Angélica Amacheli Flores Ríos
Expediente 471/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 471/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 31/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Angélica Amacheli Flores Ríos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL "..." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ********************, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra los actos atribuidos al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, por las consideraciones expuestas en el considerando séptimo de este fallo. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por los motivos y para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, y tomando en consideración que el titular de este Juzgado se encuentra de gozando de una licencia, y la suscrita secretaria encargada del Despacho por Ministerio de Ley, no está legalmente facultada para resolver en definitiva el presente juicio de amparo, por lo que a fin de evitar una posible reposición de procedimiento, procede diferir la audiencia respectiva. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las diez horas con diez minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Tiene aplicación al respecto, la tesis aislada número I.6o.C.75 K, visible en la página 1870, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Septiembre de 2004, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro y texto rezan: "SECRETARIO DE JUZGADO DE DISTRITO ENCARGADO DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY. SÓLO ESTARÁ FACULTADO PARA DICTAR SENTENCIA EN LOS JUICIOS DE AMPARO CUYAS AUDIENCIAS SE CELEBREN DURANTE LAS VACACIONES DEL TITULAR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL QUE DEPENDA. El secretario de Juzgado de Distrito, encargado del despacho por ministerio de ley, únicamente estará facultado para dictar sentencia en los juicios de amparo cuya audiencia se fije y celebre durante los días de vacaciones del titular del órgano jurisdiccional del que dependa. Por ello, las resoluciones que aquel pronuncie con el carácter indicado, serán válidas jurídicamente, sólo en el caso que él haya celebrado la audiencia fijada durante los referidos días de vacaciones del titular, en ejercicio de su encargo como juzgador sustituto por ministerio de ley, pero si decreta el sobreseimiento en un juicio fuera de audiencia, es incuestionable que tal determinación no puede ser jurídicamente válida si no existe constancia alguna que acredite en qué términos fue autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, acorde con lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo que implica trasgresión a las reglas fundamentales del procedimiento, dado que el aludido funcionario sólo puede realizar lo que le es permitido o autorizado legalmente, esto es, resolver en definitiva en los juicios de amparo cuya audiencia se hubiere fijado y celebrado durante los días de su gestión por vacaciones del titular del juzgado correspondiente." Notifíquese.
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SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO:Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que en proveído de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se reservó sobre la prueba pericial en contabilidad forense y en valuación ofrecida por la parte quejosa, hasta en su momento procesal oportuno, por lo cual se acuerda lo siguiente: Se desecha pericial. Ahora bien, este juzgado federal procede a pronunciarse en torno a la pertinencia e idoneidad de la prueba pericial contable ofrecida por la parte quejosa, al tomar como base el objeto y pretensión con el cual se ofrece. Enseguida, al analizar que en la demanda se reclama la inconstitucionalidad del artículo 54 fracción II, Inciso 1) y 60) fracción II inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, a razón de que dichos preceptos establecen la tarifa respectiva por servicios que presta el Registro Público de la Propiedad por la utilización del Sistema Integral de Informática Registral del Instituto, es por lo cual se estima que en el caso la prueba pericial ofrecida no resulta idónea para acreditar dicha circunstancia; toda vez que si bien con dicha prueba se pretenden demostrar la inconstitucionalidad de la ley; y, que los montos que se autoaplicó el quejoso, no son proporcionales ni equitativos. No obstante lo anterior, se considera que dichos aspectos no son susceptibles de acreditarse a través de la prueba pericial contable, pues la inconstitucionalidad de la ley no depende de un resultado cuantitativo que pudiera derivar de las operaciones que se realicen, sino del análisis propio de la ley, en cuanto a que para establecer los montos respectivos, tome en cuenta o no valores económicos o comerciales distintos al costo del servicio prestado por la administración pública. Por tanto, resulta evidente que dicha prueba no satisface el requisito de idoneidad que todo medio de convicción debe tener, por lo que es inconcuso que su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el suscrito juzgador considera pertinente no admitirla, en términos de lo previsto en el artículo 119 de la ley de la materia. Diferimiento. Para dar oportunidad a que la parte quejosa se imponga de esta determinación, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las nueve horas con cincuenta minutos del veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que en proveído de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se reservó sobre la prueba pericial en contabilidad forense y en valuación ofrecida por la parte quejosa, hasta en su momento procesal oportuno, por lo cual se acuerda lo siguiente: Se desecha pericial. Ahora bien, este juzgado federal procede a pronunciarse en torno a la pertinencia e idoneidad de la prueba pericial contable ofrecida por la parte quejosa, al tomar como base el objeto y pretensión con el cual se ofrece. Enseguida, al analizar que en la demanda se reclama la inconstitucionalidad del artículo 54 fracción II, Inciso 1) y 60) fracción II inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, a razón de que dichos preceptos establecen la tarifa respectiva por servicios que presta el Registro Público de la Propiedad por la utilización del Sistema Integral de Informática Registral del Instituto, es por lo cual se estima que en el caso la prueba pericial ofrecida no resulta idónea para acreditar dicha circunstancia; toda vez que si bien con dicha prueba se pretenden demostrar la inconstitucionalidad de la ley; y, que los montos que se autoaplicó el quejoso, no son proporcionales ni equitativos. No obstante lo anterior, se considera que dichos aspectos no son susceptibles de acreditarse a través de la prueba pericial contable, pues la inconstitucionalidad de la ley no depende de un resultado cuantitativo que pudiera derivar de las operaciones que se realicen, sino del análisis propio de la ley, en cuanto a que para establecer los montos respectivos, tome en cuenta o no valores económicos o comerciales distintos al costo del servicio prestado por la administración pública. Por tanto, resulta evidente que dicha prueba no satisface el requisito de idoneidad que todo medio de convicción debe tener, por lo que es inconcuso que su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el suscrito juzgador considera pertinente no admitirla, en términos de lo previsto en el artículo 119 de la ley de la materia. Diferimiento. Para dar oportunidad a que la parte quejosa se imponga de esta determinación, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las nueve horas con cincuenta minutos del veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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