Antelmo Juan Cariño Vargas
Expediente 277/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 36 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 277/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 28/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Antelmo Juan Cariño Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Incidental
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 277/2021-VII. Puebla, Puebla, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la copia de cuenta, se advierte que en esta fecha causó estado el auto por el cual se declaró cumplida la sentencia de amparo emitida en el juicio de amparo del cual deriva el presente incidente, y se ordenó el archivo del mismo Lo cual incluso constituye un hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, se procede a valorar el destino de este incidente formado por duplicado. Valoración documental. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que el cuaderno original de este incidente es susceptible de depuración, porque fue otorgada la suspensión definitiva, en una parte, respecto de las consecuencias de los actos reclamados. De ahí que transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la emisión de este proveído, deberán conservarse únicamente las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y, si existieran, de la violación a la misma, así como el presente acuerdo. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno duplicado será destruible dentro de los treinta días siguientes a cuando termine el plazo de conservación de seis meses, al que hace referencia el invocado artículo. Resguardo del incidente original. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que el cuaderno original de este incidente deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Depósito Documental que corresponda; ello, una vez realizada la depuración del cuaderno original. Sin embargo, con fundamento en el artículo 20 del mismo acuerdo general, el duplicado del incidente deberá resguardarse sólo durante seis meses. Carátula del incidente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del incidente. Anotaciones internas. Se ordena a la Oficial Judicial "A" que realice las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Revisión del incidente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el incidente físico coincida con el incidente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
PJUICIO DE AMPARO 277/2021-VII. Puebla, Puebla, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Declaración de firmeza. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del expediente, se advierte que en proveído de veinte de enero de dos mil veintidós, se declaró cumplida la sentencia dictada en este juicio. 1 De cuyo lapso deben descontarse los días cinco, seis, siete, doce, trece, diecinueve y veinte de febrero de dos mil veintidós,, por ser inhábiles. Lo cual se hizo del conocimiento a las partes en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, para manifestar lo que a su interés conviniera, apercibidas que en caso de no hacerlo, se tendría consentido tal acuerdo. Pese a lo anterior, el plazo otorgado transcurrió hasta su conclusión, y ninguna de las partes interpuso el recurso de inconformidad respectivo. Por tanto, con fundamento en el artículo 202 primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo quedó firme. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de depuración, lo cual deberá acontecer dentro de los noventa días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo, ya que se concedió el amparo en la sentencia de la audiencia constitucional. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del referido acuerdo general, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Depósito Documental que corresponda; ello después de realizada la depuración del expediente. Devolución de anexos. En virtud de que, el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, remitió copias certificadas del proceso *** en apoyo a su informe justificado, de su índice; pues, resulta innecesaria su retención; por ende, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales procedentes. Sin que sea necesario requerirle acuse recibo correspondiente puesto que se tratan de copias certificadas. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta notificar de manera personal a las demás partes, porque ningún derecho procesal está involucrado. Aunado a que si las responsables, el fiscal adscrito, los terceros interesados o el quejoso desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar al resto de las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Incidente de suspensión. Por último, se ordena glosar copia de este proveído al cuaderno incidental derivado del presente juicio, para acordar lo conducente. Notifíquese; y cúmplase.uebla, Puebla, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Declaración de firmeza. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del expediente, se advierte que en proveído de veinte de enero de dos mil veintidós, se declaró cumplida la sentencia dictada en este juicio. Lo cual se hizo del conocimiento a las partes en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, para manifestar lo que a su interés conviniera, apercibidas que en caso de no hacerlo, se tendría consentido tal acuerdo. Pese a lo anterior, el plazo otorgado transcurrió hasta su conclusión, y tanto la parte quejosa como las demás partes no interpusieron el recurso de inconformidad, pues ningún escrito se recibió dentro del periodo en mención. Por tanto, con fundamento en el artículo 202 primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme (causó estado) porque el cumplimiento allí declarado fue consentido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de depuración, lo cual deberá acontecer dentro de los noventa días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo, ya que se concedió el amparo en la sentencia de la audiencia constitucional. Resguardo del expediente (archivo). Con fundamento en el artículo 9, del referido acuerdo general, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Depósito Documental que corresponda; ello después de realizada la depuración del expediente. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo de presente expediente como asunto concluido. Devolución de anexos. En atención que el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, remitió copias certificadas del testimonio del proceso ********************/2015, en apoyo a su informe justificado, de su índice; pues, resulta innecesaria su retención; por ende, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales procedentes. Sin que sea necesario requerirle acuse recibo correspondiente puesto que se tratan de copias certificadas. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta notificar de manera personal a las demás partes, porque ningún derecho procesal está involucrado. Aunado a que si las responsables, el fiscal adscrito, los terceros interesados o el quejoso desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar al resto de las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Incidente de suspensión. Por último, se ordena glosar copia de este proveído al cuaderno incidental derivado del presente juicio, para acordar lo conducente. Notifíquese; y cúmplase. Así lo proveyó y firma la jueza María del Carmen Ruiz Medina, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante el secretario Carlos Sánchez Vázquez, que autoriza y da fe.
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. JUICIO DE AMPARO 277/2021-VII. Puebla, Puebla, veinte de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de este juicio, se observa que ha concluido el plazo de tres días concedidos a las partes, en auto de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, para manifestarse respecto de los actos efectuados, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Por consiguiente, se procede a determinar si ha quedado cumplida la ejecutoria protectora; Bajo esa premisa, está materializado el derecho de acceso a la justicia, reconocido a favor de , porque el juez responsable ha actuado conforme a los efectos esgrimidos en la sentencia de amparo dictada el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Para justificar lo anterior es necesario destacar: La sentencia de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno fue recurrida por la parte tercera interesada; y, ese medio de impugnación fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. Así, mediante testimonio de la ejecutoria pronunciada el once de noviembre de dos mil veintiuno, en el toca de revisión R-195/2021, la superioridad resolvió:.. "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. "SEGUNDO. Para los efectos precisados en la sentencia recurrida, la Justicia de la Unión Ampara y Protege... Luego, mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno se requirió el cumplimiento de la misma a la autoridad judicial responsable. Ahora, para mayor claridad, los efectos de la sentencia de amparo fueron los siguientes:"a) Deje insubsistente"." Entonces, en estricto apego a esos lineamientos, el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, mediante resolución de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del proceso dejó insubsistentes las resoluciones de ocho de marzo y treinta de noviembre, ambas de dos mil veintiuno y, emitió otra en la que decretó auto de libertad por falta de méritos para procesar con reservas de ley a favor del inculpado *, en la comisión del delito de fraude genérico, .. Ahora bien, de dicha resolución se advierte que el Juez responsable determinó que los elementos configurativos de la figura típica del delito en cuestión son: a) El que engañe a uno y b) Se hace ilícitamente de un lucro indebido.... De igual manera, tuvo por acreditada la relación laboral del inculpado aquí quejoso con la empresa víctima, mismo que desempeñaba el cargo de contador de la empresa víctima y que entre otras, realizaba las siguientes actividades: -Cobro y pago . También, de acuerdo a lo declaro por el inculpado, la autoridad responsable corroboró la mención de la víctima en el sentido de que el quejoso rendía un informe mensual, sin que conociera el contenido de dichos informes, ya que la propia ofendida manifestó que era imposible exhibir los estados mensuales que elaboraba el inculpado por que él se quedaba con ellos y, de los que ofreció respecto de la cuenta bancaria 297661 de la institución bancaria HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, no se pudo confirmar si era apócrifos, ni tampoco se tiene certeza de que el inculpado los haya entregado a la víctima. Luego, el juez responsable estableció que la intervención del inculpado al elaborar los cheques, consistía en llenar los espacios o anotar los datos correspondientes a la fecha, beneficiario y cantidad de los esqueletos de esos títulos de crédito; sin embargo, desconoce en qué momento el inculpado llenaba los esqueletos de los cheques, es decir, si antes o después de que la representante de la empresa los firmara, así como tampoco existe prueba para determinar qué cheques se debían expedir mediante una lista, para que el listado se pudiera cotejar con las copias certificadas de los cheques agregados a la indagatoria. En ese mismo sentido, con el dictamen pericial en materia de grafoscopía y documentos copía, determinó que el contenido de las pólizas fue escrito por el inculpado ahora quejoso, pero que el llenado de los mismos correspondía a sus funciones como contador público. Además, de un oficio de veinticuatro de marzo de dos mil once, la moral agraviada delegó facultades amplias al inculpado para efecto de recibir cheques devueltos, chequeras, estados de cuenta, copia de cheques, consulta de saldos y de movimientos, lo cual le generó incertidumbre en relación a que si esas facultades fueron conferidas a partir del veinticuatro de marzo de dos mil once o si existía una autorización previa para tal efecto, sobre todo porque de acuerdo con la conducta atribuida al procesados, dichos actos ilícitos datan de dos mil seis. Del mismo oficio, se desprendió que el inculpado carecía de facultades para suscribir cheques, por lo que el hecho de únicamente los haya elaborado, no es suficiente para acreditar que el documentos normativo fue alterado de manera posterior a su firma. Incluso, no tuvo por justificado el hecho de que el inculpado se haya apoderado del numerario consignado a terceros mediante cheques endosados, pues la parte acusadora no demostró que esos endosos no existieran o que los mismos fueran falsos. Asimismo, estableció que la documentación aportada por la querellante a la indagatoria, únicamente se cuenta con talones o controles de algunas pólizas de cheques y respecto de las transferencias bancarias, se carece de soporte documental. Por todo lo anterior, determinó que con las probanzas analizadas no se encuentra demostrados todos los elementos del cuerpo del delito de fraude genérico, ni la probable responsabilidad del hoy inculpado. De ese modo, resulta patente que la autoridad responsable ha cumplido con los efectos precisados en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. En ningún momento se pierden de vista las manifestaciones de la tercera interesada; sin embargo, no le asiste la razón en cuanto a que no determina si fue error o engaño el medio comisivo del delito; pues, precisamente, la falta de elementos para procesar que adujo el juez responsable, le impidieron acreditar alguna de esas hipótesis delictivas. Tampoco se comparte el argumento de que la autoridad judicial dejara de valorar los dictámenes periciales, porque al analizar el dictamen contable y, el diverso emitido por , dedujo que existía una discrepancia contable -en los montos-; sin embargo, tal circunstancia no fue suficiente para emitir un auto de formal prisión, en virtud de que el juez responsable advirtió otras deficiencias que impidieron acreditar los elementos del cuerpo del delito de fraude genérico, particularmente, si fue error o engaño el medio comisivo del delito. Con independencia a ello, se otorgó plenitud de jurisdicción para que el juez responsable resolviera la situación jurídica del aquí quejoso purgando los vicios destacados en la sentencia de amparo; y, en atención a ello, decidió dictar un auto de libertad por falta de méritos para procesar en favor del aquí quejoso. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina cumplida la sentencia, sin excesos ni defectos. Pero, si alguna de las partes llegara a estar inconforme con la decisión adoptada, se le hace saber que tiene derecho a recurrirla a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Para su presentación cuenta con un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al que surta efecto la notificación de éste acuerdo. Por lo que, como ya se dijo en párrafos anteriores se tiene cabalmente cumplida la ejecutoria de mérito; . Dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para que estén en aptitud de manifestarse -si lo desea- en términos de sus obligaciones legales. Por último, con el objeto de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se puntualizan los datos siguientes: a) El veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno se tuvo por recibida la ejecutoria del Primer Tribunal Colegido y se requirió cumplimiento a la autoridad responsable; b) El Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, cumplió la protección constitucional, mediante determinación de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno; c) El veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de este juzgado el último oficio donde el juez responsable informó dicho cumplimiento; y d) En la presente fecha, -veinte de enero de dos mil veintidós-, . Notifíquese; de manera personal al quejoso y a los terceros interesados, al agente del ministerio público de la federación y a las autoridades responsables mediante oficio; y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 277/2021-VII. Puebla, Puebla, veinte de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de este juicio, se observa que ha concluido el plazo de tres días concedidos a las partes, en auto de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, para manifestarse respecto de los actos efectuados, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Por consiguiente, se procede a determinar si ha quedado cumplida la ejecutoria protectora; Bajo esa premisa, está materializado el derecho de acceso a la justicia, reconocido a favor de , porque el juez responsable ha actuado conforme a los efectos esgrimidos en la sentencia de amparo dictada el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Para justificar lo anterior es necesario destacar: La sentencia de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno fue recurrida por la parte tercera interesada; y, ese medio de impugnación fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. Así, mediante testimonio de la ejecutoria pronunciada el once de noviembre de dos mil veintiuno, en el toca de revisión R-195/2021, la superioridad resolvió:.. "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. "SEGUNDO. Para los efectos precisados en la sentencia recurrida, la Justicia de la Unión Ampara y Protege... Luego, mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno se requirió el cumplimiento de la misma a la autoridad judicial responsable. Ahora, para mayor claridad, los efectos de la sentencia de amparo fueron los siguientes:"a) Deje insubsistente"." Entonces, en estricto apego a esos lineamientos, el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, mediante resolución de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del proceso dejó insubsistentes las resoluciones de ocho de marzo y treinta de noviembre, ambas de dos mil veintiuno y, emitió otra en la que decretó auto de libertad por falta de méritos para procesar con reservas de ley a favor del inculpado *, en la comisión del delito de fraude genérico, .. Ahora bien, de dicha resolución se advierte que el Juez responsable determinó que los elementos configurativos de la figura típica del delito en cuestión son: a) El que engañe a uno y b) Se hace ilícitamente de un lucro indebido.... De igual manera, tuvo por acreditada la relación laboral del inculpado aquí quejoso con la empresa víctima, mismo que desempeñaba el cargo de contador de la empresa víctima y que entre otras, realizaba las siguientes actividades: -Cobro y pago . También, de acuerdo a lo declaro por el inculpado, la autoridad responsable corroboró la mención de la víctima en el sentido de que el quejoso rendía un informe mensual, sin que conociera el contenido de dichos informes, ya que la propia ofendida manifestó que era imposible exhibir los estados mensuales que elaboraba el inculpado por que él se quedaba con ellos y, de los que ofreció respecto de la cuenta bancaria 297661 de la institución bancaria HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, no se pudo confirmar si era apócrifos, ni tampoco se tiene certeza de que el inculpado los haya entregado a la víctima. Luego, el juez responsable estableció que la intervención del inculpado al elaborar los cheques, consistía en llenar los espacios o anotar los datos correspondientes a la fecha, beneficiario y cantidad de los esqueletos de esos títulos de crédito; sin embargo, desconoce en qué momento el inculpado llenaba los esqueletos de los cheques, es decir, si antes o después de que la representante de la empresa los firmara, así como tampoco existe prueba para determinar qué cheques se debían expedir mediante una lista, para que el listado se pudiera cotejar con las copias certificadas de los cheques agregados a la indagatoria. En ese mismo sentido, con el dictamen pericial en materia de grafoscopía y documentos copía, determinó que el contenido de las pólizas fue escrito por el inculpado ahora quejoso, pero que el llenado de los mismos correspondía a sus funciones como contador público. Además, de un oficio de veinticuatro de marzo de dos mil once, la moral agraviada delegó facultades amplias al inculpado para efecto de recibir cheques devueltos, chequeras, estados de cuenta, copia de cheques, consulta de saldos y de movimientos, lo cual le generó incertidumbre en relación a que si esas facultades fueron conferidas a partir del veinticuatro de marzo de dos mil once o si existía una autorización previa para tal efecto, sobre todo porque de acuerdo con la conducta atribuida al procesados, dichos actos ilícitos datan de dos mil seis. Del mismo oficio, se desprendió que el inculpado carecía de facultades para suscribir cheques, por lo que el hecho de únicamente los haya elaborado, no es suficiente para acreditar que el documentos normativo fue alterado de manera posterior a su firma. Incluso, no tuvo por justificado el hecho de que el inculpado se haya apoderado del numerario consignado a terceros mediante cheques endosados, pues la parte acusadora no demostró que esos endosos no existieran o que los mismos fueran falsos. Asimismo, estableció que la documentación aportada por la querellante a la indagatoria, únicamente se cuenta con talones o controles de algunas pólizas de cheques y respecto de las transferencias bancarias, se carece de soporte documental. Por todo lo anterior, determinó que con las probanzas analizadas no se encuentra demostrados todos los elementos del cuerpo del delito de fraude genérico, ni la probable responsabilidad del hoy inculpado. De ese modo, resulta patente que la autoridad responsable ha cumplido con los efectos precisados en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. En ningún momento se pierden de vista las manifestaciones de la tercera interesada; sin embargo, no le asiste la razón en cuanto a que no determina si fue error o engaño el medio comisivo del delito; pues, precisamente, la falta de elementos para procesar que adujo el juez responsable, le impidieron acreditar alguna de esas hipótesis delictivas. Tampoco se comparte el argumento de que la autoridad judicial dejara de valorar los dictámenes periciales, porque al analizar el dictamen contable y, el diverso emitido por , dedujo que existía una discrepancia contable -en los montos-; sin embargo, tal circunstancia no fue suficiente para emitir un auto de formal prisión, en virtud de que el juez responsable advirtió otras deficiencias que impidieron acreditar los elementos del cuerpo del delito de fraude genérico, particularmente, si fue error o engaño el medio comisivo del delito. Con independencia a ello, se otorgó plenitud de jurisdicción para que el juez responsable resolviera la situación jurídica del aquí quejoso purgando los vicios destacados en la sentencia de amparo; y, en atención a ello, decidió dictar un auto de libertad por falta de méritos para procesar en favor del aquí quejoso. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina cumplida la sentencia, sin excesos ni defectos. Pero, si alguna de las partes llegara a estar inconforme con la decisión adoptada, se le hace saber que tiene derecho a recurrirla a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Para su presentación cuenta con un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al que surta efecto la notificación de éste acuerdo. Por lo que, como ya se dijo en párrafos anteriores se tiene cabalmente cumplida la ejecutoria de mérito; . Dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para que estén en aptitud de manifestarse -si lo desea- en términos de sus obligaciones legales. Por último, con el objeto de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se puntualizan los datos siguientes: a) El veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno se tuvo por recibida la ejecutoria del Primer Tribunal Colegido y se requirió cumplimiento a la autoridad responsable; b) El Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, cumplió la protección constitucional, mediante determinación de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno; c) El veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de este juzgado el último oficio donde el juez responsable informó dicho cumplimiento; y d) En la presente fecha, -veinte de enero de dos mil veintidós-, . Notifíquese; de manera personal al quejoso y a los terceros interesados, al agente del ministerio público de la federación y a las autoridades responsables mediante oficio; y cúmplase.
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