Angela Diaz Saucedo

Expediente 667/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
667/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
16/08/2023

Partes del expediente

  • Angela Diaz Saucedo

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 20 fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 fracción I, del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, como en autos obran documentos originales exhibidos por el licenciado ********************, quien rindió el informe justificado en representación de la Rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con residencia en esta ciudad, que en auto de veintinueve de junio del año en curso, se autorizó la devolución del Poder General para Pleitos y Cobranzas que remitió para acreditar el carácter de representante y que de acuerdo con la normativa general en cita, hágasele saber que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para que comparezca a recuperarlos, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo serán destruidos. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cuarenta minutos del veintiocho de julio de dos mil veintitrés, la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo del primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintitrés, autorizado al titular, en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial y comunicado en oficio CCJ/ST/3982/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", y quien actúa con la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 667/2023. Enseguida, la secretaria da cuenta a la Encargada del despacho con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. La Encargada del despacho provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa [documental, presuncional en su doble aspecto legal y humana] así como con la documental exhibida por la autoridad responsable. Al respecto, la Encargada del despacho acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria certifica que ninguna de las partes formuló alegatos. La Encargada del despacho acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para presentar alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista de la Encargada del Despacho para dictar sentencia. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el uno de junio de dos mil veintitrés (fojas 4-7), en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, ********************solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La parte quejosa invocó como derecho fundamental violado en su perjuicio, el contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; órgano jurisdiccional que la registró con el número de expediente 667/2023 y en proveído de cinco de junio de dos mil veintitrés (foja 12), la admitió; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público Federal; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que se reclama una omisión y la demanda de amparo fue presentada en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097 que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181810, cuyo texto es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado, con los criterios transcritos y en atención a la lectura integral de la demanda, el acto reclamado por la quejosa a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, consiste en: La omisión de dar respuesta al escrito presentado el seis de marzo. Tercero. Existencia del acto reclamado. El apoderado legal de la Rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al rendir su informe justificado adujo que no era cierta la omisión reclamada, ya que le dio respuesta al escrito de la quejosa a través del oficio UM/JUR/1204/2023, del cual exhibió copia certificada. Sin embargo, tal omisión debe tenerse por cierta, porque si bien, a través del referido oficio atendió el escrito de la quejosa, el mismo fue emitido el veintidós de junio de dos mil veintitrés, esto es, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo -el uno del citado mes y año- por lo que a tal data sí existía la omisión reclamada. Certeza que se corrobora tanto del escrito cuya omisión de dar respuesta reclama la quejosa, como del oficio UM/JUR/1204/2023, exhibido por la responsable. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 278, del Pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 394182, la cual es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, lo conducente es examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En ese contexto, quien resuelve advierte -de oficio- que en el caso se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. A efecto de explicar la razón de dicha actualización, se estima necesario traer a glosa la referida porción normativa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional; de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y en consecuencia no le agravie a la parte quejosa; se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo; caso en el que el juicio constitucional carece de litis sobre la que deba hacerse pronunciamiento de fondo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 193758, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 196820, la cual es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Y, la tesis aislada P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 197367, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Una vez precisado lo anterior, se estima necesario recordar que la quejosa reclamó la omisión por parte de la responsable de dar respuesta al escrito presentado el seis de marzo de dos mil veintitrés, a través del cual expuso: "[.] Soy esposa del señor licenciado ********************, profesor universitario adscrito a la Facultad de Derecho, quien falleció el día 04 de julio del año 2020, según lo tengo acreditado con los documentos que exhibí tanto en la contraloría para el trámite de pago del SEGURO DE VIDA, así como ante la oficina del abogado general para el pago de DEFUNCION Y DEMAS PRESTACIONES QUE ME CORRESPONDEN. Derivado de lo anterior, el abogado general de la Universidad mediante oficio número UM/JUR/0530-C/2020, de fecha 22 de octubre del año 2020, dirigido al tesorero de la Universidad, para que se me realizara el pago de las cantidades que se precisan en el referido oficio correspondientes al pago de marcha, cláusula 68 del contrato colectivo; pago de prima vacacional; Devolución de Aportación de Depósito; Pago de Aguinaldo; pago de Canasta Navideña. Sin que hasta la fecha se me hubiera realizado el pago, es decir después de DOS AÑOS OCHO MESES lo que vulnera mis Derechos laborales y Humanos, anexo copia del oficio. De la misma forma de la contraloría de la universidad mediante oficio número 1276/2020, dirigido al tesorero de la Universidad, así como también el oficio número 1320/2020, ambos oficios fechados en el mes de octubre del año 2020, dirigido a la Dirección de Personal de la misma Universidad. A fin de que se me realizara el pago de Seguro de Vida sin que hasta la fecha se me hubiera realizado pago alguno, es decir después de DOS AÑOS OCHO MESES lo que vulnera mis Derechos laborales y Humanos, anexo copia del formato de recepción de la documentación por contraloría en la que aparecen los números de oficio a que me refiero. En razón de lo anterior es que de conformidad al artículo 8º de la Constitución General de la República, le solicito me señale el DÍA, MES, y el AÑO, en que se me pagaran las cantidades a que tengo derecho de conformidad a la Legislación Universitaria, al Contrato Colectivo de Trabajo aplicable a los trabajadores académicos y a la Ley Federal del Trabajo. EI tener NOVENTA Y UN AÑOS DE EDAD, me ubica dentro de las personas vulnerables a quienes las autoridades nos deben dar preferencia y agilizar nuestros trámites, de conformidad a la Legislación Nacional de los Derechos Humanos". Ahora bien, la responsable al rendir su informe adujo que mediante oficio UM/JUR/1204/2023, de veintidós de junio de dos mil veintitrés, le dio respuesta a la quejosa y adjuntó documental para acreditarlo, en el que, en lo de interés expuso: "[.] Atendiendo a la instrucción emitida por la Dra. Yarabí Ávila González, Rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y con atención a su escrito de fecha 3 de marzo de 2023, en el que solicita se le paguen las cantidades que usted refiere tener derecho por el fallecimiento del jubilado ********************, me permito referir a usted que, como tiene conocimiento se encuentra en trámite el juicio ordinario laboral número 5B-31/2021, ventilado en la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, promovido por usted, en el que se reclaman las prestaciones a que se refiere en su solicitud. De esta manera, será la autoridad jurisdiccional competente la que decida sobre la procedencia de sus reclamos, por lo que se acatará la resolución respectiva en última instancia sobre la demanda promovida por usted. De esta forma, por encontrarse el proceso laboral en comento sub judice, no existen en este momento las condiciones para dar una respuesta positiva a su petición". Asimismo; del mencionado oficio se advierte que fue entregado a "Wilber Encino" el veintiséis del mismo mes y año. En esa virtud, es inconcuso que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica de las inconformes, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó huella de dicha afectación. Ello es así, porque si lo que reclamó la quejosa fue la falta de respuesta al escrito presentado el seis de marzo del dos mil veintitrés, el cual fue atendido por la responsable el veintidós de junio siguiente, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado. No es impedimento a lo anterior que en el oficio UM/JUR/1204/2023, la responsable haya asentado que atendía el escrito de tres de marzo de dos mil veintitrés, cuando el de la quejosa es de seis del mismo mes y año; porque se advierte que es congruente por lo solicitado por aquélla en dicha promoción, consistente en que se señale fecha y hora para el pago de diversas prestaciones que le corresponden por ser la viuda de ********************; y, la responsable contestó que en atención al escrito presentado por la quejosa en el que solicitó se le pagaran las cantidades a las que adujo tener derecho por el fallecimiento del jubilado ********************, se encontraba en trámite el juicio ordinario laboral número 5B-31/2021, ventilado en la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, promovido por ella, en el que se reclamaron las prestaciones mencionadas en su solicitud; asimismo, adujo que sería la autoridad jurisdiccional competente la que decidiría sobre la procedencia de sus reclamos; y, por encontrarse el proceso laboral en comento sub judice, no existía en ese momento las condiciones para dar una respuesta positiva a su petición. Por lo que se estima que se trató de un error en la data parte de la responsable, pero sí dio respuesta al escrito presentado por ******************** Tampoco es obstáculo a lo anterior que no obre el acuse por parte de la quejosa sino de "Wilber Encinos" ya que ésta tuvo conocimiento de dicha respuesta cuando se le dio vista con el informe justificado rendido por la responsable. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 36/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 194060, de rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes". Por otra parte, tampoco se estimó necesario dar vista con la respuesta de la responsable al escrito de seis de marzo de dos mil veintitrés, para el efecto de que la parte quejosa manifestara si deseaba ampliar su demanda, ya que el amparo sería improcedente en contra del mismo, porque lo que pretende es que se le paguen diversas prestaciones laborales que adujo tener derecho por el fallecimiento del jubilado ********************, por lo que el amparo no es vía idónea para ello. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver Contradicción de tesis 341/2015 [Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito y el Pleno del Decimoquinto Circuito], registro digital 2011948, la cual es del tenor siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo". Por otra parte, no se analizarán las diversas causas de improcedencia hechas valer por la responsable, ya que al quedar demostrada la analizada en párrafos anteriores, sería ocioso hacerlo, pues no cambiaría en sentido del presente fallo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.54/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 195744, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". En esas condiciones, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XXI de la citada ley, procede sobreseer en el juicio constitucional, respecto del acto y autoridad materia de este considerando. Finalmente, debe precisarse que tal determinación no contraviene el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el derecho de toda persona a un recurso judicial o positivo, sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. El precepto aludido, ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los siguientes términos: A efecto de cumplir su obligación convencional de establecer en el ordenamiento jurídico interno un recurso efectivo en los términos de la Convención, los Estados deben promover recursos accesibles a toda persona para la protección de sus derechos. Si una determinada acción es el recurso destinado por la ley para obtener la restitución del derecho que se considera violado, toda persona que sea titular de dicho derecho debe tener la posibilidad real de interponerlo. (.) Un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un recurso capaz de conducir a un análisis por parte de un tribunal competente a efectos de establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. Igualmente ha señalado que el artículo 25.1 incorpora el principio, reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos, de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar tales derechos y que de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar; subrayando que para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla y agregando que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. En efecto, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a las mismas. Por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal manera, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En el mismo sentido se ha pronunciado la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que el artículo 17 Constitucional garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formalismos o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. En este orden de ideas, resulta claro que si bien el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales; lo cierto es que de hecho el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos por una de las partes, en el caso el quejoso, no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2005917, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental.". Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************por las razones expuestas en el considerando cuarto del presente fallo. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo del primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintitrés, autorizado al titular, en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial y comunicado en oficio CCJ/ST/3982/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistida de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, fue exhibido el billete de depósito N 843908 valioso por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 0/100 M.N.), el cual se dejó a disposición de la parte quejosa en acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veinte, por lo que estuvo en aptitud de recogerlos a partir de esa fecha, aunado a que dicho auto se le notificó de forma personal. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa no compareció a recoger dicho billete dentro del plazo de dos años antes indicado y en cumplimiento al apercibimiento que se le hizo en auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte, con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, hágase efectivo el billete de depósito de referencia a favor del erario federal. Por tanto, remítase dicho certificado de depósito a la Directora General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación, con residencia en la Ciudad de México, a fin de que se sirva hacerlo efectivo y el importe lo ingrese en favor del erario federal; asimismo, solicítesele de la forma más atenta y respetuosa que se sirva acusar de recibo del mismo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de junio de dos mil veintitrés.****************************************Vista la cuenta precedente, con fundamento en los artículos 1°, 5°, 6°, 33, 35, 107, 108, 110, 112 y 116 de la Ley de Amparo en vigor, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con residencia en esta ciudad.**************************************** ********************Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número II-667/2023-L.****************************************Sin que sea necesario tramitar el incidente de suspensión del acto reclamado, toda vez que dicha medida cautelar no fue solicitada por la parte quejosa.****************************************Con copia de la demanda de amparo, dése al agente del Ministerio Público Federal la intervención correspondiente, quien deberá asentar el acuse de recepción respectivo, lo anterior con fundamento en los artículos 5°, fracción IV y 110 de la Ley de Amparo.******************** ********************Para la celebración de la audiencia constitucional con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS.****************************************De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, contado a partir de que reciba el oficio de notificación del presente auto, en el entendido de que en dicho informe deberá exponer las razones y fundamentos que considere pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos, debiendo acompañar en su caso, copia debidamente certificada de las constancias que avalen la existencia de los mismos y que soporten su emisión. ****************************************Asimismo, deberá rendir el informe justificado requerido con copia certificada de las documentales que justifiquen la constitucionalidad de los actos reclamados, tomando en consideración las siguientes directrices:****************************************1. Si algunas de las fojas del expediente de origen se encuentran ilegibles o pierden su continuidad, en virtud de que así se encuentran en el mismo, aclare dicha circunstancia y señale el número de folio que corresponde a cada una de ellas;****************************************2. En el caso de que las constancias sean legibles, pero las reproducciones que se obtengan de éstas no, deberá efectuar su transcripción con la indicación y folio correspondientes al remitirlas a este juzgado; y,****************************************3. Observe que las copias que remita se encuentren debidamente ordenadas, atendiendo a su legibilidad, continuidad, orden cronológico y totalidad, o bien, realice las aclaraciones respectivas si así obran en el expediente a que pertenecen.****************************************En el entendido de que en caso de no rendir el informe en el tiempo y forma requeridos, se presumirán ciertos los actos reclamados respectivos, salvo prueba en contrario, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo.****************************************Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de que remita el expediente original del que derivan los actos reclamados, es su obligación conservar testimonio autorizado íntegro del mismo, ya que en el supuesto de necesitarlo para realizar alguna actuación, este juzgado no podrá devolverlo por ser imprescindible para resolver el juicio de amparo y en su caso el recurso de revisión, por lo que queda bajo su responsabilidad obtener las copias conducentes para su resguardo.****************************************Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para el efecto de que en su informe haga del conocimiento de este juzgado si la parte quejosa o alguna otra persona ha promovido juicio de amparo indirecto relacionado con los actos reclamados o derivado del expediente de origen, informando el número de juicio y el Juzgado de Distrito a que corresponde, apercibida que en caso de no hacerlo, de acuerdo con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá un multa de manera individual, por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA).****************************************De conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe justificado o lo haga sin acatar las directrices que fueron trazadas con anterioridad, se hará acreedora a una multa individual por cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben.****************************************En términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de cesación de efectos de los actos reclamados o en caso de que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a este juzgado de manera inmediata, apercibidas que en caso de no hacerlo, de conformidad con el artículo 238, en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de manera individual por el equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA).****************************************Por otra parte, se informa a la autoridad responsable que no es necesario que acuse recibo de los oficios derivados del presente juicio, salvo que le sean solicitados expresamente y se le proporcione plazo específico para ello.****************************************Con apoyo en los numerales 9 y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas que, en su caso, designe la autoridad responsable y por señalados los domicilios para recibir notificaciones que llegue a designar en autos.****************************************En otro aspecto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del numeral 79 del ordenamiento legal invocado), desde ahora se le apercibe, en el sentido de que en caso de que alguna autoridad responsable no exista en la denominación señalada en la demanda, mediante auto se suspenderá toda comunicación con la misma quedando fuera de juicio y en la audiencia constitucional que se celebre no se hará referencia a ésta, o bien, en la propia audiencia se hará el pronunciamiento respectivo sobre su inexistencia, sin que sea necesario realizar señalamiento alguno en la sentencia respecto de los actos reclamados que se le atribuyan, de acuerdo con los artículos 5°, fracción II y 108, fracción III, de la ley de la materia, interpretados en sentido contrario.****************************************Por otro lado, se reserva proveer sobre la existencia de parte tercera interesada, hasta que obren en autos las documentales relativas a los actos reclamados, de donde se advierta a quién, en su caso, le asiste dicho carácter de acuerdo con el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo.****************************************En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos.****************************************Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes no podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que no les fueron conferidas expresamente.************************************************************Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas a petición verbal de las partes, previa identificación y recibo que de ello se deje en autos para constancia.****************************************De igual forma, se exhorta a las partes para que realicen lo siguiente:****************************************1. Obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía.****************************************2. En relación con las autoridades responsables, se exhorta a los funcionarios públicos a rendir sus informes o cumplir sus requerimientos a través de la plataforma referida en el párrafo que antecede, tomando en consideración que en ocasiones la logística de su trabajo no lo permite, por lo que se les requiere para que en su caso, proporcionen a este órgano una dirección de correo electrónico a través de la cual se puedan mantener las comunicaciones oficiales y dirijan sus informes y demás solicitudes al correo institucional 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx; sin que lo anterior implique que se sustituya la facultad de este juzgado de solicitar, cuando el caso lo amerite, que la comunicación se realice de manera ordinaria.****************************************3. Asimismo, para que las autoridades proporcionen el nombre, cargo, teléfono fijo o móvil del servidor público que pueda fungir como enlace a efecto de instituir un vínculo de comunicación para las gestiones derivadas de la tramitación del presente asunto.****************************************Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles.****************************************De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet.****************************************En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."****************************************Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011.****************************************En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente.****************************************Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.****************************************Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable.****************************************Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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