Angélica Roman Ávalos

Expediente 1193/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 20 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1193/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
14/10/2022

Partes del expediente

  • Comandante de la Policía Civil de Coahuila
  • Angélica Roman Ávalos
  • Gustavo Escalante Talamantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Incidental

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; catorce de octubre de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a sus antecedentes, el comunicado de cuenta signado por el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, lo que acredita con las constancias que remite. Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con las constancias que remite la autoridad oficiante y con las que obran en el presente juicio de amparo, por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; catorce de octubre de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese el oficio signado por la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, para que obre como legalmente corresponda. Acuerdo. Atento a su contenido, téngasele informando las gestiones tendentes para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, de conformidad con el artículo 193, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Prórroga. En atención a lo que solicita, de conformidad con el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, se le concede un término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, como prórroga a efecto de cumplir con los efectos del fallo protector derivados del presente asunto. Apercibimiento. En el entendido de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a la unidad de medida y actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las doce horas con veinte minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Jesús Omar López Coronado, Secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación del agente del Ministerio Público del Federación adscrito, y las pruebas documentales que se acompañaron a la demanda de amparo; por otro lado, se hace constar que feneció el plazo de tres días concedido en auto de veintisiete de julio de este año, sin que la parte quejosa hubiese desahogado la vista con relación a la inexistencia de la autoridad responsable Primer Comandante de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Coahuila de Zaragoza, ni tampoco proporcionó el domicilio que le fue requerido en dicho auto para emplazar al tercero interesado Gustavo Adolfo Escalante Román. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata; ahora bien, respecto a la omisión en que incurrió la parte quejosa, primeramente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mencionado proveído y se tiene como inexistente a la precitada autoridad responsable; por otra parte, en cuanto al domicilio que omitió proporcionar la parte agraviada, este juzgado estima que no será necesario proveer al respecto, pues en el caso, se advierte que la indicada persona no tiene la calidad de tercero interesado, ya que no gestionó el acto embargo reclamado según aparece de las constancias del juicio de origen, de ahí que no tiene interés en la subsistencia del acto combatido, razón por la cual no ha lugar tenerlo con el expresado carácter y por tanto no es necesario su emplazamiento, esto, con apoyo en el artículo 5°, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, a contrario sensu. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito recibido el diecinueve de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Angélica Román Ávalos y Gustavo Escalante Talamantes solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y los actos que a continuación se transcriben: "1.- DEL JUEZ TERCERO LETRADO EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TORREÓN. La orden dictada en acuerdo de fecha 30 de junio del 2022, para que seamos molestados en nuestro domicilio y posesiones sin que los suscritos seamos parte en el juicio 903/2022, con prevención de uso de la Fuerza Pública. 2.- DEL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO LETRADO EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TORREÓN. Dar cumplimiento a la orden dictada por el Juez dentro de los autos del expediente 903/2022, en acuerdo de fecha 30 de junio del 2022, para que seamos molestados en nuestro domicilio y posesiones sin que los suscritos seamos parte en el juicio 903/2022, con prevención de uso de la Fuerza Pública. Señalando bienes de nuestra propiedad para embargo en fecha 14 de julio del año en curso, sin que los suscritos seamos oídos y vencidos en juicio. 3.- DE LA CENTRAL DE ACTUARIOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE TORREÓN. Dar cumplimiento a la orden dictada por el Juez dentro de los autos del expediente 903/2022, en acuerdo de fecha 30 de junio del 2022, para que seamos molestados en nuestro domicilio y posesiones sin que los suscritos seamos parte en el juicio 903/2022, con prevención de uso de la Fuerza Pública. Señalando bienes de nuestra propiedad para embargo en fecha 14 de julio del año en curso, sin que los suscritos seamos oídos y vencidos en juicio. 4.- DEL COMANDANTE DE LA POLICÍA CIVIL DE COAHUILA. Prestar el auxilio de la Fuerza Pública para llevar a cabo el acto de molestia en nuestro domicilio, consistente; en señalamiento de bienes para embargo, dentro de los autos del expediente 903/2022. 5.- DEL PRIMER COMANDANTE DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DEL ESTADO DE COAHUILA. Prestar el auxilio de la Fuerza Pública para llevar a cabo el acto de molestia en nuestro domicilio, consistente; en señalamiento de bienes para embargo, dentro de los autos del expediente 903/2022.". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de veintiuno de julio de dos mil veintidós, fue admitida en sus términos y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 1193/2022-VB, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y se dio vista al Ministerio Público de la Federación; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede y en la cual se tuvo como inexistente a la autoridad responsable Primer Comandante de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Coahuila de Zaragoza; por tanto, se procede a emitir sentencia; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna; es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo que disponen los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; así como el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, al reclamarse actos emitidos por autoridades civiles que se encuentran dentro de la jurisdicción de este juzgado de distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados son los siguientes: 1. La parte quejosa, en su calidad de tercera extraña en estricto sentido, reclama el auto de treinta de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 903/2022, así como su ejecución practicada mediante diligencia de catorce de julio del mismo año, por los cuales se embargaron diversos bienes de su propiedad con auxilio de la fuerza pública, en el domicilio ubicado en calle Paseo de las Calabazas número 1404, fraccionamiento Ciudad Nazas de esta ciudad. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la autoridades responsables Juez y actuario adscrito al Juzgado Tercero Letrado en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestaron expresamente al rendir sus informes justificados; lo cual, sin duda es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2º de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, que en su rubro dice: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Asimismo, cabe invocar por analogía, la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por otro lado, también son ciertos los actos reclamados al Segundo Comandante de la Policía Civil de Coahuila, Región Laguna I, así como a los actuarios adscritos a la Central de Actuarios del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila; ello, porque son ejecutoras y su negativa queda desvirtuada con el informe que rindió el Juez responsable, en su calidad de autoridad ordenadora. Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia del acto atacado por la parte quejosa, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. En el caso, opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa no acreditó el interés jurídico necesario para acudir a la vía constitucional. Con el propósito de poner en claro la conclusión a la que se arribó, en principio se analizará lo relativo al interés jurídico en el juicio de amparo, en qué consiste y cómo debe probarse, para luego examinar los medios de prueba ofrecidos por la quejosa a fin de acreditar tal interés, su valor y alcance probatorio, pues sólo así se estará en posibilidad de evidenciar que en la especie la inconforme no lo demostró. La figura del interés jurídico está íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107, fracción I, de nuestra carta magna y 5°, fracción I, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, conforme con los cuales el acto que se reclame de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona que se estime afectada. Tales numerales, en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:--- I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.--- Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;--- (.)--- Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:---- I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.--- (.)--- Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;--- (.)" De acuerdo con las disposiciones de que se trata, el agravio que resienta el gobernado debe ser personal y directo y, por ende, la afectación que se cause también debe existir al momento de intentar la acción constitucional. De este modo, el interés jurídico necesario para promover un juicio de amparo contra actos de tribunales laborales, entre otros, sólo lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aunque éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata alguna lesión o afectación por el acto de la autoridad judicial de que se trate, por grave que éste pudiere parecer. Entonces, el interés jurídico está en relación directa con el derecho afectado, y el promovente del juicio de amparo es el que debe ser el titular de tal derecho. La tutela del derecho únicamente comprende los bienes jurídicos reales y objetivos, razón por la cual las afectaciones a ese derecho deben ser igualmente susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir algún perjuicio, de manera que la naturaleza intrínseca de dicho acto reclamado es la que determina el perjuicio o la afectación en la esfera jurídica del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Al respecto, cabe invocar la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos veinticuatro del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1988, que dice así: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO QUÉ LO CONSTITUYE. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados." Importa destacar que para efectos del juicio de amparo, el interés jurídico debe acreditarse plena o fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio constitucional y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, porque encierra una declaración de restitución de los derechos afectados, o bien, violados por el acto de la autoridad judicial respectiva. Por su aplicación, es de invocarse la tesis de jurisprudencia doscientos ochenta y nueve, sustentada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos nueve, tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, que es del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por lo anterior, puede decirse que la comprobación del interés jurídico tiene que vincularse directamente con el bien que se dice afectado, o sea, con el carácter con que acude la parte quejosa al juicio de amparo, por lo que debe demostrar de manera fehaciente ser la titular del derecho que se considera vulnerado por el acto de la autoridad judicial; esto es, el interés jurídico se traduce en un derecho jurídicamente tutelado y es uno de los presupuestos para promover el propio juicio constitucional, de ahí que, como derecho jurídicamente tutelado, es lógico señalar que para promover el juicio de amparo debe estarse a la naturaleza del acto que se reclame. Ahora bien, de las constancias que remitió el Juez responsable como apoyo de su informe justificado, se advierte que el acto reclamado proviene del juicio ejecutivo mercantil 903/2022, el cual fue promovido por Bertha Alicia Tenorio Miranda, en su carácter de endosataria en propiedad, en contra de Gustavo Adolfo Escalante Román, de quien reclamó el pago de diversas prestaciones. Por otro lado, se advierte que el acto reclamado se refiere al auto de treinta de junio de este año, por el cual el Juez responsable autorizó una orden de señalamiento de bienes para embargo de la parte demandada, lo cual mandó ejecutar en el domicilio que dicen los quejosos es de su exclusiva posesión, embargándose los bienes muebles que refieren son suyos y que precisan en la demanda de amparo. Con lo anterior, es claro que los quejosos tienen la calidad de personas extrañas porque no aparecen como parte actora ni demandada, de ahí que, si en el caso aducen que el acto reclamado recae en un domicilio que es de su exclusivo dominio, en el cual se embargaron diversos bienes muebles que afirman son de su propiedad, les corresponde la carga de probar tal afirmación, a fin de justificar su interés jurídico en el presente juicio de amparo. Así pues, se estima que los quejosos no justificaron la anterior obligación, pues en primer lugar, aunque es cierto que aducen ser propietarios de los bienes embargados, en el caso, no exhibieron pruebas que acrediten presuntivamente ese derecho de propiedad, como pudiera ser, las facturas expedidas a su nombre y que identifiquen los bienes señalados para embargo por el actuario responsable. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis 3ª./J.14/94, correspondiente a la Octava Época, Tomo 78, Junio de 1994, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 27, bajo el rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL CONTRA EL EMBARGO AHÍ PRACTICADO SOBRE BIENES MUEBLES DE SU PROPIEDAD. BASTAN PARA ACREDITARLO LAS FACTURAS NO OBJETADAS QUE IDENTIFIQUEN LOS BIENES. El artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la substanciación y decisión de los juicios de garantías por disposición expresa del artículo 2o. de la Ley de Amparo, establece que el documento proveniente de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta, y que en caso contrario la verdad de su contenido debe demostrarse con otras pruebas. En consecuencia, siendo las facturas documentos privados, aún cuando provengan de terceros, hacen prueba en favor del quejoso y en contra del tercero perjudicado que no las objeta, debiendo tenerse, en este supuesto, como tácitamente reconocidas en cuanto a su autenticidad y contenido y, por ende, constituyen documentales suficientes para acreditar la propiedad de los bienes muebles embargados si están expedidas a nombre del agraviado e identifican dichos bienes de forma que permitan fijar su identidad. La propiedad así acreditada basta para estimar demostrado el interés jurídico en el amparo promovido por el tercero extraño al juicio natural contra el embargo ahí practicado sobre bienes muebles que alega son de su propiedad y posesión, sin que se requiera de ningún otro elemento probatorio, concretamente de la testimonial, para probar, por un lado, la vigencia del derecho de propiedad y la identidad de los bienes pues estos elementos están ya acreditados con las facturas de referencia, y por el otro, la posesión de dichos bienes pues su embargo afecta el derecho de propiedad sobre los mismos". Asimismo, se invoca por analogía, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Febrero de 1991, página 1991, el cual es del tenor subsiguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, CARECE DE, QUIEN NO PRUEBA LA PROPIEDAD DE BIENES EMBARGADOS. Si con las pruebas aportadas en un amparo indirecto por quien se dijo tercero extraño en un juicio mercantil ejecutivo seguido ante la potestad común, no quedó probado de manera fehaciente su derecho de propiedad sobre los bienes embargados, la medida de referencia no le irroga perjuicio patrimonial de ninguna especie, y, consiguientemente, al no afectarse sus intereses jurídicos, se actualiza, con el correspondiente sobreseimiento, la causal de improcedencia a que se refiere la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo." Por otro lado, los quejosos tampoco acreditaron el derecho que les asiste respecto del bien inmueble que defienden, en tanto que no exhibieron pruebas idóneas con las que justifiquen la calidad de propietarios o el justo título con el que poseen el domicilio donde se llevó a cabo el embargo de bienes. Es así, pues como lo estableció el Máximo Tribunal del país, existen diversos documentos con los que usualmente se puede acreditar presuntivamente el citado derecho, a saber con la escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, entre otros. El criterio en comento quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 96/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, diciembre de 1997, página 23, que dispone lo siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN. Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado." De este modo, considerando que los quejosos no exhibieron ni siquiera las mencionadas pruebas que acreditan el interés de manera presuntiva, en tanto que ninguna de sus pruebas se refiere la existencia de dichos documentos, por ende, se estima que incumplieron con el deber de justificar el derecho de propiedad o posesión que aducen tener respecto del domicilio objeto del acto reclamado, ubicado en Paseo de las Calabazas número 1404, fraccionamiento Ciudad Nazas de esta ciudad. Es así, pues aunque afirmen que son los únicos habitantes del bien inmueble en cuestión, en el caso, deben acreditar plenamente su derecho a poseer con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas; lo que, desde luego, no justificaron porque no allegaron ninguna prueba para demostrar su justo título, es decir, omitieron exhibir el documento con el que adquirieron la calidad de propietarios o poseedores del inmueble antes mencionado. Luego, la simple detentación no les incorpora a los quejosos derechos autónomos para acudir al juicio de amparo, porque no cuentan con la posesión que pudiera ser garantizada por la ley, ya que no tienen un poder de hecho sobre el bien inmueble objeto de los actos reclamados, derivado de una causa jurídica que les otorgue autónomamente la titularidad de la posesión. Sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia número P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo, XV, Febrero de 2002, página 5 que al rubro dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Igualmente se invoca, la tesis 11.2° C. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Diciembre de 2000, página 1341, que establece: "TERCERO EXTRAÑO. POSESIÓN. PARA QUE SEA PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES DEBE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO Y PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL OCUPA EL INMUEBLE, A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR. Si el tercero extraño manifestó que su posesión deviene a propósito de un contrato de donación verbal que celebró con su padre, empero de las constancias de autos no se advierte fehacientemente que haya acreditado la existencia del referido consenso de donación, ya que estaba obligado a demostrar plenamente la celebración del acto jurídico que dice fue la causa que generó la posesión del inmueble, observándose además que de la testimonial que ofreció ninguno de los testigos refirió que estuviera presente cuando se celebró el supuesto acuerdo de voluntades verbal, ante ello, la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional, y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal." Así, todas las razones anteriores conducen a estimar que en el presente caso, la parte quejosa no acreditó que es titular del derecho que estima vulnerado por los actos reclamados en el juicio de amparo, justamente, porque no demostró la propiedad o posesión del bienes que en esta vía defiende, de ahí que los ahora inconformes carecen de interés jurídico para promover este juicio, lo cual constituye un presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, es decir, debe existir un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por algún acto de autoridad, faculte a su titular para acudir al correspondiente órgano jurisdiccional a demandar el cese de tal actuar, lo que no ocurre en la especie. Por las anteriores consideraciones, es indudable que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia. Sobre el particular, cabe invocar las tesis sustentadas por la extinta Sala Auxiliar y la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este alto tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sea estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." (Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985. Parte: VII. Tesis: 10. Página: 46.) "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Debiendo realizarse de manera directa la afectación de los intereses jurídicos, para la procedencia del juicio de amparo, sólo aquel que resulta afectado de esa manera puede promover el juicio de amparo." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volúmenes: 127-132 Tercera Parte. Página: 55.) En consecuencia, al no haber justificado los quejosos su interés jurídico, resulta evidente la actualización de la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; por tanto, procede sobreseer en el presente juicio, ello con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos a los actuarios adscritos al Juzgado responsable y autoridad policiaca, al no haberse combatido por vicios propios. Apoya esto último, la jurisprudencia VI. 2o. J/7, visible en la página 690, tomo: II segunda parte-2, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Angélica Román Ávalos y Gustavo Escalante Talamantes. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; seis de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que aún está transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado agregado en proveído de veintiséis de agosto del año en curso. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las doce horas con veinte minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia setecientos cincuenta y siete, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta y ocho del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. Notificaciones a autoridades. Por último, destáquese a las partes que a partir de este momento procesal, para el caso de que audiencia constitucional no se celebre en la hora y fecha que se indica, el proveído en el que ésta se reprograme, les será notificado por lista de acuerdos, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo y el diverso numeral 21 del aludido Acuerdo General 21/2020, pues dada su trascendencia no resulta necesaria la notificación por oficio o personal; máxime que la ley de la materia no lo dispone expresamente. Notifíquese.

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