Antonio Cerón Hernández
Expediente 224/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 224/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 23/06/2021
Partes del expediente
- Antonio Cerón Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Razón actuarial. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta de veintiuno de junio de dos mil dos mil veintiuno, por medio de la cual el Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, manifiesta la imposibilidad para llevar a cabo la notificación personal a la parte quejosa del proveído de nueve de junio del año en curso, a través del cual se le dio vista con el cumplimiento realizado por la autoridad responsable respecto a la sentencia de amparo, por las razones que expone. No obstante, de autos se advierte que mediante proveído del diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se tuvo a ... -parte quejosa- desahogando la citada vista y al efecto, realizó diversas manifestaciones respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, las cuales se tomaron en consideración al realizar el estudio del cumplimiento correspondiente, de ahí que no sea procedente ordenar la notificación por lista del citado auto de nueve de junio pasado. Asimismo, a fin de evitar mayores dilaciones en el presente asunto, y ante la imposibilidad de realizar la notificación personal a la parte quejosa en el domicilio señalado para tal efecto, con apoyo en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, procédase a notificar por lista de acuerdos el diverso auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa el presente acuerdo así como el diverso de diecisiete de junio de dos mil veintiuno. POR OTRA PARTE, EN ESTE MISMO ACTO SE PROCEDE A NOTIFICAR EL CONTENIDO DEL DIVERSO PROVEÍDO DE 17 DE JUNIO DE 2021, A LA PARTE QUEJOSA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Se declara cumplida la sentencia de amparo Agréguese a los autos el escrito de Antonio Cerón Hernández -parte quejosa-, mediante el cual desahoga la vista otorgada en proveído de nueve de junio de dos mil veintiuno, y al efecto realiza las manifestaciones respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, las cuales se tomaran en consideración en el momento procesal oportuno. En virtud de lo anterior, este órgano de control constitucional procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el expediente en el que se actúa; ello, atendiendo a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, se precisa que mediante sentencia de ocho de abril de dos mil veintiuno, por una parte, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos plasmados en el párrafo 45 de la misma, que a la letra dice: "Por otra parte, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada para el efecto de que, en estricto acatamiento a los artículos 17 constitucional, 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la autoridad responsable Diligenciario adscrito a la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla notifique a la parte actora el auto de radicación emitido en el juicio laboral D-3/1136/2020 y emplace a la parte demandada al citado juicio. (.) Mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. En ese sentido, mediante proveído de diez de mayo de dos mil veintiuno, la Presidenta de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla -autoridad responsable-, remitió copia certificada del emplazamiento realizado a la parte demandada en el juicio laboral D-3/1136/2020 de su índice; sin embargo, fue omisa en remitir la notificación de la parte actora respecto del auto de radicación emitido en el citado juicio laboral de origen, por tanto se le requirió para que en el plazo de tres días, enviara dichas constancias. En cumplimiento a lo anterior, en proveído de catorce de mayo del año en curso, la citada autoridad responsable remitió copia certificada de la notificación de la parte actora respecto del auto de radicación emitido en el juicio laboral D-3/1136/2020 de su índice. Además, se evidencia que en la citada diligencia de notificación de diez de mayo de dos mil veintiuno, se le corrió traslado a la parte actora con el proveído de quince de diciembre de dos mil veinte -radicación de la demanda-, así como con el diverso de siete de mayo del año en curso en el cual se señaló nueva fecha para el desahogo de la audiencia de ley en el juicio laboral de origen. Seguidos los trámites, en proveído de veintiséis de mayo del año en curso, en atención a las manifestaciones realizadas por la parte quejosa respecto a que la audiencia de conciliación, demanda y excepciones señalada en el juicio laboral de origen D-3/1136/2020 no se ceñía a lo establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, se requirió a la Junta responsable para que señalara nuevo día y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en aquel. Finalmente, en proveído de nueve de junio de dos mil veintiuno la Presidenta de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla -autoridad responsable- remitió copia certificada del auto de tres de junio del año en curso, emitido en el juicio laboral D-3/1136/2020 de su índice, del que se advierte que señaló nueva fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio de origen, a saber, las CATORCE HORAS DEL VEINTICUATRO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, la cual se ajusta al plazo previsto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Así, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable referida en párrafos precedentes, con las constancias antes reproducidas, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, al haber notificado a la parte actora el auto de radicación emitido en el juicio laboral D-3/1136/2020 de su índice, haber emplazado a la parte demandada al mismo y, haber señalado una nueva fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; con lo que se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, por lo que hace a las manifestaciones que formula la parte actora en el ocurso de mérito, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento en virtud de que el acto reclamado en el presente juicio consistió, entre otro, en la omisión de emplazar a la parte demandada al juicio de origen y el efecto de la concesión de la sentencia fue que la junta responsable emplazara al demandado, por lo que los vicios que aduce que se cometieron en la diligencia de emplazamiento y la notificación efectuados en el juicio laboral de origen no forman parte de la litis y por lo tanto tampoco constituyen un efecto de la sentencia protectora, por lo que no pueden ser materia del análisis en el presente cumplimiento. En este tenor, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Se declara cumplida la sentencia de amparo Agréguese a los autos el escrito de Antonio Cerón Hernández -parte quejosa-, mediante el cual desahoga la vista otorgada en proveído de nueve de junio de dos mil veintiuno, y al efecto realiza las manifestaciones respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, las cuales se tomaran en consideración en el momento procesal oportuno. En virtud de lo anterior, este órgano de control constitucional procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el expediente en el que se actúa; ello, atendiendo a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, se precisa que mediante sentencia de ocho de abril de dos mil veintiuno, por una parte, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos plasmados en el párrafo 45 de la misma, que a la letra dice: "Por otra parte, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada para el efecto de que, en estricto acatamiento a los artículos 17 constitucional, 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la autoridad responsable Diligenciario adscrito a la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla notifique a la parte actora el auto de radicación emitido en el juicio laboral D-3/1136/2020 y emplace a la parte demandada al citado juicio. (.) Mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. En ese sentido, mediante proveído de diez de mayo de dos mil veintiuno, la Presidenta de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla -autoridad responsable-, remitió copia certificada del emplazamiento realizado a la parte demandada en el juicio laboral D-3/1136/2020 de su índice; sin embargo, fue omisa en remitir la notificación de la parte actora respecto del auto de radicación emitido en el citado juicio laboral de origen, por tanto se le requirió para que en el plazo de tres días, enviara dichas constancias. En cumplimiento a lo anterior, en proveído de catorce de mayo del año en curso, la citada autoridad responsable remitió copia certificada de la notificación de la parte actora respecto del auto de radicación emitido en el juicio laboral D-3/1136/2020 de su índice. Además, se evidencia que en la citada diligencia de notificación de diez de mayo de dos mil veintiuno, se le corrió traslado a la parte actora con el proveído de quince de diciembre de dos mil veinte -radicación de la demanda-, así como con el diverso de siete de mayo del año en curso en el cual se señaló nueva fecha para el desahogo de la audiencia de ley en el juicio laboral de origen. Seguidos los trámites, en proveído de veintiséis de mayo del año en curso, en atención a las manifestaciones realizadas por la parte quejosa respecto a que la audiencia de conciliación, demanda y excepciones señalada en el juicio laboral de origen D-3/1136/2020 no se ceñía a lo establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, se requirió a la Junta responsable para que señalara nuevo día y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en aquel. Finalmente, en proveído de nueve de junio de dos mil veintiuno la Presidenta de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla -autoridad responsable- remitió copia certificada del auto de tres de junio del año en curso, emitido en el juicio laboral D-3/1136/2020 de su índice, del que se advierte que señaló nueva fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio de origen, a saber, las CATORCE HORAS DEL VEINTICUATRO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, la cual se ajusta al plazo previsto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Así, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable referida en párrafos precedentes, con las constancias antes reproducidas, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, al haber notificado a la parte actora el auto de radicación emitido en el juicio laboral D-3/1136/2020 de su índice, haber emplazado a la parte demandada al mismo y, haber señalado una nueva fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; con lo que se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, por lo que hace a las manifestaciones que formula la parte actora en el ocurso de mérito, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento en virtud de que el acto reclamado en el presente juicio consistió, entre otro, en la omisión de emplazar a la parte demandada al juicio de origen y el efecto de la concesión de la sentencia fue que la junta responsable emplazara al demandado, por lo que los vicios que aduce que se cometieron en la diligencia de emplazamiento y la notificación efectuados en el juicio laboral de origen no forman parte de la litis y por lo tanto tampoco constituyen un efecto de la sentencia protectora, por lo que no pueden ser materia del análisis en el presente cumplimiento. En este tenor, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de junio de dos mil veintiuno. Vista con cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla -autoridad responsable-, mediante el cual remite copia certificada del auto de tres de junio de dos mil veintiuno emitido en el juicio laboral ... de su índice, del que se advierte que señaló nueva fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, a saber, las catorce horas del veinticuatro de junio del año en curso. En consecuencia, con apoyo en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, los cuales establecen la obligación del Juez de Distrito de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la justicia federal, así como con fundamento en el artículo 196 del citado ordenamiento, dese vista a las partes con el oficio y anexo por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga. En el entendido de que dar vista significa que los autos quedan en la secretaría, para que se impongan de ellos los interesados, de conformidad con el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo. Apercibidos que de no desahogar la vista ordenada, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con los elementos que obren en autos. Ahora, para dar margen a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, notifíquese el contenido del presente acuerdo de manera personal a las partes, así como el oficio y anexos recibidos en el oficio de cuenta. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Se levanta reserva. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído del veinticuatro de mayo pasado, se reservó proveer lo conducente respecto del escrito de la parte quejosa, registrado con el número de folio 7263, hasta en tanto el Titular de este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla se reincorporara a labores de este órgano jurisdiccional, lo cual ya aconteció; en consecuencia, se provee lo siguiente. Manifestaciones parte quejosa sobre el cumplimiento. Ahora, la parte quejosa precisa que la fecha señalada para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el proveído de siete de mayo de dos mil veintiuno no se ciñe a lo establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Al respecto, es oportuno precisar que al resolver el presente juicio de amparo, se precisó lo siguiente: 28. Ante todo, debe tenerse presente que la parte quejosa argumentó, esencialmente, que la dilación en el procedimiento laboral vulnera su derecho fundamental de justicia pronta contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, por lo que solicita que los actos procesales se realicen dentro de los plazos que se prevén en la ley que regula el juicio de origen. 29. El concepto de violación sintetizado resulta fundado, el cual será examinado a la luz de la prerrogativa procesal prevista en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en el caso se advierte que existe dilación procesal en el juicio laboral de origen. 30. En efecto, el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos prevé el derecho a la tutela judicial efectiva en un plazo razonable, en los siguientes términos. Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. (.). 31. Por su parte, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente. Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial (.). 32. Lo anterior, pone de manifiesto que la garantía o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia establecido en el artículo 17 constitucional estipula en favor de los gobernados los siguientes principios. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no solo apegada a derecho sino fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. 33. El contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otras garantías relacionadas con la administración de justicia en favor de las personas, tener un acceso efectivo a la administración de justicia que desarrollan los tribunales, por lo que para su debido acatamiento no basta el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que es necesario que el acceso sea cierto en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. 34. Por lo tanto, la impartición de la administración de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a la justicia, se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes; es decir, la regulación de los respectivos procedimientos jurisdiccionales debe garantizar a los particulares un efectivo acceso a la justicia, por lo que los requisitos y presupuestos que condicionan la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido deben encontrarse justificados constitucionalmente, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a los gobernados que acudan como partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. 36. Bajo ese contexto, en el procedimiento laboral se puede faltar a la garantía de administración de justicia pronta cuando no se tramitan ni resuelven los juicios laborales en los plazos y términos precisados con antelación, la que se manifiesta en dos vertientes: Que la autoridad jurisdiccional no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. Que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. 37. De ahí que basta que la omisión o el retardo de la autoridad se prolongue más allá de los términos y plazos legales previstos para la tramitación y resolución del juicio o procedimiento respectivos, para actualizar la violación al derecho a la impartición de justicia pronta, pues éste se configura por una serie de actos y etapas concatenadas o unidas entre sí, para la consecución de un resultado. De la transcripción que antecede se desprende que la autoridad responsable deberá desarrollar el juicio dentro de los términos y plazos legales a fin de respetar el derecho a la impartición de justicia pronta. En ese sentido, tomando en consideración que la autoridad responsable fijó hasta el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno la fecha para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, misma que se estima fuera de un plazo razonable, a fin de evitar dilaciones en el cumplimiento del fallo protector y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta responsable para que en un plazo de tres días, tenga a bien señalar nuevo día y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral ... de su índice, la cual deberá ceñirse a los plazos establecidos en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. En la inteligencia de que, a fin de acreditar lo anterior, deberá remitir copia certificada de las constancias conducentes. Apercibida que, en caso de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En este punto, es necesario precisar que la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones derivada del juicio laboral ..., del índice de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, no será materia del análisis que en su oportunidad se realice sobre el cumplimiento dado al fallo protector por parte de la autoridad responsable, pues ésta no constituye un efecto de la sentencia protectora. Notifíquese.
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