Angelica Segura Lopez
Expediente 1184/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1184/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Angelica Segura Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaria de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio ha causado ejecutoria. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. Acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, asistido de la licenciada Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández, secretaria con quien actúa y da fe.
- Incidental
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que se ordenó el archivo, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, de igual manera enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Garantía. Ahora, en relación con la garantía otorgada en el presente incidente, de autos de advierte que en proveído de uno de octubre actual, se pusieron a disposición de la parte quejosa los billetes de depósito respectivos. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No existen para su devolución. Depuración y destrucción. Del mismo modo, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, de conformidad con el considerando vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Consejo de la Judicatura Federal, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su concesión. En relación al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, de acuerdo al considerando vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, asistido de la licenciada Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández, secretaria con quien actúa y da fe.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; a diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese sin mayor proveído el oficio signado por el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria del presente amparo, toda vez que en proveído de diez de noviembre del presente año, se decretó cumplida la misma. Notifíquese.
- Principal
En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las once horas con cincuenta minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión de la licenciada Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández, Secretaria que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, la Secretaria da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como las constancias de notificación del agente del Ministerio Público del Federación adscrito. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que se trata. Se abre el periodo probatorio. La secretaria da cuenta al Juez con las pruebas documentales existentes en este juicio, esto es, las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno. Con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegatos. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular al no expresar alegatos. Con lo anterior, se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual, lo conducente, ahora, es dictar el fallo relativo. VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Angélica Segura López y Jonthan Morales Segura (sic), solicitaron el amparo protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se digitalizan: En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, fue admitida y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 1184/2021-IV, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitaron los informes justificados correspondientes; y, se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado el quince de febrero de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, pues aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, fueron emitidos por autoridades con residencia en esta ciudad, lugar en el cual este juzgado federal ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255). Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa, son los siguientes: i. La emisión de las órdenes de citación y detención emitidas en su contra, así como su inminente ejecución material. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Coordinadora y Agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Investigación y Litigación en Delitos de Robo, y Facilitadora adscrita a la Subdirección de Justicia Penal Restaurativa de la Vicefiscalía, ambas con residencia en Lerdo, Durango, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron categóricamente los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa aportara pruebas a fin de demostrar su existencia. En efecto, ante la negativa precisa externada por las autoridades responsables antes mencionadas al rendir su informe justificado, en torno a los actos reclamados a ella atribuidos, a la parte quejosa incumbe demostrar su existencia en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones dichas autoridades se hallan en una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin". En ese sentido, si la autoridad negó la certeza de los actos que se trata y la parte promovente no desvirtuó tal negativa, es evidente que subsiste para efectos de este juicio de amparo; por lo cual, sin duda, son inexistentes los actos que nos ocupan. De modo que, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, por lo que respecta a los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas con antelación. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 284, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, Sexta Época, tomo VI, común, página 236, que señala lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Deben tenerse por ciertos los actos reclamados a las autoridades Subdirectora de Justicia Penal Restaurativa de la Vicefiscalía Zona I Región Laguna y Comandante Regional de la Policía Investigadora de Delitos Región Laguna Zona III, ambas con sede en Ciudad Lerdo, Durango, pues aun cuando en sus informes niegan la existencia del contenido del mismo, de lo señalado por la primera de las autoridades responsables se advierten datos suficientes que permiten corroborar la existencia del acto reclamado consistente únicamente en la citación. Además, la parte quejosa anexó a la demanda de amparo, el citatorio de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, a través del cual se le citó para que compareciera ante la responsable, con el propósito de llevar a cabo una sesión inicial contemplada en el artículo 12 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución a Controversias en Materia Penal. Por tanto, se tiene por desvirtuada la negativa de las autoridades responsables, en los términos antes apuntados. Orienta lo expuesto, el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, tomo XIV, julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata; por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". Esa hipótesis legal encuentra su origen en la fracción I del artículo 107 constitucional, conforme con la cual, el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades instruido a instancia de parte agraviada, principio éste que reglamenta el artículo 1, con relación al diverso 5, fracción I de la Ley de Amparo. Esos dispositivos legales disponen, en lo conducente, el objeto del juicio de derechos fundamentales, así como que la parte quejosa será quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El artículo 5, fracción I de la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio de amparo, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime titular del derecho subjetivo o interés legítimo, lo que ocurre cuando este acto lesiona su esfera jurídica, produciendo una afectación real y actual, en forma directa, o debido a su especial situación frente al orden jurídico. La tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos, y por tanto, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse de forma objetiva para que puedan constituir una afectación real y actual, teniendo en cuenta que el derecho que se aduce tener, debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse a base de presunciones. De modo que, la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados en la que determina la afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de un agravio, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afectan real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Si bien es verdad la reforma al artículo 107 constitucional sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo; sin embargo, esa reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico, mediante el cual se exige al quejoso, que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste, como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. El interés legítimo se puede definir, como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. En el artículo 5°, fracción I, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, el legislador estableció, en forma específica que: "Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". En suma, tratándose de este tipo de actos, como el que en la especie se analiza, es menester que la parte quejosa señale que es titular de un derecho subjetivo, y que con motivo del actuar de la autoridad, se le irroga una afectación de manera personal y directa; debiendo acreditar dicha circunstancia para que sea procedente la acción constitucional que vela el juicio de amparo. Es ilustrativa al caso, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, enero de 2008, página 225, que establece lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". En el caso particular, el citatorio reclamado a la autoridad responsable, no crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria en perjuicio de la parte quejosa; es decir, no contiene transgresión alguna a sus derechos fundamentales, al no afectar su libertad personal. Lo anterior es así, en la medida en que únicamente se hace la petición para comparezca ante un facilitador con el propósito de llevar a cabo una sesión inicial contemplada en el artículo 12 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución a Controversias en Materia Penal, respecto de la denuncia interpuesta por la persona que ahí se menciona, y manifieste si es su deseo arribar a una salida alterna que ponga fin a la indagatoria. Además, en términos de lo establecido por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la persecución de los delitos es una función del Ministerio Público y, ante ello, está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer los posibles hechos delictuosos y, en su caso, integrar la correspondiente carpeta de investigación. En ese sentido, el desahogo de diligencias tendentes a su integración no causa daño o perjuicio a persona alguna, por ser de orden público, entonces no procede el amparo en su contra, dado que no existe transgresión a su libertad, propiedades o cualquier otro derecho; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer esas facultades de investigación. Efectivamente, dentro de la facultad de la institución del ministerio público se encuentra la de recabar datos de pruebas idóneos, para acreditar el hecho que la ley señala como delito y la responsabilidad de alguien en su comisión; aunado a que, existen diversos medios de convicción que puede recabar el fiscal en la averiguación previa, de las cuales destaca las manifestaciones de personas que hubieren intervenido o tengan conocimiento de los hechos vía confesión o testimonio. Así pues, en cualquier caso, dentro del proceso penal y en la etapa de la investigación del delito, el Representante Social debe acreditar determinados hechos para demostrar los elementos del hecho delictuoso que se imputa al indiciado que, concatenados entre sí, den como resultado una presunción iuris tantum que demuestre los elementos del ilícito en cuestión y su probable intervención o participación. En esas condiciones y dado que corresponde a esa institución pública el acreditar la actualización de algún delito, por imperativo constitucional, en todos los casos se le constriñe a realizar "la investigación y persecución de los delitos" debiendo para ello, necesariamente "buscar y presentar los datos de pruebas que acrediten la probable participación o intervención en el hecho delictuoso del imputado". Lo anterior, en términos de lo que establece el artículo 19 constitucional. De ahí que, como ya quedó expuesto, al Ministerio Público, por mandato constitucional del artículo 21, primer párrafo, de la Ley Fundamental, le impone la obligación de aportar los datos demostrativos que acrediten la existencia de un delito, en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del delito, destruyendo las pruebas aportadas por el Representante Social, lo cual, no constituye una obligación sino una mera facultad potestativa, ya que en todo momento subsiste la carga del Ministerio Público, en todos los delitos, de probar la actualización de los mismos. Bajo este contexto, el citatorio no es más que una simple citación a comparecer ante el Ministerio Público, que la representación social emite en ejercicio de sus facultades constitucionales de investigación y que no afecta derechos sustantivos del gobernado, pues, por sí solo, no es un acto que afecte la libertad personal, ya que se trata de una simple comunicación en el sentido de que requiere su presencia para desahogar una diligencia de carácter ministerial. Por tanto, ese acto de comunicación para que acuda a una diligencia ministerial, como tal, no incide en su libertad personal, ni en ningún otro derecho sustantivo tutelado por la Carta Magna. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 351, Tomo XX, Diciembre de 2004, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad". De igual manera, apoya lo expuesto, la tesis PC.VI.P J/5 P (10a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 62, enero de 2019, tomo III, página 1341, que dispone lo siguiente: ORDEN DE CITACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO CONTIENE APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA. El juicio de amparo es improcedente contra la orden de citación emitida por el Ministerio Público en la averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional, cuando en dicho citatorio no se contiene apercibimiento en el supuesto de que el gobernado no asista a la cita, porque contra las diligencias llevadas a cabo por la representación social tendentes a la integración de una averiguación previa, por regla general, como lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo es improcedente; y si bien esa regla admite excepciones, ello será cuando se afecten -o exista la posibilidad de que se afecten- derechos sustantivos de los gobernados. Máxime, que no consta en autos un dato objetivo que ponga en evidencia que la citación reclamada se hubiere excedido en los efectos para los cuales fue emitida, pues en modo alguno se advierte que los elementos policíacos a quienes se les encomendó notificar esa citación a la quejosa, se hubieren extralimitado en localizar con tal objetivo a la imputada; esto es, no se ha obligado o forzado a la quejosa a comparecer contra su voluntad ante la representación social responsable. Sin que sea obstáculo para determinar lo anterior, la circunstancia que la parte quejosa hubiere manifestado que los hechos que le constan en la demanda de amparo, son "bajo protesta de decir verdad", pues ello no implica un indicio que acredite, aunque sea de manera presuntiva su interés jurídico, pues con tal circunstancia, no se le exime de la obligación de justificar tal afectación a su esfera jurídica. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia 3a./J. 27/90, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo V, primera parte, enero a junio de 1990, página 229, que refiere lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés". Tampoco basta para tener por acreditado el interés jurídico, el hecho que la parte quejosa hubiere presentado la demanda, pues esto implica únicamente su pretensión de activar a este órgano jurisdiccional, pero no la comprobación que el acto reclamado lesione sus intereses jurídicos. Es aplicable, la jurisprudencia 3a./J. 28/90, sostenida por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava época, tomo v, primera parte, enero a junio de 1990, página 230, del que dispone lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACION DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar el órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo". Por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el presente juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos a la autoridad ejecutora Comandante Regional de la Policía Investigadora de Delitos Región Laguna Zona III, con sede en Ciudad Lerdo, Durango, al no haberse combatido por vicios propios. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI. 2o. J/7, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo II, segunda parte-2, julio-diciembre de 1988, página 690, que señala lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese; y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno.
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