Anselmo Romero Juarez

Expediente 716/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
716/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
15/08/2019

Partes del expediente

  • Anselmo Romero Juarez

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de este juicio, se advierte que el quejoso omitió recurrir el acuerdo de treinta de julio de dos mil diecinueve en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA QUE EL REFERIDO AUTO HA CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. Se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente asunto en el que se tuvo no presentada la demanda, es susceptible de destrucción, en atención al sentido del proveído dictado en el mismo. Empero, se hace notar que el presente asunto carece de relevancia documental. Finalmente, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en los libros de gobierno.

  2. Principal

    SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE PROMOVENTE. Se recibe la demanda de amparo signada por ***, por propio derecho, contra actos del Gobernador del Estado de Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquéllo de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" . Ahora, de la demanda de amparo se advierte como actos reclamados los siguientes: ? Del Gobernador del Estado de Puebla, Congreso del Estado de Puebla y Secretario General del Gobierno del Estado de Puebla, los vicios en la promulgación del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el cuatro de enero de dos mil doce, donde se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del hoy Código Penal del Estado de Puebla, en específico su artículo 373. En concreto, el vicio concerniente en no recabar el refrendo del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, para la promulgación del referido decreto; ? Del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, se reclama el no haber refrendado el decreto promulgatorio que reformó el artículo 373 del entonces Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el cuatro de enero de dos mil doce; ? Al Director del Periódico Oficial del Estado de Puebla la publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado de Puebla de cuatro de enero de dos mil doce, donde se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del entonces Código de Defensa Social para el Estado de Puebla; en específico el artículo 373 al no estar refrendado por el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla; y ? Respecto al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, la indebida aplicación del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla de cuatro de enero de dos mil doce. Sin embargo, de la lectura integral de la demanda de amparo, en particular de los capítulos de los antecedentes del acto reclamado y conceptos de violación se desprende que el quejoso refirió que el doce de julio de dos mil diecinueve fue citado a la audiencia de formulación de imputación el catorce de agosto de dos mil diecinueve, por la probable comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado en los artículos 373, 374, fracción IV, y 380, fracciones X y XI, del Código Penal del Estado de Puebla. Por ello, ante la lectura en su conjunto de la demanda de amparo conlleva a visualizar lo que se pretende reclamar es la citación (a través de un auto, proveído o determinación) para la audiencia de formulación de imputación fijada para llevarse a cabo el catorce de agosto de dos mil diecinueve. Por lo cual, resulta evidente la actualización de una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo . Para explicar lo anterior se toma en consideración que la regulación de la citación a la audiencia de formulación de imputación está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales . Luego, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes citado es posible establecer que la citación de la persona investigada en la cual habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del Ministerio Público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva; lo anterior lo advierto de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales . Audiencia en la cual podrá ser o no vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Sin ser obstáculo la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141 del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, al ser ello un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el agente del Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. De ahí que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Por consiguiente el proveído por el cual se realiza la citación al quejoso para comparecer a la audiencia inicial a fin de que se le formule imputación, así como la ejecución de esa citación, se trata de actos judiciales fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, también a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que implica la improcedencia de este asunto. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 239, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia Común, Penal, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el epígrafe: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]" . Cabe agregar que la improcedencia advertida en este sumario también puede comprenderse en los alcances del derecho a la protección judicial, tutelado por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la demora en la tramitación de los procedimientos, implica una denegación del acceso a la justicia que se relaciona con la efectividad de los recursos. Por ello determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a los jueces encargados de los procesos, a evitar dilaciones y entorpecimientos que conduzcan a la impunidad y frustren la debida protección de los derechos humanos. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la pertinencia del amparo frente al derecho a la protección judicial, hasta puntualizar que debe evitarse el uso indebido de ese recurso (sic) para cancelar la posibilidad de que se transforme en un medio de dilatación y entorpecimiento del proceso judicial. Improcedencia del acto de aplicación antes precisado que se hace extensiva a los diversos actos combatidos a las autoridades legislativas que se reclaman, consistentes en: ? Los vicios en la promulgación del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el cuatro de enero de dos mil doce, donde se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del hoy Código Penal del Estado de Puebla, en específico su artículo 373. En concreto en no recabar el refrendo del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, para la publicación del referido decreto; ? El no haber refrendado el decreto promulgatorio que reformó el artículo 373 del entonces Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el cuatro de enero de dos mil doce; ? La publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado de Puebla de cuatro de enero de dos mil doce, donde se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del entonces Código de Defensa Social para el Estado de Puebla; en específico el artículo 373 al no estar refrendado por el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla; y, ? La indebida aplicación del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla de cuatro de enero de dos mil doce. Es así, porque dichos actos concernientes al precepto legal antes mencionado, que se impugnan en esta vía constitucional, fueron reclamados con motivo de su primer acto de aplicación relativo al auto, proveído, o determinación del doce de julio de dos mil diecinueve donde se le citó para la formulación de imputación (como se ha visto resultó improcedente). En efecto, el artículo 373 del entonces Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, se combate como norma jurídica heteroaplicativa, es decir, con motivo de su primer acto de aplicación; empero, al resultar improcedente esta vía de amparo indirecto respecto de este último (proveído de doce de julio de dos mil diecinueve donde se citó al impetrante a la audiencia de formulación de imputación), es inconcuso que también es improcedente respecto de dicha norma legal reclamada. Tiene aplicación la tesis aislada de la séptima época, página 27, volumen 217-228 del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación con el rubro siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACIÓN. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO". Al margen de lo expuesto, es evidente que aún no se actualiza la aplicación directa al quejoso de las hipótesis normativas previstas del precepto legal reclamado, pues no se le ha formulado imputación por el tipo penal que prevé dicha disposición normativa. De ahí que también cobra vigencia la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa fracción I del numeral 77 de la ley de la materia. Porque ello trae como consecuencia la imposibilidad para restituir al quejoso en el pleno goce de su derecho violado, pues como se analizó, la disposición normativa impugnada prevé la descripción típica del delito de robo, pero las hipótesis jurídicas que la integran no se han actualizado aún en perjuicio del quejoso, pues aún no tiene aplicación, dado que la audiencia para formulación de imputación todavía no se ha llevado a cabo. Se afirma lo anterior, porque por regla general cuando se promueve un amparo indirecto contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, porque esta última es precisamente el que le causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solo, al existir vinculación directa entre el ordenamiento y el acto de aplicación. Por tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, pues se actualizaron las referidas causas de improcedencia manifiesta e indudablemente. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Al margen de lo anterior, se hace notar que el sentido de la determinación adoptada de ningún modo contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS" . Por otra parte, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda de amparo. Se tiene por autorizados sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas mencionadas en su demanda, pues el quejoso omitió otorgarles las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo. También se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, a éste o la persona autorizada en la demanda de amparo, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse los autorizados (y el quejoso) al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellos, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, se deja establecido que la determinación se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA ". En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.

  3. Principal

    Se recibe la demanda de amparo signada por ***, por propio derecho, contra actos del Gobernador del Estado de Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquéllo de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" . Ahora, de la demanda de amparo se advierte como actos reclamados los siguientes: ? Del Gobernador del Estado de Puebla, Congreso del Estado de Puebla y Secretario General del Gobierno del Estado de Puebla, los vicios en la promulgación del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el cuatro de enero de dos mil doce, donde se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del hoy Código Penal del Estado de Puebla, en específico su artículo 373. En concreto, el vicio concerniente en no recabar el refrendo del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, para la promulgación del referido decreto; ? Del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, se reclama el no haber refrendado el decreto promulgatorio que reformó el artículo 373 del entonces Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el cuatro de enero de dos mil doce; ? Al Director del Periódico Oficial del Estado de Puebla la publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado de Puebla de cuatro de enero de dos mil doce, donde se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del entonces Código de Defensa Social para el Estado de Puebla; en específico el artículo 373 al no estar refrendado por el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla; y ? Respecto al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, la indebida aplicación del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla de cuatro de enero de dos mil doce. Sin embargo, de la lectura integral de la demanda de amparo, en particular de los capítulos de los antecedentes del acto reclamado y conceptos de violación se desprende que el quejoso refirió que el doce de julio de dos mil diecinueve fue citado a la audiencia de formulación de imputación el catorce de agosto de dos mil diecinueve, por la probable comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado en los artículos 373, 374, fracción IV, y 380, fracciones X y XI, del Código Penal del Estado de Puebla. Por ello, ante la lectura en su conjunto de la demanda de amparo conlleva a visualizar lo que se pretende reclamar es la citación (a través de un auto, proveído o determinación) para la audiencia de formulación de imputación fijada para llevarse a cabo el catorce de agosto de dos mil diecinueve. Por lo cual, resulta evidente la actualización de una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo . Para explicar lo anterior se toma en consideración que la regulación de la citación a la audiencia de formulación de imputación está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales . Luego, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes citado es posible establecer que la citación de la persona investigada en la cual habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del Ministerio Público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva; lo anterior lo advierto de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales . Audiencia en la cual podrá ser o no vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Sin ser obstáculo la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141 del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, al ser ello un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el agente del Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. De ahí que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Por consiguiente el proveído por el cual se realiza la citación al quejoso para comparecer a la audiencia inicial a fin de que se le formule imputación, así como la ejecución de esa citación, se trata de actos judiciales fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, también a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que implica la improcedencia de este asunto. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 239, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia Común, Penal, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el epígrafe: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]" . Cabe agregar que la improcedencia advertida en este sumario también puede comprenderse en los alcances del derecho a la protección judicial, tutelado por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la demora en la tramitación de los procedimientos, implica una denegación del acceso a la justicia que se relaciona con la efectividad de los recursos. Por ello determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a los jueces encargados de los procesos, a evitar dilaciones y entorpecimientos que conduzcan a la impunidad y frustren la debida protección de los derechos humanos. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la pertinencia del amparo frente al derecho a la protección judicial, hasta puntualizar que debe evitarse el uso indebido de ese recurso (sic) para cancelar la posibilidad de que se transforme en un medio de dilatación y entorpecimiento del proceso judicial. Improcedencia del acto de aplicación antes precisado que se hace extensiva a los diversos actos combatidos a las autoridades legislativas que se reclaman, consistentes en: ? Los vicios en la promulgación del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el cuatro de enero de dos mil doce, donde se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del hoy Código Penal del Estado de Puebla, en específico su artículo 373. En concreto en no recabar el refrendo del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, para la publicación del referido decreto; ? El no haber refrendado el decreto promulgatorio que reformó el artículo 373 del entonces Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el cuatro de enero de dos mil doce; ? La publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado de Puebla de cuatro de enero de dos mil doce, donde se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del entonces Código de Defensa Social para el Estado de Puebla; en específico el artículo 373 al no estar refrendado por el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla; y, ? La indebida aplicación del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla de cuatro de enero de dos mil doce. Es así, porque dichos actos concernientes al precepto legal antes mencionado, que se impugnan en esta vía constitucional, fueron reclamados con motivo de su primer acto de aplicación relativo al auto, proveído, o determinación del doce de julio de dos mil diecinueve donde se le citó para la formulación de imputación (como se ha visto resultó improcedente). En efecto, el artículo 373 del entonces Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, se combate como norma jurídica heteroaplicativa, es decir, con motivo de su primer acto de aplicación; empero, al resultar improcedente esta vía de amparo indirecto respecto de este último (proveído de doce de julio de dos mil diecinueve donde se citó al impetrante a la audiencia de formulación de imputación), es inconcuso que también es improcedente respecto de dicha norma legal reclamada. Tiene aplicación la tesis aislada de la séptima época, página 27, volumen 217-228 del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación con el rubro siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACIÓN. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO". Al margen de lo expuesto, es evidente que aún no se actualiza la aplicación directa al quejoso de las hipótesis normativas previstas del precepto legal reclamado, pues no se le ha formulado imputación por el tipo penal que prevé dicha disposición normativa. De ahí que también cobra vigencia la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa fracción I del numeral 77 de la ley de la materia. Porque ello trae como consecuencia la imposibilidad para restituir al quejoso en el pleno goce de su derecho violado, pues como se analizó, la disposición normativa impugnada prevé la descripción típica del delito de robo, pero las hipótesis jurídicas que la integran no se han actualizado aún en perjuicio del quejoso, pues aún no tiene aplicación, dado que la audiencia para formulación de imputación todavía no se ha llevado a cabo. Se afirma lo anterior, porque por regla general cuando se promueve un amparo indirecto contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, porque esta última es precisamente el que le causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solo, al existir vinculación directa entre el ordenamiento y el acto de aplicación. Por tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, pues se actualizaron las referidas causas de improcedencia manifiesta e indudablemente. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Al margen de lo anterior, se hace notar que el sentido de la determinación adoptada de ningún modo contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS" . Por otra parte, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda de amparo. Se tiene por autorizados sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas mencionadas en su demanda, pues el quejoso omitió otorgarles las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo. También se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, a éste o la persona autorizada en la demanda de amparo, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse los autorizados (y el quejoso) al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellos, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, se deja establecido que la determinación se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA ". En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.

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