Antonio Delgado Cárdenas
Expediente 1933/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1933/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 17/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Antonio Delgado Cárdenas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a diecisiete de marzo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia veintinueve de febrero del año en curso, que sobreseyó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes; y en atención a que el fallo de que se trata no requiere ejecución material; previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente juicio de amparo y el cuaderno original del incidente de suspensión relativo (el cual se ordena glosar al presente asunto), SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, en razón de que en relación al primero se decretó el sobreseimiento; y por cuanto hace al segundo se declaró sin materia por lo que, este Juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Asimismo, el duplicado del mencionado incidente, guárdese por separado; para que, atendiendo a la disposición legal antes aludida, dentro del término de seis meses se realicen las gestiones pertinentes para su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por último, devuélvanse a la autoridad responsable Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, las copias certificadas del proceso penal 71/2015; que remitió en su momento como apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Luis.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1933/2015; y, R E S U L T A N D O: 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, ANTONIO DELGADO CÁRDENAS, por su propio derecho, formuló demanda de amparo indirecto, contra actos del Juez Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, de la siguiente manera: AUTORIDADES RESPONSABLES.- Como ordenadora: 1.- Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad. Como Ejecutoras: 2.- Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Zacatecas. 3.- Titular de la Fiscalía de Delitos Fiscales de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República con sede en México, Distrito Federal. 4.- Encargado de la Unidad que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Zacatecas 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que su Titular dictó proveído el veinte de octubre de dos mil quince, en que ordenó: su admisión y su registro bajo el expediente 1933/2015; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; emplazar a los terceros interesados; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Nueva Ley de Amparo; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 53/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Nueva Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004 . En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: a). La orden de aprehensión. b). Su ejecución. II.2.1. Certeza: Las autoridades responsables Juez Segundo de Distrito en el Estado, Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado y el Encargado de la Unidad que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, Zacatecas, al rendir su informe con justificación reconocieron la existencia del acto que se les atribuye. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por otra parte, la autoridad responsable ejecutora Titular de la Fiscalía de Delitos Fiscales de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República con sede en México, Distrito Federal, fue omisa en rendir su informe con justificación; sin embargo, ante dicha circunstancia y tomando en consideración que la autoridad responsable ordenadora Juez Segundo de Distrito en el Estado, reconoció haber emitido la orden de captura que reclama el quejoso, se tiene por presuntivamente cierto el acto atribuido a la autoridad ejecutora en comento. Además, la certeza de los actos reclamados se corrobora con la copia certificada del duplicado del proceso penal 71/2015, que remitió el Juez Segundo de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad en apoyo a su informe justificado; documental que reviste plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal, se desprende la orden reclamada, la cual fue emitida por el juez responsable antes citado, de ahí que haya quedado plenamente demostrada la certeza del acto. III. Procedencia del Juicio de Amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62, de la Nueva Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ahora, el suscrito resolutor advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Nueva Ley de Amparo, el cual en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin efectuar la nueva situación jurídica." De la demanda de garantías se advierte que el quejoso ANTONIO DELGADO CÁRDENAS, reclama la orden de aprehensión girada en su contra, sin precisar más datos. En el caso, se tiene que el Juez Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada de la causa penal 1933/2015, instaurado en contra de Antonio Delgado Cárdenas, por el delito de Defraudación Fiscal equiparable, previsto en el artículo 109, fracción V y sancionado en el artículo 108, párrafo cuarto, fracción III, ambos del Código Fiscal de la Federación, en el cual se giró orden de aprehensión el veinticinco de agosto de dos mil quince, en contra del quejoso de mérito (fojas 391 a 411). El siete de diciembre de dos mil quince, ante el Juzgado responsable se presentó el ahora quejoso, sujetándose al procedimiento natural, bajo los efectos de la suspensión provisional concedida en el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo. Asimismo, el doce de diciembre de dos mil quince, el Juez responsable al resolver la situación jurídica del indiciado Antonio Delgado Cárdenas, emitió en favor de éste, auto de libertad por falta de elementos para procesar, al no acreditarse el cuerpo del delito de defraudación fiscal equiparable (fojas 68 y 69 de autos). Apoya lo anterior la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo, del título y texto siguientes: "AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TOMAR EN CUENTA LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS DESPUÉS DE CELEBRADA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO CON ELLOS SE ACREDITE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Si después de celebrada la audiencia constitucional, el Juez de Distrito toma en cuenta documentos que sirvieron para hacer de su conocimiento una causal de improcedencia, no puede considerarse una violación al artículo 155 de la Ley de Amparo, ya que siendo las causales de improcedencia de estudio preferente, acorde con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la ley en cita, el Juez está obligado a su análisis previo a cualquier otra cuestión. Además de que en esta hipótesis, es justificado atender a su contenido, de acuerdo con el artículo 74, fracción III, de la invocada ley, el cual establece que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga una causa de improcedencia, las que se rigen por disposiciones de orden público." Así las cosas, resulta incuestionable que en la especie operó un cambio de situación jurídica dentro del proceso que se instruye al quejoso, toda vez que dentro del sistema tradicional de justicia penal existen cuatro modalidades para que pueda restringirse la libertad personal de los gobernados, a saber, a través de la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena, razón por la cual, cada una de dichas modalidades posee características peculiares. Asimismo, al conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos aducidos, se le denomina situación jurídica, de tal manera que cuando ésta cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, desapareciendo de esa manera los efectos del acto anterior, lo cual hace improcedente el amparo solicitado contra la primer situación jurídica, en el caso particular, contra la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso, es decir, que se está ante la presencia de una irreparabilidad jurídica en los efectos que produjo dicho acto reclamado, lo cual hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad al cambio de la anotada situación jurídica. En consecuencia, al haberse emitido durante la tramitación del juicio de garantías en que se actúa resolución referente a la situación jurídica del quejoso Antonio Delgado Cárdenas, de la que se desprende que se decretó auto de formal prisión, resulta incuestionable que en el caso a estudio operó un cambio de situación jurídica del quejoso, de conformidad con la fracción XVII del 61 de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, no podría resolverse el fondo del amparo solicitado, sin afectar las nuevas situaciones jurídicas de los peticionarios de garantías. Además, en el caso particular se satisfacen todos y cada uno de los requisitos exigidos para que opere la improcedencia del juicio de garantías por cambio de situación jurídica, ya que los actos reclamados, consistente en la orden de detención por caso urgente y la orden de aprehensión, emanaron de un procedimiento judicial, y posteriormente durante la tramitación del juicio de garantías se dictó auto de término constitucional, es decir, se emitió una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba el peticionario del amparo, por virtud de las órdenes de detención por caso urgente y de aprehensión combatidas en el presente amparo; por tanto, no puede analizarse la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica; lo anterior se fortalece si se toma en consideración que la resolución de auto de término constitucional es autónoma e independiente de aquél mandato de captura; consecuentemente, al haber operado un cambio de situación jurídica, consistente en la emisión del auto de formal prisión pronunciado en contra del promovente del amparo en el proceso penal 71/2015, lógicamente que su situación jurídica ahora es consecuencia de esa resolución y no de la orden de aprehensión que reclamó en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo por analogía, la Jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y POSTERIORMENTE SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN. APLICACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 1999).- Una correcta interpretación de la fracción X del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de amparo en vigor a partir del nueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, por virtud de las reformas de las que fue objeto, lleva a colegir que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica. Sin embargo, cuando por vía de amparo indirecto se reclama violación a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia. Por lo que si el acto reclamado lo constituye una orden de aprehensión por violación directa al artículo 16 constitucional, la hipótesis de que sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones, no se adecua a dicho acto, ya que carece de ese alcance. Por consiguiente, si durante la secuela del procedimiento en el juicio de amparo, se le decretó al quejoso auto de formal prisión, y en consecuencia existió un cambio de situación jurídica, al pasar de indiciado a procesado, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en la orden de aprehensión, porque no se puede decidir en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica aunque persistieran las violaciones que se aducen." En el entendido de que el sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo en cuanto a los actos reclamados a la autoridad ejecutora Comandante de la Policía Ministerial, con sede en Loreto, Zacatecas, al no impugnarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; motivo por el cual con fundamento en el diverso artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado, procede SOBRESEER el presente juicio de garantías promovido por ANTONIO DELGADO CÁRDENAS. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y 217 y demás relativos de la Nueva Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO.- SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por ANTONIO DELGADO CÁRDENAS, por su propio derecho, respecto de los actos y autoridades precisados en esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza, hasta el día de hoy veintinueve de febrero de dos mil dieciséis en que lo permitieron las labores del juzgado.-DOY FE.
- Principal
En veintidós de enero de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta a la Secretaria encargada del despacho del Juzgado con el estado de autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de enero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que no hay constancia que permita acreditar que la autoridad responsable Titular de la Fiscalía de Delitos Fiscales de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, con sede en México, Distrito Federal, hubiera quedado notificada del oficio 29601/2015, por el que se le solicitó su informe justificado; en consecuencia, para dar oportunidad a que rinda su comunicado, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y TERCEROS INTERESADOS Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Secretario en funciones de Juez de Distrito designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En veintitrés de diciembre de dos mil quince, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de diciembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que no hay constancia que permita acreditar que la autoridad responsable Titular de la Fiscalía de Delitos Fiscales de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, con sede en México, Distrito Federal, hubiera quedado notificada del oficio 29601/2015, por el que se le solicitó su informe justificado; en consecuencia, para dar oportunidad a que rinda su comunicado, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y TERCEROS INTERESADOS Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.
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