Antonina Mendoza Vasquez
Expediente 897/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 897/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 07/12/2020
Partes del expediente
- Antonina Mendoza Vasquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, siete de diciembre de dos mil veinte. Causa ejecutoria sentencia. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el trece de noviembre de dos mil veinte, mediante la cual se negó en el juicio de amparo en que se actúa, en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del presente año, se acuerda lo siguiente. Depuración. Se determina que el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, toda vez que se determinó negar la protección constitucional en el juicio de amparo en que se actúa, es decir, encuadra en la hipótesis prevista la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: [.] b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y [.] Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. En cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues presentó copia certificada de diversas constancias. En ese sentido, se indica a la parte quejosa que en caso de que requiera la devolución de dichos documentos, deberá solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
En San Andrés Cholula, Estado de Puebla, a las catorce horas con cincuenta minutos del trece de noviembre de dos mil veinte, *** SENTENCIA *** RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de noviembre de dos mil veinte. El Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, remite el acuerdo de cabildo de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, a través del cual se delega la facultad de iniciar, sustanciar y resolver el recurso de inconformidad previsto en el Reglamento de Mercados, Centrales de Abasto y del Comercio que se Ejerce en Vía Pública del Municipio de Tehuacán, Puebla. Al respecto, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de las constancias remitidas para los efectos legales a que haya lugar. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por presentada la prueba documental que exhibe la autoridad responsable, debiendo darse cuenta con ésta en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Informe justificado. Téngase por recibido el oficio del Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad oficiante. Con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por presentada la prueba documental que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, debiendo darse cuenta con ésta en la audiencia constitucional. En términos de lo dispuesto por los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tiene como delegado de la referida autoridad a la persona que menciona y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones que indica en el comunicado que se provee. Ahora, en atención a lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020,1 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, y a fin de mejorar la comunicación -no procesal- con las partes en el presente juicio, se tiene a la autoridad responsable proporcionando el correo electrónico direccionjuridica@tehuacan.gob.mx y dos números telefónicos, a través de los cuales se establecerá un canal de comunicación directa. Diferimiento. En tal sentido, y para dar margen a lo ordenado en líneas anteriores, con fundamento en el artículo 117 y 124 de la Ley de Amparo, procede diferir la audiencia constitucional para que transcurra en su integridad el plazo de ocho días de la vista otorgada a las partes. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. IMPONE QUE SE DIFIERA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA OTORGAR ÍNTEGRAMENTE A LAS PARTES, EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el análisis de dicho artículo, el plazo que permite al quejoso tener conocimiento del informe justificado, es de al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, que la circunstancia de que no se rinda con esa anticipación es imputable únicamente a la autoridad responsable y que en ningún caso puede provocar que se deje en estado de indefensión al quejoso. Conforme a ello, en el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, la audiencia debe diferirse para que se otorgue íntegramente a las partes el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, el cual, por tanto, debe computarse a partir de que surta efectos la notificación del auto en que se difiere la audiencia constitucional en términos del artículo 24, fracciones I y II del ordenamiento legal en cita, para que las partes se impongan del informe y, en su caso, cuenten con el tiempo suficiente para desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dando de esta manera, viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para el desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial; pues de computar ese plazo, contando los días que corren a partir del siguiente al en que surte efectos la notificación del proveído con que se da vista con el informe justificado hasta el anterior a la audiencia constitucional junto con los días que pasan entre el día siguiente a que surte efectos la notificación del auto que difiere la audiencia hasta que ésta se lleva a cabo, se deja en indefensión al gobernado ante la incertidumbre que genera el no conocer con seguridad el plazo efectivo que tiene para desvirtuar y probar las refutaciones que tenga contra el informe justificado, así como si dicho plazo verdaderamente será de ocho días, lo que puede ocasionar que actúe con vacilación respecto a imponerse del informe, realizar sus investigaciones, recabar los elementos probatorios necesarios para acreditar su derecho y ofrecerlos de manera oportuna. Por tanto, los jueces de Distrito tendrán que verificar, cuando difieran la audiencia constitucional con motivo de que el informe justificado se haya presentado en forma extemporánea, que entre la fecha en que surta efectos la notificación del proveído relativo y la nueva fecha señalada para su desahogo, transcurran cuando menos ocho días hábiles." Finalmente, se fijan para su celebración las CATORCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese.
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