Antonio de Jesús Herrera Barragan

Expediente 1192/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1192/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
05/01/2017

Partes del expediente

  • Antonio de Jesús Herrera Barragan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    En cinco de enero de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada Alva Miranda Ramírez da cuenta a la Juez con el oficio registrado con el número 114. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cinco de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones del titular, por el que acusa recibo del oficio 49473/2016, de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, por el que se le remitió el duplicado del procedimiento especializado en materia de ejecución de pena 5/2016. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. *Rosy.

  2. Principal

    El treinta de diciembre de dos mil dieciséis, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del quince al veintiocho de diciembre del año en curso, sin contar los días diecisiete y dieciocho (por ser inhábiles); sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el doce de diciembre de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo número 1192/2016-4; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; De la revisión del presente sumario se aprecia que no existen documentos originales para devolver al promovente del amparo. El incidente de suspensión relativo al juicio en que se actúa, se negó la medida cautelar definitiva solicitada por el amparista. CONSTE. En la misma fecha se da cuenta a la Secretaria encargada del despacho con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la secretaria adscrita a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada el doce de diciembre de la presente anualidad, en la que se negó al quejoso Antonio de Jesús Herrera Barragán, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, mismo que entro en vigor el veintiséis de noviembre del dos mil nueve; se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, agréguese el cuaderno original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, a fin de que sea destruido junto con el expediente en que se actúa; lo anterior en cumplimiento a lo ordenado en la fracción III, del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y el duplicado guárdese por separado para que atendiendo a lo dispuesto en la fracción III, del diverso punto vigésimo del citado acuerdo, una vez que transcurra el término de seis meses; se realicen las gestiones pertinentes para su destrucción. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvase al Juez Segundo de Distrito en el Estado, el duplicado del expediente relativo al procedimiento especializado en materia de ejecución de penas 5/2016, que en su oportunidad remitió como justificación de sus actos. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/7984/2016, signado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Rosy

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, capital del estado del mismo nombre, siendo las nueve horas del doce de diciembre de dos mil dieciséis, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en los autos del juicio de amparo 1192/2016-4, promovido por Antonio de Jesús Herrera Barragán. Presente en la sala de audiencias la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante la secretaria que da fe del acto, licenciada Alva Miranda Ramírez, la declaró abierta sin asistencia de las partes. Abierta la audiencia. La secretaria procede a dar lectura al escrito inicial de demanda, informe justificado rendido por la autoridad responsable (foja 16), constancia de emplazamiento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado responsable (foja 20) y demás constancias que obran en este expediente. A lo que la Juez acuerda. Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. En la etapa de pruebas. La secretaria tiene a la vista el duplicado del expediente relativo al procedimiento especializado en materia de ejecución de pena 5/2016, que en su oportunidad remitió el Juez Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, como justificación de sus actos. A lo que la Juez acuerda. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las documentales antes señaladas, luego, al no haber más pruebas pendientes de desahogar, se concluye la presente etapa. En la etapa de alegatos. La Secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo valer el derecho que les confiere el artículo 124 del ordenamiento legal en consulta, luego, al no haber alegatos que tener por reproducidos y sin pedimento de agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se declara cerrada dicha etapa; y encontrándose debidamente integrado el expediente en que se actúa, se procede a dictar la resolución que corresponde conforme a derecho. Doy fe. VISTOS, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 1192/2016 promovido por Antonio de Jesús Herrera Barragán, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, recibido el día siguiente, por razón de turno, en la oficialía de partes de este juzgado, Antonio de Jesús Herrera Barragán, por su propio derecho, solicitó la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se describen a continuación: Autoridad responsable: Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas Actos reclamados. "El auto de fecha 20 de octubre de 2016 dictado por la autoridad señalada como responsable en los autos del proceso penal número 167/2014 que se siguió en mi contra en el cual se desecha de plano el incidente de remisión parcial de la pena y libertad preparatoria, promovido por el suscrito ante ese órgano jurisdiccional. " Acto que, a su parecer, es violatorio de los derechos fundamentales conferidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 5, 7, 8, 26, 29 y 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. SEGUNDO. Trámite de amparo. El catorce de noviembre de dos mil dieciséis, se admitió la demanda a trámite, registrándola con el número de expediente 1192/2016; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició el doce de diciembre de la presente anualidad al tenor del acta respectiva (foja 22). C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad judicial federal que reside en el territorio en el que ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado que constituye el objeto de la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de garantías, consiste en: La resolución de veinte de octubre de dos mil dieciséis, emitida en el procedimiento especializado en materia de ejecución de pena 5/2016, en la que se negaron al hoy quejoso los beneficios de libertad preparatoria y remisión parcial de la pena solicitados. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, residente en esta ciudad, consistente en la resolución de veinte de octubre de dos mil dieciséis (foja 16). A su informe de ley, el juez responsable acompañó el duplicado del procedimiento especializado en materia de ejecución de pena 5/2016, formado con motivo de la solicitud hecha por Jesús Herrera Barragán y/o Antonio de Jesús Herrera Barragán, para que se le otorgara el beneficio de libertad anticipada y remisión parcial de la pena; documental que goza de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Previamente al estudio de los conceptos de violación y para la plena comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado. El veintitrés de julio de dos mil nueve, se dictó sentencia en la causa penal 96/2008-II, del índice de este Juzgado (167/2014, del índice del Juzgado Segundo de Distrito), en la que se condenó a Jesús Herrera Barragán y/o Antonio de Jesús Herrera Barragán como responsable de la comisión de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, a una pena de doce años, seis meses de prisión y multa de cuatrocientos días, equivalente a diecinueve mil ochocientos pesos (fojas 3 a 43, cuaderno de pruebas). Inconforme con dicha determinación, el sentenciado interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el treinta y uno de agosto de dos mil nueve, por el Magistrado del Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, dentro del toca penal 107/2009, quien confirmó en sus términos la sentencia impugnada (fojas 44 a 67, cuaderno de pruebas). En contra de dicha determinación, el sentenciado promovió juicio de amparo directo, que quedó registrado bajo el número 724/2009, del índice del tribunal colegiado de este circuito, el que fue resuelto mediante ejecutoria de cuatro de marzo de dos mil diez, negando el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados (foja 68, cuaderno de pruebas). Mediante escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, el sentenciado Antonio de Jesús Herrera Barragán promovió incidente no especificado de remisión parcial y libertad preparatoria, respecto de la pena de prisión que le fue impuesta en la causa penal 96/2008 (fojas 1 y 2, cuaderno de pruebas). El dos de febrero de dos mil dieciséis, el Juez Segundo de Distrito en el Estado ordenó abrir el procedimiento especializado en materia de ejecución de la pena a efecto de analizar los beneficios solicitados, el que radicó bajo el número 5/2016. Asimismo, ordenó girar oficio al Director del Centro de Reinserción Social Varonil del Estado, con sede en Cieneguillas, Jefe del Establecimiento Penitenciario de Jérez, Zacatecas y del Centro Regional de Reinserción Social Varonil en Fresnillo, Zacatecas, para que informaran sobre la conducta y actividades realizadas por el sentenciado durante su estancia en prisión (fojas 78 a 80, cuaderno de pruebas). El veinte de octubre de dos mil dieciséis, se determinó no conceder los beneficios de libertad preparatoria y remisión parcial de la pena solicitados por el hoy quejoso (fojas 170 a 177, cuaderno de pruebas). La resolución que antecede constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. QUINTO. Estudio de fondo. Al no advertirse una causa de improcedencia que hagan valer las partes, o que la suscrita advierta de oficio, procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los conceptos de violación son infundados, aun suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En éstos, el quejoso refiere que el acto reclamado es violatorio de sus derechos fundamentales, ya que la autoridad responsable no contabilizó un importante número de días laborados por el quejoso, dado que no solicitó la constancia correspondiente a los directores de los diversos centros de reclusión en donde ha estado interno. Aduce, además, que realizó una inadecuada interpretación de la ley, dado que el incidente planteado no es frívolo ni improcedente, tal como lo sostuvo la autoridad responsable. Refiere que la autoridad responsable prejuzga sobre los posibles beneficios que le otorgaría, al considerar que su solicitud es ociosa porque no se verá favorecido con ésta, con lo cual viola su derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, dado que nada impide que se haga un pronunciamiento sobre la remisión parcial de la pena, a pesar de que ya haya existido otro, pues en el anterior no se tomaron en cuenta todos los días laborados. Lo anterior es infundado, pues contrario a lo que aduce el quejoso, la determinación reclamada se encuentra apegada a derecho, en atención a las siguientes consideraciones. Marco normativo en relación con el beneficio de libertad anticipada. El artículo 84 del Código Penal Federal establece los requisitos para que un sentenciado pueda gozar del beneficio de la libertad anticipada, el cual dispone: "CAPITULO III Libertad preparatoria y retención ARTÍCULO 84. Se concederá libertad preparatoria al condenado, previo el informe a que se refiere el Código de Procedimientos Penales, que hubiere cumplido las tres quintas partes de su condena, si se trata de delitos intencionales, o la mitad de la misma en caso de delitos imprudenciales, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: I.- Que haya observado buena conducta durante la ejecución de su sentencia; II.- Que del examen de su personalidad se presuma que está socialmente readaptado y en condiciones de no volver a delinquir, y III.- Que haya reparado o se comprometa a reparar el daño causado, sujetándose a la forma, medidas y términos que se le fijen para dicho objeto, si no puede cubrirlo desde luego. Llenados los requisitos anteriores, la autoridad competente tendrá un plazo no mayor a 30 días hábiles para conceder la libertad preparatoria o en su caso informar al interesado el resultado de su trámite, dicha libertad preparatoria estará sujeta a las siguientes condiciones: a).- Residir o, en su caso, no residir en lugar determinado, e informe a la autoridad de los cambios de su domicilio. La designación del lugar de residencia se hará conciliando la cincunstancia (sic) de que el reo pueda proporcionarse trabajo en el lugar que se fije, con el hecho de que su permanencia en él no sea un obstáculo para su enmienda; b).- Desempeñar en el plazo que la resolución determine, oficio, arte, industria o profesión lícitos, si no tuviere medios propios de subsistencia; c) Abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de estupefacientes: psicotrópicos o sustancias que produzcan efectos similares, salvo por prescripción médica; d).- Sujetarse a las medidas de orientación y supervisión que se le dicten y a la vigilancia de alguna persona honrada y de arraigo, que se obligue a informar sobre su conducta, presentándolo siempre que para ello fuere requerida." Por su parte el numeral 85 del referido ordenamiento legal establece las restricciones para conceder dicho beneficio, en los términos siguientes: "ARTÍCULO 85. No se concederá la libertad preparatoria a: I. Los sentenciados por alguno de los delitos previstos en este Código que a continuación se señalan: a) Uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, previsto en el artículo 172 bis, párrafo tercero; b) Contra la salud, previsto en el artículo 194, salvo que se trate de individuos en los que concurran evidente atraso cultural, aislamiento social y extrema necesidad económica; y para la modalidad de transportación, si cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 84 y 90, fracción I, inciso c), para lo cual deberán ser primodelincuentes, a pesar de no hallarse en los tres supuestos señalados en la excepción general de este inciso; c) Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 203 y 203 bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis; d) Violación, previsto en los artículos 265, 266 y 266 bis; e) Homicidio, previsto en los artículos 315, 315 Bis y 320; y feminicidio previsto en el artículo 325; f) Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter; g) Comercialización de objetos robados, previsto en el artículo 368 ter; h) Robo de vehículo, previsto en el artículo 376 bis; i) Robo, previsto en los artículos 371, último párrafo; 372; 381, fracciones VII, VIII, IX, X, XI y XV; y 381 Bis; j) Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; k) Los previstos y sancionados en los artículos 112 Bis, 112 Ter, 112 Quáter y 112 Quintus de la Ley de Instituciones de Crédito, cuando quien lo cometa forme parte de una asociación, banda o pandilla en los términos del artículo 164, o 164 Bis, o l) Los previstos y sancionados en los artículos 432, 433, 434 y 435 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, cuando quien lo cometa forme parte de una asociación, banda o pandilla en los términos del artículo 164 o 164 Bis. II. Delitos en Materia de Trata de Personas contenidos en el Título Segundo de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; III. Los que incurran en segunda reincidencia de delito doloso o sean considerados delincuentes habituales. IV. Los sentenciados por las conductas previstas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo las previstas en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18. Tratándose de los delitos comprendidos en el Titulo Décimo de este Código, la libertad preparatoria solo se concederá cuando se satisfaga la reparación del daño a que se refiere la fracción III del artículo 30 o se otorgue caución que la garantice." De los preceptos legales transcritos se desprende que los requisitos para obtener el mencionado beneficio son los siguientes: En caso de delito intencional, haber cumplido las tres quintas partes de la condena, o la mitad de ésta, si fuere delito imprudencial. No haber sido sentenciado por alguno de los delitos que establece el artículo 85 del Código Penal Federal. Haber observado buena conducta durante la ejecución de su sentencia. Del examen de su personalidad se presuma que está socialmente readaptado y en condiciones de no volver a delinquir; Haya reparado o se comprometa a reparar el daño causado, sujetándose a la forma, medidas y términos que le fijen para dicho objeto, si no puede cubrirlo desde luego; y No ser segundo reincidente de delito doloso o delincuente habitual. Marco normativo del beneficio de remisión parcial de la pena. El artículo 16 de la Ley que Establece Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, establece lo siguiente: CAPITULO V Remisión Parcial de la Pena ARTÍCULO 16. Por cada dos días de trabajo se hará remisión de uno de prisión, siempre que el recluso observe buena conducta, participe regularmente en las actividades educativas que se organicen en el establecimiento y revele por otros datos efectiva readaptación social. Esta última será, en todo caso, el factor determinante para la concesión o negativa de la remisión parcial de la pena, que no podrá fundarse exclusivamente en los días de trabajo, en la participación en actividades educativas y en el buen comportamiento del sentenciado. La Remisión funcionará independientemente de la libertad preparatoria. Para este efecto, el cómputo de plazos se hará en el orden que beneficie al reo. El Ejecutivo regulará el sistema de cómputos para la aplicación de este precepto, que en ningún caso quedará sujeto a normas reglamentarias de los establecimientos de reclusión o a disposiciones de las autoridades encargadas de la custodia y de la readaptación social. El otorgamiento de la remisión se condicionará, además de lo previsto en el primer párrafo de este artículo, a que el reo repare los daños y perjuicios causados o garantice su reparación, sujetándose a la forma, medidas y términos que se le fijen para dicho objeto, si no puede cubrirla desde luego. Al disponer la remisión, la autoridad que la conceda establecerá las condiciones que deba observar el reo, conforme a lo estipulado en los incisos a) a d) de la segunda parte del artículo 84 del Código Penal. La autoridad al conceder la remisión parcial de la pena, establecerá las condiciones que deba cumplir el sentenciado, conforme a lo establecido en la fracción III y los incisos a) a d) del artículo 84 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal. La remisión parcial de la pena no se concederá a los sentenciados que se encuentren en cualquiera de los casos a que se refiere el artículo 85 del citado Código Penal. La autoridad podrá revocar la remisión parcial de la pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 86 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal." El precepto legal transcrito dispone que para gozar del beneficio de remisión parcial de la pena, se deben cumplir los siguientes aspectos: El tiempo laborado permita al reo la remisión total de la sanción impuesta. Haya observado buena conducta durante la ejecución de su sentencia. Participe regularmente en actividades educativas que se organicen en el establecimiento. Revele por otros datos efectiva readaptación social; y, Repare el daño y perjucio, o los garantice. En el caso, en relación con el beneficio de libertad preparatoria, la autoridad responsable consideró que no se encontraba acreditado el primero de los requisitos consistente en haber cumplido tres quintas partes de la condena, pues a la fecha de la resolución reclamada, aún le faltaban por cumplir cuatro años, un mes y dieciséis días. Por lo que respecta al beneficio de remisión parcial de la pena, estableció que tampoco se encontraba acreditado el primero de los requisitos consistente en que el tiempo laborado permita al reo la remisión total de la sanción impuesta, dado que aún no se cumplen los nueve años, mes y dieciséis días que se requieren para que sumados a los efectivamente compurgados, arrojen el total de doce años, seis meses de prisión que le fueron impuestos. Como se adelantó, la determinación sustentada en esos términos se estima apegada a derecho por las siguientes consideraciones. En primer lugar, se debe precisar que mediante sentencia de veintitrés de julio de dos mil nueve, emitida en la entonces causa penal 96/2008, del índice de este juzgado, se impuso al hoy quejoso una pena de doce años, seis meses de prisión, por su plena responsabilidad en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional y posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea Nacional; determinación que fue confirmada por el Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito el treinta y uno de agosto de dos mil nueve. Ahora, de los oficios emitidos por el Director General de Ejecución de Sanciones del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y el Director del Centro de Reinserción Social Varonil en el Estado (fojas 163 y 105, cuaderno de pruebas) se advierte que dicha pena se comenzó a computar a partir del seis de junio de dos mil trece, esto es, al día siguiente en que quedó cumplida la pena impuesta en la diversa causa penal 37/2008. Por tanto, como acertadamente lo consideró la autoridad responsable, las tres quintas partes de la sanción impuesta equivalen a siete años, seis meses. Es así pues la pena impuesta de doce años, seis meses se traduce en ciento cincuenta meses, los que divididos entre cinco, arrojan un total de treinta meses, que multiplicados por dos, dan como resultado sesenta meses equivalentes a siete años seis meses de prisión. Así, al veinte de octubre de dos mil dieciséis en que se emitió la determinación reclamada, el quejoso solamente había compurgado en relación con la causa penal 96/2008, tres años, cuatro meses y trece días, tomando en consideración como fecha de inicio el seis de junio de dos mil trece. Lo anterior se ilustra en la siguiente tabla: 3/5 PARTES DE LA SANCIÓN INICIO DEL CÓMPUTO FIN DEL CÓMPUTO TIEMPO TRANSCURRIDO TIEMPO RESTANTE 7 AÑOS, 6 MESES 06-JUNIO-13 20-OCT-16 3 AÑOS (06-JUNIO-2013 AL 06-JUNIO-2016) 4 MESES (07-JUNIO-2016 AL 07-OCT-2016) 13 DÍAS (08-OCT-2016 AL 20 DE OCT-2016) 4 AÑOS, 1 MES, 17 DÍAS De lo expuesto se desprende que, tal como lo consideró el juez responsable, el sentenciado no colmó el requisito de temporalidad contemplado por el artículo 84 del Código Penal Federal, pues tal como se evidenció en el cuadro ilustrativo aún le faltaban por compurgar cuatro años, un mes y diecisiete días, a efecto de cumplir con las tres quintas partes de su condena. No se soslaya que la autoridad responsable consideró que el tiempo compurgado hasta la fecha de la resolución era de cuatro años, un mes y dieciséis días; sin embargo, tal incorrección no tiene el alcance de considerar ilegal el fallo analizado, dado que un día de diferencia no hace procedente otorgar el beneficio solicitado, pues como se estableció, para poder gozar de dicho beneficio (en cuanto a la temporalidad) aún debe cumplir con la pena privativa de libertad cuatro años, un mes y diecisiete días. Por otra parte, en relación con el beneficio de remisión parcial de la pena, la autoridad responsable estableció que la fecha en que quedará compurgada la pena es el seis de diciembre de dos mil veinticinco, la cual se impuso por doce años, seis meses y se computa a partir del seis de junio de dos mil trece. Asimismo, estableció que al día de la resolución (veinte de octubre de dos mil dieciséis) lleva compurgados tres años, cuatro meses y catorce días, restándole por compurgar para completar el total de la sanción, nueve años, un mes y dieciséis días, por lo que, como acertadamente lo estableció la responsable, el quejoso no cumple con el requisito de temporalidad necesario. En efecto, de los informes solicitados por el juez responsable, se advierte el oficio SSP/DPRS/CRRS/383/2016, suscrito por el Director del Centro de Reinserción Social Varonil del Estado (foja 104, cuaderno de pruebas), al que anexó el informe de actividades de capacitación, suscrito por el Director del Centro y el Jefe de la Sección Industrial (foja 114, cuaderno de pruebas), del que se desprende que del seis de junio de dos mil trece al cuatro de febrero dos mil dieciséis (fecha en que se emitió el informe respectivo), el sentenciado ha laborado novecientos setenta y tres días. Es así, según se ilustra a continuación: DÍAS LABORADOS 2013 (días) 2014 (días) 2015 (días) 2016 (días) Enero 31 31 31 Febrero 28 28 4 Marzo 31 31 Abril 30 30 Mayo 31 31 Junio 25 30 30 Julio 30 31 31 Agosto 31 31 31 Septiembre 30 30 30 Octubre 31 31 31 Noviembre 30 30 30 Diciembre 31 31 31 TOTAL POR AÑO 208 365 365 35 TOTAL DE TIEMPO LABORADO (03-junio-2013 al 04-febrero-2016) 973 Por tanto, si conforme al artículo 16 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, por cada dos días de trabajo se hace la remisión de uno de prisión, el tiempo de remisión, hasta la fecha del informe (cuatro de febrero de dos mil dieciséis), es de cuatrocientos ochenta y siete días; es decir, un año, cuatro meses y dos días; cantidad que se advierte, dista mucho de los nueve años, un mes y diecisiete días, que se requieren para que con los compurgados (tres años, cuatro meses y trece días), sumen los doce años, seis meses de prisión que le fueron impuestos. No pasa inadvertido que al realizar el cómputo de días compurgados en prisión respecto de la causa penal 96/2008 del índice de este juzgado, la autoridad responsable consideró un día más, esto es, tres años, cuatro meses y catorce días; sin embargo, el error destacado no torna ilegal la determinación que se analiza, dado que como se analizó, los días laborados para efectos del beneficio de remisión de la pena todavía no son suficientes para considerar cumplida la condena impuesta. Además de lo anterior, una vez que sea procedente el beneficio en comento, la autoridad judicial competente realizará nuevamente el cómputo respecto de la compurgación de la pena, quedando en condiciones de realizar los ajustes pertinentes, por lo que la incorrección destacada no le depara perjuicio al quejoso. De ahí que, contrario a lo considerado por el quejoso, la determinación que se analiza no vulnera sus derechos fundamentales. Tampoco asiste razón al quejoso en lo que argumenta en el sentido de que la autoridad responsable no contabilizó un importante número de días laborados por el quejoso, dado que no solicitó la constancia correspondiente a los directores de los diversos centros de reclusión en donde ha estado interno. Se afirma lo anterior, pues de las constancias del procedimiento de origen se advierte que la autoridad responsable, mediante proveído de dos de febrero de dos mil dieciséis (foja 80, cuaderno de pruebas), solicitó a los encargados de los establecimientos penitenciarios con residencia en Cieneguillas, Jerez de García Salinas y Fresnillo, todos del Estado de Zacatecas, quienes informaron los días exactos laborados por el quejoso en su estancia en prisión. Así, mediante diversas comunicaciones, los directores respectivos rindieron sus informes (fojas 92, 104, 122,146, cuaderno de pruebas), no obstante, en atención a la fecha en que comenzó a compugarse la pena establecida en la causa penal 96/2008, del índice de este juzgado (seis de junio de dos mil trece), no fueron contabilizados los días laborados en los centros de reclusión de Jerez de García Salinas y Fresnillo, Zacatecas. Lo anterior, tomando en consideración que los periodos en que permaneció en dichos centros de reclusión fueron los siguientes: Jerez de García Salinas - 08 de agosto de 2008 al 09 de noviembre de 2009. Fresnillo - 09 de noviembre de 2009 al 04 de mayo de 2012. De lo que se advierte que no era procedente tomar en cuenta los días laborados en los referidos centros de reinserción, pues no corresponden al tiempo en que comenzó a compurgarse la pena impuesta en el proceso que se analiza. Tampoco asiste razón al quejoso en lo que alega en relación con el informe correspondiente al Centro de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas, dado que en autos sí existe tal comunicación, la cual, según se analizó, sirvió de sustento para computar los días laborados. De igual manera, resultan desacertados los argumentos del quejoso en los que aduce aduce que la autoridad responsable desechó de plano el incidente de remisión parcial de la pena y libertad anticipada al considerarlo frívolo e improcedente. Que, además, prejuzga sobre los posibles beneficios que le otorgaría, al considerar que su solicitud es ociosa porque no se verá favorecido con ésta, con lo cual viola su derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, dado que nada impide que se haga un pronunciamiento sobre la remisión parcial de la pena, a pesar de que ya haya existido otro, pues en el anterior no se tomaron en cuenta todos los días laborados. Sin embargo, los argumentos que hace valer el quejoso carecen de sustento, tomando en consideración que se dirigen a combatir un supuesto desechamiento de su petición, lo que se advierte no aconteció en el caso, pues, contrariamente a ello, la solicitud del quejoso fue admitida y se le dio trámite al procedimiento especializado en materia de ejecución de pena, el que culminó con la resolución reclamada y una vez analizado el fondo del asunto, se determinó no concederle los beneficios solicitados, al incumplir con los requisitos relativos a la temporalidad. Consecuentemente, ante lo infundado de los motivos de disenso, aun suplidos en su deficiencia, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Antonio de Jesús Herrera Barragán, contra el acto reclamado del Juez Segundo de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, consistente en la resolución de veinte de octubre de dos mil dieciséis, dictada dentro del procedimiento especializado en materia de ejecución de la pena 5/2016; por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida de la licenciada Alva Miranda Ramírez, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En uno de diciembre de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada Alva Miranda Ramírez da cuenta a la Juez con el oficio registrado con el folio 19977 y anexo que se adjunta. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, uno de diciembre de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, por el que remite la constancia de emplazamiento del Agente del Ministerio Público, que interviene en el expediente derivado del procedimiento especializado en materia de ejecución de pena 5/2016 derivado del proceso penal 167/2014, instruido al hoy quejoso Antonio de Jesús Herrera Barragán, la cual se ordena agregar a los autos para constancia legal. NOTIFIQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Hdz.

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