ANTONIO COSME LIMÓN y Otros.

Expediente 973/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
973/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
06/06/2019

Partes del expediente

  • Antonio Cosme Limón
  • ANTONIO COSME LIMÓN y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

     Se declara cumplida sentencia. Visto el estado de autos, tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto del veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, se precisa que mediante sentencia del veintiséis de abril de dos mil diecinueve, se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, en el plazo máximo de diez días hábiles, formulara el proyecto de laudo en el expediente laboral 2743/2011 y, una vez aprobado, lo elevara a la categoría de laudo, tal como lo revela la siguiente transcripción: "VII. DECISIÓN 38. Por las consideraciones expuestas, en relación al acto reclamado consistente la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 2743/2011, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada para el efecto de que en estricto acatamiento al artículo 17 constitucional y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la autoridad responsable tome las medidas necesarias en el juicio laboral 2743/2011 para que en el plazo máximo de diez días hábiles, a partir de que sea requerida para que cumpla la presente sentencia, formule el proyecto de laudo y, una vez aprobado, sin adiciones ni modificaciones, lo eleve a la categoría de laudo." Mediante proveído del dieciséis de mayo de la presente anualidad, la sentencia de mérito causó ejecutoria; en consecuencia, se requirió a la Junta responsable para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. Por oficio 1748/2019/AI, del veintidós de mayo de dos mil diecinueve la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, remitió copia certificada del laudo de esa misma fecha, dictado en el juicio laboral 2743/2011 de su índice, que en la parte que interesa dice: "(.) PRIMERO. El actor JUAN SANTIAGO JUÁREZ demostró de forma parcial sus acciones ejercitadas en los términos de los considerandos respectivos. SEGUNDO. La demandada CARPE S.A DE C.V demostró de forma parcial sus excepciones y defensas en los términos de los considerandos respectivos. TERCERO. Se absuelve a la demandada CARPE S.A DE C.V. del pago de 90 días de salario por concepto de indemnización constitucional, así como del pago de los salarios caídos o vencidos reclamados por el actor, en los términos de los considerandos respectivos. CUARTO. Se condena a la demandada CARPE S.A DE C.V, al pago de la cantidad total de $67,694.90 que comprende las cantidades siguientes $50,576.40 por prima de antigüedad; la cantidad de $3,423.70 por aguinaldo proporcional; la cantidad de $9,390.72 por vacaciones 37° año; la cantidad de $2,347.68 por prima vacacional; la cantidad de $1,565.12 por vacaciones proporcionales 38° año; la cantidad de $391.28 por prima vacacional, lo anterior salvo error u omisión de carácter aritmético en los términos del considerando respectivo. (.)." Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. En ese contexto, dado que la protección constitucional se concedió para el efecto de que se emitiera el laudo correspondiente en el juicio laboral 2743/2011, y de las constancias remitidas por la Junta responsable se advierte que el veintidós de mayo de dos mil diecinueve se dictó el mismo, es evidente que dicha junta acreditó cumplir con la sentencia amparadora. Con base en lo expuesto, se considera que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y a la tercera interesada.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintidós de mayo de dos mil diecinueve. *** Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). *** Al respecto, se precisa que mediante sentencia de dos de abril de dos mil diecinueve (fojas 43 a 57), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos plasmados en el párrafo 37 de la misma, que a la letra dice: *** En proveído del veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitiera las constancias relativas para acreditarlo (fojas 61 y 62). Mediante oficio *** recibido en este juzgado el ocho de mayo del año en curso, la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, informó el cumplimiento dado a la sentencia de mérito y al efecto remitió copia certificada del laudo de tres de mayo de dos mil diecinueve. En el referido laudo, se advierte que la autoridad responsable resolvió, en lo que interesa, lo siguiente: *** Así, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable *** Finalmente, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y por oficio a la parte tercera interesada.

  3. Principal

    Queja infundada. Visto el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el quince de mayo del año en curso, en el recurso de queja 58/2019 de su índice, y en cuyos puntos resolutivos establecen lo siguiente: "PRIMERO. Quedan intocados los puntos del auto recurrido, precisados en el considerando quinto de esta ejecutoria. SEGUNDO. En la materia del recurso, se declara infundada la presente queja. TERCERO. Se desecha el punto 9 del cuestionario relativo a la prueba pericial en materia de vialidad terrestre, ofrecida por el quejoso dentro del juicio de amparo 10/2019 del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla" Acuse de recibo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia en vigor, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes y acúsese el recibo de estilo correspondiente. ? Reanudación de Procedimiento. Ahora bien, toda vez que en proveído de cinco de marzo de dos mil diecinueve, se ordenó la suspensión del procedimiento en virtud de la interposición del recurso de queja en contra del auto de once de febrero del mismo año, dejándose sin efectos la hora y fecha de la audiencia constitucional hasta en tanto se resolviera el medio de impugnación en comento, lo que en la especie ya aconteció. En consecuencia, con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Amparo vigente, se ordena la reanudación del procedimiento y se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. ? Autoridades nombren perito. Visto el estado procesal que guardan los autos y atendiendo a que mediante proveído de once de febrero de dos mil diecinueve, se admitió la prueba pericial en materia de vialidad terrestre de acuerdo a lo establecido en los artículos 119 de la Ley de Amparo, 147 y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su ordinal segundo, calificándose de legales únicamente los puntos concretos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sin embargo, se aprecia que solo se giró oficio al Subsecretario de Movilidad y Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Puebla y no se giró oficio a las autoridades restantes para que pudieran nombrar al perito de su parte, por lo tanto gírese el oficio respectivo a las autoridades responsables con copia del acuerdo de once de febrero de dos mil diecinueve y del cuestionario para que en el término de tres días, contado a partir de que queden notificados del presente proveído, adicionen el cuestionario de mérito y designen perito de su parte, con el apercibimiento que de no hacerlo perderán tal derecho. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 44/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA OTORGAR A LA CONTRAPARTE DEL OFERENTE EL DERECHO A ADICIONAR EL CUESTIONARIO QUE ESTE EXHIBIÓ. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles que en materia de amparo establece el artículo 2o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido el criterio de que respecto de instituciones contempladas en dicha ley que no tengan reglamentación o que teniéndola sea insuficiente, procede la supletoriedad, con la única limitación de que las disposiciones que se apliquen supletoriamente no estén en contradicción con el conjunto de normas que se deba suplir, sino que sean congruentes con los principios del juicio de amparo. En este tenor, si las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles no contravienen lo dispuesto en la Ley de Amparo, sino que, por el contrario, resultan acordes con el principio de economía procesal bajo el cual se constituye el juicio de garantías, a efecto de tener procedimientos ágiles, que se desenvuelvan en el menor tiempo posible y con el menor empleo de recursos, en fiel seguimiento de la garantía de pronta administración de justicia tutelada por el artículo 17 de la Constitución Federal, se concluye que procede la aplicación supletoria del artículo 146 del mencionado código, para otorgar a las contrapartes del oferente de la prueba pericial el derecho de adicionar el cuestionario exhibido al efecto, pues con ello se privilegia la economía procesal y la pronta administración de justicia, lo que no acontece en el supuesto contrario, pues de negarse la aplicación supletoria señalada, implicaría que las contrapartes del oferente de la prueba pericial tendrían que ofrecer también esa probanza, a efecto de que se pudiera emitir un dictamen que, aunque se refiriera a la misma materia del debate, comprendiera puntos distintos de los abarcados en el primer cuestionario." ? Levanta Reservas. Ahora bien, toda vez que se ordena reanudar el procedimiento, se provee respecto a las reservas ordenadas mediante proveídos de cinco, seis, siete y veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. De inicio, mediante el proveído de cinco de marzo de dos mil diecinueve, se agregó a los autos la diligencia de cuatro del mismo mes y año, mediante la cual Leonardo Díaz Flores aceptó y protestó el cargo conferido como perito oficial en materia de vialidad terrestre. Por tanto, una vez que ya obren en autos los elementos necesarios para rendir su dictamen, se acordará lo relativo al plazo para la presentación de los mismos. Respecto al auto de seis de marzo del año en curso, en el que la delegada del Subsecretario de Movilidad y Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Puebla remite el oficio CGJ/DCMT/569/2019, en cumplimiento al requerimiento de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, dígase que se tiene por cumplido parcialmente el requerimiento. Lo anterior en razón a que se solicitó a la autoridad lo siguiente: "a) El itinerario, recorrido o derrotero autorizado a la ruta 26 B, antes de la publicación del acuerdo del diez de diciembre de dos mil dieciocho; b) Los acuerdos o resoluciones jurídico administrativas de las rutas 26-A, M28 y S14, en donde se adviertan sus itinerarios, recorridos o derroteros antes de la expedición del acuerdo mediante el cual se establece la Cédula Única por Ruta de Servicio Público de Transporte en Puebla, publicado el diez de diciembre de dos mil dieciocho, en el tomo DXXIV, Número 6, Octava sección, del Periódico Oficial del Estado de Puebla." Así, la autoridad remitió el oficio número ST/CYSET/055/2013, del cual se advierte el itinerario, recorrido o derrotero autorizado a la ruta 26 B, antes de la publicación del acuerdo del diez de diciembre de dos mil dieciocho y si bien lo solicitado fue lo correspondiente a la ruta 26-B, como se señala en el inciso a) que antecede, el propio quejoso en su escrito de demanda señala que es la ruta que le corresponde; asimismo, remitió copia certificada del oficio número E-64/03 del cual se advierte el itinerario de la ruta S-14. Por otra parte, remitió los oficios números E-1342/2006, E-780/2007 y E-871/2009 respecto de la ruta S-28 cuando lo que se solicitó fue lo correspondiente a la ruta M-28 y respecto a la ruta 26-A, no remite ninguna información. ? Requerimiento. Tomando en consideración lo anterior, requiérase a la autoridad responsable Subsecretario de Movilidad y Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Puebla, para que en el término de tres días siguientes a su notificación, remita a este juzgador, los acuerdos o resoluciones jurídico administrativas de las rutas 26-A y M28, en donde se adviertan sus itinerarios, recorridos o derroteros antes de la expedición del acuerdo mediante el cual se establece la Cédula Única por Ruta de Servicio Público de Transporte en Puebla, publicado el diez de diciembre de dos mil dieciocho, en el tomo DXXIV, Número 6, Octava sección, del Periódico Oficial del Estado de Puebla. Cuidando que las constancias se encuentren debidamente entreselladas, rubricadas, foliadas y en orden progresivo Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en el término señalado, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo se le impondrá una medida de apremio consistente en una multa de cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación diez de enero del año en curso, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente. ? Ampliación de demanda. Por otra parte mediante proveído de siete de marzo de dos mil diecinueve, se reservó acordar el escrito del autorizado de la parte quejosa por el cual remitió las copias de ampliación de demanda presentada el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, por el cual pretende ampliar su demanda de amparo; respecto de los actos reclamados y autoridades siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTOS RECLAMADOS. A. AUTORIDAD RESPONSABLE. COORDINADOR GENERAL TÉCNICO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. ACTOS RECLAMADOS. Me reservo el señalamiento de hechos infractores concretos en contra de esta autoridad hasta en tanto no obren en autos las CONSTANCIAS NECESARIAS, ya que se señala que solo participó en calidad de asistente; sin embargo le reclamo de manera genérica LA TRAMITACIÓN, AUTORIZACIÓN, FIRMA Y EMISIÓN DEL ACUERDO DE SUBSECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, POR EL QUE ESTABLECE CÉDULAS ÚNICAS POR RUTA DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN PUEBLA, en la que se conceden las ampliaciones a rutas diversas y modificaciones de la ruta a la cual pertenezco, y de las cuales me quejo. B. AUTORIDAD RESPONSABLE. EL SUBSECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, ACTOS RECLAMADOS. Me reservo el señalamiento de hechos infractores concretos en contra de esta autoridad hasta en tanto no obren en autos las CONSTANCIAS NECESARIAS, sin embargo le reclamo de manera genérica LA TRAMITACIÓN, AUTORIZACIÓN, FIRMA Y EMISIÓN DEL ACUERDO DE SUBSECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, POR EL QUE ESTABLECE CÉDULAS ÚNICAS POR RUTA DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN PUEBLA, en la que se conceden las ampliaciones a rutas diversas y modificaciones de la ruta a la cual pertenezco, y de las cuales me quejo." Así, es preciso traer a colación el contenido del artículo 111 de la ley de amparo, que señala lo siguiente: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." De acuerdo a dicho precepto la ampliación, sería procedente cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. Sin embargo, de las manifestaciones establecidas en el escrito que se acuerda, se advierte que el acto que reclama ya forma parte de la litis; ello en razón a que en su escrito inicial de demanda señaló como acto reclamado la autorización, firma y emisión de la determinación jurídico administrativa por medio de la cual se autorizó la modificación de derrotero de Ruta 26-B así como la ampliación del parque vehicular e itinerario de Ruta 26-A, Ruta M-28 y Ruta S14-A, publicada en el Periódico Oficial del estado de Puebla el diez de diciembre de dos mil dieciocho. Por otra parte, en el escrito de ampliación señala como acto reclamado la tramitación, autorización, firma y emisión del acuerdo del Subsecretario de Movilidad y Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, por el que establece cédulas únicas por ruta de servicio público de transporte en puebla. Luego, de las constancias que obran en autos se advierte que la modificación de las rutas se llevó a cabo mediante el referido acuerdo; por lo tanto, es el mismo acto reclamado que planteó el quejoso en su escrito inicial de demanda y es el que será materia de estudio en la presente instancia constitucional. Asimismo, el quejoso exhibió copias certificadas de dicha publicación con su escrito inicial de demanda. Ahora bien, respecto a la nueva autoridad que señala como responsable, es decir al Coordinador General Técnico de Movilidad y Transportes de la Secretaría de Infraestructura Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, no es autoridad para efectos del juicio de amparo. En ese tenor, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. En otras palabras, para atribuir el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernado y la autoridad, es decir, que exista una relación de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; 4. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, se afirma que en el caso no es autoridad responsable, debido a que fue el Subsecretario de Movilidad y Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Puebla, quién emitió el acuerdo por el que establece Cédulas Únicas por Ruta de Servicio Público de Transporte en Puebla y el referido Coordinador, solo actúo como asistente, por lo que resulta evidente que no le reviste la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, de ahí que no le reviste el carácter de autoridad responsable. Cobra aplicación al caso, por analogía, la jurisprudenciaI.2o.P.J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal visible en la página 87, Tomo VII, enero de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama." De lo anterior, se corrobora que lo plasmado en el escrito del quejoso se dirige a señalar como acto el que ya forma parte de la litis, de ahí que no pueda tenerse por ampliada la demanda respecto a lo que señala como nuevo acto reclamado y autoridad responsable. ? Admisión por cuanto hace a conceptos de violación. Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, último párrafo de la Ley de Amparo, la ampliación de la demanda resulta procedente únicamente por cuanto hace a los conceptos de violación vertidos contra el acuerdo de referencia, derivado del informe rendido por el Director del Periódico Oficial del Estado de Puebla, lo que la faculta a ampliar la demanda de amparo por cuanto hace a los conceptos de violación. En consecuencia, se estima procedente requerir a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de quince días, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente acuerdo, remitan su informe respecto de la ampliación de los conceptos de violación realizada por la parte quejosa. Lo anterior obedece a que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 425/2018, en sesión del trece de marzo de dos mil diecinueve resolvió que cuando al ampliar la demanda de amparo se formulen nuevos conceptos de violación respecto a los actos reclamados, se debe solicitar a las autoridades responsables su informe justificado, a efecto que estén en aptitud de exponer sus argumentos y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes para demostrar la constitucionalidad de sus actos. En efecto, el Máximo Tribunal del país estimó que en la ampliación de demanda de amparo, además de señalar nuevas autoridades responsables o actos reclamados, es factible expresar nuevos conceptos de violación para demostrar la ilegalidad de los actos reclamados; asimismo, expuso que el informe justificado es una formalidad esencial del procedimiento, que tiene por objeto que las autoridades responsables estén en posibilidad de exponer razones y ofrecer pruebas para sostener la improcedencia del juicio y desvirtuar los argumentos del quejoso vertidos en sus conceptos de violación. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SE DEBE SOLICITAR CUANDO EN LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA SE FORMULAN NUEVOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. De acuerdo con los artículos 111 y 117 de la Ley de Amparo, el quejoso puede ampliar su demanda para formular nuevos conceptos de violación respecto del acto reclamado en la demanda inicial, siempre que no haya fenecido el plazo para presentarla, caso en el cual, se debe solicitar a las autoridades responsables su informe con justificación, a efecto de que estén en posibilidad de expresar las razones y ofrecer las pruebas que estimen conducentes para desvirtuar los argumentos enderezados a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de su actuación, en la inteligencia de que la omisión de rendir el informe relativo únicamente conllevará imponer la multa prevista en la fracción II del artículo 260 del citado ordenamiento legal, habida cuenta que la existencia del acto reclamado se presumirá sólo si omiten rendir el informe correspondiente a la demanda inicial." En consecuencia, concluyó que al admitirse la ampliación de demanda en el juicio de amparo indirecto se debe solicitar a las autoridades responsables su informe justificado, aun cuando tal ampliación sea solo en cuanto a conceptos de violación, pues solo así tendrán la oportunidad de defender la constitucionalidad de sus actos y, en su caso, ofrecer pruebas al respecto. ? Quejoso solicita se requieran constancias a la autoridad. En el mismo escrito de ampliación, el quejoso solicitó que se requieran constancias a las autoridades responsables, de acuerdo a lo siguiente: "El Director del Periódico Oficial del Estado reconoce como CIERTA la publicación del Periódico Oficial del Estado de Puebla de fecha 10 de diciembre de 2018, relativa a un ACUERDO DEL SUBSECRETARIODE INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, POR EL QUE ESTABLECE CÉDULAS ÚNICAS POR RUTA DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN PUEBLA. En consecuencia se le debe requerir las constancias al SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD YTRANSPORTES. Por otro lado, con fundamento en el artículo 60 de la Ley del Transporte para el Estado, para la modificación en incremento de servicios de transporte ya establecidos se debe emitir la opinión técnica o estudio técnico correspondiente, y con fundamento en lo establecido por la fracción XII del artículo 47 del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y Transportes, corresponde a la Dirección de Ingeniería y Planeación realizar dicha opinión técnica o estudio técnico. En consecuencia se deben solicitar constancias al titular de dicha Dirección de Ingeniería y Planeación. Para la conclusión de trámites, corresponde a la Dirección de Administración de Concesiones y Permisos la actualización del padrón estatal de concesiones, por lo tanto, es responsable de la reexpedición de documentos con las nuevas claves de ruta y nuevos números económicos que aparecen en la publicación del periódico oficial. Lo anterior con fundamento en el artículo 45 fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y Transportes." Es improcedente su petición, en razón a que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Amparo para que se pueda solicitar información a las autoridades, es necesario que la parte interesada demuestre que las solicitó y se le negó, situación que en la especie el quejoso no acredita. Pues si bien es cierto los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias, documentos e información que se les soliciten, también lo es, que la parte interesada debe acreditar haber hecho la petición correspondiente, y así pueda estar en aptitud de solicitar en el presente caso a este órgano jurisdiccional el requerimiento respectivo a los omisos, para que estos a su vez se sirvan enviar directamente los documentos, copias o información; lo que en el caso no acontece. Aunado a lo anterior, su petición es ambigua pues no precisa que constancias en específico solicita. Además, respecto de las constancias que solicita que se requieran al Director del Periódico Oficial del Estado de Puebla, se advierte que ya obra en autos el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el diez de diciembre de dos mil dieciocho. Respecto a las constancias que solicita se requieran a la Dirección de Ingeniería y Planeación, correspondientes a la opinión técnica o estudio técnico, se advierte que mediante oficio CGJ/DCMT7378/2019 la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Puebla, informó que el acuerdo reclamado no derivaba de ningún expediente. Por otra parte, toda vez que mediante escrito de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, el quejoso solicitó que se reservara el desahogo de la prueba pericial hasta en tanto obren constancias de la autoridad; dígasele que en efecto será hasta que la autoridad responsable remitas las constancias que se le solicitan en el presente proveído que se continuará con el trámite de la pericial. Finalmente, respecto al proveído de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se reservó acordar el oficio signado por el perito del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Hágase saber a la citada autoridad que mediante proveído de cinco de marzo de dos mil diecinueve, se nombró como perito oficial a Leonardo Díaz Flores, quien compareció a protestar el cargo ante este Juzgado en diligencia de cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Requerimiento: Por otro lado, para mejor proveer, respecto a las personas a las que pudiera asistir el carácter de terceros interesados en términos del artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se solicita al Director de Administración de Concesiones y Permisos de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, fin de que dentro del plazo de tres días remita a este Juzgado Federal, un listado de los concesionarios correspondientes a las rutas 26-A, M-28 y S-14-A y sus domicilios. Cabe precisar que el citado requerimiento encuentra sustento en que el Juez de Distrito puede recabar oficiosamente pruebas para mejor proveer, siempre que ello no implique postergar la decisión de admitir la demanda una vez desahogada la prevención relativa, tal como lo ha reconocido jurisprudencialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un caso similar al que nos ocupa y que se ve reflejado en el siguiente criterio: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO ADMINISTRATIVO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER, PERO NO POSTERGAR SU DECISIÓN. En términos de lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley de Amparo, a falta de disposición expresa debe atenderse a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento legal que en el artículo 79 establece que para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier persona y de cualquier documento, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. En este contexto, tratándose de la suspensión provisional en el juicio de amparo administrativo, debe considerarse que la regla general es que una vez satisfechos los requisitos a que aluden los artículos 120 y 124 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe proveer de inmediato sobre dicha solicitud; sin embargo, esto no obsta para que cuando se prevenga al promovente para que subsane alguna irregularidad de la demanda, en el mismo acuerdo se requiera a las autoridades responsables la presentación de algún documento que se considere indispensable para mejor proveer, pero una vez desahogada la prevención al quejoso, acatado o no el requerimiento formulado a las responsables, el Juez de Distrito debe proveer de inmediato en relación a la suspensión de los actos reclamados." Formación de anexo. Ahora bien, visto el volumen de las constancias remitidas por el Director del Periódico Oficial del Estado de Puebla y recibidas mediante proveído de once de febrero de dos mil diecinueve, para mejor manejo y conservación del expediente en que se actúa, se ordena formar el anexo 2, para que las constancias que anexó a su oficio, obren por cuerda separada, respetando folio, sello y rúbrica de la autoridad oficiante. Notifíquese; personalmente a las partes.

  4. Principal

    Se declara cumplida la sentencia de amparo. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, se precisa que mediante sentencia de doce de marzo de dos mil diecinueve (fojas 97 a 111), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos plasmados en el párrafo 42 de la misma, que a la letra dice: "(.)a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada respecto al acto reclamado consistente en la omisión de proveer sobre el incidente de nulidad de notificaciones promovido en el juicio laboral D-2/226/2015, para que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla en estricto acatamiento al artículo 17 constitucional y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tome las medidas necesarias en el juicio natural y provea lo conducente respecto del incidente de nulidad de notificaciones, para lo cual se deberá tomar en consideración lo previsto en el artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo y demás artículos que estime aplicables." Mediante proveído de dos de abril de dos mil diecinueve, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitiera las constancias relativas para acreditarlo (fojas 115 a 116). Mediante oficio 5056/19 recibido en este juzgado el veintiséis de abril del año en curso, el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, informó el cumplimiento dado a la sentencia de mérito y al efecto remitió copia certificada del acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. En el mencionado auto de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se advierte que la autoridad responsable acordó en lo que interesa, lo siguiente: Así, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable referida en párrafos precedentes, con la constancia antes transcrita, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo el doce de marzo de dos mil diecinueve, al haber tomado las medidas necesarias en el juicio natural para proveer lo conducente respecto del incidente de nulidad de notificaciones, con lo que se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa, y personalmente a la tercera interesada.

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