Antonio Calixto Espinosa
Expediente 895/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 895/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/11/2020
Partes del expediente
- Antonio Calixto Espinosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de noviembre de dos mil veinte. Causa estado auto que desechó la demanda. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto del veintiuno de octubre de dos mil veinte, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del presente año, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Finalmente, devuélvanse a la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y Juez Quinto en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, respectivamente, el toca de apelación 411/2019 y el expediente 799/2016, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Cumple prevención. Se desecha demanda de amparo. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso ..., con el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en el proveído del dos de octubre del año en curso y al efecto bajo protesta de decir verdad precisa los antecedentes del acto reclamado. Ahora, toda vez que del escrito de cuenta se advierte que el quejoso señala como nueva autoridad responsable al Juez Quinto en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, autoridad que no señaló en su demanda de amparo, no resulta procedente tenerla como autoridad responsable, pues no fue materia de la prevención formulada, ya que únicamente se requirió a la quejosa para que bajo protesta de decir verdad manifestara los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación. Aunado a que el señalamiento de dicho acto de autoridad consistiría en una ampliación de demanda; sin embargo, resulta notoriamente extemporánea, tomando en consideración que conoció del acto reclamado desde el cinco de agosto de la presente anualidad. Expuesto lo anterior, y con base en el estudio exhaustivo de la demanda de amparo, así como su escrito aclaratorio, se desprenden los datos siguientes:. Autoridad(es) responsable(s). Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y otra autoridad. Acto(s) reclamado(s). La resolución del trece de marzo de dos mil veinte, dictada dentro del toca civil de apelación 411/2019, mediante el cual se revocó la sentencia emitida por el Juzgado Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, el catorce de mayo de dos mil diecinueve, y ordenó la reposición del procedimiento en el juicio de origen, para que el juez primigenio resuelva la reclamación planteada por el actor natural y demandado reconvencional, contra la diligencia del siete de junio de dos mil diecisiete, y así continuar el procedimiento, pero sin que se hayan dejado insubsistentes diversas actuaciones. Expuesto lo anterior, del análisis de la demanda de amparo y de los anexos remitidos por la Sala responsable, se advierte que es procedente desechar por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Así, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados en sentido contrario-, los que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, debe decirse que en la Ley de Amparo vigente existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en la sesión del veintidós de mayo de dos mil catorce, esencialmente determinó que de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, estimaron que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. Sentado lo anterior, cabe precisar que la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, deriva de que el acto reclamado consiste en la resolución del diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictada por la Sala responsable en el toca civil de apelación 411/2019 de su índice, por la cual dejó insubsistente la sentencia de primer grado y ordenó la reposición de ese procedimiento a fin de resolver la reclamación planteada por el actor natural y demandado reconvencional, contra la diligencia del siete de junio de dos mil diecisiete, prescindiendo de considerarla extemporánea, pero sin dejar insubsistente las demás actuaciones practicadas hasta dicha violación procesal. En ese sentido, se colige que la resolución reclamada si bien se emitió después de concluido el juicio de origen, lo cierto es que al ordenar la reposición del procedimiento en el juicio natural, sus efectos se traducen en devolver el juicio al estado en que se encontraba antes de cometerse la violación que dio lugar a dicha reposición y darle un nuevo curso que se ajuste a las disposiciones legales. Ahora, por regla general el juicio de amparo es improcedente en contra de la resolución que ordena reponer el procedimiento, ya que no puede considerarse como un acto dentro de juicio que tenga una imposible reparación; sin embargo, debe examinarse si las consecuencias de la resolución reclamada son o no de imposible reparación, para de esa manera, resolver si el juicio de amparo indirecto será o no procedente. Que con motivo de la reposición se nulifiquen actuaciones procesales, como el desahogo de pruebas, que para el nuevo curso del juicio podría ser imposible desahogar nuevamente, por ejemplo, ante el fallecimiento de testigos o de personas que tengan que rendir declaración judicial -siempre que se hubieren desahogado-, o que se hubieren destruido documentos respecto de los cuales se tuviera que desahogar algún medio de convicción como su reconocimiento o peritaje sobre éstos. Que tal reposición tenga como consecuencia realizar requerimientos bajo apercibimientos graves como desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento. En relación con las hipótesis precisadas, debe destacarse que las cargas procesales para acreditarlos, tiene un origen diverso, pues respecto de la primera, corresponde a la parte interesada en la subsistencia de la sentencia definitiva -quejosa- acreditar la imposibilidad para desahogar nuevamente las pruebas nulificadas con motivo de la reposición del procedimiento; en tanto que la segundo hipótesis, puede desprenderse de constancias, por lo que corresponde al Juez de amparo analizarla. En el caso, de las constancias remitidas por la responsable con su informe rendido en la vía directa, se advierte que la Sala responsable en la resolución reclamada del diecisiete de marzo de dos mil veinte, ordenó la reposición del procedimiento en el juicio reivindicatorio 799/2016 del Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, para el efecto de que el Juez resuelva la reclamación planteada por el actor natural y demandado reconvencional, contra la diligencia del siete de junio de dos mil diecisiete, prescindiendo de considerarla extemporánea, sin dejar insubsistente las demás actuaciones practicadas hasta dicha violación procesal, tal como lo revela la siguiente transcripción: (.) En relatadas condiciones, tomando en consideración que fue injustificada la omisión de resolver las alegaciones constitutivas del recurso de reclamación aludido, constituyendo por ende violaciones manifiestas a la ley, que deben ser reparadas, lo procedente es con fundamento en el artículo 400, fracción I, del referido código adjetivo civil declarar insubsistente la sentencia apelada y ordenar la reposición del procedimiento, para el efecto de que, el Juez previo al análisis del fondo del asunto, partiendo de la base que el recurso de reclamación interpuesto por el actor principal y demandado reconvencional Javier Menéndez Pandal, contra la diligencia de siete de junio de dos mil diecisiete, fue interpuesto oportunamente, resuelva sobre los argumentos planteados en dicho recurso, violación que no puede ser reparada en esta instancia , pues de resultar fundado el recurso de reclamación aludido, se requerirá de los actos subsecuentes para el desahogo de la aludida prueba; y en el momento procesal respectivo dicte sentencia de fondo que en derecho corresponda. (.). Lo anterior pone de manifiesto que la ejecución de la resolución reclamada que ordenó reponer el procedimiento no genera un daño de imposible reparación a la parte quejosa, pues basta que se resuelva la reclamación planteada por el actor natural y demandado reconvencional, contra la diligencia del siete de junio de dos mil diecisiete, y para el caso que se considere fundada, implicaría que se desahoguen las actuaciones relativas al desahogo de la prueba pericial que se había desechado, y hecho lo anterior, se esté en condiciones de emitir nuevamente la sentencia correspondiente, la que puede ser favorable a sus intereses, o de no serlo, estará en posibilidad de impugnarla a través del medio ordinario o extraordinario de defensa respectivo; de ahí que el acto reclamado constituye únicamente una violación de carácter procesal y no sustantiva. Por otra parte, tampoco se advierte que con motivo de la reposición del procedimiento, se haya realizado algún requerimiento a las partes, bajo un apercibimiento grave que impida el ejercicio de sus derechos. En efecto, cabe destacar que el requisito establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia transcrita en líneas anteriores, prevé que con la reposición del procedimiento se imponga un apercibimiento tan grave como desechar la demanda, pues tal sanción incide directa y materialmente en el ejercicio del derecho de acción; lo cual no sucede en el caso, pues la reposición no tiene como efecto -ni siquiera de manera indirecta- que se realice apercibimiento alguno, sino sólo que se resuelva la reclamación planteada por el actor natural y demandado reconvencional, contra una diligencia, y en su caso, que se desahogue una prueba que se había desechado. En esas condiciones, es claro que la reposición del procedimiento decretada en la sentencia reclamada, no puede considerarse como un acto cuya ejecución sea de imposible reparación para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues como hay quedado precisado, sus efectos no vulneran de modo directo e inmediato derechos sustantivos de los quejosos previstos en la Constitución Federal, ni afecta el procedimiento jurisdiccional de origen, pues una vez que se resuelva la reclamación planteada por el actor natural y demandado reconvencional, contra la diligencia del siete de junio de dos mil diecisiete, podrá continuarse el procedimiento y la parte quejosa puede obtener una sentencia favorable que repare la violación procesal que en su caso se le hubiere causado. Además, cabe precisar que tal determinación no deja en estado de indefensión jurídica al quejoso, pues en caso de que la sentencia que se dicte en el juicio resulte adversa a sus intereses, entonces esa cuestión procesal sería reclamable en el juicio de amparo que se promueva en la vía directa, en contra de la sentencia definitiva -una vez agotado el recurso que en su caso resulte procedente-, en tanto se trata de una violación de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes. Finalmente, no pasa inadvertido que la reposición del procedimiento también implica, en mayor o menor grado, una dilación para resolver el juicio de origen; sin embargo, ello tampoco actualiza la procedencia del juicio de amparo, si se pondera que el fin que se persigue con dicha reposición del procedimiento es la correcta integración de la litis en el juicio natural. No sobra decir que las jurisprudencias invocadas en la presente resolución se emitieron a la luz de la Ley de Amparo vigente al dos de abril de dos mil trece, en los que se contemplaba la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos que afectan directa y materialmente derechos sustantivos, así como aquéllos que los afecten en grado predominante o superior, siendo que este último concepto desapareció en la ley de la materia vigente; sin embargo, resultan ilustrativas para resolver el presente juicio en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, si se pondera que parten de la premisa de que el juicio de amparo será procedente cuando se reclamen actos de imposible reparación, entendidos como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos, por lo que tal requisito no se contrapone con los criterios invocados. En las condiciones anotadas se colige que la resolución del diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictada por la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dentro del toca civil de apelación 411/2019, no produce en la parte quejosa una violación material y directa a sus derechos fundamentales, sino en su caso, sólo implica una afectación a derechos adjetivos, en tanto que el retardo en la impartición de justicia que se pudiere generar, por sí solo no actualiza violación alguna al principio de justicia pronta, por lo que tampoco se justifica la procedencia del presente juicio, de ahí que se actualice la causa de improcedencia invocada. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Antonio Calixto Espinosa. Por otra parte, en relación con sus solicitudes de tener señalado domicilio, autorizado, así como una cuenta de correo electrónico, éstas ya fueron acordadas en el auto del pasado dos de octubre. Exhorto para seguir en juicio en línea. Si bien se determinó desechar la demanda de amparo, para el caso que estime necesario continuar actuando, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 22 y el diverso 28 del referido Acuerdo General, y tomando en cuenta que la propagación del virus SARS-CoV-2 ha hecho necesario que el eje rector para el desarrollo de las actividades jurisdiccionales se haga preferentemente a través de medios digitales, se exhorta a la parte quejosa para que, de ser posible, manifieste si es su deseo optar por la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea. Para lo cual deberán cumplir con lo siguiente: Solicitar su continuación en su modalidad en línea. Proporcionar el usuario mediante el cual podrá acceder a la consulta del expediente electrónico. Solicitar de manera expresa, la realización de las notificaciones por esa vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, es menester que observen lo siguiente: Para acceder al juicio en línea, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, es necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación o bien, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o FIEL) y se registren en el sistema. La firma electrónica se puede obtener mediante la aplicación web (App) del Consejo de la Judicatura Federal denominada "FIREL", disponible para sistemas Android o IOS, y para mayor información sobre cómo obtenerla, puede consultar el video tutorial disponible en su canal de Youtube, en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ac8PJvfpfGU Además, deberá indicar su NOMBRE, CORREO ELECTRÓNICO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN, crear un nombre de usuario y una contraseña, así como vincular al registro su firma electrónica, el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Lo anterior, a fin de que se encuentren en aptitud de presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del referido Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En la inteligencia que el presente exhorto continuara hasta en tanto sea atendido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 02 DE OCTUBRE DE 2020, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dos de octubre de dos mil veinte. Se recibe incompetencia. Se avoca al conocimiento del juicio y se previene al quejoso. Téngase por recibido el oficio 11-885/2020, suscrito por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual remite el original del juicio de amparo directo 206/2020, el toca de apelación 411/2019, de la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y el expediente 799/2016 del Juez Quinto en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla; lo anterior, debido a que mediante acuerdo del once de septiembre de dos mil veinte ese Tribunal se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo promovido por ***. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese el recibo correspondiente. Por tanto, fórmese expediente y regístrese bajo el número 895/2020-VIII. Asimismo, tomando en cuenta el volumen de los anexos remitidos, con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, fórmense por separado dos tomos de pruebas debidamente identificados a fin de facilitar el manejo del presente expediente, respetando el sello y folio originales, el cual deberá tenerse a la vista en el momento procesal oportuno. Vista la demanda de amparo, se advierten los datos siguientes: Quejoso:*** Autoridad responsable: Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla Acto reclamado: Resolución del diecisiete de marzo de dos mil veinte, que revocó la sentencia apelada a fin de reponer el procedimiento. Prevención. En principio, debe destacarse que el artículo 108 de la Ley de Amparo en vigor prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentra lo establecido en la fracción V, que dice: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)" Ahora, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 108, fracción V, y 114, fracción II de la Ley de la materia, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, pues de la demanda de amparo, se advierte que no formuló antecedentes del acto reclamado, los cuales son un requisito formal que debe expresarse en la demanda, los cuales deben narrarse bajo protesta de decir verdad. Tiene aplicación por identidad de razón la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo X, Noviembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." De igual manera, es aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 713, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable." Asimismo, en caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados, se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, lo anterior en términos del artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y (.)" Lo que deberá hacer, de manera personal, dado que es un requisito formal que debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción V, del artículo 108 de la ley de la materia, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual los autorizados por la parte quejosa, no pueden desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda. Lo anterior, en virtud de que precisar los antecedentes del acto reclamado, es una cuestión que atañe o debe provenir directamente de la voluntad del interesado, ya que incide o modifica la configuración de la litis constitucional, y en esa medida es una atribución personalísima del agraviado. Se hace saber a la parte promovente que deberá acompañar las copias necesaria de su escrito aclaratorio para distribuirlas entre las partes; conforme lo establece el artículo 110 de la Ley de Amparo. Apercibimiento. Con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se apercibe a la quejosa que de no cumplir con lo requerido en el plazo concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Autorizados: Se tiene por autorizado en los amplios términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo a Domingo Isabel Cortés, toda vez que tiene registrada cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho, en el en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Comunicación no procesal. En cuanto al correo que proporciona el impetrante dígasele que no es posible realizar las notificaciones por esa vía, dado que el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dispone que ese medio únicamente es útil para mejorar la comunicación no procesal con las partes; sin embargo, se tiene por señalado el mismo para los términos precisados. En ese sentido, se requiere a las demás partes para que, a la brevedad, proporcionen a este juzgado un correo electrónico y un número telefónico, a través de los cuales se pueda establecer un canal de comunicación directa -no procesal-. Exhorto para seguir en juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 22 y el diverso 28 del referido Acuerdo General, y tomando en cuenta que la propagación del virus SARS-CoV-2 ha hecho necesario que la mayor parte de personal de los órganos jurisdiccionales trabaje remotamente y, por ende, que el eje rector para el desarrollo de las actividades jurisdiccionales se haga preferentemente a través de medios digitales. En ese sentido, se exhorta a las partes para que, de ser posible, manifiesten si es su deseo optar por la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual deberán cumplir con lo siguiente: Solicitar su continuación en su modalidad "en línea". Proporcionar el usuario mediante el cual podrá acceder a la consulta del expediente electrónico. Solicitar de manera expresa, la realización de las notificaciones por esa vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, es menester que observen lo siguiente: Para acceder al juicio en línea, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, es necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación o bien, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL") y se registren en el sistema. La firma electrónica se puede obtener mediante la aplicación web (App) del Consejo de la Judicatura Federal denominada "FIREL", disponible para sistemas Android o IOS, y para mayor información sobre cómo obtenerla, puede consultar el video tutorial disponible en su canal de Youtube, en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ac8PJvfpfGU Además, deberá indicar su NOMBRE, CORREO ELECTRÓNICO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN, crear un nombre de usuario y una contraseña, así como vincular al registro su firma electrónica, el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Lo anterior, a fin de que se encuentren en aptitud de presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del referido Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles: Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización: Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Digitalización: Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia: Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, apercibidas que de no cumplir con lo anterior se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Notifíquese personalmente al quejoso. ***
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