Antonio Bonifacio Rosas
Expediente 1810/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1810/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/11/2023
Partes del expediente
- Antonio Bonifacio Rosas
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, por conducto de su apoderada legal, rinden informe justificado y ofrecen pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Vista con informe. Con el contenido de lo anterior, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Personas delegadas y domicilio. En términos de lo dispuesto por los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegadas de la autoridad responsable a las personas que designan en su nombre y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el comunicado que se provee. Luego, únicamente se toma conocimiento del correo electrónico proporcionado a fin de mejorar la comunicación -no procesal-, pues dicho medio no está previsto en la ley de la materia ni en la normatividad del Consejo de la Judicatura Federal. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas las documentales que anexan a su oficio de cuenta, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, debiendo darse cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Finalmente, por cuanto hace a solicitud de utilizar medios electrónicos, indíquese que se proveyó lo conducente en auto admisorio de diez de octubre de dos mil veintitrés, por lo que deberá estarse a lo acordado en tal fecha. Notifíquese.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Puebla, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Litis constitucional. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte la siguiente litis: *** Autoridades responsables. Titular; y, Diligenciario, ambos del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Tecamachalco. Titular de la Oficina del Registro Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Tecamachalco, Puebla. Acto reclamado. La falta de emplazamiento al juicio ordinario civil de cumplimiento de contrato privado de compraventa y otorgamiento de escritura pública 1363/2012, así como todo lo ahí actuado. Sobreseimiento fuera de audiencia. Precisado lo anterior, es menester destacar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia del juicio deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Sobre el tema existe jurisprudencia obligatoria. En el caso, este órgano de control de la constitucionalidad advierte, de oficio, que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación a la fracción XII, así como los diversos numerales 217 y 5, fracción I, de la indicada legislación y 107 constitucional, interpretados en sentido contrario, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley. Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. ... Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular- de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. ... Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ... De la interpretación sistemática de los numerales 61, fracción XXIII y 217 de la ley de la materia, se desprende que la jurisprudencia establecida por nuestro Máximo Tribunal resulta obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas; por tanto, si una causal de improcedencia deriva de un criterio vinculante del Alto Tribunal, éste debe acatarse de manera puntual, lo que obliga al órgano de amparo a sobreseer en el juicio, inclusive, previamente a la celebración de la audiencia constitucional, al suponer ese imperativo legal, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable. Orienta a lo expuesto, la tesis XXVII.1o. VIII Región 6 K 9a. con registro digital 160553, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, diciembre de 2011, página 3772, que estipula: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE ÉSTA, LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA EXACTAMENTE APLICABLE AL CASO, EN LA QUE SE DEFINE CIERTO ASPECTO QUE DIRECTAMENTE DA LUGAR A LA ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. LXXI/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 448, de rubro: 'DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O DE TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.', definió que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base, será motivo manifiesto e indudable de improcedencia la existencia de jurisprudencia exactamente aplicable al caso, en la que se define cierto aspecto que directamente da lugar a la actualización de una causa de improcedencia de ese medio de control constitucional, no desvirtuable con posterioridad a la admisión de la demanda, porque si la aplicación de la jurisprudencia, la cual es obligatoria en términos de los artículos 192 y 193 de la ley de la materia, presupone el examen de su adecuación concreta al asunto que mediante ella pretende fundamentarse o directamente resolver, entonces, es precisamente ese solo ejercicio de subsunción el que dará pie a que el juzgador de amparo advierta de manera clara y evidente que, por sus elementos, la pretensión que se somete a su potestad tiene las mismas características que el asunto que originó la formación de la jurisprudencia, de suerte que si en ésta se dilucida un aspecto que directamente produce la improcedencia del juicio, para efectos del desechamiento de la demanda, tal hipótesis debe considerarse como manifiesta e indudable respecto del caso concreto. Por su parte, el interés jurídico a que alude la fracción XII del precepto legal transcrito en primer término, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en vía de amparo algún acto jurisdiccional violatorio de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere en principio a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. En este orden de ideas, de acuerdo con el sistema consagrado en el artículo 107 constitucional y 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto jurisdiccional o la ley que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, configurando el interés jurídico que la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio constitucional. Esto es así, dado que el juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo, es decir, cuando alguna autoridad jurisdiccional emite un acto que el gobernado estime violatorio de tales derechos y, lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así, se tiene que para acudir al juicio de amparo es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales. Cabe señalar que no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio constitucional, sino que es necesario que el peticionario de amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. En este sentido, debe destacarse que entre otros requisitos de procedencia del juicio de amparo, el nuevo texto del artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentado en esa parte en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto reclamado exista, sino que es necesario para efectos de procedencia del juicio de derechos, según se precisó, que transgreda en perjuicio del quejoso un derecho subjetivo que le otorgue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún instrumento internacional. Lo anterior es así, ya que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia la Nación sostuvo que la interpretación del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación, y que sólo ha cambiado el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como un beneficio o una ventaja fáctica o material. Sobre el particular, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia la Nación emitió la tesis XIV/2011, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, agosto de 2011, página 34, que informa: INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO OBJETIVO CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un amplio abanico de pronunciamientos históricos sobre el concepto de 'interés jurídico' para efectos de la procedencia del juicio de amparo, muchos de los cuales provienen de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, pero con posterioridad el tema ha sido abordado por la jurisprudencia del Alto Tribunal. Contra lo que podría pensarse, el entendimiento del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación en su interpretación. Lo que ciertamente ha cambiado es lo que se entiende que está detrás de los conceptos jurídicos a los que hacen referencia las tesis sobre interés jurídico y, en particular, el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho 'objetivo' conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como un beneficio o una ventaja fáctica o material. Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que la reforma al artículo 107 de la Constitución Federal, no se traduce en una apertura absoluta para acudir al juicio de amparo, en la medida en que el quejoso debe demostrar algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, sino un interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse en un beneficio jurídico en favor del justiciable derivado de la afectación a su esfera de derechos en sentido amplio, tal como se advierte de la tesis XLIII/2013, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, tomo 1, febrero de 2013, página 822, que dispone: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el mismo sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que tanto el interés jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, asimismo, hizo la precisión de que tratándose de actos derivados de órganos jurisdiccionales necesariamente se requiere de un derecho subjetivo, que en cambio, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, pero sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior se desprende de la tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, tomo 2, marzo de 2013, página 1736, que informa: INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su 'especial situación frente al orden jurídico', lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. Sentado lo anterior, del análisis de la demanda de amparo se advierte que los accionantes reclaman la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil de cumplimiento de contrato privado de compraventa y otorgamiento de escritura pública 1363/2012, del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, promovido por el hoy tercero interesado, ********************, en contra de Octavio Rodríguez Bravo y Alicia Leyva Tenorio; en el cual se dictó sentencia en la que se condenó a los enjuiciados a entregar la escritura pública del predio materia del contrato de compraventa. Asimismo, los promoventes afirman ser propietarios del inmueble materia de litis; de ahí que reclaman el que no se le haya llamado al juicio natural para estar en posibilidad de defenderse, por lo que promueven el presente juicio con el carácter de terceros extraños en estricto sentido. Sobre ese tema, debe decirse que el Alto Tribunal del País ha definido a la persona extraña a juicio como aquella que no es parte en el proceso, es decir, la que no ha figurado en el proceso judicial o en el procedimiento como parte en sentido material, las cuales se diferencian de la siguiente forma: a. Personas que no son parte en el proceso las cuales sólo coadyuvan o participan en él; sin embargo, no tienen una relación jurídica generadora de un vínculo al proceso; por ejemplo, testigos, peritos, autoridades distintas a las responsables. b. Tercero extraño stricto sensu es aquella persona distinta de los sujetos de la controversia cuyos derechos se ven afectados; por ejemplo, a la persona que le embargan como consecuencia de un juicio en el que no es parte. c. Tercero extraño por equiparación es aquella persona que de acuerdo con la jurisprudencia se presenta con las siguientes modalidades: 1) Tercero extraño equiparado simple que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado correctamente por un ilegal emplazamiento, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa. 2) Tercero extraño equiparado por litisconsorcio que a su vez se manifiesta de dos formas: i. aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio, acredita un interés jurídico común con la parte demandada en la controversia; ii. aquel que fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante ello, no fue emplazado. En ese tenor, para que una persona tenga interés jurídico para acudir a través del juicio de amparo a controvertir la orden de lanzamiento de en un procedimiento jurisdiccional y su ejecución, será necesario que acredite ser la titular de un derecho subjetivo tutelado por los derechos fundamentales protegidos en la Constitución Federal y tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, y que efectivamente se resienta algún agravio respecto del derecho subjetivo de que se trate. Lo anterior pone de manifiesto que, aun cuando los promoventes no fueron señalados como parte en el juicio ordinario civil de cumplimiento de contrato privado de compraventa y otorgamiento de escritura pública de origen, lo que actualizaría el carácter de tercera extraña estricto sensu, lo cierto es que no se afecta su esfera jurídica, en razón de que dicho juicio se sustenta en una acción de naturaleza personal, por lo cual lo ahí actuado produce efectos únicamente en contra de la parte actora, ********************, y los demandados *** y *** Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios (antes contradicción de tesis) 158/2021, en sesión de uno de marzo de la presente anualidad; en donde determinó que la persona que, ostentándose como propietaria del inmueble, reclama la falta de llamamiento a un procedimiento de acción proforma, carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo. Al respecto, explicó que la acción proforma se refiere a la facultad que asiste a cualquiera de las partes en un contrato para exigir que se le dé la forma legal a éste a través del otorgamiento de la escritura correspondiente; que dicha acción es de carácter personal; y que, por tanto, el juicio de acción proforma sólo se comprende con las partes que intervinieron en el contrato de compraventa del inmueble de que se trate. En ese sentido, precisó que a una persona tercera interesada no puede atribuírsele interés jurídico en el juicio de acción proforma, ya que no le genera perjuicio alguno, pues en tal juicio lo que se dirime es la formalización de un contrato de compraventa, a través de una escritura pública, mas no el reconocimiento de un derecho real de propiedad de un inmueble, cuestión que en su caso, es la que causaría un perjuicio. Por esa razón, la Sala, adicionalmente, estipuló que no se violenta el derecho de audiencia de la persona tercera extraña; y que una vez que el promovente de la acción aludida cuente con el documento en el que se describa el acto jurídico que promovió, entonces estará en igualdad de condiciones que el tercero que se ostenta como propietario del mismo inmueble, para ejercer el tipo de acción que corresponda, en el que se dirima quién tiene mejor derecho real de propiedad sobre el inmueble en controversia. Esas consideraciones dieron lugar a la jurisprudencia 1a./J. 67/2023 (11a.) con registro digital 2027189, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, de texto: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA ACCIÓN PROFORMA. NO LO TIENE LA PERSONA QUE RECLAMA SU FALTA DE LLAMAMIENTO OSTENTÁNDOSE COMO PROPIETARIA DEL INMUEBLE OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron decisiones opuestas al determinar si tiene o no interés jurídico la persona que, al ostentarse como propietaria del inmueble, reclama la falta de llamamiento al juicio de otorgamiento y firma de escritura acción proforma. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que no tiene interés jurídico en el juicio de acción proforma la persona que se ostenta como propietaria del inmueble para reclamar su falta de llamamiento, ya que no le genera ningún perjuicio, pues en el juicio no se está dirimiendo un derecho real de propiedad sobre el inmueble, sino un derecho personal para la formalización de un contrato de compraventa, a través de una escritura pública. Justificación: La acción proforma prevista en los artículos 1833 y 2232 del Código Civil para el Distrito Federal ahora Ciudad de México, así como en el diverso 27 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal ahora Ciudad de México, se refiere a la facultad que tienen cualquiera de las partes si el consentimiento consta de manera fehaciente en un contrato, a exigir que se le dé la forma legal a éste y en caso de que el demandado no lo haga, lo hará el Juez en su rebeldía. Esta acción es de naturaleza personal, ya que bajo ese título se pide el otorgamiento y firma del contrato en el caso de compraventa de inmuebles, porque aún se carece de la forma para ejercer el derecho y para su ejercicio debe regir el principio jurídico res inter alios acta, que significa que el contrato base de la acción sólo obligaría a las partes contratantes y no a terceras ajenas; en tanto que el fin que se busca con su tramitación es únicamente dar forma al contrato con la obtención de la escritura relativa y obtener el pleno derecho sobre la cosa, no de manera directa, sino con base en el documento en el que se describa el acto jurídico, el cual es necesario para contar con un derecho real y poder ejercer otro tipo de acciones. Luego, si al tener conocimiento de alguna resolución dictada por autoridad judicial competente, una persona considera que le puede causar algún perjuicio y por ello pueda ser parte en un juicio de acción proforma, es necesario que se satisfaga el requisito de interés jurídico en dicho juicio, esto es, debe generarle algún perjuicio el acto reclamado; lo cual no sucede cuando ésta se ostenta como propietaria del inmueble, porque el fin que se busca con la tramitación de la acción proforma es que se dé forma al contrato con la obtención de la escritura relativa, pero no que se reconozca un derecho real de propiedad del inmueble, que es lo que sí le generaría perjuicio. En esa tesitura, si en el caso los justiciables reclaman la falta de emplazamiento al juicio proforma de origen, ostentándose como propietarios del predio materia de litis, entonces la presente instancia constitucional resulta improcedente, conforme al criterio plasmado en la transcrita jurisprudencia 1a./J. 67/2023 11a., cuya aplicación es obligatoria para este juzgado federal. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a la fracción XII, así como los diversos numerales 217 y 5, fracción I, de la indicada legislación y 107 constitucional, interpretados en sentido contrario, ya que la improcedencia para resolver la litis constitucional deriva de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vinculante para este Juzgado de Distrito; debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la legislación citada. Sirve de fundamento la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 con registro digital 184572, de la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Como corolario a lo aquí determinado, se dejan a salvo los derechos de los quejosos, quienes ostentan la propiedad del inmueble materia del juicio de origen, para que los ejerzan en la vía y forma que corresponda ante las autoridades del orden común. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente acuerdo, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DOCE HORAS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa y a la Ministerio Público adscrita, personalmente al tercero interesado ******************** y por lista a los restantes terceros interesados.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa **** mediante el cual solicita que cause ejecutoria el fallo emitido en el presente juicio y se requiera a las autoridades responsables el cumplimiento a la sentencia. Al respecto, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que en proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés se tuvo a las autoridades responsables, a través de su representación, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Medio de impugnación que fue radicado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, bajo el número A.R- ********************/2023. Autorización de consulta y notificación vía electrónica a la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita. En términos de los acordado el nueve de octubre de dos mil veintitrés, en el cuaderno de varios 1/2023, de este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se otorga al usuario ********************que pertenece a ********************, la autorización a efecto de que pueda tener acceso a las actuaciones del presente juicio de amparo, en la vía electrónica, así como para que, a partir de esta fecha, se le notifiquen electrónicamente los acuerdos que ameriten ser personales a través del módulo dispuesto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
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