Antonio Gaona Méndez
Expediente 577/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 577/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 19/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Antonio Gaona Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el catorce de junio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional a Antonio Gaona Méndez, contra actos del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva" y otra autoridad. En fecha tres de julio de dos mil veintitrés, causó ejecutoria el fallo protector, y se requirió a las autoridades responsables a efecto de que dieran cumplimiento al fallo protector. Posteriormente, mediante oficio presentado el siete de julio de dos mil veintitrés en la Oficialía de partes de este juzgado el apoderado jurídico de las autoridades responsables sanitarias, allegó las constancias con las que acreditó el cumplimiento dado a la sentencia; por lo que, previos requerimientos mediante auto once de julio de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su intereses conviniera. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "En el ámbito de sus atribuciones, deberán dictar un acuerdo administrativo en el que se ordene a quien corresponda, proporcionar específicamente al quejoso ANTONIO GAONA MÉNDEZ el tratamiento médico de hemodiálisis, sea a través del sistema de salud público o en forma subrogada, de ser posible en la clínica más cercana a su domicilio. Además, deberán precisar que se le debe proporcionar la atención médica y medicamentos que sean requeridos, acorde a la condición médica del quejoso y que sean determinados por el médico tratante. Lo anterior en el entendido de que el fallo protector se tendrá cumplido con la emisión del acuerdo referido. Ello, en la inteligencia de que dichas responsables no pueden aducir falta de personal o de recursos materiales o el periodo vacacional de los especialistas para no dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Al respecto, se precisa que de no ser voluntad del quejoso someterse a tratamientos o intervenciones sugeridas por los médicos especialistas, las responsables deberán, de ser el caso, recabar el consentimiento informado en materia médico-sanitaria." El Subdirector Jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico y en cuanto representante legal del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", realizó lo siguiente: 1. Emitió un oficio el seis de julio de dos mil veintitrés, dirigido al Director del Hospital "Dr. Miguel Silva", a través del cual, da la instrucción para que proporcione de manera gratuita la atención médica y tratamiento correspondiente, así como los medicamentos necesarios derivados de su padecimiento. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por las autoridades responsables, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de conservación. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es CONSERVABLE, de conformidad con el artículo 17 fracción III, inciso a). Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 17 del citado acuerdo, deberá transferirse al depósito documental del Área Coordinadora de Archivos correspondiente. No existen cuadernos de suspensión No se hace pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado, pues dada la naturaleza de los actos reclamados, en el acuerdo de radicación de quince de mayo de dos mil veintitrés, se proveyó sobre la suspensión de plano de los mismos. Notifíquese personalmente Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.
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Morelia, Michoacán, once de julio de dos mil veintitrés. Autoridad informa cumplimiento Visto el oficio signado por el Apoderado Jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", mediante el cual remite acuerdo administrativo de fecha seis de julio del presente año, dirigido al Director antes mencionado a fin de que se le brinde de manera gratuita la atención médica, tratamiento y medicamento que requiera la parte quejosa. Se da vista a la parte quejosa En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.oms
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.Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de cinco de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente del juicio de amparo IV-577/2023, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la ley de amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo IV-577/2023 promovido por Ana Luisa Gómez Ibarra, en favor de ******************** contra actos del Director del Hospital General Dr. Miguel Silva, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no le reviste el carácter de tercero interesado a persona alguna. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Da cuenta con el informe justificado rendido por: Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico y representante legal del Director del Hospital General de Morelia "Dr. Miguel Silva". EL JUEZ: Por haberse rendido en tiempo y forma, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que ofrecieron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obra en autos las documentales exhibidas por la parte quejosa; pruebas que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas; y al no existir más medios de convicción que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegato alguno. EL JUEZ: Ténganse por perdido el derecho de las partes a formular alegatos, en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos para resolver el juicio de amparo IV-577/2023, promovido por Ana Luisa Gómez Ibarra, en favor de ******************** contra actos del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", de esta ciudad, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado en línea y registrado el quince de mayo de dos mil veintitrés, en la en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, y remitido en esa misma fecha por razón de turno a este órgano jurisdiccional, Ana Luisa Gómez Ibarra, en favor de ******************** promovió demanda de amparo indirecto contra actos del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", de esta ciudad, y otra autoridad. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE ESTIMÓ VIOLADOS. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los reconocidos en los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. En auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada con el número IV-577/2023 y se concedió la suspensión de plano para los efectos que a continuación se transcriben: Proporcionar la atención médica que estimen necesaria para atender correctamente los padecimientos o cuadros clínicos que presenta el quejoso; advirtiéndose de las documentales que adjuntó a su libelo constitucional, que acude a realizarse hemodiálisis dos veces por semana en la unidad médica "Nauslife" de Pátzcuaro, Michoacán; y, Suministrarle el o los medicamentos que le hayan sido recetados por los médicos o especialistas que valoran al aquí quejoso; De existir imposibilidad física o material a lo anterior, debidamente acreditada y justificada, deberá considerar proporcionar apoyo para los gastos de traslado para acudir a su tratamiento de hemodiálisis o que se le subrogue en esta ciudad de Morelia, Michoacán, pues aduce que no cuenta con los recursos económicos para obtener los tratamientos que requiere para sus padecimientos; se instruye a las autoridades responsables, para que al momento de fijar el o los tratamientos al quejoso, consideren el lugar que le sea más benéfico en relación a su domicilio, por lo que, de ser posible médica y materialmente se le señale la clínica o institución de salud más cercana a su domicilio, o bien, valoren la posibilidad de cubrir los gastos o de facilitarle el traslado por cualquier medio que este a su alcance. En el entendido de que con esta determinación no se está constriñendo a las autoridades responsables a realizar las gestiones que la parte quejosa precisa en su ocurso, sino que debe de analizar la posibilidad que se expone y sólo en caso de se pueda realizarlo, lo haga del conocimiento de este juzgado. c) Informar de manera inmediata el tratamiento dado a la medida cautelar que ahora se emite a favor de la quejosa ********************, así como proporcionar el reporte médico y el expediente clínico, y la situación física de la cual se encuentre el aquí amparista. Por otro lado, se requiere a las citadas autoridades para que dentro del plazo de veinticuatro horas, a través de oficio, informen acerca de la forma y términos que hayan dado al cumplimiento de esta medida suspensional; debiendo agregar copia certificada y legible de las constancias correspondientes, y hágaseles de su conocimiento que, la violación a este mandato, trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 215, del Código Penal Federal. (.) Asimismo, se requirió a las autoridades responsables su respectivo informe; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello porque la parte quejosa reclama diversos actos atribuidos a autoridades administrativas con efectos dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De la lectura de la demanda y de las constancias que integran el sumario, se advierte que la parte quejosa, reclama a las autoridades responsables los siguientes actos: La omisión de brindar atención médica integral, específicamente al negarle el tratamiento, medicamentos, así como los procedimientos necesarios para la atención de su padecimiento de insuficiencia renal crónica. Lo reclamado se traduce, esencialmente, en la violación a su derecho de salud. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del contenido del informe justificado rendido por los apoderados jurídicos de la Secretaría de salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico y, por ende, representante legal del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", se advierte que niegan los actos reclamados. No obstante, lo procedente es desvirtuar dicha negativa y tener por ciertos los actos reclamados, toda vez que de las documentales que obran agregadas en autos se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo no se había otorgado la atención médica integral al aquí quejoso. Incluso, tomando en consideración que al rendir informe respecto a la suspensión de plano realizaron diversas manifestaciones con relación a las acciones de prestar la atención médica que requiere la parte quejosa. Pues si bien señalaron que el quejoso no tenía expediente clínico en dicho nosocomio, dicha manifestación se encuentra desvirtuada con la documental exhibida por el quejoso el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, consistente en el carnet de citas expedido el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, a nombre del quejoso por el Hospital General "Dr. Miguel Silva", con número de expediente 01000-23, en el que constan dos citas para nefrología con el doctor Vicente Gómez. Además, el quejoso señala en su demanda que requiere tratamiento de hemodiálisis y que en el hospital se lo han negado en atención a que no cuentan con espacio en la agenda, circunstancia que se robustece con las manifestaciones vertidas por las autoridades responsables en su informe justificado, en el que manifiestan que se determinó brindar al quejoso el tratamiento de hemodiálisis de manera subrogada, lo que evidencia que no se cuenta con capacidad para otorgarlo directamente. Lo que resulta suficiente para tener acreditada la omisión que les reclamó la parte quejosa en su libelo constitucional. CUARTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por el promovente, en función a que quien suscribe no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Es fundado el concepto de violación dirigido a controvertir la omisión de las autoridades responsables que se simplifica en garantizar el otorgamiento del tratamiento médico para su diagnóstico de insuficiencia renal crónica, esto es, en cuanto a que debe garantizarse su derecho a la salud. Se explica. Para dilucidar convenientemente la cuestión planteada, resulta necesario hacer un análisis del derecho humano a la salud previsto en el artículo 4º constitucional. En esa tesitura, se parte de la premisa de que, aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las autoridades gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio para plasmar su visión de la Constitución y, en particular, para desplegar en una dirección u otra las políticas públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, el Juez Constitucional puede contrastar su labor con los estándares contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados de derechos humanos que forman parte de la normativa y vinculan a todas las autoridades estatales. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis XV/2011, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 31, con número de registro 161331, que dice: "DERECHO A LA SALUD. SU NATURALEZA NORMATIVA. Nuestro país atraviesa una etapa de intensa transformación en la manera de identificar la sustancia normativa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus consecuencias para la mecánica del funcionamiento del juicio de amparo. Una de las manifestaciones específicas de este fenómeno es la alteración de la comprensión, hasta ahora tradicional, de derechos como el relativo a la salud o a la educación. Esto es, a pesar de su consagración textual en la Carta Magna, estos derechos han sido tradicionalmente entendidos como meras declaraciones de intenciones, sin mucho poder vinculante real sobre la acción de ciudadanos y poderes públicos. Se ha entendido que su efectiva consecución estaba subordinada a actuaciones legislativas y administraciones específicas, en cuya ausencia los Jueces Constitucionales no podían hacer mucho. Ahora, en cambio, se parte de la premisa de que, aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las autoridades gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio para plasmar su visión de la Constitución y, en particular, para desplegar en una dirección u otra las políticas públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, el Juez Constitucional puede contrastar su labor con los estándares contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados de derechos humanos que forman parte de la normativa y vinculan a todas las autoridades estatales." Ahora, atendiendo a la naturaleza de los derechos humanos, dentro de los cuales se encuentra la salud, entendida ésta como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, debe puntualizarse que su goce debe ser garantizado por el Estado a todos los gobernados, sin discriminación alguna, ello de conformidad con los siguientes instrumentos internacionales que suscribió nuestro país, a saber: 1. El protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Protocolo de San Salvador", en sus artículos 3° y 10 prevén como derecho humano el de la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, cuyo goce deben garantizar de manera efectiva el Estado sin distinción alguna. 2. La Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, la cual dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con el citado derecho humano. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y de otras progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo, las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud. 3. El artículo 2°, así como el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho sin distinción a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. 4. Los artículos 2.2 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que aluden al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho del cual gozarán todas la personas sin distinción. De los preceptos contenidos en los instrumentos internacionales citados, se desprende que el alcance del derecho humano a la salud no puede estar limitado por circunstancias particulares de los gobernados, atento a que de no hacerlo de esa manera, se afectaría gravemente la dignidad humana de éstas; asimismo, que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho, del cual gozarán todas las personas sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, o de cualquier otra índole o condición social. Apoya la anterior consideración, la tesis aislada XVI/2011, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN." Del mismo modo, resulta aplicable la tesis LXV/2008, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." En ese sentido, en congruencia con lo establecido en la Constitución y los instrumentos internacionales antes referidos, el derecho a la salud debe entenderse como un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no solo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia. De ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud, cuyo goce debe garantizarse por el Estado sin discriminación alguna, pues de lo contrario se afectaría gravemente la dignidad de la persona. Es importante resaltar que la Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4º constitucional, en sus artículos 34, fracción I y 35, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de estos, se clasifican, entre otros, en servicios públicos a la población general, que son aquellos que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, preferentemente a favor de personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios, fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios. Sentado lo anterior, resulta pertinente precisar que, de las constancias relativas al presente juicio de amparo, se advierte lo siguiente: Que el quejoso cuenta con carnet de citas expedido el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, a su nombre, con número de expediente 01000-23, en el que constan dos citas para nefrología con el doctor Vicente Gómez, para el tres de marzo de dos mil veintitrés y treinta de junio de dos mil veintitrés; Que las autoridades no cuentan con la infraestructura para otorgar al quejoso el tratamiento de hemodiálisis, por lo que el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, informó a este órgano jurisdiccional que el referido tratamiento se otorgaría de manera subrogada, esto es, a través de la empresa IGSA MEDICAL SERVICES, S.A. DE. C.V. Que el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, las autoridades responsables informaron que el quejoso recibiría el tratamiento de hemodiálisis de manera subrogada en una clínica cercana a su domicilio denominada Naus Life, en Pátzcuaro, Michoacán. De igual forma, obran en autos las documentales siguientes: Constancia médica de cinco de mayo de dos mil veintitrés, realizada por el doctor Félix Fernando Fierros Méndez, en el que refiere, entre otras cosas, que el quejoso padece enfermedad renal crónica en terapia de sustitución de la función renal, dos veces por semana. Copia del carnet expedido a nombre del quejoso, con próxima cita para el treinta de junio de dos mil veintitrés, en el área de nefrología; y, Constancias relativas a la ampliación del monto del contrato de servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (terapia sustitutiva renal extracorpórea-hemodiálisis), con la empresa IGSA MEDICAL SERVICES, S.A. DE C.V. Documentales la primera que no fue objetada por las responsables; y las restantes que al ser remitidas por las propias autoridades responsables hacen prueba a favor del solicitante del amparo, y contra aquellas, por lo que su valor queda a la libre apreciación de este órgano de control constitucional, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Además de que la parte quejosa, como ya se dijo, exhibió el carnet de citas respectivo, del que se observa que cuenta con el expediente número 01000-23, con lo que acredita que había acudido ante dicha institución de salud. Por esas razones, es que tales documentos resultan suficientes para crear convicción en este juzgador de que la parte quejosa requiere continuar con la atención médica para tratar su padecimiento, tal como lo expuso en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad. Por su parte, las autoridades responsables han señalado reiteradamente que el tratamiento de hemodiálisis otorgado al quejoso, de manera subrogada, está garantizado durante el ejercicio fiscal 2023, a cuyo efecto se realizó la ampliación del monto pactado en el contrato CADPE-EM-LPE-115/2022-2DA (CADPE-EM-LPE-096/2022)-1, de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós. Sin embargo, quien esto resuelve estima que la restitución del derecho violado acontecerá cuando se verifique una orden concreta de las autoridades en la cual se determine, de manera específica y directa, el otorgamiento del tratamiento de hemodiálisis y para atender los padecimientos que tiene, en particular, para el quejoso, esto es, que se le garantice por escrito su tratamiento. Por tanto, atendiendo a la maximización de derechos, este juzgador determina que la protección del derecho a la salud debe ser total aunque ajustada a las condiciones médicas particulares del quejoso; y, en el caso, el padecimiento que aqueja al amparista debe ser atendido de manera integral, hasta lograr, en la medida de lo posible, su recuperación de una forma lo más segura para el quejoso y acorde a los avances actuales de la ciencia médica. Dado que el derecho a la salud constituye un derecho humano integral que no se agota, hasta en tanto el quejoso tenga una prerrogativa reconocida por las autoridades responsables, y le sean suministrados todos los medicamentos, tratamientos, consultas y estudios que necesite para el padecimiento que presente. En ese contexto, es evidente que la obligación de las autoridades responsables radica en efectuar todas las gestiones necesarias, para que sea atendido o tratado dicho padecimiento de manera integral y continua, y le sean proporcionados los medicamentos que requiere para su tratamiento. Por tanto, el tratamiento de su padecimiento debe ser efectuado en su integridad por las responsables siempre bajo su más estricta responsabilidad, lo más seguro posible para el quejoso acorde a sus condiciones médicas particulares; esto es, con base en lo que su médico tratante determine que es el tratamiento más adecuado para el peticionario de amparo, y que éste acepte a través de su consentimiento informado, así como sus condiciones (temporalidad, modalidades y todas las cuestiones que sean susceptibles de determinar por los especialistas médicos), lo que debe acontecer de manera gratuita en las instituciones de salud públicas, señaladas como responsables en el presente juicio de amparo. De ahí que la presente sentencia no solamente tiene como efecto reconocerle el derecho a la salud, sino que se debe garantizar; de manera que es obligación del Estado, en reconocimiento y garantía de tal derecho, asegurarse de que se otorgue la atención médica que necesita, u otro diverso, y se le practiquen todos los tratamientos que requiera la parte quejosa para enfrentar su padecimiento de insuficiencia renal crónica. En esas condiciones, no es dable considerar resarcido el derecho a la salud del solicitante de amparo con las acciones que refieren las autoridades responsables, y que justificaron con motivo de la suspensión de plano concedida en el presente asunto, toda vez que la restitución a ese derecho acontecerá cuando se constituya en su favor una prerrogativa que formalmente consolide el tratamiento y servicios que requiere para el padecimiento que a la fecha presenta, o los que resulten derivados de la evolución respecto de su patología. Sirve de orientación, la tesis (VIII Región) 2°16.L, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, que dice: "DERECHO A LA SALUD. AL SER DE NATURALEZA PRESTACIONAL, EL ESTADO DEBE REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA ASISTENCIA MÉDICA OTORGADA, POR LO QUE EL TRATAMIENTO QUE SE INICIE CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA EN EL AMPARO, NO ES SUFICIENTE PARA SOBRESEER O NEGAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO. Cuando el quejoso reclama una violación al derecho a la salud, previsto en el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por la omisión de que se le brinde un tratamiento médico, y en el juicio de amparo respectivo se concede la suspensión de plano y luego la definitiva, para que la autoridad responsable cumpla con su obligación de otorgar el servicio médico requerido, no puede considerarse en la sentencia que no existe violación que reparar, por la sola circunstancia de que ya se esté otorgando dicho tratamiento. Esto es así, pues debe analizarse el material probatorio que obra en autos para determinar si el cumplimiento de esa prestación como obligación por parte del Estado de garantizar a la población las condiciones adecuadas para proteger la salud física, mental, emocional y social, fue realizada en respeto a ese derecho humano en sí mismo, o únicamente en acatamiento a la suspensión decretada por el Juez Federal, ya que no debe perderse de vista que los efectos de esta medida sólo permanecen hasta que se dicte resolución en el juicio principal, por lo que no tiene un efecto definitivo. De no atenderse esta circunstancia, el sobreseimiento o la negativa de la protección constitucional solicitada dejaría sin efectos la suspensión concedida en el juicio de amparo, con el riesgo de que al no haber un pronunciamiento firme y definitivo sobre el derecho humano en cuestión, se deja a la discrecionalidad de la autoridad el continuar o no brindando el servicio médico solicitado. Lo anterior, si se considera que los Estados no sólo tienen la obligación de respetar, absteniéndose de negar el acceso o de dar el tratamiento médico solicitado, pues al tratarse de un derecho de naturaleza prestacional está sujeto a la obligación de hacer del Estado -realizar una adecuada prestación y supervisión de la asistencia médica-, ello bajo los principios de universalidad y progresividad." Luego, está claro que la omisión de las autoridades responsables al no brindar toda la atención médica gratuita y requerida por el quejoso, vulnera su derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no establecer una opción definitiva o permanente concreta para atender su padecimiento con los recursos que la Ley General de Salud impone. Asimismo, la opción definitiva de atención a la protección del derecho a la salud que también debe ser sensible, en lo posible, a la cercanía a su domicilio, donde las autoridades responsables están en condiciones de brindar la mejor opción para el quejoso. Aplica en lo conducente la jurisprudencia que sostiene: "Época: Novena Registro: 168549 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, Octubre de 2008 Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: P./J. 136/2008 Página: 61 SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4º, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso." Ante las circunstancias relatadas, dado que se desconoce si a la fecha el quejoso ha recibido las sesiones de hemodiálisis que requiere como tratamiento, máxime que las autoridades señaladas como responsables se encuentran obligadas a proporcionar el servicio médico al solicitante del amparo. Y, por consiguiente, advertirse una transgresión al derecho fundamental a la salud del quejoso que, además, debe ser garantizado, lo que procede es conceder el amparo solicitado por para los efectos que las autoridades responsables realicen lo siguiente: En el ámbito de sus atribuciones, deberán dictar un acuerdo administrativo en el que se ordene a quien corresponda, proporcionar específicamente al quejoso ANTONIO GAONA MÉNDEZ el tratamiento médico de hemodiálisis, sea a través del sistema de salud pública o en forma subrogada, de ser posible en la clínica más cercana a su domicilio. Además, deberán precisar que se le debe proporcionar la atención médica y medicamentos que sean requeridos, acorde a la condición médica del quejoso y que sean determinados por el médico tratante. Lo anterior en el entendido de que el fallo protector se tendrá cumplido con la emisión del acuerdo referido. Ello, en la inteligencia de que dichas responsables no pueden aducir falta de personal o de recursos materiales o el periodo vacacional de los especialistas para no dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Al respecto, se precisa que de no ser voluntad del quejoso someterse a tratamientos o intervenciones sugeridas por los médicos especialistas, las responsables deberán, de ser el caso, recabar el consentimiento informado en materia médico-sanitaria. Lo que también encuentra apoyo en las tesis siguientes: "Registro digital: 2012509 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 1a. CCXXV/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, página 507 Tipo: Aislada PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA. CONTENIDO DEL DEBER DE INFORMAR AL PACIENTE EN MATERIA MÉDICO-SANITARIA. De la Ley General de Salud y el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, se infiere que el profesionista médico tiene una obligación de aportar al paciente todos los elementos necesarios para que éste tome una decisión libre e informada sobre su tratamiento o ausencia del mismo. En ese sentido, ante la insuficiencia de regulación normativa sobre este supuesto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entiende que el otorgamiento de información para cumplir con el deber de informar consiste, como mínimo y dependiendo de cada caso concreto, en el estado de salud del paciente, el diagnóstico de su padecimiento, el tratamiento o intervenciones necesarias para tratar el mismo y sus alternativas, así como los riesgos inherentes y los efectos que puedan tener tales tratamientos o intervenciones; de ahí que el contenido que debe satisfacer este derecho no es inmutable, sino que se actualiza supuesto a supuesto. Por su parte, el sujeto de tal deber es, por regla general, el médico responsable del paciente y, en particular, aquellos profesionistas médicos que ejecuten un acto médico concreto (proceso asistencial, técnica o procedimiento invasivo, interconsulta, etcétera) que pueda incidir en la esfera de derechos del paciente. El destinatario de esta información debe ser el propio paciente o las personas unidas al mismo por vínculos familiares, de hecho o legales que jurídicamente puedan tomar una decisión sobre su atención médica. Adicionalmente, debe destacarse que el deber de informar no se agota en una etapa en específico ni su cumplimiento se actualiza siguiendo ciertos pasos previamente identificados. Dependerá de cada caso concreto y de su contexto fáctico, teniendo como premisa fundamental que la información deberá ser continuada, verdadera, comprensible, explícita, proporcionada al momento en que el médico lo considere viable, previo a cualquier tratamiento o intervención y su otorgamiento podrá ser oral o escrito. El grado y temporalidad del otorgamiento de la información penderán de la capacidad del paciente, los deseos de información del mismo (no se le puede obligar a recibir la información si no es su voluntad; es decir, si rechazó su conocimiento de manera expresa), el nivel de riesgo y la concurrencia de un estado de urgencia. Asimismo, tal como sucede con el consentimiento informado, un supuesto de excepción de este derecho a ser informado tiene lugar cuando los sucesos fácticos no permiten una demora ante la posibilidad de que se origine un daño grave o irreversible al paciente." "Registro digital: 2012106 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 1a. CXCIX/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 32, Julio de 2016, Tomo I, página 313 Tipo: Aislada CONSENTIMIENTO INFORMADO EN MATERIA MÉDICO-SANITARIA. JUSTIFICACIÓN DE SU SUPUESTO DE EXCEPCIÓN. El consentimiento informado es un requisito que se desprende legalmente del "Capítulo IV. Usuarios de Salud y Participación de la Comunidad" de la Ley General de Salud y consiste en el derecho del paciente de otorgar o no su consentimiento válidamente informado en la realización de tratamientos o procedimientos médicos como consecuencia necesaria o explicitación de los derechos a la vida, integridad física y libertad de conciencia. No obstante, el artículo 81 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica prevé que cuando concurra un caso de urgencia o el paciente se encuentre en un estado de incapacidad transitoria o permanente y no sea posible obtener la autorización de su familiar más cercano, tutor o representante para los tratamientos o procedimientos médico-quirúrgicos necesarios, los médicos de que se trate, previa valoración del caso y con el acuerdo de dos de ellos, realizarán el tratamiento o procedimiento que se requiera, dejando constancia por escrito en el expediente clínico de dicho actuar. En ese sentido, aun cuando pudiera parecer que es un contrasentido que ese estado de urgencia sea una excepción a la concurrencia de un consentimiento informado expreso para efectuar un acto médico que entrañe un alto riesgo para el paciente, pues precisamente la respectiva autorización es la forma en que el sistema jurídico respeta la libertad de esa persona para decidir sobre su propio cuerpo, lo cierto es que el propio sistema jurídico realiza una ponderación entre la voluntad del paciente y las obligaciones que tiene todo personal médico-sanitario de emprender las acciones necesarias para respetar y proteger el derecho a la salud, la integridad y/o vida de una persona. Así, el caso de urgencia que justifica el acto médico a pesar de la ausencia de consentimiento del paciente, es la forma en que el ordenamiento jurídico reconcilia ambos valores, preponderando la protección de la salud, pero sujetando consecuentemente al médico o diverso profesional médico-sanitario a un estándar más alto para acreditar su debida diligencia médica: tendrá que demostrar que esa actuación era imperiosa para la protección de la integridad o vida del paciente y deberá hacerlo en acuerdo con otro profesional médico, asentando sus razones para acreditar el estado de urgencia y detallando toda información relevante en el expediente clínico, bajo su más estricta responsabilidad. Esta determinación no prejuzga sobre los supuestos de negativa de consentimiento por objeción de conciencia o libertad religiosa. Por tanto, el acto médico que involucre un alto riesgo al paciente que fue realizado sin acreditarse un caso de urgencia o sin recabarse el debido consentimiento informado, se reputará como una negligencia médica por transgresión a la lex artis ad hoc, si se tiene por satisfecho el resto de los elementos de la acción: la existencia de un daño y que tal acto negligente originó o fue un factor determinante en su producción." Dado el sentido del presente fallo resulta innecesario pronunciarse respecto de los alegatos vertidos por el Ministerio Público adscrito a este juzgado, por no formar parte de la Litis. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en contra de los actos reclamados al Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", de esta ciudad, y otra autoridad, consistente en la violación a su derecho a la salud, derivado de la negativa de proporcionar los servicios de salud que requiere para el padecimiento que presentó, con base a las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia y para los efectos precisados. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de junio de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Como del estado procesal que guardan los autos, se desprende que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que prevé el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, en consecuencia, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, con fundamento en el referido numeral, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se DIFIERE para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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