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013". Medida suspensiva que surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si el quejoso no cumple con las medidas de aseguramiento como otorgar garantía ante este juzgado federal, por la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en billete de depósito del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, S.N.C., en el que deberá aparecer como depositante el propio amparista, ante y a satisfacción de este juzgado, o bien, en cualquiera de las formas establecidas por la ley, tal como lo establece el artículo 136 de la Ley de Amparo, que deberá exhibir dentro del término de cinco días, contados a partir de su notificación, para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la medida se pudieran ocasionar a la parte tercero interesada, en caso de que la parte impetrante no obtenga resolución favorable en el amparo al que este incidente corresponde, pues de lo contrario, quedará sin efectos la medida suspensional concedida, lo cual se hará del conocimiento de las autoridades responsables, las que quedarán en aptitud de ejecutar los actos reclamados, en sus consecuencias; suma que se fija de manera discrecional, en atención a la facultad que otorga el artículo 132, de la Ley de Amparo, toda vez que no existe dato alguno en autos que permita determinar con precisión el monto de la misma, sin perjuicio de aumentarla o disminuirla en vista de los datos que se aporten a los presentes autos por las partes. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia que sigue. "Época: Novena Época Registro: 202563 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Mayo de 1996 Materia(s): Común Tesis: III.3o.C. J./3 Página: 571 SUSPENSION PROVISIONAL, FIJACION DEL MONTO DE LA GARANTIA PARA LA. DEBE HACERSE ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO. El artículo 125, párrafo primero de la Ley de Amparo, establece la obligación de señalar a todo quejoso una garantía en caso de otorgársele la suspensión provisional siempre que haya tercero perjudicado, y que la concesión de la medida se le pudieran causar daños y perjuicios en caso de que dicho agraviado no obtuviera sentencia favorable. Aunque el precepto citado no señala los motivos que deben tomarse en cuenta en la fijación de la garantía, se considera que la misma debe hacerse teniendo presentes los datos que se desprendan de las propias actuaciones de acuerdo a lo siguiente: no existe algún precepto de la citada ley que disponga lo contrario a lo que se afirma (o sea, que fije la garantía basándose el Juez de Distrito en los hechos o pruebas que existen en el amparo); por el contrario, el mismo ordenamiento faculta al juzgador para hacer la fijación "discrecionalmente" cuando con la suspensión pudieran afectarse derechos no estimables en dinero, lo que significa que dicho señalamiento debe hacerse atendiendo a las circunstancias del caso y sin tener que allegarse pruebas distintas de las que ya existen en el expediente; toda vez que la vigencia de la suspensión provisional únicamente perdura por setenta y dos horas (ese es el término máximo en que, por regla general, debe celebrarse la audiencia incidental y sabido es que en ella se decide sobre la suspensión definitiva que de inmediato hace cesar la provisional), es ilógico que para determinar la garantía que debiera exhibirse para que surtiera efectos dicha medida provisional, tuviera que recabarse un avalúo bancario, pues, atendiendo al referido plazo mínimo de vigencia de la suspensión de que se viene hablando, el quejoso no tendría oportunidad siquiera de recabarlo, podría objetarse y ofrecerse otro, no habría razón para dejar inaudito al tercero perjudicado al no brindársele la opción de poder exhibir él a su vez otro avalúo, etcétera. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Queja 16/91. Antonio Aguirre Brambila. 7 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. Secretario: Juan Manuel Rochín Guevara. Queja 16/92. Guillermo Ramírez Villalpando. 2 de abril de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Hidalgo Riestra. Secretario: Jorge Quezada Mendoza. Queja 3/94. Ambassador Suites, Puerto Vallarta, S.A. de C.V. 6 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: María de los Angeles E. Chavira Martínez. Secretario: Salvador Murguía Munguía. Queja 49/94. José Alberto Pérez Pérez. 10 de junio de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. Secretaria: María Elena Ruiz Martínez. Recurso de revisión 126/96. Margarita Lozano de Gama. 27 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. Secretario: Roberto Macías Valdivia.". SALVEDADES La medida que se concede no surte efecto alguno, en el supuesto de que a la fecha ya se hubiese desposeído al quejoso del bien materia de esta medida; tampoco, si los actos reclamados sean de fecha posterior a la presentación de la demanda o provengan de autoridad distinta a las señaladas como responsables. Determinación anterior, que habrá de notificarse a la parte tercero interesada una vez que sea emplazada en el juicio principal. Lo anterior, en relación con la Jurisprudencia número 143/2000, que resolvió la contradicción de tesis número 11/96, del rubro y texto siguiente. "Época: Novena Época Registro: 190667 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Diciembre de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 43/2000 Página: 23 "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 309, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página 223, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. CRITERIO EN VIGOR.", estableció que la facultad que se confiere al juzgador en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, para ordenar, cuando lo estime conveniente, que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes en el juicio de amparo, no puede quedar sujeta únicamente a la discreción de aquél, sino que debe ejercerse atendiendo a la trascendencia del acto, acuerdo o resolución a notificar, a su naturaleza, a las circunstancias de tiempo y lugar, así como a los casos especiales, a efecto de que todas aquellas resoluciones de importancia para las partes lleguen a su conocimiento oportunamente. En congruencia con tal criterio, debe decirse que cuando en la demanda de garantías el quejoso solicita la suspensión provisional del acto reclamado y el Juez de Distrito la concede, debe ordenar que dicho proveído se notifique personalmente al tercero perjudicado, a efecto de que tenga oportunidad de interponer en su contra el recurso de queja, ya que de acuerdo con lo establecido en los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, el plazo de veinticuatro horas para que recurra se computa tomando como base la notificación de la resolución provisional; de lo que se infiere la importancia que adquiere dicha notificación, pues si ésta se hace por medio de lista y el tercero perjudicado todavía no se notifica del principal, se corre el riesgo de que transcurra el plazo que tiene para recurrir en queja. No obstante lo anterior, en el supuesto excepcional de que llegue el día señalado para la audiencia incidental sin haber podido notificar personalmente al tercero perjudicado, el Juez de Distrito debe decidir sobre la suspensión definitiva, en contra de la cual procede, en su caso, el recurso de revisión". Contradicción de tesis 11/96. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. 5 de octubre de 2000. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de noviembre en curso, aprobó, con el número 143/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de noviembre de dos mil. Una vez determinado lo anterior, se hace del conocimiento de las responsables que, en caso de que no cumplir con la suspensión provisional, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrá hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos". Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fe.
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Morelia, Michoacán, a trece de marzo de dos mil veintitrés. SE ORDENA REMISIÓN DE TOMO DE PRUEBAS Visto el estado que guardan los autos, de los que se desprende que en el dictado el nueve de marzo en curso, causó estado el proveído en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que motivó la formación del presente asunto; consecuentemente, se acuerda lo siguiente: Al encontrarse totalmente concluido el expediente en que se actúa; y, por resultar innecesaria su retención en este órgano jurisdiccional, mediante oficio que al efecto se gire, devuélvase a la autoridad responsable Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el original del toca XI-116/2022, así como los dos dvd que contienen los registros de la causa penal 85/2021, los cuales en su momento acompañó a su informe justificado; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de José Sierra Ortiz, secretario que autoriza. Doy fe.-
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Morelia, Michoacán, a nueve de marzo de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Visto el estado que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con que se da cuenta, de los que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de veintiuno de febrero del año en curso, mediante el cual se tuvo POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por********************, quien se ostentó como defensor público del quejoso ******************** Consecuentemente, se declara que el aludido proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de os expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que concluya el plazo referido en el párrafo anterior contado a partir de esta fecha, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con José Sierra Ortiz, secretario que autoriza. Doy fe.-
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POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LO SIGUIENTE: Morelia, Michoacán, a veintiuno de febrero de dos mil veintitrés.********************SE TIENE POR NO PRESENTADA DEMANDA********************Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de cinco días que se concedió a la parte promovente del amparo para que cumpliera con la prevención que se le formuló mediante acuerdo de uno de febrero en curso, sin que lo haya hecho.********************En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito y con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por ******************** quien se ostentó como defensor público del quejoso********************, contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad; en su oportunidad, archívese el presente cuaderno de amparo. ********************Notifíquese personalmente. ********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con José Sierra Ortiz, secretario que autoriza. Doy fe.-
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