Antonio de Jesús Velazquez Sánchez
Expediente 1119/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1119/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Antonio de Jesús Velazquez Sánchez
Actuaciones
- Principal
El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del veintidós al veintiocho de mayo del año en curso, con exclusión de los días veintiséis y veintisiete del presente mes y año por ser inhábiles, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, al no ser de relevancia documental, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
CUENTA. En catorce de mayo de dos mil dieciocho, se da cuenta con un escrito registrado con el folio 10293 y copias que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, catorce de mayo de dos mil dieciocho. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por el promovente Antonio de Jesús Velázquez Sánchez, por el que da cumplimiento a la prevención que le fue realizada en auto de ocho de mayo del año en curso. DESECHAMIENTO. En el caso, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo planteado, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que es del texto literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del referido precepto legal se advierte que el juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías toda vez que este resolutor considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Dichas disposiciones normativas, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1890, Tomo XXII, Agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyan entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación. Por tanto, al ser excluyentes entre sí y no guardar orden de prelación las hipótesis en análisis, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Novena Época, enero de dos mil once, página cinco, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto (artículo 87 de la Código Nacional de Procedimientos Penales), la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. En esta instancia constitucional, la parte quejosa combate la resolución de seis de abril del presente año, dictada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, dentro de los autos del toca penal oral A.P.O. 37/2018, relativo al recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra el auto de veinte de enero del presente año, dictado por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, con residencia en esta ciudad, dentro de la causa penal 30/2018, a través del cual se le vinculó a proceso por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión simple de cocaína, posesión de armas de fuego sin licencia, acopio de armas de fuego y municiones de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea nacional. Ahora, el propio promovente en su escrito aclaratorio manifiesta expresamente que el acto que combate a través del presente juicio, tuvo conocimiento el doce de abril del presente año por medio de notificación vía correo electrónico por conducto de su abogado. Entonces, la fecha que ha de tomarse en cuenta para el inicio del cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo es la de trece de abril del presente año; por lo que el plazo de quince días que la ley precisa para promover demanda de amparo, concluyó el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediando entre estas catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de abril y uno de mayo de dos mil dieciocho, respectivamente, por corresponder a días inhábiles. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por el quejoso el siete de mayo de dos mil dieciocho, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre; es indudable, que se realizó fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido lo dispuesto en la fracción IV del citado artículo 17, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De lo transcrito, se desprende que el plazo de quince días para presentar demandada de amparo no es aplicable cuando los actos reclamados impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ya que en estos casos, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Como se estableció, el acto reclamado por el quejoso es la resolución de seis de abril del presente año, dictada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, dentro de los autos del toca penal oral A.P.O. 37/2018, relativo al recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra el auto de vinculación a proceso de veinte de enero del presente año, dictado por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, con residencia en esta ciudad, dentro de la causa penal 30/2018, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo variante de posesión simple de cocaína, posesión de armas de fuego sin licencia, acopio de armas de fuego y municiones de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea nacional; luego, dicha determinación, no constituye un ataque a la libertad fuera de procedimiento, ni tampoco encuadra con alguno de los demás supuestos contemplados en la fracción IV del artículo 17 de la citada ley. Así las cosas, al haberse actualizado la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por tanto, con fundamento en el diverso artículo 113, del cuerpo de leyes invocado, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por ANTONIO DE JESÚS VELÁZQUEZ SÁNCHEZ. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: CUENTA. En catorce de mayo de dos mil dieciocho, se da cuenta con un escrito registrado con el folio 10293 y copias que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, catorce de mayo de dos mil dieciocho. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por el promovente Antonio de Jesús Velázquez Sánchez, por el que da cumplimiento a la prevención que le fue realizada en auto de ocho de mayo del año en curso. DESECHAMIENTO. En el caso, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo planteado, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que es del texto literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del referido precepto legal se advierte que el juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías toda vez que este resolutor considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Dichas disposiciones normativas, señalan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1890, Tomo XXII, Agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyan entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación. Por tanto, al ser excluyentes entre sí y no guardar orden de prelación las hipótesis en análisis, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Novena Época, enero de dos mil once, página cinco, que dice: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto (artículo 87 de la Código Nacional de Procedimientos Penales), la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. En esta instancia constitucional, la parte quejosa combate la resolución de seis de abril del presente año, dictada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, dentro de los autos del toca penal oral A.P.O. 37/2018, relativo al recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra el auto de veinte de enero del presente año, dictado por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, con residencia en esta ciudad, dentro de la causa penal 30/2018, a través del cual se le vinculó a proceso por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión simple de cocaína, posesión de armas de fuego sin licencia, acopio de armas de fuego y municiones de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea nacional. Ahora, el propio promovente en su escrito aclaratorio manifiesta expresamente que el acto que combate a través del presente juicio, tuvo conocimiento el doce de abril del presente año por medio de notificación vía correo electrónico por conducto de su abogado. Entonces, la fecha que ha de tomarse en cuenta para el inicio del cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo es la de trece de abril del presente año; por lo que el plazo de quince días que la ley precisa para promover demanda de amparo, concluyó el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediando entre estas catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de abril y uno de mayo de dos mil dieciocho, respectivamente, por corresponder a días inhábiles. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por el quejoso el siete de mayo de dos mil dieciocho, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre; es indudable, que se realizó fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido lo dispuesto en la fracción IV del citado artículo 17, que establece lo siguiente: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De lo transcrito, se desprende que el plazo de quince días para presentar demandada de amparo no es aplicable cuando los actos reclamados impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ya que en estos casos, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Como se estableció, el acto reclamado por el quejoso es la resolución de seis de abril del presente año, dictada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, dentro de los autos del toca penal oral A.P.O. 37/2018, relativo al recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra el auto de vinculación a proceso de veinte de enero del presente año, dictado por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, con residencia en esta ciudad, dentro de la causa penal 30/2018, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo variante de posesión simple de cocaína, posesión de armas de fuego sin licencia, acopio de armas de fuego y municiones de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea nacional; luego, dicha determinación, no constituye un ataque a la libertad fuera de procedimiento, ni tampoco encuadra con alguno de los demás supuestos contemplados en la fracción IV del artículo 17 de la citada ley. Así las cosas, al haberse actualizado la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por tanto, con fundamento en el diverso artículo 113, del cuerpo de leyes invocado, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por ANTONIO DE JESÚS VELÁZQUEZ SÁNCHEZ. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
El ocho de mayo de dos mil dieciocho, se da cuenta con el oficio con folio 9771, con anexos que se acompañan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo en que se actúa, en el que emitió la sentencia constitucional respectiva y nueve tomos de pruebas; asimismo, este juzgado se hace sabedor respecto de que la misma ha sido digitalizada y vinculada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como está ordenado en la circular CAR06/CCNO/2011 y en la diversa CAR 4/CCNO/2014. Acúsese el recibo de estilo al órgano jurisdiccional resolutor y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente a las partes y remítase copia certificada de la citada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan del sentido en el que la misma se pronunció. En el entendido de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE. ""San Andrés Cholula, Puebla, a cuatro de mayo de dos mil dieciocho. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1088/2017, promovido por Martha Pérez Serna por su propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de José Esaul Muñoz García, contra los actos de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO [Presentación de la demanda]. Mediante escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Martha Pérez Serna por su propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de José Esaul Muñoz García, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y acto reclamado siguientes: Autoridad responsable: Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: La resolución de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca 259/2017. La parte quejosa señaló como artículos vulnerados el 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO [Prevención]. Por acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 14 a 17), el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, registró el juicio con el número 1088/2017, y requirió a la promovente para que acreditara con documento idóneo la personalidad con la que se ostentaba como albacea de José Esaúl Muñoz García, es decir, para que exhibiera original o copia certificada que acreditara su representación legal; y, exhibiera las copias del documento con el que acreditaba su personalidad a efecto de correr traslado a las partes, ya que formaba parte de la demanda de amparo, apercibida que de no hacerlo, se admitiría la demanda únicamente por su propio derecho. TERCERO [Admisión de la demanda]. Por escrito presentado el tres de enero de dos mil dieciocho (foja 21), la parte quejosa desahogó el requerimiento ordenado; y, por auto de cinco del mismo mes y año (fojas 24 a 25), el Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y emplazó a las terceras interesadas. La audiencia constitucional se verificó el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho conforme al acta que obra a foja 50. CUARTO [Recepción del juicio de amparo en el juzgado auxiliar]. Mediante oficio 33/2018, de fecha nueve de abril de dos mil dieciocho, recibido en este juzgado federal a las trece horas con treinta minutos del día diez del mismo mes y año; signado por el Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre; en cumplimiento al oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; remitió el juicio de amparo 1088/2017, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, a este Juzgado Primero de Distrito del citado Centro Auxiliar, a fin de que se emita la sentencia correspondiente. QUINTO [Radicación en el juzgado auxiliar]. En auto de diez de abril de dos mil dieciocho, este Juzgado Primero de Distrito Auxiliar tuvo por recibido el juicio de amparo indicado, que para efectos de registro de este órgano auxiliar se radicó con el número 179/2018-II, y se acusó el recibo respectivo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO [Competencia]. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 33 fracción IV, 35, 107, 108, 112 de la Ley de Amparo; en el Acuerdo General 24/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como de conformidad con el oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se determinó otorgar auxilio al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre. SEGUNDO [Precisión de los actos reclamados]. Con fundamento en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, dada la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se precisa que el acto reclamado en el presente asunto es: la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca 259/2017, a través de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra del auto que desechó el diverso recurso de queja hecho valer por la impetrante; que se atribuye a la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. En lo que a la precisión de los actos reclamados se refiere, sirve de apoyo el siguiente criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO [Registro No.181810. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIX, Abril de 2004. Página: 255. Tesis: P. VI/2004. Tesis Aislada. Materia(s): Común], en el cual estableció que para lograr la fijación del acto reclamado debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, e incluso a la totalidad del expediente del juicio, a fin de atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. TERCERO [Certeza de actos]. Es cierto el acto reclamado precisado en el considerando que antecede, pues así lo reconoció la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado (foja 31); afirmación que se encuentra robustecida con el original de la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca 259/2017 (fojas 62 a 65, tomo de pruebas 1). Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia siguiente: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO [Causales de improcedencia del juicio]. Las partes no plantearon causales de improcedencia ni se advierte de oficio la actualización de alguna; por ende lo procedente es realizar el estudio de fondo del asunto. QUINTO [Estudio de fondo]. En esas condiciones, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, los que se contienen en el escrito de demanda de amparo, y que en este apartado se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, ya que no existe obligación de transcribirlos, ello con apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN" [Registro No. 164618. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Mayo de 2010. Página: 830. Tesis: 2a./J. 58/2010. Jurisprudencia. Materia(s): Común]. La parte quejosa sustancialmente argumenta: I. Que la Sala responsable no atiende adecuadamente a las actuaciones que integran el juicio, ya que después de haber negado la admisión del recurso de queja, lo vuelve a negar bajo el argumento de que el auto de nueve de mayo de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de origen, no es recurrible en queja, apoyando su determinación en el diverso auto de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, cuando el auto recurrido es el de nueve de mayo de dos mil diecisiete. II. Que la Sala responsable determinó que el auto dictado en contra de una solicitud en la que se pide se requiera el cumplimiento voluntario de la sentencia no es recurrible en queja, mientras que el Juez primigenio en el auto de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, determinó que ese auto no es revocable, por lo que ante esas posturas contrarias, debe concluirse que el auto que niega requerir el cumplimiento voluntario de la sentencia es recurrible en queja, ya que se dictó en el procedimiento de ejecución de sentencia y está encaminado a preparar y lograr ese objetivo, por lo que no es aplicable lo dispuesto en el artículo 419 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas. III. Que el derecho para ejecutar una sentencia no caduca ni prescribe, sino sólo cuando transcurran cinco años, además de que el cumplimiento de éstas es de orden público, por lo que si no prosperó la acción que ejercitó la actora Ma. Guadalupe Muñoz García, debido a que en vía de excepción se planteó la nulidad del contrato o inexistencia de uno de sus elementos como lo es el consentimiento de la cónyuge integrante de la sociedad conyugal, que se equipara a la copropiedad; en consecuencia, ese fallo debe surtir sus efectos, pues tiene la categoría de cosa juzgada, por lo que no podrá ser modificada. IV. Que después de un juicio prolongado, se debe determinar que la situación jurídica de las partes quede como estaba al iniciarse el juicio, por lo que la consecuencia es que se le entregue el bien inmueble propiedad de la sociedad conyugal y de la sucesión intestada a bienes de su difunto esposo, pues en el juicio de origen se determinó que la actora no probó los extremos de la acción pro forma, máxime que a nada conduciría iniciar un nuevo juicio con ese objetivo, dado que se violentaría el derecho humano de acceso a la justicia pronta y expedita tutelado por el artículo 17 de la Constitución Federal, además de que la entrega del inmueble que solicita formó parte del litigio, ya que se analizó y juzgó el contrato privado base de la acción, determinándose judicialmente que el inmueble formaba parte de la sociedad conyugal y por tanto el cincuenta por ciento le pertenecía a la quejosa, por lo que si dicho contrato privado no fue firmado por ella, el mismo resultó nulo, por lo que no existe derecho alguno que le permita a la actora primigenia a continuar con la posesión del inmueble; por lo que ningún perjuicio le ocasiona que se resuelva en la forma que propone, cuestiones que no fueron abordadas por la Sala responsable. V. Que por las mismas razones se debe entregar la posesión de la finca en su otro cincuenta por ciento a la sucesión intestada número 426/2009 a bienes de su difunto esposo, que ella representa como albacea, ya que la actora primigenia no demostró su acción pro forma. VI. Que la Sala responsable no tomó en cuenta que de acuerdo con la reforma constitucional de los últimos años en materia de derechos humanos, la autoridad debe velar para que los requisitos procesales sean adecuados para la obtención de los fines sustantivos de la justicia y que no se fijen arbitrariamente, es decir, debe atender a la regla que versa flexibilizar lo procesal y privilegiar lo sustantivo. A fin de robustecer sus argumentos, la quejosa citó las jurisprudencias y tesis siguientes: número de registro 2009046 "DERECHO FUNDAMENTAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. DEFINICIÓN Y ALCANCE"; número de registro 2008339 "COSA JUZGADA. SU EFICACIA REFLEJA SE EXTIENDE A ASPECTOS AUN NO DECIDIDOS EXPRESAMENTE EN EL JUICIO PRIMIGENIO"; número de registro 2013910 "ACCIÓN PARA PEDIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA. SU NATURALEZA"; número de registro 180430 "TRIBUNALES AGRARIOS. ESTÁN OBLIGADOS A PROVEER DE OFICIO LA EFICAZ E INMEDIATA EJECUCIÓN DE SUS SENTENCIAS"; número de registro 2002600 "PRINCIPIOS DE FAVORECIMIENTO DE LA ACCIÓN (PRO ACTIONE), DE SUBSANACIÓN DE LOS DEFECTOS PROCESALES Y DE CONSERVACIÓN DE LAS ACTUACIONES, INTEGRANTES DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU APLICACIÓN EN EL PROCESO"; y, número de registro 2002432 "VÍA. BAJO LA ÓPTICA CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, ES UN PRESUPUESTO PROCESAL SUBSANABLE POR EL JUZGADOR". Los conceptos de violación sintetizados son inoperantes en parte e infundados en lo demás. Para considerarlo así, es necesario relatar los siguientes antecedentes: 1. Mediante escrito presentado el uno de abril de dos mil ocho, María Guadalupe Muñoz García promovió juicio de otorgamiento de escritura pública en contra de Obdulia Muñoz García, respecto del bien inmueble ubicado en la prolongación norte de la calle Niños Héroes sin número, de la ciudad de Jalpa, Zacatecas; asunto del que correspondió conocer al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Jalpa, Zacatecas, quien mediante auto de fecha tres del mismo mes y año, registró el expediente con el número 213/2008, admitió la demanda y ordenó emplazar a la demandada (folios 1 a 8, tomo 2 de pruebas). 2. El nueve de mayo de dos mil ocho, se dictó la sentencia respectiva, en la que se declaró probada la acción y se condenó a la demandada a otorgar la escritura pública correspondiente (folios 17 a 22, tomo 2 de pruebas). 3. Lázaro Pérez Serna, en su calidad de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de José Esaul Muñoz García, tramitada en el expediente 426/2009 del índice del mismo Juzgado de primera instancia, promovió juicio de amparo indirecto en contra de todo lo actuado en el juicio de otorgamiento de escritura 213/2008; asunto del que correspondió conocer al Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien lo radicó con el número 616/2010, y el veintiocho de octubre de dos mil diez emitió la sentencia respectiva, en la que concedió el amparo solicitado para el efecto de que el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Jalpa, Zacatecas dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio civil 213/2008 y emplazara a la sucesión de José Esaul Muñoz García (folios 58 a 66 y 104 a 108, tomo 2 de pruebas). 4. Por auto de veintiséis de enero de dos mil once se tuvo a la actora ampliando su demanda de otorgamiento de escritura pública en contra de la sucesión de José Esaul Muñoz García, se ordenó emplazar a la misma y se dio como nuevo número al expediente el 45/2011 (folios 144 a 145, tomo 2 de pruebas). 5. Por escrito presentado el quince de febrero de dos mil once, la referida sucesión dio contestación a la demanda y promovió reconvención, en la que reclamó entre otras prestaciones, la nulidad del contrato privado de compraventa que la actora pretendía protocolizar (folios 155 a 166, tomo 2 de pruebas). 6. El treinta de abril de dos mil catorce se emitió la sentencia respectiva, en la que se declararon improcedentes la acción pro forma promovida por la actora principal y la acción reconvencional (folios 406 a 426, tomo 2 de pruebas). 7. La sentencia de mérito fue confirmada mediante resolución de treinta de enero de dos mil quince, dictada en el toca 457/2014 del índice de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas; y, en su contra la sucesión demandada en lo principal promovió juicio de amparo directo, del cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, quien lo radico con el número 206/2015 y lo resolvió mediante ejecutoria de siete de agosto de dos mil quince, en la que negó el amparo solicitado (folios 429 a 449 y 451 a 491, tomo 2 de pruebas). 8. Por escrito presentado el quince de marzo de dos mil quince, la sucesión demandada en lo principal, solicitó que se requiriera a la parte actora para que de forma voluntaria diera cumplimiento a la sentencia, es decir, para que entregara a la sucesión el inmueble materia del juicio; escrito al que recayó el acuerdo de fecha dieciséis del mismo mes y año, en el que se determinó que no era procedente acordar de conformidad lo peticionado, en virtud de que la sentencia dictada en ese juicio no condenó a la parte actora a la devolución y entrega del inmueble (folios 498 a 499, tomo 2 de pruebas). 9. En contra de dicho acuerdo la sucesión interpuso recurso de revocación, el cual fue desechado por improcedente mediante auto de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis (fojas 500 a 504, tomo 2 de pruebas). 10. Por escrito presentado el ocho de mayo de dos mil diecisiete, la sucesión demandada en lo principal, solicitó de nueva cuenta que se requiriera a la parte actora para que de forma voluntaria diera cumplimiento a la sentencia, es decir, para que entregara a la sucesión el inmueble materia del juicio; escrito al que recayó el acuerdo de fecha nueve del mismo mes y año, en el que se determinó que no era procedente acordar de conformidad lo peticionado, debiéndose estar en lo conducente al auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis (folios 498 a 499, tomo 2 de pruebas). 11. En contra de dicho acuerdo la sucesión demandada promovió recursos de queja y de revocación, siendo desechado éste último por acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete (fojas 512 a 514, tomo 2 de pruebas). 12. Del recurso de queja correspondió conocer a la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, quien lo registró con el número 259/2017 y mediante resolución de uno de junio de dos mil diecisiete, desechó la queja por no dar aviso de su interposición al Juez A quo dentro del término de dos días; en contra de dicha resolución la sucesión promovió recurso de reposición, el cual fue resuelto el nueve de junio del año en mención, confirmándose el auto de desechamiento recurrido (fojas 12 a 17, tomo 1 de pruebas). 13. En contra de la resolución que recayó al recurso de reposición, la sucesión promovió juicio de amparo indirecto, del cual correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien lo radicó con el número 664/2017 y el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete emitió la sentencia respectiva, en la que concedió el amparo solicitado para el efecto de que se dejara insubsistente la resolución reclamada y en su lugar se emitiera otra en la que con libertad de jurisdicción se resolviera el recurso de reposición sobre la base de que el artículo 394 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, prevé el plazo de dos días adicionales para comunicar al Juez la interposición del recurso de queja, los que deben computarse después de la interposición del recurso (fojas 50 a 55, tomo 1 de pruebas). 14. En cumplimiento a la concesión de amparo, la Sala responsable emitió la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, en la que determinó que el recurso de queja se interpuso en tiempo; así mismo, proveyó de nueva cuenta sobre el recurso de queja y lo desechó (fojas 62 a 65, tomo 1 de pruebas); sustentando su determinación en las siguientes consideraciones 14.1. Que el recurso de queja no encuadra en ninguna de las hipótesis de procedencia previstas por el artículo 392 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas. 14.2. Que la sucesión aducía que el auto recurrido le negaba la ejecución de sentencia, lo cual era inexacto, ya que sólo lo remitió al diverso auto de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, en el cual se determinó que no era procedente requerir a la actora la entrega del inmueble materia de la controversia, pues en la sentencia definitiva no se le había condenado a su devolución; el cual había sido impugnado mediante revocación, recurso que fue desechado por improcedente mediante auto de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis. 14.3. Que el auto recurrido en queja -de nueve de mayo de dos mil diecisiete-, tampoco se ubicaba en el supuesto previsto por la fracción IV del artículo 392 de la legislación procesal civil -por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia dictada en segunda instancia-, pues iteró la Sala responsable, sólo remitió al diverso auto en el que se determinó que no era procedente requerir a la actora la entrega del inmueble materia de la controversia, pues en la sentencia definitiva no se le había condenado a su devolución, acuerdo que quedó firme para los efectos legales conducentes; por lo que no era procedente admitir el recurso de queja. Esta resolución es el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Precisado lo anterior, debe decirse que son inoperantes los conceptos de violación sintetizados en los puntos III, IV, V y VI del apartado relativo, según se explica a continuación: En el concepto de violación sintetizado en el punto III, la parte quejosa aduce cuestiones relativas a que el derecho para ejecutar una sentencia no caduca ni prescribe y que el cumplimiento de éstas es de orden público, por lo que si no prosperó la acción pro forma que ejercitó la actora primigenia debido a que en vía de excepción se planteó la nulidad del contrato privado base de su acción, en consecuencia, ese fallo debe surtir sus efectos, pues tiene la categoría de cosa juzgada, por lo que no podrá ser modificada. En los conceptos de violación sintetizados en los punto IV y V, la impetrante medularmente argumenta que después de un juicio prolongado, se debe determinar que la situación jurídica de las partes quede como estaba al iniciarse el juicio, por lo que la consecuencia es que se le entregue el bien inmueble propiedad de la sociedad conyugal y de la sucesión intestada a bienes de su difunto esposo, dado que a nada conduciría iniciar un nuevo juicio con ese objetivo, pues se violentaría el derecho humano de acceso a la justicia pronta y expedita tutelado por el artículo 17 de la Constitución Federal, máxime que la entrega del inmueble que solicita formó parte del litigio. Del análisis comparativo de las consideraciones que sirvieron de sustento a la Sala responsable al emitir la resolución reclamada, con los conceptos de violación formulados en su contra, válidamente se puede concluir que la quejosa no controvierte dichas consideraciones, pues sus planteamientos los encamina a destacar aspectos relacionados con el cumplimiento de las sentencias y no a controvertir las razones por las que se determinó desechar el recurso de queja; luego, tales consideraciones quedan firmes para seguir rigiendo el sentido de la interlocutoria reclamada. Sirven de apoyo a las consideraciones realizadas con anterioridad, la jurisprudencia y tesis siguientes: Época: Octava Época Registro: 208986 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 86-1, Febrero de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/352 Página: 45 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE OMITEN COMBATIR ALGUNAS CONSIDERACIONES EN QUE SE APOYA EL ACTO RECLAMADO. SON INSUFICIENTES. Los conceptos de violación deben estar relacionados directa e inmediatamente con los fundamentos del acto reclamado, para que de esta forma queden de manifiesto los vicios de que adolezca; por tanto si el quejoso omite hacerse cargo de algunas consideraciones en que se apoyó la autoridad responsable y no las combate, el Tribunal Colegiado no está en aptitud de examinar la constitucionalidad de éstas y por consecuencia deben subsistir". Época: Octava Época Registro: 228186 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989 Materia(s): Común Tesis: Página: 208 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Si el concepto de violación expresado por el quejoso no contiene razonamiento lógico jurídico concreto, además de que no combate las consideraciones expresadas por la sala responsable, resulta inoperante". Así mismo, es inoperante el concepto de violación sintetizado en el punto VI del apartado relativo, en el que se aduce que la Sala responsable no tomó en cuenta que de acuerdo con la reforma constitucional de los últimos años en materia de derechos humanos, la autoridad debe velar para que los requisitos procesales sean adecuados para la obtención de los fines sustantivos de la justicia y que no se fijen arbitrariamente, es decir, debe atender a la regla que versa flexibilizar lo procesal y privilegiar lo sustantivo. Se sostiene que lo así alegado es inoperante, porque la quejosa no precisa las razones por las que considera que la Sala responsable inobservó las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, pues sólo se limita a manifestar que se deben flexibilizar las reglas que rigen el procedimiento y privilegiar los derechos sustantivos; lo que torna sus manifestaciones en dogmáticas y subjetivas, pues no proporciona mayores elementos para el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la siguiente tesis de jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 204945 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo I, Junio de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.1o.5 K Página: 417 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LAS AFIRMACIONES DOGMÁTICAS E IMPRECISAS NO LOS CONSTITUYEN. Las afirmaciones dogmáticas e imprecisas hechas valer en el amparo directo en materia civil, sin apoyarse en razonamientos jurídicos concretos, no constituyen propiamente conceptos de violación y, por lo mismo deben desestimarse, en aplicación estricta de la jurisprudencia número 100 publicada a fojas doscientos setenta y tres de la Cuarta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, relativo a los años 1917-1985, bajo el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO CIVIL." Además, conforme al criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el hecho de que el Pleno de ese Alto Tribunal haya establecido que para la procedencia del estudio de los conceptos de violación, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, ello se debe a que no es dable exigir que tales planteamientos guarden cierto formalismo, pero en modo alguno significa que el quejoso se limite a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, dado que a él corresponde exponer razonadamente por qué estima inconstitucionales los actos que reclama. Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 185425 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Diciembre de 2002 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 81/2002 Página: 61 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse". Por otra parte, en lo relativo a las tesis y jurisprudencias que invoca la quejosa, número de registro 2009046 "DERECHO FUNDAMENTAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. DEFINICIÓN Y ALCANCE"; número de registro 2008339 "COSA JUZGADA. SU EFICACIA REFLEJA SE EXTIENDE A ASPECTOS AUN NO DECIDIDOS EXPRESAMENTE EN EL JUICIO PRIMIGENIO"; número de registro 2013910 "ACCIÓN PARA PEDIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA. SU NATURALEZA"; número de registro 180430 "TRIBUNALES AGRARIOS. ESTÁN OBLIGADOS A PROVEER DE OFICIO LA EFICAZ E INMEDIATA EJECUCIÓN DE SUS SENTENCIAS"; número de registro 2002600 "PRINCIPIOS DE FAVORECIMIENTO DE LA ACCIÓN (PRO ACTIONE), DE SUBSANACIÓN DE LOS DEFECTOS PROCESALES Y DE CONSERVACIÓN DE LAS ACTUACIONES, INTEGRANTES DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU APLICACIÓN EN EL PROCESO"; y, número de registro 2002432 "VÍA. BAJO LA ÓPTICA CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, ES UN PRESUPUESTO PROCESAL SUBSANABLE POR EL JUZGADOR"; debe decirse que al haberse declarado inoperantes los conceptos de violación, existe un impedimento para abordar su análisis, pues los conceptos de violación y argumentos de fondo que se pretenden demostrar con la aplicación de los criterios invocados resultan inatendibles, precisamente por existir una cuestión diversa al tema que en dichos argumentos se plantea, que resulta suficiente para sustentar el sentido de la presente resolución; de ahí que no proceda realizar pronunciamiento sobre la aplicación o inaplicación de las tesis aisladas y jurisprudencias invocadas en la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 160604 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5 Materia(s): Común Tesis: VIII.1o.(X Región) J/3 (9a.) Página: 3552 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU CALIFICACIÓN DE INOPERANTES O INATENDIBLES IMPIDE ABORDAR EL ANÁLISIS DE LAS JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS INVOCADAS PARA SUSTENTAR EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS QUE EN ELLOS SE PLANTEA. Del análisis a la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 14/2008-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 130/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 262, de rubro: "TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO.", se advierte que la obligación que se impone al órgano jurisdiccional de fundar y motivar la aplicación o inaplicación de las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas en una demanda de amparo, parte del supuesto específico de que el tema planteado en ellas, haya sido efectivamente abordado por el tribunal constitucional; esto es, que el tribunal se pronuncie sobre el tema de mérito, expresando las razones por las que se acoge al criterio señalado o se aparta de él, pues en atención a la causa de pedir se estima que las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas constituyen o son parte de los argumentos de la demanda de amparo como conceptos de violación; de ahí que la obligación se actualiza, únicamente, cuando los temas contenidos en ellas son motivo de análisis por el órgano jurisdiccional, en cuyo caso el tribunal de amparo deberá resolver si el argumento que se pretende robustecer con dicho criterio, resulta fundado o infundado, conforme a las pretensiones del quejoso. Sin embargo, cuando exista una diversa cuestión que impida atender a las cuestiones efectivamente planteadas en los conceptos de violación, así como en las tesis aisladas y de jurisprudencia que se invocan, esto es, que tales argumentos resulten inoperantes o inatendibles, por causa distinta a la insuficiencia dado que el objeto de la invocación de las tesis aisladas o jurisprudenciales es robustecer su argumento con un determinado criterio, no sólo no resulta obligatorio abordar el análisis y desestimación pormenorizada de cada uno de los criterios invocados sino, incluso, demostraría una deficiente técnica en el estudio, pues los conceptos de violación y argumentos de fondo que se pretenden demostrar con la aplicación de los criterios invocados resultan inatendibles, precisamente por existir una cuestión diversa al tema que en dichos argumentos se plantea, que resulta suficiente para sustentar el sentido del fallo constitucional; de ahí que no proceda realizar pronunciamiento sobre la aplicación o inaplicación de las jurisprudencias o tesis aisladas invocadas en la demanda de amparo. Por otra parte, son infundados los conceptos sintetizados en los puntos I y II del apartado relativo, en los que medularmente se aduce que el auto que niega requerir el cumplimiento voluntario de la sentencia sí es recurrible en queja, ya que se dictó en el procedimiento de ejecución de sentencia y está encaminado a preparar y lograr ese objetivo. Para dar sustento a tal aserto, es necesario transcribir los artículos 156, 392 y 419 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, que establecen: "156.- Para los efectos de este Código, las resoluciones judiciales se clasifican en la forma siguiente: I.- Proveídos.- Cuando son simples determinaciones de trámite, sin que impliquen impulso u ordenación del procedimiento; II.- Autos.- Cuando se trate de resoluciones que ordenen o impulsen el procedimiento, o de los que se pueden derivar cargas o afectar derechos procesales; III.- Sentencias interlocutorias.- Cuando resuelvan algún incidente, alguna cuestión previa o bien decidan algún punto procesal que implique contradicción entre partes, y IV.- Sentencias definitivas.- Cuando decidan el fondo del negocio o debate". "392.- El recurso de queja contra el juez es procedente: I.- Contra la resolución en que se niegue la admisión de una demanda o se desconozca de oficio la personalidad de un litigante; II.- Respecto a las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencia; III.- Contra la denegación de la apelación; IV.- Por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia dictada en segunda instancia, y V.- En los demás casos fijados por la ley. La queja en contra de los jueces procede aun cuando se trate de juicios en que por su cuantía no se admite el recurso de apelación. 419.- Las resoluciones que se dicten en ejecuciones de sentencias sólo son recurribles en apelación o queja cuando la ley lo determine expresamente. El auto aprobatorio del remate será siempre apelable en el efecto suspensivo, si la sentencia definitiva fuere apelable. En los demás casos, las resoluciones no serán recurribles. De la anterior transcripción, se tiene que el artículo 156 establece la clasificación de las resoluciones judiciales en proveídos, autos, sentencias interlocutorias y sentencias definitivas; clasificación que resulta necesaria para determinar el recurso ordinario que procede en contra de cada una de ellas; por su parte el diverso 392 establece los casos en que será procedente el recurso de queja contra el Juez; y, el numeral 419 prevé que las resoluciones que se dicten en ejecución de sentencia sólo son recurribles en apelación o queja cuando la ley lo determine expresamente, pues en los demás casos las resoluciones no serán recurribles. Ahora bien, en la especie, la sucesión quejosa solicitó al Juez primigenio que requiriera a su contraparte para que diera cumplimiento voluntario a la sentencia definitiva, para lo cual le debía restituir la posesión del bien inmueble materia de la litis; petición que no fue acordada favorablemente por el Juez, pues determinó que debía estarse a lo acordado en el auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis -en el que determinó que en la sentencia definitiva no se había condenado a la actora a la devolución y entrega del inmueble materia de la controversia- (folios 499 y 509 a 511, tomo 2 de pruebas). Luego, atendiendo a las reglas de procedencia del recurso de queja, establecidas por el artículo 419 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Zacatecas, es dable concluir en contra del auto de nueve de mayo de dos mil diecisiete dictado en el juicio de origen 45/2011, no procede el recurso de queja, pues éste es procedente en la etapa de ejecución del juicio, siempre y cuando la ley adjetiva civil determine expresamente su procedencia, siendo que el Código Procedimientos Civiles en ninguno de sus artículos establece su procedencia contra el auto mediante el cual se niega requerir el cumplimiento voluntario de la sentencia, por lo que debe estarse a la regla contenida en la parte final del citado numeral, y considerar irrecurrible el citado proveído. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis: Época: Octava Época Registro: 223858 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Enero de 1991 Materia(s): Civil Tesis: Página: 240 "EJECUCION DE SENTENCIA. EL AUTO QUE CONMINA A SU CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO ES IRRECURRIBLE. (LEGISLACION DEL ESTADO DE ZACATECAS). De conformidad con lo dispuesto por el artículo 419 de la ley adjetiva civil del Estado de Zacatecas, sólo son impugnables en apelación o queja las resoluciones dictadas en la etapa de ejecución del juicio, siempre y cuando la ley determine expresamente la procedencia de dichos medios de impugnación y, como la ley adjetiva civil aplicable en ninguno de los artículos que regulan los mencionados recursos, establece su procedencia contra el auto mediante el cual se requiere el cumplimiento voluntario de la sentencia, debe estarse a la regla contenida en la parte final del citado numeral, y considerar irrecurrible el citado proveído. Debe destacarse que la anterior determinación en modo alguno implica que se impida a la aquí quejosa el acceso a un medio de defensa efectivo en contra de las determinaciones dictadas en el juicio de origen, pues en términos del artículo 104 fracción IV de la Ley de Amparo, podrá promover el juicio constitucional en la vía indirecta contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia -aquélla que declare expresamente la imposibilidad de dar cumplimiento a la sentencia- pudiendo reclamar en esa oportunidad todas las violaciones cometidas en este procedimiento. Las consideraciones que preceden conducen a negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, contra la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca 259/2017, a través del cual se resolvió el recurso de reposición, que se atribuye a la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Martha Pérez Serna por su propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de José Esaul Muñoz García, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por las razones expresadas en esta sentencia. Notifíquese a las partes en términos de ley, por conducto del juzgado de origen. Cúmplase."
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