Angel Guadalupe Gallardo Reyes
Expediente 1247/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1247/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 20/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Angel Guadalupe Gallardo Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, de autos se advierte que al día de hoy se encuentra transcurriendo el término de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que el diecisiete del mes y año en curso, se emplazó al presente juicio mediante oficio al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán en funciones de Juez de Ejecución y Sanciones Penales, con residencia en esta ciudad; asimismo se le dio vista con el informe justificado que rindió la autoridad responsable con residencia en esta ciudad. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. Por tanto, para dar lugar a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional prevista para este día y en su lugar se fijan las once horas del veintinueve de enero de dos mil veinte. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veintiuno de noviembre del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Ejecución y Sanciones Penales, con residencia en esta ciudad, sin que se haya emplazado al agente del Ministerio Público adscrito al referido juzgado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 5°, fracción III, inciso e), así como 26, fracción II, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, se ordena el emplazamiento del agente en mención por medio de oficio con el auto de admisión inserto y copia de la demanda de amparo que al mismo se anexe; en el entendido que, las subsecuentes notificaciones se les realizarán por la misma vía. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las trece horas con treinta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 1247/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta con una promoción registrada con el número 20103, y hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio que remite el Asistente de Despacho Judicial encargado del Despacho del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual vía de alcance a su informe previo rendido el veintidós del mes y año en curso, aclara que la fecha correcta en la que se dejó sin efectos el oficio CJPF/1241/2019, fue el veinticinco de octubre de la presente anualidad, lo cual se ordena tomar en cuenta al momento de resolver sobre la suspensión definitiva. Dentro del periodo probatorio la secretaria hace constar que no obran medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar. El juez acuerda: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario da nueva cuenta con el pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación y hace constar que las demás partes no los formularon. El juez acuerda: Se tienen por formulados los alegatos de mérito en términos de lo que establece el artículo 144 de la Ley de Amparo y por precluído el derecho de las demás partes para formularlos. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: PRIMERA. La parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridad responsable: Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Ejecución y Sanciones Penales (en su denominación correcta). Acto reclamado: La resolución dictada en audiencia de revisión de cumplimiento de sustitutivo penal el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, mediante la cual se dictó orden de reaprehensión en contra del aquí quejoso. SEGUNDA. La autoridad responsable al momento de rendir su informe previo manifestó que son ciertos los actos reclamados que se le atribuyen. Ahora, la parte quejosa solicita la suspensión definitiva de los actos reclamados, toda vez que alude que se trata de un acto en ejecución de sentencia de un procedimiento penal, razón por la cual señala que se le giró una orden de reaprehensión, lo cual se corrobora del informe previo remitido por la autoridad responsable, se concede la suspensión definitiva solicitada por el promovente del amparo, para el efecto de que no se le prive de su libertad y que respecto de la misma quede a disposición de este órgano jurisdiccional, y ante el Juez de Ejecución (juez de origen) para la continuación del proceso penal. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J.34/2010, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en el Tomo XXXI, de Junio de 2010, página 166, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 164424, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE REAPREHENSIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA CONDENATORIA, AUN CUANDO ÉSTA HUBIESE CAUSADO EJECUTORIA. Procede conceder la suspensión cuando el acto reclamado lo constituye la orden de reaprehensión dictada en cumplimiento de una sentencia condenatoria en contra del reo, aun cuando ésta hubiese causado ejecutoria. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que entre los requisitos previstos en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, se encuentra el relativo a que con la medida cautelar no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, también lo es que la orden de reaprehensión es un acto independiente de la sentencia ejecutoriada, cuya legalidad y constitucionalidad no han sido determinadas, y puede contravenir las leyes que la rigen. Por tanto, procede conceder la suspensión contra dicho acto, con el objeto de que el responsable quede a disposición del Juez de Distrito únicamente por cuanto a su libertad personal, y a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, lo cual no contraviene el interés social ni las disposiciones de orden público, pues con tal medida cautelar solamente se posterga la compurgación de la pena impuesta en la sentencia firme, ya que la sociedad está interesada en que quienes resulten penalmente responsables de la comisión del delito en una sentencia ejecutoria purguen la pena correspondiente. Esto es, al concederse la suspensión contra la orden de reaprehensión, no se determina que el sentenciado no compurgue dicha condena, sino que únicamente se postergue hasta en tanto exista certeza legal de que, con independencia de la sentencia firme, tal acto se haya llevado a cabo de acuerdo con la legislación que lo rige, y no se violen preceptos de la Constitución Federal; de no ser así, se afectarían disposiciones de orden público, aunado a que, en la observancia de la legislación relativa y de los principios contenidos en la Ley Fundamental, la sociedad en general tiene un interés superlativo, pues está interesada en que cualquier acto que afecte la libertad de una persona se lleve a cabo conforme a las disposiciones vigentes. De la ejecutoria que dio origen al criterio antes invocado, destaca lo siguiente: "Por otra parte, esta Primera Sala al resolver la diversa contradicción de tesis 148/2009, en lo que a este asunto interesa, señaló: a) Que el hecho de que la orden de reaprehensión se encuentre relacionada con la existencia de una sentencia definitiva, no da lugar a que sea considerada como inatacable, y por ello constituya cosa juzgada, ya que es autónoma de la sentencia definitiva dictada en el juicio penal, en tanto que, por un lado, es emitida en documento distinto a dicha sentencia y, por otro lado, aun cuando no existe la obligación de que en sí misma, esa orden deba dar cumplimiento a la totalidad de las garantías que se encuentra constreñida a cumplir la emisión de una sentencia, como son las consagradas en el artículo 14 constitucional, entre las que se halla la de audiencia, sí se encuentra sujeta a cumplir con las garantías consagradas en el diverso artículo 16 de nuestra Carta Magna, entre éstas, que sea emitida por autoridad competente, apegada a las leyes aplicables emitidas con anterioridad a su emisión, y que se encuentre debidamente fundada y motivada. b) Que cuando en el juicio de garantías es dictada una sentencia ejecutoria a través de la cual se niega el amparo y protección de la Justicia Federal, la autoridad se encuentra en la posibilidad de actuar libremente para ejecutar el acto que fue reclamado en el juicio de garantías; sin embargo, el hecho de que en dicho juicio se haya considerado como constitucional, de ninguna forma representa una garantía absoluta de que los actos emitidos con antelación a la promoción del aludido juicio de amparo, y que tengan relación con la emisión del acto reclamado, no incurren en alguna violación de garantías. c) Que no puede considerarse que al haber sido negado el amparo y protección de la Justicia Federal, la orden de reaprehensión sea una consecuencia inmediata y directa de aquélla, y que debe prevalecer ésta por existir la misma razón. En virtud de que el hecho de que aquella sentencia hubiese sido considerada como constitucional, de ninguna forma garantiza de manera absoluta que los actos relacionados con ésta, se hayan realizado con estricto apego a derecho y sin incurrir en una violación de garantías, como sería, por ejemplo, en el caso de que se hubiesen emitido por una autoridad incompetente y sin cumplir con las garantías de fundamentación y motivación, sobre todo cuando el acto de autoridad tiende a afectar la libertad personal del quejoso, como es el caso de la orden de reaprehensión. d) Que, consecuentemente, al tratarse de un acto restrictivo de la libertad personal, resulta procedente el juicio de amparo indirecto que se promueva en contra de una orden de reaprehensión, dictada con antelación a la ejecutoria de amparo, ello aun cuando ésta hubiese sido dictada con motivo de la emisión de una sentencia definitiva de la que se ocupó un juicio de amparo directo. Por tanto, dado que como lo ha sostenido esta Primera Sala, la orden de reaprehensión es un acto independiente de la sentencia ejecutoria, cuya legalidad y constitucionalidad no ha sido determinada, y que puede contravenir las leyes que lo rigen, procede conceder la suspensión de dicho acto, con el objeto de que el reo quede a disposición del Juez de Distrito, únicamente por cuanto a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa, para la continuación del procedimiento; lo cual no contraviene el interés social y las disposiciones de orden público, porque no se advierte que la sociedad pueda resentir un grave daño al postergarse su ejecución, y en cambio, sí se afecta gravemente al gobernado al privarlo de su libertad. En efecto, no puede considerarse que al concederse la suspensión de una orden de reaprehensión en un amparo indirecto en el que puede estarse cuestionando incluso la constitucionalidad de dicho acto, se afecte el interés general o las disposiciones de orden público, pues con tal medida cautelar únicamente se posterga la compurgación de la pena impuesta en la sentencia firme, ya que si bien la sociedad está interesada en que quienes se consideren penalmente responsables de la comisión de algún delito en una sentencia ejecutoria, purguen la pena correspondiente; lo cierto es que al concederse la suspensión de la orden de reaprehensión no se determina que el procesado no purgue dicha condena, sino que únicamente se posterga hasta en tanto exista certeza legal de que tal acto que se dicta con independencia de la sentencia firme, se hayan llevado a cabo de acuerdo con la legislación que lo rige y no se violenten preceptos de la Constitución Federal. Por lo que resulta evidente que, de no hacerse así, sí se afectarían tales disposiciones de orden público, aunado a que en la observancia de la legislación relativa y de los principios que se contienen en la Constitución Federal, también la sociedad en general tiene un interés superlativo. Lo anterior, aunado a que lo que se encuentra en juego es un derecho fundamental de interés superior, como lo es la libertad de una persona, por lo que si, como se dijo, el que se haya dictado una sentencia, la cual haya causado ejecutoria, no constituye una carta abierta para que las autoridades puedan emitir cualquier acto de ejecución sin que se revise su legalidad, es evidente que también la sociedad está interesada en que cualquier acto que afecte la libertad de una persona se lleve a cabo conforme a las leyes vigentes y, por tanto, procede conceder la suspensión en contra de una orden de reaprehensión aun cuando ésta derive de una sentencia firme que haya causado ejecutoria". Todo lo anterior, en el entenido de que la autoridad judicial responsable deberá informar a este juzgado cualquier cambio de situación jurídica relacionada con este asunto, apercibida que en caso de no hacerlo, de acuerdo con el artículo 64, en relación con el diverso 251, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA). La suspensión concedida surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no cumple con los siguientes requisitos: a) Deberá exhibir ante y a satisfacción de este juzgado, dentro del término de cinco días, garantía por siete mil pesos, que podrá exhibir en cualquiera de las formas autorizadas por la ley para garantizar su devolución al juez de la causa, en caso de que no le sea favorable la sentencia que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, la cual se fija de manera discrecional por no contar con la información para decretarla de manera determinada. b) Asimismo, con fundamento en el artículo 166, fracción II de la Ley de Amparo, el quejoso deberá comparecer tantas veces sea requerido por este Juzgado de Amparo, o bien, por el Juez de Ejecución, sin que éste (el quejoso) sea detenido o reaprehendido, logrando así un control respecto del promovente del amparo no se sutraera de la acción de la justicia. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J16/97, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en el Tomo V, de Mayo de 1997, página 226, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 198729, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión. Lo anterior, toda vez que en la especie se actualizan las hipótesis previstas en los artículos 128 y 129, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 162 del mismo ordenamiento, pues la parte quejosa solicita expresamente la suspensión de los actos reclamados; además, con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de no otorgarse la misma, con la ejecución del acto reclamado se causarían a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación. La suspensión concedida no surtirá efectos en favor de la parte quejosa si se le sorprende en flagrante delito, o bien, si se trata de cumplimentar una orden de aprehensión o reaprehensión dictada por autoridad distinta de las señaladas como responsables. Todo lo anterior, acorde a lo establecido en los artículos 139, 150, 163, 178 y 168 de la Ley de Amparo, para garantizar que la parte peticionaria de amparo pueda ser devuelta a la autoridad responsable, en caso de no concedérsele la protección de la Justicia Federal solicitada; ello, sin perjuicio de decretar diversas medidas de aseguramiento adicionales a las señaladas que se estimen o se advierta que deban imponerse, acorde a las circunstancias del caso concreto, en uso de las amplias facultades que los aludidos preceptos conceden al juzgador federal para determinarlas y que convenga pertinentes para evitar que la parte indiciada se sustraiga de la acción de la justicia, que no se causen perjuicios a terceros, al interés social y para no transgredir disposiciones de orden público. Se apercibe a la parte peticionaria de amparo que de no cumplir con las medidas de aseguramiento, se comunicará a las autoridades responsables que están expeditas sus facultades para ejecutar los actos reclamados, de conformidad con el artículo 167 de la Ley de Amparo vigente. Todo lo anterior, acorde con lo establecido en los artículos 162 y 167 de la Ley de Amparo, para garantizar que la parte peticionaria de amparo pueda ser devuelta a la autoridad responsable, en caso de no concedérsele la protección de la Justicia Federal solicitada; ello, sin perjuicio de decretar diversas medidas de aseguramiento adicionales a las señaladas que se estimen o se advierta que deban imponerse, acorde a las circunstancias del caso concreto, en uso de las amplias facultades que los aludidos preceptos conceden al juzgador federal para determinarlas y que convenga pertinentes para evitar que la parte indiciada se sustraiga de la acción de la justicia, que no se causen perjuicios a terceros, al interés social y para no transgredir disposiciones de orden público. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se R E S U E L V E: Único. Por lo expuesto en la presente interlocutoria, se concede a Ángel Guadalupe Gallardo Reyes, la suspensión definitiva solicitada en términos de la consideración segunda. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio que remite el Asistente de Despacho Judicial encargado del Despacho del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual vía de alcance a su informe justificado rendido el veintidós del mes y año en curso, aclara que la fecha correcta en la que se dejó sin efectos el oficio CJPF/1241/2019, fue el veinticinco de octubre de la presente anualidad. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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