Anthony Meza Gonzalez
Expediente 756/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 756/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Anthony Meza Gonzalez
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 756/2021-VI. En diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se da cuenta con el oficio remitido vía interconexión y registrado con el folio de control interno 11463. Conste. Puebla, Puebla, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, con firma electrónica y evidencia criptográfica de la Actuaria de del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual transcribe el auto de dieciocho de agosto del año en curso, de cuyo contenido se advierte que el tribunal de alzada de mérito, acusa recibo del juicio de amparo ++++ por lo que dio trámite el conflicto competencial, suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, y este juzgado, el cual quedó registrado bajo el número 11/2021 de su índice. De lo que se toma nota para los efectos legales correspondientes
- Principal
JUICIO DE AMPARO 756/2021-VII. En dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, se da cuenta a la jueza con un oficio recibido de manera física y registrado con el folio de control interno 11200. Conste. Puebla, Puebla, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Se recibe el oficio de cuenta, remitido por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, por el que informa que no acepta la competencia declinada mediante acuerdo de veintiséis de julio del año en curso, por los motivos que expone. Sin embargo, esta operadora jurídica insiste en declinar la competencia de mérito, por lo que con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, lo procedente es plantear conflicto competencial. Por tanto, dado que éste se suscita entre órganos que no son de la jurisdicción del mismo tribunal colegiado de circuito, se ordena remitir los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, a fin de que por su conducto lo envíe al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno, al que corresponda substanciar el conflicto competencial referido. Se solicita de manera atenta al tribunal colegiado respectivo, se sirva acusar el recibo de estilo. Al respecto, es pertinente señalar (tal como se hizo por auto de veintiséis de julio de dos mil veintiuno) que se considera que se carece de competencia legal en el ámbito territorial en atención a los actos reclamados que consisten en: La omisión de girar los respectivos oficios para ordenar la cancelación del reporte de robo de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve (la falta de entrega al quejoso la resolución o la conclusión de la carpeta de investigación ++, con número único de caso ++++, que resuelve que la unidad que presenta reporte de robo es recuperada y se cancele o se dé baja de la base de datos del REPUVE), atribuida a la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional de Culiacán, Sinaloa; El etiquetado y la no baja o cancelación del reporte de robo de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, del vehículo +++++++; atribuido a la Oficina de REPUVE en Sinaloa con sede en la Coordinación en Investigación de Vehículos Robados; y, La continuación del reporte de robo en su base de datos, relativo a dicho vehículo, atribuido a la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados con Reporte de Robo. Lo anterior se ha estimado así, al no contar con datos objetivos que permitan sostener razonablemente que los actos reclamados tendrán ejecución en la circunscripción territorial donde este juzgado de distrito ejerce su competencia legal, en términos del párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, por ello, se consideró que la competencia para conocer del asunto corresponde al juez de distrito con residencia en el lugar donde derivó el acto reclamado (Culiacán, Sinaloa), pues no hay duda de que ahí se comenzó a materializar ese acto de autoridad, habida cuenta que se trata de actos omisivos con efectos positivos y se carece de datos suficientes para ubicar que la ejecución de esos específicos actos se efectúe o pretenda realizar en la residencia de este órgano jurisdiccional (la ciudad de Puebla). Esto, pues de los antecedentes del acto reclamado sólo se desprende que el quejoso circulaba por la ciudad de Puebla con dicho vehículo, y de manera posterior se le acercaron unos elementos de la policía de investigación, para manifestarle que contaba con reporte de robo. Sin embargo, tales manifestaciones no resultan suficientes para implicar una posible ejecución de los actos reclamados, habida cuenta que el quejoso no reclamó la detención o aseguramiento de ese vehículo, aunado a que dichos elementos de policía tampoco lo aseguraron ni detuvieron, y ni siquiera se precisa que tenga placas del estado de Puebla. Dicho en otras palabras, los actos reclamados no se enfocan en la privación de la posesión o de la propiedad del vehículo en cuestión; por el contrario, dichos actos se centran en una omisión del representante social del estado de Sinaloa (autoridad ordenadora), y sus efectos se traducen primeramente en la continuidad de un reporte que existe en una base de datos, cuyo manejo se atribuye por el quejoso a autoridades responsables ejecutoras también radicadas en aquella entidad federativa; esto es así, habida cuenta que los actos combatidos en esta vía de amparo derivan de una carpeta de investigación seguida en ese diverso estado de la República. Esto, aunado que de la demanda de amparo sólo señaló autoridades ejecutoras con residencia en el estado de Sinaloa. Además, en el presente caso, se estima que -como se dijo- los actos reclamados tienen una naturaleza jurídica negativa con efectos positivos, pues la abstención reclamada de autoridades ordenadoras y ejecutoras residentes en el estado de Sinaloa, provoca como efecto lógico-jurídico e inmediato que se siga ejecutando materialmente la afectación de la esfera de derechos del gobernado, como lo es la restricción o molestia que recae en su derecho de propiedad o posesión (en su caso) sobre dicho vehículo, lo que conlleva a que esos efectos tienen inmersa e implícita su ejecución derivada de las omisiones combatidas que se materializó desde la inserción o captura en la base de datos respectiva que realizó la autoridad de Sinaloa. En efecto, cuando el acto reclamado consiste en omisiones de la autoridad responsable como las reclamadas, tales como la omisión de girar los respectivos oficios para ordenar la cancelación del reporte de robo de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, o bien, la no baja o cancelación del reporte de robo de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, del vehículo marca ++++++; que (se infiere) fue objeto de aseguramiento ministerial y a la postre liberado de dicha medida cautelar, tiene la naturaleza jurídica de un acto negativo con efectos positivos, ya que si bien esa omisión, en apariencia, es un acto puramente de carácter negativo, lo cierto es que tal "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad continúe con la abstención que se le impugna cuyo origen deriva de una autoridad de Sinaloa, lo que provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos del quejoso. De ahí que, como se precisó, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, se consideró que el juez de distrito competente para conocer de la demanda de amparo, es donde se originó el acto reclamado y se carece de suficientes datos para ubicar que la ejecución sea en la ciudad de Puebla. Máxime que, como se dijo, las autoridades ejecutoras tienen su residencia en el estado de Sinaloa. Por tanto, al considerar la actualización de la incompetencia legal por territorio de este juzgado para continuar con el conocimiento y trámite del juicio de amparo promovido por el aquí quejoso +++++, se ordena remitir los autos a la superioridad que en turno corresponda a fin de que se resuelva en conflicto competencial suscitado entre este juzgado y el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa; lo cual se ordena hacer del conocimiento al juzgado oficiante. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 756/2021-VI. Puebla, Puebla, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que será recibida de manera física, promovida por *, por derecho propio, contra actos de la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional de Culiacán, Sinaloa Incompetencia legal. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierten diversas particularidades del asunto que conducen a este órgano constitucional a concluir que se carece de competencia legal en el ámbito territorial para actuar. Así es, por los siguientes actos reclamados: ? La omisión de girar los respectivos oficios para ordenar la cancelación del reporte de robo de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve (la falta de entrega al quejoso la resolución o la conclusión de la carpeta de investigación *, con número único de caso *, que resuelve que la unidad que presenta reporte de robo es recuperada y se cancele o se dé baja de la base de datos del REPUVE), atribuida a la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional de Culiacán, Sinaloa; ? El etiquetado y la no baja o cancelación del reporte de robo de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, del vehículo marca Chevrolet, modelo dos mil trece, tipo *; atribuido a la Oficina de REPUVE en Sinaloa con sede en la Coordinación en Investigación de Vehículos Robados; y, ? La continuación del reporte de robo en su base de datos, relativo a dicho vehículo, atribuido a la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados con Reporte de Robo. Ello, al no contar con datos objetivos que permitan colegir que los actos reclamados tendrán ejecución en la circunscripción territorial donde este juzgado de distrito ejerce su competencia, en términos del párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del asunto corresponderá al juez de distrito con residencia en el lugar donde derivó el acto reclamado (Culiacán, Sinaloa), pues no hay duda de que ahí se comenzó a materializar ese acto de autoridad, habida cuenta que se trata de actos omisivos con efectos positivos y se carece de datos suficientes para ubicar que la ejecución de esos específicos actos se efectué o pretenda realizar en la residencia de este órgano jurisdiccional (la ciudad de Puebla). Esto, pues de los antecedentes del acto reclamado sólo se desprende que el quejoso circulaba por la ciudad de Puebla con dicho vehículo, y de manera posterior se le acercaron unos elementos de la policía de investigación, para manifestarle que contaba con reporte de robo. Sin embargo, tales manifestaciones no resultan suficientes para implicar una posible ejecución de los actos reclamados, habida cuenta que el quejoso no reclamó la detención o aseguramiento de ese vehículo, aunado a que dichos elementos de policía tampoco lo aseguraron ni detuvieron, y ni siquiera se precisa que tenga placas del estado de Puebla. Dicho en otras palabras, los actos reclamados no se enfocan en la privación de la posesión o de la propiedad del vehículo en cuestión; por el contrario, dichos actos se centran en una omisión del representante social del estado de Sinaloa (autoridad ordenadora), y sus efectos se traducen primeramente en la continuidad de un reporte que existe en una base de datos, cuyo manejo se atribuye por el quejoso a autoridades responsables ejecutoras también radicadas en aquella entidad federativa; esto es así, habida cuenta que los actos combatidos en esta vía de amparo derivan de una carpeta de investigación seguida en ese diverso estado de la República. Esto, aunado que de la demanda de amparo sólo señaló autoridades ejecutoras con residencia en el estado de Sinaloa. Además, en el presente caso, se estima que -como se dijo- los actos reclamados, su naturaleza jurídica es negativa con efectos positivos, pues la abstención reclamada de autoridades ordenadoras y ejecutoras residentes en el estado de Sinaloa, provoca como efecto lógico-jurídico e inmediato que se siga ejecutando materialmente la afectación de la esfera de derechos del gobernado, como lo es la restricción o molestia que recae en su derecho de propiedad o posesión (en su caso) sobre dicho vehículo, lo que conlleva a que esos efectos tienen inmersa e implícita su ejecución derivada de las omisiones combatidas. En efecto, cuando el acto reclamado consiste en omisiones de la autoridad responsable como las reclamadas, tales como la omisión de girar los respectivos oficios para ordenar la cancelación del reporte de robo de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, o bien, la no baja o cancelación del reporte de robo de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, del vehículo *; que (se infiere) fue objeto de aseguramiento ministerial y a la postre liberado de dicha medida cautelar, tiene la naturaleza jurídica de un acto negativo con efectos positivos, ya que si bien esa omisión, en apariencia, es un acto puramente de carácter negativo, lo cierto es que tal "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad continúe con la abstención que se le impugna cuyo origen deriva de una autoridad de Sinaloa, lo que provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos del quejoso. Por lo cual, como se precisó, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, el juez de distrito competente para conocer de la demanda de amparo, es donde se originó el acto reclamado y se carece de suficientes datos para ubicar que la ejecución sea en la ciudad de Puebla. Máxime que, como se dijo, las autoridades ejecutoras tienen su residencia en el estado de Sinaloa. Por tanto, este operador jurídico declara la actualización de la incompetencia legal por territorio de este juzgado para continuar con el conocimiento y trámite del juicio de amparo promovido por el aquí quejoso * Lo cual obliga a declinar el conocimiento del asunto al Juez de Distrito de Amparo en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, en turno, sin perderse de vista que tendrá los elementos idóneos y eficaces para recabar pruebas de manera eficaz, por compartir la misma residencia de las autoridades responsables señaladas en la demanda. Por tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, entre otros temas: Se declina la competencia legal por territorio al Juez de Distrito de Amparo en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, en turno. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes, se ordena remitir el presente expediente formado con la demanda de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, en turno, para que lo turne al juzgado de distrito que corresponda. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el físico que señaló en su demanda de amparo. Asimismo, para recibir y oír notificaciones a las personas que refirió en la misma, porque no les confirió las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, y cúmplase.
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE PROMOVENTE. JUICIO DE AMPARO 756/2021-VI. Puebla, Puebla, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que será recibida de manera física, promovida por *, por derecho propio, contra actos de la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional de Culiacán, Sinaloa Incompetencia legal. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierten diversas particularidades del asunto que conducen a este órgano constitucional a concluir que se carece de competencia legal en el ámbito territorial para actuar. Así es, por los siguientes actos reclamados: ? La omisión de girar los respectivos oficios para ordenar la cancelación del reporte de robo de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve (la falta de entrega al quejoso la resolución o la conclusión de la carpeta de investigación *, con número único de caso *, que resuelve que la unidad que presenta reporte de robo es recuperada y se cancele o se dé baja de la base de datos del REPUVE), atribuida a la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional de Culiacán, Sinaloa; ? El etiquetado y la no baja o cancelación del reporte de robo de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, del vehículo marca Chevrolet, modelo dos mil trece, tipo *; atribuido a la Oficina de REPUVE en Sinaloa con sede en la Coordinación en Investigación de Vehículos Robados; y, ? La continuación del reporte de robo en su base de datos, relativo a dicho vehículo, atribuido a la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados con Reporte de Robo. Ello, al no contar con datos objetivos que permitan colegir que los actos reclamados tendrán ejecución en la circunscripción territorial donde este juzgado de distrito ejerce su competencia, en términos del párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del asunto corresponderá al juez de distrito con residencia en el lugar donde derivó el acto reclamado (Culiacán, Sinaloa), pues no hay duda de que ahí se comenzó a materializar ese acto de autoridad, habida cuenta que se trata de actos omisivos con efectos positivos y se carece de datos suficientes para ubicar que la ejecución de esos específicos actos se efectué o pretenda realizar en la residencia de este órgano jurisdiccional (la ciudad de Puebla). Esto, pues de los antecedentes del acto reclamado sólo se desprende que el quejoso circulaba por la ciudad de Puebla con dicho vehículo, y de manera posterior se le acercaron unos elementos de la policía de investigación, para manifestarle que contaba con reporte de robo. Sin embargo, tales manifestaciones no resultan suficientes para implicar una posible ejecución de los actos reclamados, habida cuenta que el quejoso no reclamó la detención o aseguramiento de ese vehículo, aunado a que dichos elementos de policía tampoco lo aseguraron ni detuvieron, y ni siquiera se precisa que tenga placas del estado de Puebla. Dicho en otras palabras, los actos reclamados no se enfocan en la privación de la posesión o de la propiedad del vehículo en cuestión; por el contrario, dichos actos se centran en una omisión del representante social del estado de Sinaloa (autoridad ordenadora), y sus efectos se traducen primeramente en la continuidad de un reporte que existe en una base de datos, cuyo manejo se atribuye por el quejoso a autoridades responsables ejecutoras también radicadas en aquella entidad federativa; esto es así, habida cuenta que los actos combatidos en esta vía de amparo derivan de una carpeta de investigación seguida en ese diverso estado de la República. Esto, aunado que de la demanda de amparo sólo señaló autoridades ejecutoras con residencia en el estado de Sinaloa. Además, en el presente caso, se estima que -como se dijo- los actos reclamados, su naturaleza jurídica es negativa con efectos positivos, pues la abstención reclamada de autoridades ordenadoras y ejecutoras residentes en el estado de Sinaloa, provoca como efecto lógico-jurídico e inmediato que se siga ejecutando materialmente la afectación de la esfera de derechos del gobernado, como lo es la restricción o molestia que recae en su derecho de propiedad o posesión (en su caso) sobre dicho vehículo, lo que conlleva a que esos efectos tienen inmersa e implícita su ejecución derivada de las omisiones combatidas. En efecto, cuando el acto reclamado consiste en omisiones de la autoridad responsable como las reclamadas, tales como la omisión de girar los respectivos oficios para ordenar la cancelación del reporte de robo de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, o bien, la no baja o cancelación del reporte de robo de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, del vehículo *; que (se infiere) fue objeto de aseguramiento ministerial y a la postre liberado de dicha medida cautelar, tiene la naturaleza jurídica de un acto negativo con efectos positivos, ya que si bien esa omisión, en apariencia, es un acto puramente de carácter negativo, lo cierto es que tal "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad continúe con la abstención que se le impugna cuyo origen deriva de una autoridad de Sinaloa, lo que provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos del quejoso. Por lo cual, como se precisó, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, el juez de distrito competente para conocer de la demanda de amparo, es donde se originó el acto reclamado y se carece de suficientes datos para ubicar que la ejecución sea en la ciudad de Puebla. Máxime que, como se dijo, las autoridades ejecutoras tienen su residencia en el estado de Sinaloa. Por tanto, este operador jurídico declara la actualización de la incompetencia legal por territorio de este juzgado para continuar con el conocimiento y trámite del juicio de amparo promovido por el aquí quejoso * Lo cual obliga a declinar el conocimiento del asunto al Juez de Distrito de Amparo en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, en turno, sin perderse de vista que tendrá los elementos idóneos y eficaces para recabar pruebas de manera eficaz, por compartir la misma residencia de las autoridades responsables señaladas en la demanda. Por tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, entre otros temas: Se declina la competencia legal por territorio al Juez de Distrito de Amparo en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, en turno. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes, se ordena remitir el presente expediente formado con la demanda de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, en turno, para que lo turne al juzgado de distrito que corresponda. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el físico que señaló en su demanda de amparo. Asimismo, para recibir y oír notificaciones a las personas que refirió en la misma, porque no les confirió las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, y cúmplase.
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