Aniceto Flores Miranda

Expediente 559/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
559/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
12/07/2019

Partes del expediente

  • Aniceto Flores Miranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    DADO QUE SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIERA A NOTICARSE DE FORMA PERSONAL LA SENTENCIA TERMINADA DE ENGROSAR EL DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, POR LO CUAL SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA: III. Recapitulación de la decisión: Por todo lo expuesto y con fundamento en los artículos 103, 107 de la constitución; 74, 75, 124 de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: III.1. Declaré improcedente analizar la orden de aprehensión atribuida a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, pues la misma resultó inexistente; en consecuencia, sobreseí el presente juicio respecto de dichas autoridades y acto. III.2. Por otra parte, decidí apartarme de tus consideraciones ****, respecto a la violación de tus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quedó demostrada la desobediencia a una orden directa dada por el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a pesar de estar advertido de las consecuencias de ello. En ese sentido, declaré justificado ordenar tu reaprehensión, pues implica la facultad del juez responsable para hacer cumplir sus determinaciones. Ante ese panorama dispuse negarte el amparo y protección de la Justicia Federal contra la orden de reaprehensión reclamada. III. 3. A fin de maximizar el derecho al recurso judicial efectivo de las partes, les hice saber la posibilidad de inconformarse con la presente sentencia a través del recurso de revisión. III.5. Ordené publicar la presente sentencia con supresión de datos personales, en atención la omisión de las partes de oponerse a la publicación de los mismos.

  2. Incidental

    Del estado procesal del juicio se advierte: en acuerdo de veintiséis de julio de dos mil dieciocho fue remitido, con carácter devolutivo, el original del expediente en que se actúa al Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla pues, al parecer, guarda relación con el diverso ++++de su índice. Sin embargo, a la fecha dicho expediente no ha sido devuelto; por tanto, gírese atento oficio al referido juez a fin de que, de no tener inconveniente alguno, informe si el estado procesal del juicio ++++ de su índice permite la devolución del expediente original relativo al presente juicio 787/2017. Lo anterior con el propósito de ordenar su remisión al archivo como asunto concluido

  3. Principal

    Al expediente el oficio signado por el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla. A través de él rinde su informe justificado y remite el duplicado de la causa penal de origen (++++), por tanto, emítase el acuse de recibo a la referida autoridad responsable. Además, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dense a conocer el informe justificado y el duplicado del citado proceso, a las partes, para que en el plazo de ocho días contados a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su derecho e interés convenga; ello, sin perjuicio de ser relacionados con el valor que la ley les concede al momento de celebrar la audiencia constitucional. Con el duplicado de la causa penal remitida por la autoridad responsable, fórmese por separado el cuaderno auxiliar I (el cual debe conservar sus folios, rúbricas y entre sellos) para facilitar el manejo del expediente de este sumario constitucional; cuaderno auxiliar que deberá traerse a la vista al momento de resolver este sumario. En otro contexto. Aun cuando el quejoso, en su demanda de amparo señaló como acto reclamado la orden de búsqueda, aprehensión o detención; del informe justificado y de las constancias citadas en párrafos anteriores, se advierte la existencia de una orden de reaprehensión, la cual, al igual que la orden de aprehensión, restringe la libertad personal del quejoso. De ahí que, se considera existe un error en la denominación exacta del acto reclamado, y en realidad, éste consiste en la orden de reaprehensión dictada el veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Sin que ello implique, en modo alguno, suplir la queja deficiente o integrar la acción que intente el gobernado, sino únicamente concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, con lo cual se permite que el accionante no vea obstaculizado su acceso a la justicia, por el exceso de rigorismos que contradicen el espíritu tutelar del juicio de garantías. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN. El hecho de que el peticionario de garantías haya señalado de manera incorrecta, de acuerdo a la técnica jurídica, como acto reclamado una orden de aprehensión y de los informes justificados se desprenda la existencia de una orden de reaprehensión, no es suficiente para considerar que el acto reclamado no existe y que, por tanto, deba sobreseerse en atención a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, sin examinar la constitucionalidad del acto que apareció probado, bajo el argumento de que el acto impugnado no es cierto en la forma expuesta por el quejoso. Ello es así, pues aun cuando la orden de aprehensión y la de reaprehensión, como se dijo, técnicamente son diferentes, ambos actos restringen la libertad personal, lo cual puede conducir al error en la denominación exacta del acto reclamado y sería excesivo considerar que por error o ignorancia en el nombre del acto reclamado, se deba sobreseer, ya que ello no puede servir de base para determinar la inexistencia de dicho acto, por lo que el juzgador, inspirado en los principios de justicia exacta y expedita, no sólo debe analizar la demanda en su integridad, sino también los informes de las autoridades responsables y en sí todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, para obtener una interpretación completa de la voluntad del quejoso y advertir el error o la omisión en que haya incurrido por desconocimiento de la denominación del acto reclamado y examinar la constitucionalidad del que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomado como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda. Lo anterior no significa, en modo alguno, suplir la queja deficiente o integrar la acción que intente el gobernado, sino únicamente concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, con lo cual se permite que el accionante no vea obstaculizado su acceso a la justicia, por el exceso de rigorismos que contradicen el espíritu tutelar del juicio de garantías." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se ordena librar oficio para el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con copia simple de la demanda de amparo como anexo, a fin que pueda ejercer los derechos que le asisten como tercero interesado, los cuales implican la posibilidad de ofrecer pruebas y formular alegatos, Además, dado lo previsto en el artículo 328 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la ley de la materia, se le hace saber que desde el acto de emplazamiento, queda sujeto a consultar las promociones (como por ejemplo, las relativas a los informes justificados ya rendidos) y determinaciones del presente sumario constitucional, así como las providencias notificadas por lista. Asimismo, se hace de su conocimiento que se encuentran señaladas las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del diez de julio de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. Por último, se deja establecido: es innecesario emplazar a un particular como tercero interesado, pues el delito por el cual fue sentenciado el quejoso, es Portación de Arma de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II, en relación con el diverso 11, inciso b) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, esto es, un delito de peligro carente de resultado material.

  4. Incidental

    II. Fundamentos jurídicos: II.1. El quejoso reclamo: La orden de búsqueda, aprehensión o detención girada contra el quejoso, y su ejecución. II.2. Las siguientes autoridades responsables, negaron los actos reclamados: Juez Segundo de lo Penal; Secretario de Acuerdos del Juzgado Quinto de lo Penal; Juez Tercero de lo Penal; Juez Cuarto de lo Penal y Juez Primero de lo Penal, todos del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. Además, la parte quejosa omitió aportar pruebas que desvirtuaran las negativas expuestas por las autoridades responsables en este incidente. En tales condiciones, se niega la suspensión definitiva solicitada, dada la ausencia de materia para decretarla , solo por cuanto hace a esas autoridades judiciales. II.3. La autoridad ordenadora Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, al rendir su informe no aceptó el acto reclamado, empero preciso que exista una orden de reaprehensión dictada en la causa ++++ Entonces, aun cuando el peticionario de amparo, en su demanda de amparo señaló como acto reclamado la orden de búsqueda, aprehensión o detención; se advierte la existencia de una orden de reaprehensión, la cual, al igual que la orden de aprehensión, restringe la libertad personal del quejoso. De ahí que, se considera existe un error en la denominación exacta del acto reclamado, y en realidad, éste consiste en la orden de reaprehensión dictada el veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Sin que ello implique, en modo alguno, suplir la queja deficiente o integrar la acción que intente el gobernado, sino únicamente concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, con lo cual se permite que el accionante no vea obstaculizado su acceso a la justicia, por el exceso de rigorismos que contradicen el espíritu tutelar del juicio de garantías. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN. El hecho de que el peticionario de garantías haya señalado de manera incorrecta, de acuerdo a la técnica jurídica, como acto reclamado una orden de aprehensión y de los informes justificados se desprenda la existencia de una orden de reaprehensión, no es suficiente para considerar que el acto reclamado no existe y que, por tanto, deba sobreseerse en atención a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, sin examinar la constitucionalidad del acto que apareció probado, bajo el argumento de que el acto impugnado no es cierto en la forma expuesta por el quejoso. Ello es así, pues aun cuando la orden de aprehensión y la de reaprehensión, como se dijo, técnicamente son diferentes, ambos actos restringen la libertad personal, lo cual puede conducir al error en la denominación exacta del acto reclamado y sería excesivo considerar que por error o ignorancia en el nombre del acto reclamado, se deba sobreseer, ya que ello no puede servir de base para determinar la inexistencia de dicho acto, por lo que el juzgador, inspirado en los principios de justicia exacta y expedita, no sólo debe analizar la demanda en su integridad, sino también los informes de las autoridades responsables y en sí todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, para obtener una interpretación completa de la voluntad del quejoso y advertir el error o la omisión en que haya incurrido por desconocimiento de la denominación del acto reclamado y examinar la constitucionalidad del que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomado como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda. Lo anterior no significa, en modo alguno, suplir la queja deficiente o integrar la acción que intente el gobernado, sino únicamente concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, con lo cual se permite que el accionante no vea obstaculizado su acceso a la justicia, por el exceso de rigorismos que contradicen el espíritu tutelar del juicio de garantías." De igual forma, se tiene por cierto el acto imputado al Fiscal General del Estado de Puebla, a pesar de haberlo negado en su informe previo, pues al revestirle el carácter de autoridad ejecutora en cualquier momento puede cumplir la orden combatida. Sustenta lo anterior la tesis jurisprudencia de rubro: "AMPARO DIRECTO. LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO A LA EJECUTORA, DEPENDE DE QUE LA ORDENADORA LA ADMITA Y DE SU LEGAL INTERVENCIÓN EN LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO DE AQUÉLLA O DE LA NEGATIVA DE SU EXISTENCIA, PUES NO RESULTA APLICABLE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO" . En tales condiciones, con fundamento en los artículos 147, 162 y 166, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada por cuanto hace a +++, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no sea privado de su libertad el quejoso con motivo de la orden de reaprehensión dictada en su contra. Luego, el quejoso ++++ queda a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal, hasta que las responsables reciban notificación sobre la resolución firme que se emita en el juicio de amparo de donde deriva este incidente. Además, con apoyo en el artículo 162 de la ley de la materia, como medidas de aseguramiento y para evitar la evasión de la acción de la justicia por parte del quejoso, en caso de negársele la protección, deberá presentar escrito en el plazo de cinco días, donde acredite con documento o prueba idónea y eficaz su domicilio particular, ocupación y salario que percibe. Asimismo, en el idéntico plazo, el quejoso deberá otorgar garantía económica a disposición de este juzgado de distrito, por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos moneda nacional), ya sea en póliza de fianza, billete de depósito o en cualquiera de las formas permitidas por la ley. Garantía que se establece de manera discrecional y proporcional entre la posibilidad de acceder a la medida cautelar y a la vez garantizar que el quejoso no pretenda evadir la acción de la justicia, la cual deberá aportar a satisfacción de este juzgado federal, en cualquiera de las formas establecidas por la ley; además, considerada asequible para el quejoso. También se establece el apercibimiento siguiente: si el quejoso +++++ omite exhibir la garantía en mención dentro del plazo citado, la suspensión definitiva dejará de surtir efectos y esto habrá de informarse a las autoridades responsables. Lo mismo sucederá si es sorprendido en la comisión de flagrante delito. Por otro lado, se le requiere para que acuda física y personalmente dentro del plazo de cinco días contados a partir de la notificación de esta resolución ante el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, para intervenir en las diligencias de investigación correspondientes o rendir declaración. Lo cual también deberá acreditar por escrito presentado a este juzgado, en el referido lapso de cinco días, en el que deberá demostrar con el medio de prueba idóneo su comparecencia personal ante dicha autoridad. Por último, se hace saber al quejoso, que los efectos de la suspensión definitiva, dejarán de surtirse, si no da cumplimiento a las medidas de aseguramiento fijado. III. Recapitulación de la Interlocutoria: Por lo expuesto y fundado: III.1. Se negó la suspensión definitiva solicitada, al quejoso respecto de las autoridades precisadas en el fundamento II.2. III.2. Se concedió la suspensión definitiva solicitada por el quejoso, contra el acto y autoridad, precisadas en el fundamento II.3.

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