Anselmo Gonzalez Nava

Expediente 1359/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 23 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1359/2023
Año
2023
Actuaciones
23
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Jaqueline Prieto Gallegos
  • Anselmo Gonzalez Nava

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las once horas con diez minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Ernesto Rubio Hernández, secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el secretario da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación del agente del Ministerio Público del Federación adscrito. Del mismo modo se certifica que el término otorgado en autos de seis y veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, le transcurrió a la parte quejosa del veintiséis de septiembre al dos de octubre y del once al treinta y uno de octubre, todos de este año, descontando de dichos términos los sábados y domingos que mediaron, así como el paro de labores del dieciséis al veintisiete de octubre del año que transcurre, sin que desahogara la prevención ahí formulada. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata y se tiene por no presentada la ampliación de demanda de amparo. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. El secretario da cuenta, con los alegatos formulados por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, parte quejosa y tercero interesado. El Juez acuerda: De conformidad con el numeral 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidos los alegatos de las partes que los formularon. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- Tiene el carácter como: Autoridad ordenadora, el C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, con sede y domicilio ampliamente conocido en el Palacio de JUSTICIA EDIFICIO DGO AV. MORELOS 326 NTE, ZONA CENTRO GÓMEZ PALACIO, DURANGO. Como ejecutoras los C.C. ACTUARIOS ADSCRITOS a la responsable ordenadora con el mismo domicilio antes mencionado de la autoridad ordenadora. AL C. ENCARGADO O DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO de la ciudad de Gómez Palacio DGO con domicilio ampliamente conocido en las Oficinas del Gobierno Estatal ubicadas en ALHLELI NÚMERO 126, BRITINHAM DE ESTA CIUDAD DE GÓMEZ PALACIO DGO. Al C. DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL GÓMEZ PALACIO DGO DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO DEL BOULEVARD REBOLLO ACOSTA, DE LA CIUDAD DE GÓMEZ PALACIO DGO. IV.- ACTOS RECLAMADOS. - De la autoridad señalada como ordenadora reclamo todo LA ORDEN JUDICIAL DE LANZAMIENTO DE MI DOMICILIO DE MI PROPIEDAD EL UBICADO EN ********************. Y lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil radicado ante la misma responsable bajo el expediente ********************, que sigue en contra de otra persona, el Lic. ******************** ********************, como endosatario en procuración de la C. ********************, mediante el cual demanda el pago de la cantidad de ******************** como suerte principal más accesorios, que refiere en su escrito de demanda inicia EN CONTRA DE ********************, así mismo como acto reclamado de las ejecutoras, la ejecución ILEGAL del auto de exequendo, del en su triple modalidad, principalmente realizado al suscrito por conducto del C. Actuaria adscrito a la responsable ordenadora, así como la inscripción o registro y en general, todas las demás consecuencias que de hecho y de derecho se derivan del mismo y que afectan mi esfera jurídica, actos que se les reclaman y que son violatorios de mis Derechos en mi perjuicio. --- De las autoridades señaladas como ejecutoras se les reclama: ---El cumplimiento de lo ordenado por la autoridad señalada como responsable ordenadora." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna; misma que mediante proveído de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, fue admitida y se ordenó la formación del expediente ******************** motivo por el cual se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, se aperturó el incidente de suspensión, se solicitó los informes justificados correspondientes, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se dio la intervención correspondiente al Ministerio Público de la Federación adscrito. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII del Acuerdo General 3/2013, con relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, éstos fueron emitidos por una autoridad con residencia en esta ciudad, lugar en el cual el suscrito Juzgador ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa, en su calidad de persona extraña al juicio, son los siguientes: i. La falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil ********************. ii. El auto de ********************, emitido en el juicio ejecutivo mercantil ********************, en la que se ordenó el lanzamiento de la parte ahí demandada, relativo al inmueble ubicado en ********************ejecutado el ********************. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia de los actos que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Certeza de los actos. Son ciertos los actos reclamados al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, y Director de Seguridad Pública Municipal, con sede en Gómez Palacio, Durango, toda vez que al rendir su informe justificado reconocieron su existencia, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener demostrado el acto que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Esta confesión, lejos de estar desvirtuada o contradicha en el juicio de amparo, se encuentra corroborada con las constancias relativas con el acto reclamado, que fueron allegadas a este contradictorio federal por la propia autoridad responsable, a las que por tener la calidad de documento público, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Del mismo modo, se tienen por ciertos los actos reclamados a los actuarios adscritos a la autoridad responsable a quienes les asiste el carácter de ejecutorias, pues fueron aceptados por la autoridad ordenadora, mismos que se desprenden de las propias constancias del juicio de origen previamente valoradas. No sobra decir que no obra en autos el informe del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en Gómez Palacio, sin embargo, al estar debidamente notificada del auto mediante el cual se le solicitó el mismo, se presume cierto, máxime que también le asiste el carácter de ejecutora y la ordenadora aceptó la existencia de los actos reclamados. Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos reclamados por la quejosa del amparo, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Procedencia del juicio constitucional. Previo al estudio del fondo, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o de oficio se adviertan, al ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la ley de la materia. Al respecto, se considera que en el caso en estudio, respecto a los actos reclamados por la parte quejosa se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del numeral 5° de la legislación en cita que disponen lo que sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.(.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". De la lectura de los preceptos legales referidos se tiene, que uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, es el interés jurídico. Ello es así, porque si las leyes o los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del quejoso, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional, por lo cual, aquél debe de acreditar fehacientemente, que el acto reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica; o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos. Ello es así, pues si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resultará improcedente, máxime porque el interés jurídico no puede inferirse a base de presunciones. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava época, registro digital 206338, octubre de 1994, materia común, página 17, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". También se invoca, la jurisprudencia número 3a./J. 28/90, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo V, enero-junio de 1990, materia común, página 230, de la literalidad siguiente: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar el órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo". Ahora bien, la parte quejosa comparece en su carácter de tercero extraño natural al juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Gómez Palacio, Durango, promovido por ******************** ********************, endosatario en procuración de Jacqueline Prieto Gallegos, contra ********************, del que deriva el acto reclamado, consistente en el lanzamiento de la parte demanda del inmueble ubicado en ******************** Por tanto, se estima pertinente determinar qué debe entenderse por tercero extraño para efectos del análisis correspondiente. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido como tercero a aquél que no tiene ninguna intervención en el juicio del que emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado como parte o tener injerencia en el asunto de que se trata. Ello atiende a la naturaleza misma de la relación jurídico-procesal por lo que respecta al principio de exclusividad de los sujetos de la misma. Criterio el cual se ve plasmado en la tesis jurisprudencial 7/98, sustentada por Pleno de la Suprema Corte de Justicia, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo VII, enero de 1998, página 56, registro electrónico 196932, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE." En efecto, en un procedimiento judicial únicamente tienen injerencia las partes, es decir, los sujetos entre quienes se entabla la controversia o cuestión debatida, o bien, personas a las cuales la ley normativa correspondiente otorga la facultad de desplegar actos o les impone alguna obligación, dentro de la secuela procesal. Importa destacar, que la afectación que puede resentir una persona extraña a juicio, no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela que va desde la demanda hasta el cumplimiento de la sentencia, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame, bien sea en relación con el bien debatido en el juicio, o con los bienes que la sentencia disponga o, con aquéllos que se afecten en la ejecución. Lo anterior es así, porque cuando dos o más personas siguen un juicio sin llamar a la que es titular de los derechos que en el procedimiento habrán de controvertir, es evidente, que conforme al derecho positivo se le causa un perjuicio a sus intereses jurídicamente protegidos, tanto desde el punto de vista legal, como desde el punto de vista constitucional, porque las disposiciones ordinarias le dan acciones para intervenir en el juicio y, desde el punto de vista constitucional, en razón de que, si los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconocen los derechos fundamentales de audiencia y legalidad, no puede válidamente discutirse en juicio sobre un bien o derecho del que es titular una persona a quien no se llamó para que se defendiera. De tal manera que, cuando dentro del juicio se controvierten los derechos sobre los cuales, dice ser titular la parte quejosa y ésta tiene la calidad de tercero extraño, el procedimiento puede causarle perjuicio a su esfera jurídica, puesto que las leyes no le otorgan las acciones adecuadas para comparecer e intervenir en el juicio, además que, también se le afectan directamente sus derechos fundamentales, en virtud que sin ser oída se sustancia un procedimiento contencioso, del cual puede derivar una sentencia que lesione sus intereses. En ese orden de ideas, conviene destacar que el interés jurídico para promover el juicio de amparo, ya sea en defensa de un derecho de propiedad o de posesión, se traduce en un derecho subjetivo y debe decirse que dicho derecho subjetivo solo lo tienen las personas directamente agraviadas por la ley o acto que estimen violatorios, es decir, tiene interés para acudir al juicio de amparo quien es titular de un derecho subjetivo, afectado directamente por un acto de autoridad. El perjuicio debe ser actual y directo, no indirecto ni eventual, además el peticionario de amparo tiene la obligación de acreditar plenamente su interés jurídico para que, si así lo estima fundado, la autoridad que conozca del juicio constitucional, esté en posibilidad de conceder o negar la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, por el interés jurídico demostrado. En suma, el derecho subjetivo protegido por la Constitución Federal, es lo que se traduce en el juicio de amparo como el interés jurídico que la ley de la materia considera necesario para la procedencia del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1484 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1046, tomo I, materia constitucional, precedentes relevantes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917- 2000, cuyos rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Debe distinguirse entre perjuicio o interés jurídico, como condición para la procedencia del juicio de amparo y el perjuicio económico sufrido por un individuo o conjunto de individuos en virtud de la realización del acto reclamado, perjuicio este último que no es suficiente para la procedencia del juicio de garantías, pues bien pueden afectarse económicamente los intereses de un sujeto y no afectarse su esfera jurídica. Surge el interés jurídico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos como en el caso de la persona jurídica moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio". También la jurisprudencia 856 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 584, tomo VI, materia común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de la literalidad siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia". Se insiste que el interés jurídico deriva de la protección del ordenamiento legal objetivo, pues la naturaleza del interés jurídico implica solamente la protección de una situación jurídica concreta y no obedece a intereses simples que pueden revestir el carácter de materiales o económicos, ya que con el interés simple no se afecta la esfera jurídica de una persona, entendiéndose como tal, el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto derivado de las normas de derecho subjetivo. Bajo ese panorama, se advierte claramente que la quejosa es tercera extraña natural al juicio de origen, pues no le asiste el carácter de parte formal en el mismo, por ende, para promover este juicio de amparo, la parte quejosa debe acreditar que los actos reclamados le ocasionan en su esfera jurídica un perjuicio actual inminente y directo que se le causa con motivo del lanzamiento ejecutado. En el caso, la parte quejosa pretende acreditar su interés jurídico con: i. Sentencia definitiva del juicio ordinario civil ********************, de ********************, promovido por el aquí quejoso ******************** en contra de ********************, en la que se declaró en favor del aquí quejoso, la prescripción adquisitiva del inmueble ubicado en ******************** ii. Pago de Servicio de Inscripción de Resolución Judicial, de ********************. Interés que no acredita con las citadas documentales, se explica. Lo anterior es así, pues de las constancias del juicio de origen, aparece el certificado de libertad de gravamen, en donde el inmueble Litis de este asunto, se encuentra inscrito en propiedad de ********************. Ello demuestra, que si bien el quejoso obtuvo una sentencia favorable que le adjudicó el inmueble a través de un juicio de adscripción positiva, lo cierto es que el hecho de que previó a la orden de lanzamiento se inscribiera la misma en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o por lo menos, no antes de la promoción de este juicio de amparo, de suyo hace que el quejoso no tenga interés jurídico al promover este juicio de amparo, al no ser oponible a terceros su derecho precisamente por esa falta de formalidad. En efecto, del historial registral no se advierte que el quejoso haya tenido en algún momento la propiedad del inmueble, para que exista la plena certeza del interés jurídico como derecho real que le asiste al quejoso con relación al inmueble, por el contrario, está plenamente probado con dichas anotaciones registrales, que ese inmueble se encuentra en propiedad de diversa persona. Lo anterior, sin que se presuma quien tiene o no un mejor derecho de ese inmueble, pero en todo caso, eso es materia de un juicio ordinario y no en sede constitucional, pues al no haberse inscrito la sentencia del juicio de prescripción adquisitiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, genera la falta de interés del quejoso para promover este juicio de amparo y por ende, su sobreseimiento. Ilustra lo anterior análogamente, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, VII.1o.C. J/11 (10a.), publicada en la Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, página 2597, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE INSCRIPCIÓN ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, TRAE COMO CONSECUENCIA LA FALTA DE AQUÉL, RESPECTO DEL CÓNYUGE EXTRAÑO AL JUICIO EN DONDE SE ADJUDICÓ EL INMUEBLE A UN ADQUIRENTE DE BUENA FE. No basta que el cónyuge quejoso acredite el carácter de tercero extraño al juicio de donde dimanan los actos reclamados, así como la existencia del vínculo matrimonial, bajo el régimen de sociedad conyugal, y que indiciariamente tenía la propiedad sobre el inmueble del que pretende ser lanzado, para tener por demostrado el interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto; toda vez que su afectación debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones; en ese sentido, debe probarse que el inmueble se encontraba inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a nombre de la sociedad conyugal, a fin de que fuese oponible a terceros; aceptar lo contrario, implicaría que el tribunal federal estuviese haciendo un pronunciamiento en torno a la titularidad de dicho bien, sobre el expedido a favor de un tercero, quien adquirió un derecho real de propiedad sobre el mismo inmueble, con motivo de un remate y posterior escrituración, a fin de establecer que el quejoso también es propietario, siendo que de ello corresponde decidir a los órganos jurisdiccionales del orden común, en un juicio contradictorio en que se dilucide a quién corresponde la propiedad; consecuentemente, al faltar la inscripción del inmueble a favor de la sociedad conyugal, el cónyuge tercero extraño carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo." Bajo esa línea de pensamiento, debe indicarse que la posesión y propiedad que se observa existe respecto del bien inmueble descrito con antelación y que se encuentra precisado en la sentencia que pronunció el Juez Primero de lo Civil, con sede en Gómez Palacio, Durango, el ********************, no surte efectos contra terceros, ya que de su contenido no se desprende dato alguno referente a que dicha determinación haya sido inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con anticipación al inicio del juicio ejecutivo mercantil ********************, a la orden de lanzamiento o incluso previo a la promoción de este juicio de amparo para efectos de publicidad, con relación a la inscripción de un documento en el Registro Público, para que surta efectos contra terceros y, así, lo no inscrito, tratándose de contratos o actos jurídicos traslativos de dominio sólo producirá efectos entre quienes los otorguen, por tanto, la sentencia mencionada, carece de eficacia legal para justificar la garantía de audiencia en el juicio de origen. Ello en tanto que, el interés jurídico debe demostrarse mediante la comprobación fehaciente de la propiedad que se alude, lo cual se logra a través de la inscripción del título de propiedad que ampare la misma, lo cual no ocurrió en la especie, al ser precisamente esa inscripción la que dota de certeza sobre los derechos reales de las personas. Sin que pase inadvertido que durante la tramitación del juicio de amparo exhibió el pago de la inscripción de dicha sentencia, lo cual no demuestra que dicha anotación haya sido aceptada por el Registro Público de la Propiedad, pues se insiste, las constancias que tienen el juicio de origen, aparece el historial registral a nombre de diversa persona. Al efecto se comparte la tesis III.1o.A.25 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que se comparte, publicada en la página 401, tomo VI, julio de 1997, Novena época del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente que el acto que reclama afecta su interés jurídico, pues éste no debe inferirse ni tenerse por cierto a base de presunciones, ya que ningún precepto de la Ley de 0Amparo establece que la sola presentación de la demanda de garantías y la relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción". Sin que lo anterior prejuzgue sobre quien tiene un mejor derecho de propiedad sobre el inmueble, por tanto, se dejan a salvo los derechos de la parte quejosa para que de estimarlo necesario, los haga valer a través de los mecanismos ordinarios procedentes; y es precisamente dicha cuestión en la que se concluye la falta de interés jurídico para ser integrado al juicio de origen, pues el hecho de que pudiera tener derecho a ejercitar una acción ordinaria personal, es lo que robustece la decisión aquí adoptada. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer, en el juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encontraban señaladas las once horas treinta minutos del veinte de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto. Días Inhábiles. Sin embargo, no fue posible celebrar la misma, en atención al paro total de labores realizado por los trabajadores adscritos a los órganos jurisdiccionales a nivel nacional, y en especial en esta sede, del dieciocho al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, y que por ende, la Magistrada y los Magistrados de Circuito, las Juezas y los Jueces de Distrito, con residencia en esta ciudad, con fundamento en los artículos 9, fracción XIII y XIV, así como 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, determinaron que los mencionados días, fueron inhábiles y no transcurrieron plazos ni términos procesales, además de conformidad con la circular 28/2023 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que declaró días inhábiles del diecinueve al veinticuatro de octubre, así como de manera retroactiva del dieciséis al dieciocho del mismo mes y año. Fecha de audiencia. Atento a lo anterior, se señalan las doce horas con treinta minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Inconformidad. Visto lo de cuenta, se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Conservación o destrucción. Este expediente es conservable, conforme al artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se solicitó. Expediente electrónico. En el entendido que la secretaria de la adscripción certificó que todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; quince de noviembre de dos mil veintitrés. Oficios. Se ordena agregar a sus antecedentes, los comunicados de cuenta signados por la Administradora Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, lo que acredita con las constancias que remite. Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con las constancias que remite la autoridad oficiante y con las que obran en el presente juicio de amparo, por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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