Aniceto Romano Herrera
Expediente 1082/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1082/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Aniceto Romano Herrera
- Amado Cruz Sánchez y Otros.
- Amado Cruz Sánchez
Actuaciones
- Principal
Agréguese al expediente el oficio de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, mediante el cual solicita copia certificada de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, hágase del conocimiento a dicha agente lo siguiente: mediante proveído de quince de noviembre de dos mil dieciocho, acordé desechar la demanda de amparo, ante tal determinación la parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual le tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. Luego, mediante testimonio de la ejecutoria pronunciada en el referido recurso de queja, dicho tribunal colegiado lo declaró infundado y en consecuencia ordené el archivo del expediente. En ese contexto, es evidente que no llegó a dictarse sentencia en el presente juicio por lo cual no es posible expedir las copias solicitadas.
- Principal
Se recibe un escrito signado por los quejosos ++++. En él, interponen recurso de queja y formulan agravios contra el proveído de quince de noviembre de dos mil dieciocho, en el cual se desechó de plano la demanda de protección de derechos, que originó este juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por interpuesto dicho recurso. Por lo que se ordena remitir el recurso planteado, al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, a fin de que lo turne al órgano que deba substanciar el citado recurso. Además, se hace notar que es inviable atender lo establecido en el artículo 101 de la ley de la materia (dar vista a las partes con el recurso de mérito) pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo . Por lo que desde este acuerdo se rinde el informe sobre el recurso de queja, en los términos siguientes : ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, puesto que el quince de noviembre del año en curso, se desechó de plano la demanda origen de este expediente, por haberse encontrado una causa de improcedencia manifiesta e indudable que se actualizó respecto del acto reclamado. Como justificante de lo anterior, se adjuntan copias certificadas de las constancias que dieron origen al recurso de queja, y las demás que se estiman necesarias.
- Principal
Al expediente la copia para conocimiento signada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, mediante la cual informa que remitió la copia simple de la demanda de derechos acompañada del proveído de quince de noviembre de este año (fojas 28 a 34), al Agente del Ministerio Público en turno. Lo anterior para que determine si procede iniciar una investigación por la posible comisión de hechos constitutivos del delito de tortura. De lo que este juzgador queda enterado para los efectos legales procedentes.
- Principal
Se recibe la demanda de protección de derechos que suscribe ++ por propio derecho, contra actos del Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y otra autoridad. En consecuencia se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Ahora en términos de artículo 113 de la Ley de Amparo una vez analizadas en su integridad la demanda advierto la existencia de una causa manifiesta de improcedencia, lo cual genera su desechamiento de plano. Explico el porqué de mi aseveración De la demanda de amparo se advierte que los quejosos reclaman la resolución dictada el trece de noviembre de dos mil dieciocho por la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Sin embargo de los antecedentes del acto reclamado se advierte que dicha resolución fue dictada por la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, pues con motivo de los acontecimientos sucedidos en la primera audiencia realizada luego de la apertura a juicio oral los quejosos decidieron interponer recusación y la sala lo desechó de plano por considerarlo improcedente. Por tanto, la resolución dictada por la mencionada sala, no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues define cuestiones de carácter procesal, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Robustece lo anterior el criterio emitido por la Segunda Sala de rubro siguiente RECUSACIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTES PUEDE CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN PRECESAL, CUYA IMPUGNACIÓN DEBE HACERSE EN AMPARO DIRECTO . Lo anterior implica que se ejerció la acción de derechos fundamentales contra una resolución insuficiente al parámetro actual de imposible reparación afectación material a derechos sustantivos motivo por el que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo en lo sucesivo legislación. Se afirma lo antes expuesto porque dichas violaciones intraprocesales así como cuestiones relativas al fondo del asunto, son susceptibles de análisis mediante amparo directo en forma simultánea al momento de contar con una sentencia definitiva. En cambio, de conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Para ello según el criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de La Nación, explica que para establecer como irreparables dichos actos, estos deben producir una afectación material a derechos sustantivos es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedan fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos vinculados a derechos procesales fracción V del artículo 107 de la legislación. Cabe destacar que el parámetro actual de imposible reparación contra actos dentro de juicio, tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la legislación. Lo anterior, porque tiene como finalidad asegurarle una tutela pronta en la controversia a las partes y además darle celeridad a la tramitación de los juicios para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución. Ahora los quejosos reclaman la resolución dictada por la sala unitaria, sin embargo el procedimiento aún se encuentra en el tribunal de enjuiciamiento en la primer audiencia luego de aperturado el juicio oral, lo cual no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues define cuestiones de carácter procesal, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Es más, la decisión final sobre el hecho delictivo se emitirá en el futuro y todavía está sujeta a lo que se resuelva en la secuela procesal, por tanto si existiera una causa por la cual el juez debió excusarse o recusarse sin haberlo hecho y repercute en la decisión final, esto podrá analizarse luego de dictarse la sentencia definitiva. Resulta aplicable el criterio de la Primera Sala de rubro siguiente AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE NO ADMITIR O NO RESOLVER LA RECUSACIÓN FORMULADA CONTRA EL JUEZ EJECUTOR . Situación que determina la improcedencia de este amparo indirecto conforme al parámetro actual de imposible reparación, pues al tratarse de una cuestión procesal en la etapa del juicio oral y estar pendiente la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento, se carece de elementos para visualizar un impacto directo a derechos sustantivos tutelados en la constitución o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. Bajo este contexto, se deduce que el acto reclamado carece de los atributos necesarios al parámetro actual de imposible reparación afectación material a derechos sustantivos los cuales resultan indispensables para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Es más, de resultar adversa a los quejosos la sentencia que se dicte en el proceso de origen, podrán impugnarla a través del recurso de apelación donde inicie la segunda instancia, para después acudir al juicio de amparo directo conforme las reglas dispuestas en el artículo 171 de la legislación , donde podrán alegar las manifestaciones en torno a la recusación incluso a la inadecuada defensa, en términos de los artículos 172 fracción X y 173, apartado B, inciso XIII, de la Ley de Amparo, al prever como violaciones al procedimiento, cuestiones relacionadas con dichos argumentos. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la demora en la tramitación de los procedimientos, implica una denegación del acceso a la justicia que se relaciona con la efectividad de los recursos. Por ello, determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a los jueces encargados de los procesos, a evitar dilaciones y entorpecimientos que conduzcan a la impunidad y frustren la debida protección de los derechos humanos. Lo anterior, refuerza la aplicación de la improcedencia relativa al parámetro de imposible reparación, en la resolución reclamada, pues de analizarse el contenido de esta habrá de prolongarse la tramitación de la causa, en detrimento de la tutela judicial efectiva que requieren las partes hasta llegar a la sentencia definitiva. En consecuencia, debe privilegiarse la continuidad de la causa penal para que las partes logren llegar a la sentencia final y con esto obtengan una tutela judicial efectiva en los derechos sustantivos a discusión. Sólo resta decir que los conceptos de violación expresados en la demanda de protección de derechos, atacan bajo diferentes perspectivas la legalidad del acto reclamado. Pero ninguno alcanza a demostrar el parámetro establecido en la fracción V del artículo 107 de la legislación existencia de una afectación material a los derechos sustantivos que tutelan la constitución y los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Luego, es imposible examinar la violación a los derechos tutelados por los artículos 1, 14, y 17 de la constitución federal invocados en la demanda de amparo pues a la fecha se mantiene la posibilidad de que los quejosos obtengan una sentencia favorable en el procedimiento penal. Por tanto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la legislación. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, porque encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable la citada en el párrafo anterior. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Por otro lado, se advierte de la demanda de amparo que los quejosos manifestaron que fueron objeto de tortura al momento de su detención. Por tanto, se considera pertinente dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a fin de que conforme a los extremos del artículo 21 de la constitución federal: en su caso, realice la investigación efectiva de delitos a su cargo. Sobre todo porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado que el derecho a la integridad personal es absoluto y genera una prohibición respecto de cualquier acto de tortura de personas. De ahí que nuestro máximo tribunal hubiese delimitado escenarios autónomos para las manifestaciones de tortura a. El control de las autoridades frente a los postulados de la constitución federal en la vía de amparo; y b. El esclarecimiento de los hechos conforme al deber estatal de investigación a cargo del Ministerio Público. Es más, en el amparo directo en revisión 90/2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la sola declaración del imputado en el proceso es insuficiente para acreditar el supuesto de tortura, pero obliga a que se realice una investigación bajo el estándar probatorio de las causas penales, hasta esclarecer si se cometieron actos de tortura . De igual manera se estima necesario, ordenar tal vista al agente del ministerio público federal adscrito por la posible comisión de actos constitutivos del delito de tortura. Por lo anterior se ordena entregar al Agente del Ministerio Público Federal adscrito una copia de la demanda de amparo. Se hace saber al fiscal adscrito que si decide abrir una investigación para esclarecer las manifestaciones relativas a los actos de tortura, puede solicitar a este órgano que se le expidan copias de las actuaciones que integran el juicio de amparo. Incluso tiene expeditas sus facultades para informar de esta vista al Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Puebla, en aras de que pueda contribuir a la investigación que establezca o descarte las manifestaciones de tortura, que se advirtieron en este juicio. Todo lo cual se orienta en las tesis siguientes TORTURA. CONSTITUYE UNA CATEGORÍA ESPECIAL Y DE MAYOR GRAVEDAD QUE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO BAJO LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES" ; "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA" y "TORTURA. SU SENTIDO Y ALCANCE COMO PROHIBICIÓN CONSTITUYE UN DERECHO ABSOLUTO, MIENTRAS QUE SUS CONSECUENCIAS Y EFECTOS SE PRODUCEN TANTO EN SU IMPACTO DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMO DE DELITO . Por otro lado, se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en este juzgado por así solicitarlo en el escrito de demanda. Asimismo, quedan autorizados con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por haberse encontrado registro único de cédula profesional en el registro de profesionales del derecho del Consejo de la Judicatura Federal, las personas señaladas en el escrito de demanda de amparo. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes FESE y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes FESE procédase en su momento a la digitalización del presente asunto escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Ahora, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Por otra parte, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE que realice las anotaciones correspondiente a la denominación de la autoridad responsable y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos capturados en el sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la cual va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional pronta, oportuna y expedita.
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