Antonio E. Guzmán Fraire

Expediente 1953/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 25 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1953/2015
Año
2015
Actuaciones
25
Última actuación
15/06/2017

Partes del expediente

  • Antonio E. Guzmán Fraire

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, quince de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido para las partes el término de diez días señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión contra la resolución dictada el veintiséis de mayo del año en curso, por la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En razón de que el acuerdo antes mencionado no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento respeto del incidente de suspensión, en virtud de que como de la certificación que antecede se advierte que no se tramitó. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, según oficio CCJ/ST/0433/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. KARINA

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Vista la razón actuarial levantada por el actuario adscrito a este Juzgado de la que se advierte que al constituirse en las instalaciones de las oficinas del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado, a fin de entregar el oficio 12781, dirigido a la Jefa de Servicios de lo Consultivo y Contratos de Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, fue informado de que dicha autoridad no existe en esa dependencia y que la misma tiene su domicilio en las oficinas Centrales de la Ciudad de México. Sin embargo, de autos se advierte que la citada responsable Jefa de Servicios de lo Consultivo y Contratos de Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, fue emplazada a juicio en dichas instalaciones tal y como se aprecia de la constancia de notificación que obra a foja 14. En esas condiciones remítase nuevamente el oficio 12781, a fin de que sea notificada de la resolución dictada en el presente juicio el pasado veintiséis de mayo. Notifíquese; por lista a las partes y por oficio a la Jefa de Servicios de lo Consultivo y Contratos de Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Guadalupe. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida de la licenciada Laura Elvia Villegas Tapia, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1953/2015, estando en audiencia pública la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la Secretaria que autoriza y da fe, licenciada Esther Alicia Nieto Luna, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, la Secretaria procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de amparo sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas. Tiene aplicación a la tesis siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han -quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Asimismo, da cuenta con la circunstancia de que el veintidós de junio de dos mil dieciséis, el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con sede en Culiacán, Sinaloa, dictó la sentencia respectiva en el juicio de amparo en que se actúa, sin embargo, la Superioridad al resolver el recurso de revisión interpuesto, revocó dicho fallo y ordenó la reposición del procedimiento a efecto de que se requiera al quejoso para que aclare su demanda de amparo y manifieste si además de la Subjefa de Servicios de lo Consultivo y Contratos, autoridad señalada como responsable en su escrito inicial de demanda, es de su interés señalar al Jefe del Departamento de Vivienda, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, con sede en Guadalupe, y hecho lo anterior, se continuara con la secuela procesal hasta la celebración de nueva cuenta de la audiencia constitucional, para el dictado de la resolución que en derecho proceda. En relación con lo anterior, la Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias, por rendidos los informes justificados de Jefa de Servicios de lo Consultivo y Contratos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), (por conducto de su titular), con residencia en la ciudad de México y Jefe del Departamento de Vivienda del Instituto del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, con sede en Guadalupe, por medio de la apoderada legal de ese Instituto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. En el período de ofrecimiento y recepción de pruebas se da cuenta con las documentales que adjuntó la parte quejosa a su escrito de demanda, la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, que también ofreció, así como con las que remitieron las autoridades señaladas como responsables en apoyo a sus informes justificados, y las que adjuntó a sus oficios recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el veinticinco de enero y doce de mayo de dos mil dieciséis. Al respecto, la Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119, párrafo segundo, de la ley reglamentaria en consulta, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial naturaleza las pruebas ya relacionadas. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el cual, con fundamento en el artículo 124 de la ley en consulta, se tiene por reproducidos los que hizo valer el agente del Ministerio Público de la Federación, en su pedimento 698/2015. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente sentencia en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo. V I S T O S para resolver, los autos del juicio de amparo 1953/2015 promovido por Antonio E. Guzmán Fraire; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Por escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, recibido el mismo día, por razón de turno, en la oficialía de partes de este juzgado, Antonio E. Guzmán Fraire, solicitó la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se describe a continuación: Autoridad responsable: Jefa de Servicios de lo Consultivo y Contratos del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. Acto reclamado. "La omisión de realizar las acciones necesarias para la liquidación del crédito número 76217 por la cantidad de $65,988.85, para ser destinada a la construcción de la vivienda ubicada en el lote número 26, manzana 2, tipo A, calle Trabajadores de la Salud número 9, fraccionamiento Fovissste. La Condesa, en Guadalupe, Zacatecas, con la finalidad de informar dicha situación al Jefe de Departamento de Vivienda del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Zacatecas y se elabore la Carta de Instrucción de Cancelación de Garantía Fiduciaria para ser entregada al Notario efecto de que libere mis escrituras". Actos que, a su parecer, son violatorio de los derechos fundamentales contemplados en los artículos 8°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. El veintidós de octubre de dos mil quince (fojas 10 y 11), se admitió a trámite la demanda en cuestión, ordenándose su registro bajo el número 1953/2015; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado; asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo a las nueve horas con cinco minutos del diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. En auto de siete de junio de dos mil dieciséis el presente expediente fue seleccionado para ser remitido al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, quien lo registró con el número 326/2016 y el veintidós de junio de dos mil dieciséis dictó sentencia en la que determinó sobreseer en el juicio (fojas 78 a 88). TERCERO. Recurso de revisión y ampliación. El ocho de julio de dos mil dieciséis el aquí quejoso presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por el juzgado auxiliado, la cual le correspondió conocer al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, el cual en auto de cinco de octubre de ese mismo año admitió el recurso en comento y lo registró con el número de expediente 306/2016. Posteriormente remitió el expediente para su conocimiento al Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, quien lo recibió el trece de enero de dos mil diecisiete, lo registró con el número 46/2017 y, en sesión celebrada el nueve de marzo de dos mil diecisiete resolvió revocar la sentencia recurrida (fojas 151 a 158). En auto de treinta de marzo del presente año se registró en este juzgado de Distrito la llegada de autos; y se previno a la quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Jefe de Departamento de Vivienda, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, con sede en Guadalupe, con el apercibimiento que de no hacerlo se resolvería únicamente por lo que hace a la autoridad señalada en su escrito inicial de demanda (fojas 159 y 160). En auto de seis de abril de dos mil diecisiete se admitió a trámite la ampliación de demanda, por lo que respecta a la autoridad responsable Jefe de Departamento de Vivienda, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, con sede en Guadalupe; se le requirió su informe justificado (fojas 167 a 169) y se fijó fecha para la audiencia constitucional, la cual inició a las nueve horas con diez minutos del veintiséis de mayo de dos mil diecisiete al tenor del acta respectiva (foja 231). C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside en el territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado que constituye el objeto de la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de garantías, consiste en: De la Jefa de Servicios de lo Consultivo y Contratos y del Jefe de Departamento de Vivienda, ambos del Fondo Nacional de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas: La omisión de realizar las acciones necesarias para la liquidación del crédito 76217, de acuerdo con la petición presentada el cuatro de septiembre de dos mil quince, a la que recayó el oficio FVI/DV/296/2015 de nueve de septiembre de dos mil quince suscrito por el Jefe del Departamento de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. TERCERO. Inexistencia de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. A la autoridad responsable Jefa de Servicios de lo Consultivo y Contratos del Fondo Nacional de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, no le asiste el carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio de derechos, pues le corresponde a diversa autoridad responsable llevarlo a cabo, tal y como se justificará en el considerando siguiente. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo e impera sobreseer en el presente controvertido constitucional, respecto de la autoridad responsable y acto reclamado a la mencionada autoridad, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.5o.P. J/3, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS. En el supuesto de que las autoridades negaran el acto que les fue atribuido, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba en contrario, y de las constancias procesales se demuestra que una diversa autoridad aceptó el mismo, esto es, que el acto reclamado sí existe, no resulta lógico ni jurídico sostener que éste, considerado como una determinación de la autoridad responsable que puede afectar la esfera jurídica del quejoso, sólo exista respecto de algunas autoridades y no en relación con otras, es decir, tal hipótesis se actualizaría sólo cuando todas las autoridades señaladas como responsables negaran la existencia del acto que se les atribuye y en autos no se demuestre lo contrario, pero no si se acredita que los actos reclamados sí existen, respecto de alguna autoridad. Consecuentemente si no se demuestra la intervención de ciertas autoridades en el juicio de amparo, se actualizará la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, pues si no emitieron, dictaron, publicaron ni ejecutaron el acto que se reclama, no puede considerárseles como responsables en el juicio de amparo, por tanto, se deberá sobreseer en términos del artículo 74, fracción III, y no de la IV, del mismo ordenamiento". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Jefe de Departamento de Vivienda, del Fondo Nacional de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, ya que si bien en el informe justificado que se rindió a su nombre se indicó que es "falso el acto reclamado", de las constancias que anexaron al mencionado informe y de la lectura a éste se demuestra su certeza (fojas 178 a 180). Lo anterior se corrobora con los documentos que se anexaron a fojas doscientos nueve a doscientos veintiocho de autos; documentales a la que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se cita como sustento, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Estudio de causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser una cuestión de orden público, se procederá al examen de las causales de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. Al respecto la apoderada legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Zacatecas, indicó entre otras causales que se actualiza la causal de improcedencia que prevé la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Lo cual, se considera acertado. Sobre el tema, el Máximo Tribunal del País ha sostenido que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a la que existía antes del nacimiento del acto que se impugna; o también, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado. En esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma de aquél, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esa forma, la improcedencia de mérito está orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, que es el obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho vulnerado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la responsable a que actúe en el sentido de respetar la prerrogativa de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que aquélla exija; por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, por haber desaparecido los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así las cosas, la causal de improcedencia establecida en el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia de éste, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ninguna huella. Resulta aplicable a los razonamientos que preceden el criterio jurisprudencial siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, el Jefe de Departamento de Vivienda, del Fondo Nacional de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, en escrito de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, recibido al día siguiente por el autorizado del quejoso Eduardo Hernández Ramírez informó: "ANTONIO E. GUZMÁN FRAIRE. CALLE LATERAL 1202, PLANTA BAJA. TORRE B CERRO DEL GATO, CIUDAD GOBIERNO. ZACATECAS, ZACATECAS. PRESENTE: PRIMERO.- POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA INFORMARLE QUE ANTE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 'FOVISSSTE' SE ENCUENTRA LA INSTRUCCIÓN NOTARIAL A NOMBRE DEL C. ANTONIO E. GUZMÁN FRAIRE, ASÍ MISMO SE LE REQUIERE PARA QUE SE PRESENTE ANTE ESTA OFICINA DE FOVISSSTE, PARA HACERLE LA ENTREGA DE LA MISMA Y PUEDA CONCLUIR CON SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE DE CANCELACIÓN DE HIPOTECA. ANEXO COPIA SIMPLE DE LA MISMA. ATENTAMENTE (Rúbrica ilegible) LSCA. EDUARDO DUARTE ESCAREÑO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA". Escrito con el cual acompaña oficio N° SAJ-E-2016/2090, en el que se expresa: "LIC. VÍCTOR HUGO SILVA RANGEL DELEGADO FIDUCIARIO REGIONAL MÉXICO DEL 'BANCO DEL BAJÍO', S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE P R E S E N T E. De conformidad con lo estipulado en la cláusula cuarta, incisos d) y o), y Quinta, numeral 21, del Contrato de Fideicomiso de Inversión, Administración y Garantía de fecha 5 de agosto de 1993 e identificado administrativamente con el número 2940-5, suscrito entre 'Banco Nacional de obras y Servicios Públicos', S.N.C. (BANOBRAS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a través de su Fondo de Vivienda (FOVISSSTE), como fideicomitantes y fideicomisarios en primero y segundo lugar, respectivamente, con 'Banco Unión', S.A., antes 'Banco BCH', S.A. como fiduciario, ahora 'Banco del Bajío', S.A., en su carácter de fiduciario sustituto; por este conducto se le instruye para que ante fedatario público proceda a la cancelación de la garantía fiduciaria, transmisión de propiedad en ejecución de fideicomiso y extinción parcial del mismo, en favor de ANTONIO E. GUZMÁN FRAIRE, con R.F.C. GUFA411118, quien liquidó en su totalidad los créditos concedidos por FOVISSSTE-BANOBRAS, respecto del inmueble ubicado en CALLE TRABAJADORES DE SALUD, N°9, LOTE 26, MANZANA 2-A, FRACCIONAMIENTO 'LA CONDESA' EN GUADALUPE, ESTADO DE ZACATECAS. Lo anterior de conformidad con el estado de cuenta del 14 de julio del 2016, así como con la constancia de finiquito de fecha 11 de mayo del 2015, ambos emitidos por el FOVISSSTE, a través de su Jefe del Departamento de Vivienda en el Estado de Zacatecas, documentos que se acompañan a la presente junto con copia de identificación oficial de la persona interesada, agradeciendo se indique a la Notaría citada los relacione en la escritura correspondiente y los agregue al apéndice de la misma. Cumpliendo lo anterior, se otorga a 'Banco del Bajío' S.A., el finiquito más amplio que en derecho proceda, respecto a la ejecución de esta instrucción, por su actuación dentro del fideicomiso 2940-5. El Notario Público que ha designado el acreditado para tirar la escritura es el Lic. Jesús Benito López Domínguez, Titular de la Notaría Pública N° 31, con domicilio en Av. H. Colegio Militar 41 Pte. Colonia Centro en Guadalupe, Estado de Zacatecas, C.P. 09860, teléfono 01(492) 921-30-15. Los impuestos, derechos y honorarios que se generen con motivo de la operación solicitada, serán cubiertos en su totalidad por cuenta exclusiva de la persona acreditada solicitante, de conformidad a lo estipulado en las cláusulas primera, inciso b), párrafo cuarto, del contrato de fideicomiso referido y, Vigésima Segunda, del Contrato de Mutuo con Interés y Garantía Fiduciaria, así como Reconocimiento de Adeudo que tiene el mismo consensuado con el FOVISSSTE. [.] (rúbricas)". De lo transcrito se desprende que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, el Jefe de Departamento de Vivienda, del Fondo Nacional de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas realizó las acciones necesarias para la liquidación del crédito 76217, de acuerdo con la petición presentada el cuatro de septiembre de dos mil quince, a la que recayó el oficio FVI/DV/296/2015 de nueve de septiembre de dos mil quince suscrito por el Jefe del Departamento de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. Por tanto, se estima que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional cuestionada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiere invadido la esfera jurídica de la impetrante, de ahí que sea improcedente cualquier juicio biinstancial, pues los efectos del acto reclamado cesaron en el momento que dejó de existir jurídicamente. En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, se sobresee de conformidad con el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de realizar las acciones necesarias para la liquidación del crédito 76217, de acuerdo con la petición presentada el cuatro de septiembre de dos mil quince, a la que recayó el oficio FVI/DV/296/2015 de nueve de septiembre de dos mil quince suscrito por el Jefe del Departamento de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. En virtud de lo anterior, no resulta jurídicamente posible ocuparse de los argumentos expresados por la parte quejosa para demostrar la inconstitucionalidad de los actos impugnados, pues ello constituye el fondo de la litis constitucional, cuyo análisis no es permitido por el sentido del presente estudio; acorde con la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señala". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Antonio E. Guzmán Fraire, contra el acto que reclamó a las autoridades Jefa de Servicios de lo Consultivo y Contratos y Jefe de Departamento de Vivienda, ambos del Fondo Nacional de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas; lo anterior, de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de este fallo. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida de la licenciada Esther Alicia Nieto Luna, secretaria que autoriza y da fe. EANL

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, cuatro de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Jefe del Departamento de Vivienda del Instituto del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, con sede en Guadalupe, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido; lo anterior, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Téngase a la referida autoridad responsable, señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su informe, y designando como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley en la materia, se tienen por admitidas y desahogadas, las documentales que anexa la citada autoridad responsable a su oficio de cuenta, con las cuales se ordena dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente al quejoso y por lista a las demás partes. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza Jorge Martín Zamora González. Doy fe.

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