Angel Yael Barajas Navarro

Expediente 463/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
463/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
20/06/2023

Partes del expediente

  • Angel Yael Barajas Navarro
  • Armando Barajas Vazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la que se negó en el juicio de amparo en que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es conservable dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, consérvese el juicio, y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establece el Acuerdo General antes mencionado. Igualmente, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo referido, el incidente único de suspensión es susceptible de ser destruible, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 463/2023 promovido por Ángel Yael Barajas Navarro, por su propio derecho; y, RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil veintitrés (fojas 2-12), en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, Ángel Yael Barajas Navarro, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez Octavo Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en el artículo 1°, 4°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; órgano jurisdiccional que la registró con el número de expediente 463/2023 y en proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés, la admitió (foja 15); se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público Federal; se reconoció el carácter de tercero interesado a Armando Barajas Vázquez y se ordenó su emplazamiento; asimismo, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; en términos de los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49, 50 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad con sede en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097 que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181810, cuyo texto es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado, con el contenido de los criterios transcritos y en atención a la lectura integral de la demanda, el acto reclamado por el quejoso a la Juez Octavo Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, es: El proveído dictado el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, dentro del expediente 110/2023, relativo al juicio especial oral que sobre cesación de pensión alimenticia, promovió Armando Barajas Vázquez frente a Ángel Yael Barajas Navarro. En dicho auto, entre otras cuestiones, la juez determinó que no había lugar a tener a Ángel Yael Barajas Navarro, presentando reconvención en contra de Armando Barajas Vázquez al estimar que el Código Familiar no contempló dicha figura jurídica, lo que además era congruente con el juicio especial oral, que es más reducido en cuanto a términos y el admitirla implicaría retardar la decisión en relación con la acción principal. Tercero. Certeza de los actos reclamados. La Juez Octavo Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado (foja 24). Certeza que se corrobora con la prueba documental que acompañó a su informe la referida autoridad responsable consistente en copias certificadas del expediente 110/2023. Prueba con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por un funcionario público en el desempeño de su encargo, entre las que se encuentra el proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés; de ahí que se tenga debidamente probado el acto reclamado. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En el caso, las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna ni este juzgador advierte, de manera oficiosa, la actualización de alguna de ellas, por lo que procede analizar los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Lo anterior, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 50/2010 [Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito], registro digital 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Antes de iniciar el estudio de los conceptos de violación se estima necesario recordar que el quejoso reclama del Juez Octavo Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, el proveído dictado el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, dentro del expediente 110/2023, relativo al juicio especial oral que sobre cesación de pensión alimenticia, promovió Armando Barajas Vázquez frente a Ángel Yael Barajas Navarro. En dicho auto, entre otras cuestiones, la juez determinó que no había lugar a tener a Ángel Yael Barajas Navarro, presentando reconvención en contra de Armando Barajas Vázquez, por lo siguiente: "[.] En otro tenor, dígasele que no ha lugar a tenerlo presentando la reconvención que pretende, en razón de que en el Código Familiar vigente el legislador no contempló la figura jurídica de la reconvención, tratándose de juicios especiales orales, por lo que debe considerarse que no fue su voluntad introducirla en este tipo de procedimiento sumario; la reconvención sólo puede sustanciarse cuando lo permite la normatividad que rige el procedimiento, de manera que sí el Código Familiar no establece en el procedimiento especial oral esa figura procesal, entonces no es procedente su admisión, lo que además es congruente con esa clase de juicios, que son más reducidos en cuanto a términos, y el admitirla implicaría retardar la decisión en relación con la acción principal, hasta que transcurrieran los términos de la acción reconvencional, desvirtuando la esencia y finalidad del juicio especial oral que es un trámite de mayor rapidez. Luego el hecho de que el citado ordenamiento no contemple la reconvención en el repetido juicio especial oral no implica que la acción no pueda hacerla valer de manera autónoma, conforme a las reglas que prevé la misma legislación procesal citada. Lo anterior tampoco pugna con el principio de concentración que rige a los juicios orales familiares, dado que éste se refiere a la unificación en un mismo acto de cuestiones determinadas, con la finalidad de que la audiencia se desarrolle en una sola sesión o en el menos número de éstas y tiene por objeto que la situación jurídica de las partes en litis sea analizada en un solo procedimiento, en el que se resuelvan todos los puntos jurídicos que de ésta deriven, más no implica que deban resolver cuestiones que conforme al Código Familiar deban ejercerse de forma autónoma. Aunado a lo anterior, solicita la fijación de alimentos, los cuales ya se encuentran fijados, de tal manera que esta autoridad judicial carece de facultades potestativas para imponer una segunda pensión alimenticia, por lo que su debido cumplimiento deberá hacerlo valer ante la autoridad que emitió tal resolución". También debe aclararse que no es procedente la suplencia de la queja, como lo solicita el promovente del amparo, toda vez que no se actualiza ningún supuesto del artículo 79 de la Ley de Amparo. Dicho numeral establece: "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los plenos regionales. La jurisprudencia de los plenos regionales sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales de la región correspondientes; II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia; III. En materia penal: a) En favor del inculpado o sentenciado; y b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente; IV. En materia agraria: a) En los casos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta Ley; y b) En favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios. En estos casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, así como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios; V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo; VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio. La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales sólo podrá operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo.". Del contenido de dicho numeral se advierte que el impetrante del juicio de amparo no se encuentra en ninguno de los casos en los que la ley de la materia autoriza la suplencia, por lo que este juzgador está impedido para hacerlo. Ello, porque el acto reclamado no se funda en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito; no es menor o incapaz ni se afecta el orden y desarrollo de la familia; tampoco tiene el carácter de inculpado, sentenciado, ofendido o víctima; no es ejidatario ni comunero; y, el asunto no deriva de un juicio laboral por lo que no tiene el carácter de trabajador. Además, no se advierte que ha habido en contra de la parte quejosa una violación evidente de la ley que lo hubiere dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo primero de la Ley de Amparo; tampoco acredita que por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentre en clara desventaja social para su defensa en el juicio. Una vez precisado lo anterior, este juzgador considera que los conceptos de violación son infundados. En una parte del "Único" concepto de violación hecho valer por el quejoso, señala que el auto reclamado no se encuentra debidamente fundado ni motivado, toda vez que la figura de la reconvención sí está contemplada en el Código Familiar para el Estado de Michoacán y se encuentra específicamente en el título Octavo, denominado "Juicios del orden familiar", relativo a las "disposiciones generales", como se advierte del artículo 930 de la citada legislación. Por lo que -siguió manifestando el quejoso- se puede concluir que el legislador sí contempló esa figura, tan es así, que las incluyó en las disposiciones generales relativas a los juicios del orden familiar; por lo que nunca limitó esa figura exclusivamente a un solo tipo de juicio; que el hecho de que en los juicios especiales orales no se haya incorporado no significa que no pueda hacer uso de ese derecho. Motivo de inconformidad que es infundado, pues contrario a lo señalado por el quejoso, el juez sí fundó y motivó el acto reclamado, por lo que en todo caso se trataría de una indebida fundamentación y motivación. En efecto para determinar que no había lugar a tener por presentada la reconvención, no solo dio como razón que el Código Familiar no contempla dicha figura jurídica en los juicios orales especiales, sino también porque era congruente con esa clase de juicios, que son más reducidos en cuanto a términos, por lo que admitirla implicaría retardar la relación con la acción principal hasta que transcurrieran los términos de la acción reconvencional, desvirtuando la esencia y finalidad del juicio especial oral que es un trámite de mayor rapidez y al final del acuerdo reclamado citó los artículos que estimó aplicables. Determinación con la que coincide este juzgador, pues aun cuando la figura de reconvención se encuentre contemplada en el capítulo de "Disposiciones Generales" tanto del "Procedimiento Familiar" [artículo 780] como de "Los juicios del orden familiar" [artículo 930] y en el juicio ordinario oral [artículo 970], ello no implica que deba ser admitida en los juicios especiales orales. En efecto, los juicios especiales orales se encuentran regulados por los artículos 1000 al 1005 del Código Familiar de Michoacán], de los cuales no se advierte que el legislador haya estipulado de manera expresa la procedencia de la reconvención, en virtud que como fue debidamente señalado por la responsable, el juicio especial oral familiar se caracteriza por ser un procedimiento abreviado, ágil en su trámite y resolución, toda vez que se rige por los principios de unidad, concentración, celeridad y economía procesal. Y si bien en el 1004 establece "En esta audiencia [audiencia de juicio] se aplicarán, en lo que no se oponga al presente capítulo, lo señalado para el procedimiento ordinario oral", tal aplicación es únicamente para la audiencia de juicio. Dicho en otras palabras, este juzgador estima que, aun cuando el Código Familiar para el Estado de Michoacán, en diversos artículos hace referencia a la reconvención, en el relativo al juicio especial oral no autorizó la aplicación de lo preceptuado en la reglas generales, ni para diversos procedimientos, como pudiera ser el juicio ordinario oral. En ese orden de ideas, contrario a lo señalado por el quejoso, del estudio de la legislación familiar se desprende que el legislador señaló en cuáles juicios se podía ejercer la reconvención como lo es a manera de ejemplo en los juicios orales, según el artículo 930 del citado Código Familiar, por lo que es dable advertir que el legislador estipuló de manera expresa los procesos en los que cabe dicha figura, de ahí que no pueda, ni deba realizarse una interpretación extensiva como lo pretende el quejoso, porque ello traería como resultado ir más allá de la voluntad del legislador, traduciéndose en un exceso y vulnerando el principio de legalidad y seguridad jurídica previstos en el artículo 16 de la Constitución Federal. Sin que ello, implique dejar sin defensa a la parte quejosa, ya que la propia norma familiar establece los diversos procedimientos a efecto de hacer valer sus intereses, es decir, no puede permitirse que en ejercicio del derecho de defensa se trastoque lo estipulado en la norma, dado que se insiste no se deja en un estado de indefensión, sino que sólo se respeta lo preceptuado en la ley. Así, la reconvención o contrademanda plantea una nueva litis, que solo puede sustanciarse cuando lo permite la normatividad que rige el procedimiento, de manera que si el Código Familiar no establece en el procedimiento especial oral la figura jurídica de la reconvención, entonces no es procedente su admisión, lo que además es congruente con este tipo de juicios, el cual es más reducido en cuanto a los términos en que se tramita y el admitirla implicaría retardar la decisión en relación con la acción principal, como lo señaló el juez responsable, hasta que transcurrieran los términos de la acción reconvencional, lo cual desvirtuaría la esencia y finalidad del juicio especial oral que es una trámite rápido e inmediato. Por tanto, el hecho de que el Código Familiar no contemple la admisión de la reconvención en el juicio especial oral, no implica que la acción que pretenden ejercer las recurrentes, no puedan hacerla valer de manera autónoma, conforme a las reglas que prevé dicha legislación para el tipo de prestaciones reclamadas, como lo es el derecho de convivencia, la guarda y custodia y la pensión alimenticia, acciones que como precisó la responsable pueden y deben hacerse valer por separado. Es aplicable, la tesis XI.2o.C.3 C (11a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, registro digital 2025521, de rubro y texto: "RECONVENCIÓN EN LA ACCIÓN DE DIVORCIO INCAUSADO. EL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO NO LA PREVÉ, PERO SÍ LA FIGURA JURÍDICA DENOMINADA CONTRAPROPUESTA, DE EFECTOS ANÁLOGOS. Hechos: Una persona demandó el divorcio sin expresión de causa; la parte enjuiciada reconvino sobre el pago de alimentos y otras prestaciones; ambas acciones fueron declaradas procedentes en la primera instancia. El actor principal interpuso recurso de apelación, mediante el cual hizo valer, entre otros agravios, el concerniente a que tratándose de divorcio sin expresión de causa, no procede la reconvención; tal motivo de inconformidad se declaró ineficaz por el Magistrado, al estimar que aun cuando el Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo no prevé la reconvención, bajo el principio de concentración, todas las prestaciones que contiene el convenio presentado por la parte actora deben dilucidarse en el mismo procedimiento, aunque ello implique que el divorcio se decrete de plano y el juicio prosiga por las otras cuestiones de discrepancia. El apelante, no conforme con dicha forma de resolver, promovió juicio de amparo e insistió en la improcedencia de la reconvención. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si bien tratándose de la acción de divorcio sin expresión de causa, el Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo no prevé la reconvención, lo cierto es que sí establece la figura denominada "contrapropuesta", de efectos análogos, por virtud de la cual la parte enjuiciada puede demandar alimentos y obtener, de ser el caso, fallo favorable. Justificación: Lo anterior es así, porque de los artículos 256, 257, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 273 y 276 del citado código, que regulan la acción de divorcio sin expresión de causa, se advierte que no prevén la reconvención, entendida como la contrademanda que formula la parte enjuiciada al contestar el libelo actio, a través de la cual hace valer una acción autónoma e independiente de aquella que dio origen al juicio, que tiende ya no únicamente a neutralizar la acción y a lograr la desestimación de la demanda, como sucede con las excepciones, sino que persigue en favor propio una determinada prestación, declaración o condena, con independencia de la desestimación de la demanda del actor. No obstante, dicha legislación sí establece la figura jurídica de efectos análogos denominada "contrapropuesta", por virtud de la cual la parte demandada puede reclamar el pago de alimentos, con la que se le da vista al actor principal para que manifieste lo que a su interés convenga; además, a ambas partes se les brinda la oportunidad de ofrecer pruebas, exponer alegatos y oír sentencia definitiva, de no haber convenido sobre los puntos materia de dicha "contrapropuesta"". Se estima aplicable el criterio transcrito porque si bien es verdad no aborda si en los juicios especiales orales se contempla la admisión de la reconvención, de su contenido se advierte que en lugar de establecer que la figura de reconvención se encuentra regulada en las disposiciones generales [como lo señala el quejoso], más bien aplicó la figura denominada "contrapropuesta" contenida en los numerales del Código Familiar para el Estado de Michoacán que regulan la acción de divorcio sin expresión de causa; esto es, para el Tribunal Colegiado que emitió dicho criterio no fue suficiente el hecho de que la reconvención existiera en dicho ordenamiento, para poder afirmar que procede en todos los procedimientos. Sin que ello implique, como lo señala el quejoso, que con la determinación reclamada se viole en su perjuicio el principio de concentración y acceso a la justicia. Respecto al principio de concentración, porque como lo señaló el juez responsable, el mismo se refiere a la unificación en un mismo acto de cuestiones determinadas, con la finalidad de que la audiencia se desarrolle en una sola sesión o en el menor número de éstas y tiene por objeto que la situación jurídica de las partes en litis sea analizada en un solo procedimiento, en el que se resuelvan todos los puntos jurídicos que de esta deriven, pro no implica que deban resolverse cuestiones que conforme al Código Familiar del Estado deban ejercerse en forma autónoma. Por lo que ve al acceso a la justicia, porque la aplicación de este derecho no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2007621, de rubro y texto: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio". Finalmente también es infundado el concepto de violación en el que señala el quejoso que es violatorio de sus derechos humanos la determinación del juez consistente en que carece de facultades potestativas para imponer una segunda pensión alimenticia, toda vez que los mismos ya se encuentran fijados, por lo que su debido cumplimiento deberá hacerlo valer ante la autoridad que emitió tal resolución. Lo anterior es sí, porque si bien es verdad en el escrito a través del cual promovió la reconvención frente a Armando Barajas Vázquez, no solicitó una segunda pensión alimenticia, también lo es que como lo señala el juez, al ya estar fijados alimentos, aun cuando hayan sido considerados como alimentos provisionales de conformidad con el Código Familiar de la Época en que se decretaron, cualquier cuestión relacionada con los mismos la debe hacer valer ante la autoridad que los decretó. En ese contexto, la parte quejosa no demostró que el acto reclamado transgreda los derechos fundamentales consignados en los artículos 1°, 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se impone negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ángel Yael Barajas Navarro, en contra de los actos y autoridades que precisadas quedaron en el considerando segundo de este fallo, por las razones expuestas en el diverso quinto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista; personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho; por tanto, se tiene por consentido el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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